(2013-12-09) A vueltas con los obedientes

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Mucha tinta se ha gastado para escribir acerca de la obediencia debida. Y muchos son los árboles que se han destinado, en forma de papel, a tratar sobre este tema.

Se plantea, a continuación, una doble duda.

-La primera, ante una orden ilegal (delictiva):

¿Quién tiene más obligación de desobedecerla: un militar o un civil?

¿Empleados ordinarios o los relacionados con la Administración de Justicia (jueces, fiscales, peritos e, incluso ese policía de guardia en el control de acceso a un edificio y qué, en otras ocasiones, en otras circunstancias, es tan propenso a redactar un oficio con lo qué le han comentado o con lo qué ha escuchado?

-La segunda duda se refiere a la intensidad de reacción, ante una orden injusta, ilegal (delictiva):

¿Hay qué desobedecerla directamente o, ante la duda, lo que procede es su cumplimiento con la correspondiente denuncia para que decida quien corresponda?

O, tal vez ¿lo procedente sea la técnica de los tres monos: no ver, no oír y no hablar?

Se ha podido leer una sentencia que condena a una Juez de instrucción que “ni realiza diligencia de comprobación alguna, dictó sin solución de continuidad, a partir de ese momento, una serie de resoluciones en beneficio de los denunciantes …”. Por esto, y por otras cosas se condena a dicha magistrada.

No se va a comentar criterios o discutir la sentencia pero sí a analizar el proceso:

-Todas y cada una de las resoluciones por las que, finalmente, se sanciona a la Juez fueron redactadas por un funcionario de la Administración de Justicia. Esta administrativa fue quien tecleó el ordenador, quien remitió las comunicaciones, quien, en definitiva, tramitó el papel, etc.

-Alguna participación o supervisión debió tener, lógicamente, el Secretario judicial.

-Cada resolución dictada se remitió al Fiscal para que diese su parecer. Por lo tanto, parece indudable que este profesional de la justicia, desde su privilegiada posición, también detectase algo y si no se atrevió a hacerlo por sí, no olvidemos que la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado, siempre pudo y debió informar y remitir el asunto a su superior.

Pero, después de leer detenidamente la sentencia, se constata que ni siquiera se menciona a ninguna de las personas anteriores. Parece que es la propia Juez quien dicta, escribe, transcribe en el ordenador, tramita el papel, ejerce y ejecuta todos los controles administrativos y procesales previstos en la instrucción y, como tal hombre orquesta, en este caso, mujer orquesta, es la única que actúa y la única a quien se cita en el proceso y, por ello, finalmente, recibe el reproche penal.

Al menos se podía haber incluido alguna de esas frases que se suele encontrar en las sentencias dirigidas a otros colectivos, y del estilo de:

“La prudencia exige que se hiciera … que el oficial del Juzgado …”

“Un comportamiento de un buen padre de familia habría sido que … el Secretario Judicial …”

“Aunque no sea perseguible penalmente, no podemos olvidar … que el Fiscal …”

Pero referencias como las anteriores sólo se suelen encontrar en sentencias sobre relativas a abogados, empresarios, etc.

Una vez analizado el proceso, la segunda cuestión a considerar es la condena que, en el caso, es considerable (quince años y un día de inhabilitación), lo que indica la importancia del agravio sufrido por el justiciable, por parte de la maquinaria del Ministerio de Justicia.

Y, precisamente, resulta necesario detenerse en la figura de quien sufrió las consecuencias de esa maquinaria implacable y tuvo un sufrimiento de tal intensidad como para inhabilitar a un juez durante quince años. No es un ciudadano, es el “justiciable”. Es el objeto con el que trabaja la maquinaria del Ministerio de Justicia porque, sí se le reconoce la condición de ciudadano frente a esa máquina, pasa a ser titular de derechos y deberes y, por esa condición, habría que indemnizarle, pero nunca se indemniza a un objeto. Si al alfarero se le rompe el plato con el que está trabajando, sí comete un error con el objeto de su trabajo, lo sentirá mucho pero jamás se le ocurrirá indemnizar al plato. Es más, es posible, que en un ataque de furia, acuse al plato de habérsele escurrido de entre las manos y le llegue a propinar un par de pisotones, rompiéndolo todavía un poco más.

Por eso, ante la maquinaria de la justicia, no se es ciudadano, y a quien allí se encuentra inmerso, se le llama “justiciable”, el objeto del trabajo de la justicia.

El otro elemento sería la “maquinaria de la justicia”, el “funcionamiento de la justicia”, porque las máquinas fallan, se rompen, explotan, tienen accidentes y nunca son responsables. Pero, en este caso, un caso objetivamente grave, como acredita la pena impuesta al juez y consistente en inhabilitación por tiempo de quince años, la sentencia NO CONTIENE NINGUNA INDEMNIZACIÓN para el justiciable que ha sufrido el error de la maquinaria de la justicia. Sin embargo, en el resto de los casos, cuando quien infringe el daño no es la maquinaria de la justicia y quien lo sufre no es el justiciable, sino la víctima, a estas víctimas sí se les indemniza. Cuando el daño lo produce una corporación por un vertido accidental, por ejemplo, en un río, se le obliga a indemnizar todo el perjuicio causado, con o sin culpa, con la totalidad de sus bienes, presentes y futuros.

En este caso, y en este país moderno, europeo y democrático, con una condena de quince años de inhabilitación a un juez, no hay causa ni motivo para indemnizar a quien ha sufrido directamente las consecuencias de los actos de la maquinaria de la justicia.

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