(2013-11-29) Sobre la Santo Domingo, Haiti y la sentencia TC/0168 /13 (Parte I )

Por .
Manuel de Cristóbal López
Abogado ICAM (col. 56.250)
MADRID

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Nota previa .- Para quienes deseen leer la sentencia origen de estos comentarios, la tienen en SENTENCIA TC/0168/13
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LA SENTENCIA 168/13 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

En estos últimos días, han aparecido en la prensa noticias del siguiente tenor:

“MEDIO MILLÓN DE APÁTRIDAS POR UNA SENTENCIA DEL SUPREMO DOMINICANO” (El País 20-10-2013)

“REPÚBLICA DOMINICANA ¿XENOFOBIA EN ESTADO PURO?” (Diario Progresista 28-11-2013)

En ellas, y en líneas generales, se indica que el pasado 23-09-2013, el Tribunal Constitucional dominicano dictó una sentencia que establece que no se reconocerá la nacionalidad a los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular, nacidos a partir de 1929, resolución dictada en respuesta a una solicitud de amparo efectuada por Juliana Deguis Pierre -nacida en Santo Domingo de padres haitianos-, para que la Junta Central Electoral, responsable del Registro Civil, le expidiera el carné de identidad que le había estado negando.

Como consecuencia de la situación creada por dicha sentencia, la Comunidad del Caribe (CARICOM), tras emitir un comunicado en el que criticaba la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional dominicano, calificándola de “contraria a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, ha llegado a amenazar a la República Dominicana con no incorporarla como miembro pleno del grupo.

Como ya se ha apuntado, el citado Tribunal Constitucional, a raíz de la referida sentencia, ordena revisar todos los Registros Civiles desde el año 1929, con la consecuencia de que se retire la nacionalidad dominicana a todos aquellos sujetos a quienes, en su día, se concedió tal nacionalidad y que sean hijos de extranjeros que no estuvieran legales, en ese momento.

Desde 1929, y contando 20 años por generación, resultan aproximadamente 4 generaciones. Y, por cada caso que se hubiera producido en 1929, con una procreación media de 5 hijos por generación, el número total de, solamente, uno de estos casos arroja la cifra de 5 elevado a 4, es decir, 625 personas.

Y sí no queremos ser tan alarmistas, podemos rebajar la cifra de procreación media a solamente tres hijos, entonces cada caso, desde 1929, generaría 3 elevado a 4, es decir, 81 personas aproximadamente.

Por cada caso de 1929, resultan entre 100 y 600 descendientes.

Y esto únicamente por cada caso de 1929, sin poder saber cuántos hubo entorno a aquellos años y cuántos en años posteriores. En definitiva, estimando la población de la República Dominicana en aproximadamente 10.000.000 de habitantes, si las autoridades hacen bien su trabajo, en estricto cumplimiento de las instrucciones del Tribunal Constitucional, ese país va a tener un problema poblacional comparable a otras expulsiones masivas que se produjeron en el pasado en otras partes del mundo.

Dejando a un lado cuestiones matemáticas, sociológicas y económicas, se plantea un nuevo problema, hasta ahora nunca visto, de naturaleza eminentemente jurídica. Cuando un país retira su nacionalidad a quien la ostentaba desde su nacimiento no puede exigir ni imponer al país vecino, en este caso Haití, que le otorgue la suya que es lo que en el fondo está exigiendo la Sentencia 168/13, con lo cual nos encontramos en la República Dominicana a una persona que podemos calificar de indocumentada o de apátrida.

En primero lugar, la sentencia sostiene que Haití tiene la obligación de dar la nacionalidad a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de un haitiano cuando, desde su nacimiento, ostentaron la nacionalidad dominicana.

Decimos que pretende imponer una obligación al país vecino, por cuanto la resolución contiene párrafos como el siguiente:

“3.1.2. Sin embargo, ninguno de los citados mandatos internacionales aplica al caso que nos atañe, ni a ningún otro caso de similar o de igual naturaleza. En efecto, la negativa por parte del Estado dominicano de otorgar su nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito bajo ninguna circunstancia genera una situación de apatridia. En el caso particular de los hijos de padres haitianos en tránsito, cabe resaltar que el artículo 11.2 de la Constitución haitiana de 1983, aplicable en la especie, estipula expresamente que obtendrán nacionalidad haitiana originaria todos aquellos individuos nacidos en el extranjero de padre y madre haitianos:” “Son haitianos de origen ( ... ) 2.-Todo individuo nacido en el extranjero de padre o madre haitianos.”

Y la sentencia no sólo impone la obligación a otro país, señala incluso quien es el funcionario responsable:

“En la ejecución de su rol de Oficial del Estado Civil incumbe al Cónsul:

1) Levantar, conforme a las disposiciones previstas en el Código Civil para todas las condiciones de forma y de fondo, los actos del Estado Civil relativos al nacimiento, al matrimonio y al deceso de los nacionales haitianos establecidos en su jurisdicción y de transmitir la expedición de esas actas, al final de cada mes, a la Secretaría de Estado.
2) Gestionar el levantamiento por otro funcionario consular haitiano de las actas del Estado Civil que le conciernen personalmente o que conciernen a su cónyuge, a sus ascendientes o descendientes, bajo pena de nulidad.”

( Continua --> )

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