(2013-10-31) La imputación de personas jurídicas



LA IMPUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS


A finales de 2011, se rompió uno de los “principios del Derecho Penal español” tal como lo habíamos estudiado. Por primera vez, se imputa a una sociedad por la comisión de un delito y, fue un comienzo a lo grande. Para inaugurar esta nueva figura jurídica, la imputación de un delito a una sociedad, se imputó a cinco empresas a la vez y a seis individuos, algunos de ellos, sus directivos, se les concedió el plazo de un día para depositar cada uno de ellos 80 millones de euros, lo que arrojaba el fabuloso total de 8.800 millones de euros, además de la clausura de las cinco empresas por un período de dos años.

El entonces nuevo artículo 31 bis que, en 2011, tenía un año de vida, permite imputar un delito a la persona jurídica cuando se cometa por su cuenta, léase en su beneficio o, incluso, en provecho de las personas que tienen el poder en la sociedad y, en los casos extremos, cuando se descuide el control de sus empleados. Entramos de este modo, con todos esos delitos de negligencia, mera actividad, etc.

Tal vez sea el momento de realizar un reestreno, que debería tener la misma gloria del estreno. El artículo 31 bis habla de personas jurídicas, no de sociedad con ánimo de lucro, como puede ser una sociedad anónima (S.A.). Ésta, por definición, mucho más amplia, permite una más efectiva persecución de ciertas formas delictivas. De modo que se consigue una mejor prevención especial (para aquellos que no estudiaron Derecho, la prevención general era una amenaza -el que la hace la paga- y la prevención especial a ti que lo has hecho, te retiramos de la circulación ya sea mediante la cárcel, la incautación de los instrumentos, etc.

Tal vez la duda esté es saber cuando una persona jurídica comete un delito que sólo debe acarrear pena económica y cuando procede su disolución. Además de la importancia del delito, y del superior criterio del Juez, un criterio objetivo es que toda aquella persona jurídica que no genera con su actividad ordinaria los suficientes ingresos para sostenerse es una persona jurídica esencialmente delincuente y sólo por ello debe disolverse.

Pero planteemos una CUESTION DIFERENTE; que ocurre cuando en el sumario se aprecia que la empresa SE ENCUENTRA EN SITUACION DE QUIEBRA Y QUE SOLO SE HA MANTENIDO A FLOTE GRACIAS A SUS INGRESOS DE ORIGEN DELICTIVO. Independientemente de las consecuencias penales, de la eventual sancion penal, nos concontramos con UNA EMPRESA EN SITUACION DE QUIEBRA, a la cual le es aplicable toda la legislación concursal.

Una vez formulado el criterio, nos encontramos ante un problema de prueba pero sí lo pensamos fríamente no parece muy difícil. Analicemos la contabilidad de los tres últimos años, para quienes sean garantistas, de los cinco. Restemos a los ingresos aquellos que proceden de actividades delictivas y comprobemos si esa persona jurídica se encuentra dentro de uno de los supuestos de concurso que habrían determinado su disolución, en caso de no haber percibido esos ingresos de origen delictivo.

No parece una prueba complicada, en todo caso, si aparenta ser voluminosa, muy voluminosa, como siempre que se entra en cuestiones contables.

Alguno podrá objetar que es una "pena oculta", o una "doble pena", pero no es así, es la eliminación de los beneficios obtenidos de modo ilicito, y, tras esta regularización, la aplicación del resto de la legislación civil y mercantil a la nueva situación regularizada.

Alguno objetará que es una seudopena de un tipo abierto, que no se encuentra definido y existe una remisión a otra norma, además no penal. Podemos aceptarlo, pero ni es el primer caso, ni será el último. (Es como el delito fiscal)

El problema parece definido y acotado y sí se apura un poco, totalmente agotado. El artículo 31 bis no es largo ni tenía excesivas pretensiones cuando se redactó.

Aceptado todo lo anterior, y mirando el panorama actual, tal vez debiera haberse imputado a alguna sociedad en esas quiebras famosas y vienen a mi memoria “las FINSAs” (COSAFINSA, PEPEFINSA, etc.)

Pero, dado que no está restringido a empresas con ánimo de lucro, tal vez, y sólo digo tal vez, aquellos que se han leído los sumarios completos, deberían aclararnos sí el artículo 31 bis es aplicable a algún Banco o Caja.

Y sí consideramos la legislación concursal como criterio objetivo, una vez restados los ingresos de origen delictivo a los ingresos totales, quienes han visto las cuentas, nos podrían aclarar si debería aplicarse a algún partido político o a algún sindicato, a la delegación de una comunidad o de una provincia.

Abordemos el tema de las excepciones; el texto exacto del 31 bis, dice en su punto cinco: " 5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general." No se puede aplicar la pena, pero ¿Se excluyen las consecuencias de encontrarse en situación de concurso? (quiebra). Llevado el último extremo ¿qué pasa con los Ayuntamientos que se han financiado con recalificaciones fraudulentas? ¿Sería posible su disolución para pasar a ser supervisador, o acordarse su absorción por otro municipio cercano, o . . . ?. No es la pena, ¿pero puede ser causa se otra actuacion administrativa deiscreccional?

Y cuando hablamos de partidos políticos, y sindicatos, están, o no están incluidos, y caso de estarlo, lo estan tambien las federaciones que los integran, o estas estan excluidas . . . porque como partidos y sindicatos, en la practica, acaban siendo tratados como el propio estado, cuando leo "Estado, a las Administraciones . . .", mi "dislexia social·" me impide aprecial con claridad los límites de la extensión objetiva de esta limitación.

Pero, estén o no excluidos de la pena, si tambien estan excluidos de la legislacion concursal, y no se les aplica ninguno de los mecanismos correctores previstos en la ley, aparententemente no tienen una situacion de privilegio, sino de impunidad penal con irresponsabilidad mercantil u continuidad en su actuacion garantizada.

Se me olvidaba que estamos en un país moderno, europeo y democrático y estos casos no ocurren, el Estado nunca delinque, nadie esta por encima de la Ley …

Pero ¿alguien podría aclararme si lo ha hecho algún partido político o un sindicato? Es sólo mera curiosidad…

Escrito por Manuel de Cristobal
Colegido 56.250 del ICAM
para http://www.asesoria-legal-ya.com
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