(2013-11-18) Sobre el "Sr Parot" ( I )

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Sobre el "Sr Parot"

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Manuel de Cristóbal López
Abogado ICAM (col. 56.250)
MADRID

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Todo lo que se ha hablado y escrito, en los últimos días, sobre la denominada “Doctrina Parot” se reduce a unas cuestiones muy sencillas:

• La aplicación o interpretación de normas penitenciarias puede modificarse y, en este caso, esta modificación puede tener carácter retroactivo

• Debe aplicarse la interpretación que existía en el momento de cometerse el delito o la interpretación que existía en el momento de dictarse la sentencia o la interpretación del momento del beneficio penitenciario.

Y para intentar responder, debemos partir de las siguientes premisas:

a.- Existe un problema en la aplicación de las penas.

b.- Los legisladores, detectado el problema, no lo solucionan, ni en España ni en otros países.

c.- Con buena voluntad, mucho trabajo, y algo de genialidad, alguien rompe con los criterios tradicionales y lanza la conocida “Doctrina Parot”.

d.- La doctrina se aplica con gran aceptación popular.

e.- La doctrina es “revocada” produciendo el escándalo de ciudadanos, jueces y políticos.

f.- Seguimos sin que el poder legislativo tome una medida correctora.

La primera conclusión es inmediata: Traguémonos los sentimientos y examinemos la situación para identificar al culpable.

La “Doctrina Parot” sería correcta si estuviese regulada en una ley, pero esta ley no existe, ni tampoco se está tramitando.

Luego, resulta necesario enfocar el reproche social hacia los verdaderos culpables: LOS LEGISLADORES, no los políticos. Políticos hay muchos. Legisladores son únicamente esos señores que no llegan al medio millar, y que no se han reunido en sesión extraordinaria para la tramitación urgente que reclama la alarma social producida tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la “Doctrina Parot”.

Nos dirán que no es legal aplicarla de modo retroactivo, luego, ES LEGAL, y por eso no tienen que hacer nada, y desde ahora la pueden aplicar plenamente. A los ciudadanos no nos parece suficiente.

A partir de ahora podré contar a cuántos no se les va a aplicar la “Doctrina Parot” y, por tanto, hacer un estadillo de cuantos terroristas, asesinos, violadores, etc., van a salir a la calle y dicen que van a pedir indemnizaciones. Jueces y políticos me dirán que es lamentable porque no se sabía o no era previsible. Pero, desde el día que se dictó la sentencia del Tribunal, y no hicieron nada y no realizaron ningún cambio legislativo y no dictaron ninguna nueva norma también podré contar y hacer otro estadillo de los sujetos a quienes se pudo evitar todo esto, a quienes se les pudo aplicar una norma que previera explícitamente la aplicación de la “Doctrina Parot” porque los menos de 500 diputados y senadores que componen el Congreso y el Senado no se reunieron con, al menos, igual celeridad que la Audiencia Nacional.

Por otro lado, lo que viene a recoger la sentencia es un viejo principio de Derecho Penal: “nullum crimen nulla poena sine praevia lege.”

No hay crimen sin una ley previa que lo defina y que concrete la pena.

Partiendo de este punto, el Tribunal continúa fijándose en la seguridad jurídica, que también es un derecho del delincuente, y que exige que éste, antes de cometer el delito, sepa cual es la pena que le puede ser impuesta.

Tradicionalmente, la pena era la función disuasoria general del Derecho Penal. Quien hace esto sufre esta pena. Y al ser esto seguro e inmutable, se suponía que era suficiente para evitar la comisión del delito.

Ahora, el Tribunal nos lo ha convertido, casi en el precio de venta de un artículo de venta por catálogo: delito A: 2 años; delito B: 2 años y seis meses; etc., eliminando totalmente una serie de variables o incertidumbres que podían introducirse mediante la política penitenciaria pues podían cambiar las normas, el día que se cometía el delito, el día que se dictaba la pena, durante el cumplimiento de ésta, etc. etc.

( Continuara --> )

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