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Updated: 5 hours 17 min ago

El TSJ de Murcia circunscribe el caso Púnica al que fuera consejero de Educación y a un miembro de su equipo

Mon, 05/29/2017 - 13:24

La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia ha extendido la competencia de diligencias previas número 3/2017 que se siguen contra el aforado, Pedro Antonio Sánchez López, en relación con los delitos investigados de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, a quien fuera su miembro de su gabinete David C. F.

“Entre las conductas atribuidas a ambos por la exposición razonada, relativas a las supuestas actuaciones dirigidas a la contratación de servicios de mejora reputacional del citado consejero en internet y redes sociales, así como entre sus respectivas posiciones en el organigrama de la Consejería de Educación, se aprecia una tan íntima conexión que hace aconsejable que la investigación y valoración jurídica de las conductas de ambos se lleve a cabo en un mismo y único procedimiento judicial”. Extensión competencial que, por lo demás, el propio investigado interesa de la Sala.

Sin embargo, en la resolución notificada hoy, el Tribunal rechaza extender la competencia a otras personas y entidades investigadas en las diligencias 85/2014 que lleva el Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional, como interesaban las partes personadas en este procedimiento.

No a otros investigados

“Estima la sala que el provisional relato fáctico contenido en la exposición razonada posibilita distinguir entre las conductas de quienes, desde la Consejería de Educación, pudieran haber recabado o recibido las ofertas de trabajos reputacionales, y quienes, desde fuera de dicha Consejería, pudieran haber ofrecido tales servicios (o trabajado para quienes los ofrecían)”. Y todo ello para no perturbar la necesaria visión de conjunto sobre el proceder de aquellas personas que, presuntamente, formaban parte de un mismo entramado que habría mantenido contactos y relaciones para la prestación de similares servicios con otras instituciones dentro y fuera de la Región de Murcia.

Además, frente a lo interesado por las representaciones procesales del aforado y de la acusación popular, la Sala estima que las actuaciones presuntamente desarrolladas en el ámbito de la Consejería de Educación y las relativas a similares trabajos que hubieran podido llevarse a cabo en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación y los Ayuntamientos de Cartagena y Molina de Segura, “son escindibles sin que se lesione derecho alguno y sin que exista riesgo de decisiones judiciales contradictorias ni afectación de la continencia de la causa por el hecho de que una y otras sean objeto de procedimientos distintos”.

Acusación popular

Por otro lado, en un segundo auto, la Sala admite que se persone como acusación popular Antonio López López, siempre que “actúe en el presente procedimiento bajo la dirección y representación de ADADE -primera personada-, en los mismo términos en que ya lo viene haciendo el Partido Socialista Obrero Español”.

Finalmente, en una tercera resolución, el tribunal acuerda apartar al Ayuntamiento de Cartagena del presente como acusador particular. Entiende que carece de legitimación pues, la presunta intervención (señalada por la exposición razonada) de la entonces alcaldesa de Cartagena en los contactos mantenidos por personas vinculadas a la Consejería de Educación con otras personas no incluidas en este procedimiento, así como su presunta inclusión “entre los potenciales beneficiarios de los trabajos reputacionales que serían supuestamente cargados al presupuesto de la Consejería de Educación”, son circunstancias que no permiten individualizar un concreto perjuicio para el Ayuntamiento de Cartagena, necesario para mantenerse como acusación particular en este procedimiento.

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El instructor del “caso Púnica” en el TSJ de Murcia llama a declarar al expresidente de la Región Pedro Antonio Sánchez

Fri, 05/26/2017 - 10:53

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del denominado caso Púnica en Murcia, Enrique Quiñonero Cervantes, inicia las Diligencias Previas 3/2017 en las que se investiga los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

El instructor, en un auto notificado hoy, señala el próximo 6 de junio, para que tenga lugar la declaración en calidad de investigado de Pedro Antonio Sánchez.

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La Audiencia de Murcia rechaza dividir en cuatro piezas el caso AVE

Wed, 05/24/2017 - 10:13

La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia, desestima los recursos de apelación interpuestos contra los autos del Juzgado de Instrucción 9 de Murcia, en el conocido como caso AVE, por los que se acordaba que no procedía la división de la causa en cuatro piezas principales correspondientes a los diversos tramos objeto de instrucción.
La Audiencia confirma así los autos de diciembre de 2016 que desestiman la reforma contra los autos dictados en noviembre del pasado año en las Diligencias Previas número 1007/2015 por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia.

Como se recoge en el fundamento jurídico sexto de la resolución, “porque concurren elementos de conexión necesaria que son los que expresa la resolución recurrida (el mismo ingeniero que redacta las valoraciones, el mismo Jefe de Infraestructuras de ADIF que firma los acuerdos con las comunidades de regantes y que supervisa los cuatro tramos en nombre de ADIF; la misma subcontratista, mismo modus operandi)” y porque no se acredita por el apelante el beneficio que para la agilización de la causa, en este momento procesal en el que nos encontramos, se obtendría de la división de la causa en piezas.

Y todo ello sin excluir que, en un futuro próximo, en atención al avance de la instrucción y a la necesaria concreción sobre los hechos y personas intervinientes, “fuera procedente la formación de piezas permitiendo el tratamiento (y en su caso enjuiciamiento) separado de los aspectos que presenten suficiente autonomía”, concluye la resolución.

Por su parte, la Sección 2 de la Audiencia, en un nuevo auto, rechaza el sobreseimiento solicitado por uno de los investigados, director de una entidad bancaria en Santomera. El tribunal recuerda que la instructora en su denegación del recurso “ofrece cumplida respuesta a los claudicantes argumentos del recurso, a través de extensos y razonados fundamentos donde no sólo se transcribe el caudal indiciario que fluye del informe de la Administración Tributaria, sino también los pagos efectuado en la oficina (…) de la que el apelante era director”.

 

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El magistrado da por concluida la instrucción del caso Auditorio

Fri, 05/19/2017 - 13:10

El magistrado instructor del caso Auditorio da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que en el plazo de 10 días se pronuncien sobre si procede acordar el sobreseimiento o la apertura del juicio oral.

Esta decisión, recogida en una providencia notificada hoy, se toma “una vez practicas las diligencias de toma de declaración del aforado, Pedro Antonio Sánchez, y las distintas pruebas documentales y periciales solicitadas”.

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El TSJ de Murcia su competencia en parte de la pieza de Murcia del caso Púnica

Wed, 05/17/2017 - 12:55

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha declarado su competencia en las diligencias de la pieza tercera del conocido como caso Púnica con respecto al aforado, Pedro Antonio Sánchez López, diputado regional, en relación con los delitos investigados de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

Y ello, desde la “valoración meramente provisional” que, procede hacer en este momento procesal del contenido de la exposición recibida, “atendida la suficiencia indiciaria y la posibilidad razonable de que los hechos que en ella se describen hayan ocurrido y de que en los mismos haya intervenido el aforado”, fundamenta el auto.

Además, la Sala da traslado al Ministerio Fiscal y las partes personadas para que informen sobre la existencia o no de conexiones inescindibles entre la conducta del aforado y la de las otras personas citadas en la exposición razonada que permanecen bajo la competencia del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, que pudieran justificar la extensión de la competencia de esta sala a otras personas distintas del aforado.

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El TSJ de Murcia rechaza la suspensión cautelar de la licitación del aeropuerto internacional

Wed, 05/17/2017 - 12:30

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU ha autorizado que pueda iniciarse el proceso de licitación del aeropuerto, al rechazar el recurso que impugnaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 15 de marzo de 2017, por el que se autoriza a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a celebrar el contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión.

Solicitaba la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia la medida cautelar de suspensión de los efectos de la autorización, impidiendo el inicio o continuación del expediente de contratación.

El tribunal, tras valorar en qué medida el interés general demanda su ejecución y si con ésta se pueden producir a la parte recurrente perjuicios irreparables de modo que se impida la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, resuelve que no procede acordar la suspensión de los efectos del acuerdo recurrido.

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El TSJ de Murcia confirma la condena de un guardia civil por malversación de caudales públicos

Thu, 05/11/2017 - 13:30

La Sala Civil y Penal del TSJ ha confirmado la sentencia del Tribunal del Jurado que condenó a un guardia civil a dos años de prisión y 6 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos.

El jurado declaró probado que el acusado se apoderó de 13.380 euros intervenidos con ocasión de su actuación en un doble homicidio acaecido en la localidad de Mazarrón el 13 de noviembre de 2011.

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El TSJ de Murcia acepta la abstención del magistrado Pérez Templado en la Púnica

Tue, 04/25/2017 - 11:10

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en auto de hoy, estima justificada la abstención del magistrado Julián Pérez-Templado Jordán en las Diligencias 3/2017.

Recogiendo la doctrina constitucional y la jurisprudencia sobre la imparcialidad subjetiva o “imparcialidad aparente”, los magistrados fundamentan la necesidad de excluir toda duda de parcialidad en el caso, es decir, si el juez está en condiciones de presentarse y ofrecer una imagen adecuada para generar la confianza de las partes y de la sociedad respecto a su posición como tercero.

Según se recoge en el fundamento del auto, “los datos y circunstancias expuestos por el magistrado para sustentar su abstención están perfectamente identificados y objetivados, han sido puntualmente apreciados (tan pronto ha tomado conocimiento del contenido de la Exposición Razonada), y están adecuadamente soportados en la causa de abstención invocada (art. 219.10 Ley Orgánica del Poder Judicial)”.

Y, a continuación puntualiza que, “la relación personal y previa del magistrado abstenido, por lo demás perfectamente legítima y adecuada a los usos sociales, con quien sin embargo es objeto de un procedimiento penal por hechos que presentan un evidente paralelismo e imbricación con los que son objeto de las presentes diligencias, puestos de manifiesto formalmente por la propia Exposición Razonada, evidencian el riesgo de que las partes o la sociedad puedan apreciar una apariencia de pérdida de neutralidad e imparcialidad en el magistrado abstenido”.

“Un riesgo que en modo alguno presupone un interés real del abstenido en el asunto, como tampoco su incapacidad para actuar con plena independencia e imparcialidad. Pero que sí le obligaba a actuar en la forma en que lo ha hecho, preservando la adecuada posición institucional de los jueces en el proceso como terceros ajenos e indiferentes”, concluye la resolución.

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El TSJ de Murcia recibe la exposición razonada del ‘caso Púnica’

Thu, 04/20/2017 - 11:40

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha registrado las diligencias remitidas por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, conocidas como ‘rama de Murcia del caso Púnica’.

En una diligencia de ordenación, la letrada de la Administración de Justicia, pone en conocimiento la recepción de la copia de las Diligencias Previas 85/2014 y la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional, y ordena su registro e incoación.

La Sala, presidida por Miguel Pasqual del Riquelme, queda conformada por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado. Este último queda, además, designado como ponente.

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El instructor no admite a trámite el incidente de recusación de Pérez-Templado

Mon, 04/10/2017 - 12:31

El magistrado designado para instruir el incidente de recusación de Julián Pérez Templado, instructor del caso Auditorio, acuerda su inadmisión a trámite.

Por auto notificado hoy, el magistrado de la Sala Social, Rubén Jiménez, inadmite a trámite la recusación planteada en nombre y representación de Antonio López López, a la que se adhirió Podemos.

“Los argumentos o motivos explicitados en el escrito promotor del incidente, no solo porque no tienen relación con ninguna de las causas de recusación que se contemplan el artículo 219 de la LOPJ, sino, también, porque son artificiosos, infundados y carecen de rigor, determinan que proceda acordar la inadmisión a trámite del incidente de recusación partiendo de mero examen del escrito presentado”, concluye la resolución en su fundamentación.

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El TSJ de Murcia desestima los recursos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena sobre el PGMO

Wed, 04/05/2017 - 10:55

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ desestima los recursos de reposición interpuestos por el Ayuntamiento de Cartagena y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contra el auto de 17 de febrero.

En dicha resolución se estimó el incidente de ejecución de sentencia promovido por CECOP S.A. y se declaró la nulidad -por tener un contenido contrario al fallo de esta Sala- del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de 30 de junio de 2016, que sometía a información pública el documento de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación.

Por sentencia de esta Sala de 2015 –confirmada por el Tribunal Supremo en 2016- se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Emasa S.A. contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 29 de diciembre de 2011, relativa a la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena. En el fallo de la sentencia se declaró la nulidad de dicha Orden, así como de la Revisión del citado Plan General.

Contra el auto que resuelve los recursos de reposición, que impone las costas a las partes ejecutadas, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

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Rubén Jiménez instruirá el expediente de recusación de Pérez-Templado

Wed, 04/05/2017 - 09:00

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha acordado designar a Rubén Antonio Jiménez Fernández instructor del expediente de recusación del magistrado de la Sala Civil y Penal, Julián Pérez Templado, en las Diligencias 2/2017.

Se designa instructor al magistrado presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 224.2º Ley Orgánica del Poder Judicial, “único miembro de la Carrera Judicial en servicio activo en el territorio de esta Comunidad Autónoma en quien concurren las condiciones legalmente previstas: ser de igual categoría y mayor antigüedad que el recusado”, concluye el acuerdo.

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El juez del “caso Púnica” pide investigar por tres delitos al presidente de la Región de Murcia

Mon, 04/03/2017 - 12:00

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco eleva exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con los indicios existentes en la denominada “Operación Púnica” contra el exconsejero de Educación y actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

En su exposición razonada, de 32 páginas, el magistrado detalla todos los indicios de la presunta concertación del aforado Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.

Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y se concertó con De Pedro para limpiar la “inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno Autonómico, “como finalmente consiguió”.

Según el juez, “no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro: EICO/Madiva.

Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación “hinchada” en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.

Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la “formación” se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.
En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

Después de detallar todos los indicios recabados en esta investigación, el juez en su exposición motivada, argumenta porqué los hechos investigados encajan dentro de los delitos de fraude, del art 436 del C.P., el delito de cohecho, del artículo 419 del mismo código, y de revelación de información reservada del art 417.

El delito de fraude se consuma sin necesidad de que se produzca un efectivo perjuicio patrimonial
El magistrado distingue entre el delito de malversación, que es un delito de resultado, y el de fraude del art 436, que se consuma con el “mero acuerdo o concertación” con un interesado en algún contrato público, afectando los intereses de la Administración y la libre concurrencia, en tanto que otros posibles futuros licitadores no han tenido el mismo privilegio de poder optar en las mismas condiciones. El magistrado recuerda que, de consumarse una malversación, ésta podría absorber el delito de fraude porque éste es un delito más leve. Pero de no existir la malversación porque no se llegó a realizar el pago, como ha ocurrido en el presente caso, el delito de fraude subsiste, como explica el TS en sentencia de 28 de enero de 2014.

El alto tribunal califica el delito de fraude como “netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”. El magistrado cita varias sentencias del TS donde se distingue entre el concierto para defraudar (delito de fraude) y el efectivo perjuicio patrimonial (malversación) cuya sanción viene a realizar lo que el Supremo denomina “una progresión intensificadora del injusto” que, en conclusión, viene a corroborar que el delito de fraude es un delito de mera actividad, “que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar”. No se exige el efectivo perjuicio porque el bien jurídico que predomina es “la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos”. Si existiera perjuicio, entraría en juego el otro bien jurídico lesionado, el de la malversación.

El delito de revelación de información reservada, independiente del fraude

En su exposición razonada, Velasco explica que el delito de revelación de información reservada en el momento en el que se aporta a extraños a la Administración, documentos y sobre todo intenciones de contratar, “desconocidos por el resto de posibles futuros postulantes, sobre los que recae el deber de reserva, pues no deben ser divulgadas, que es lo realmente atacado, y la acción la ejecutan no sólo quien los desvela efectivamente, cuanto más quien ordena y señala cómo y en qué medida y a quién se envían los documentos y se revelan las informaciones que desconocen los demás administrados”.

Velasco hace constar que fraude y revelación de información privilegiada no concurren en concurso de normas puesto que se pueden cometer de forma independiente, el uno sin el otro. El magistrado menciona también doctrina del TS que viene a corroborar que el delito se comete al filtrar información de lo que se pretende y cómo después se van aportando informaciones para “facilitar la confección de normas por las que había de regirse el concurso”.

Delito de cohecho, de mera actividad y consumado con la mera solicitud u ofrecimiento

El magistrado argumenta que el delito de cohecho del 419 del CP se comete cuando se produce soborno y corrupción en el hecho de recibir servicios personales y valuables en dinero -asesoramiento, reputación en internet, infraestructura en estrategias comunicativas no públicas- a cambio de realizar una actuación administrativa propia en materia de concursos y contratación pública, “atacando la venalidad de la función pública, el respeto a la neutralidad, probidad e imparcialidad de la misma”. Es un delito cuya persecución protege el prestigio y la eficacia de la Administración Pública mediante la garantía de “la probidad e imparcialidad de sus funcionarios”.

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La Audiencia de Murcia no admite a trámite la recusación de la magistrada del 'caso AVE'

Fri, 03/24/2017 - 13:07

La Audiencia Provincial de Murcia no ha admitido a trámite el incidente de recusación planteado contra la magistrada titular del juzgado 9 de Murcia, que instruye el denominado caso AVE, sobre las obras en un tramo de esta infraestructura.

En el auto, notificado hoy, el magistrado instructor señala que “la recusación propuesta no cumple las imprescindibles exigencias impuestas por la normativa aplicable para el planteamiento de la recusación” y añade que “es temeraria y manifiestamente infundada, pudiendo descartarse prima facie”.

Fundamenta la resolución en que aunque se hace referencia a la causa del artículo 219.10 LOPJ (tener interés directo o indirecto en el pleito o causa), los hechos en que se funda nada tienen que ver con ese motivo. “La única relación de la magistrada recusada con la instrucción es, según los propios recurrentes, puramente procesal”.

Contra este auto no cabe recurso.

Categories: Jurisprudencia

La jueza de Molina de Segura (Murcia) abre juicio oral del ‘caso Visser’

Wed, 03/22/2017 - 11:00

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Molina de Segura (Murcia) ha solicitado apertura de juicio oral contra los cuatro supuestos autores de dos delitos de asesinato con agravante de ensañamiento que acabaron con la muerte de la jugadora del Club Voleibol Murcia Ingrid Visser y su pareja sentimental, Lovdewijk Severin, ambos de nacionalidad holandesa.

La Fiscalía solicita la pena de 25 años de prisión por cada uno de los delitos para tres de los acusados. Para el cuarto, la pena es de tres años por un delito de encubrimiento. Asimismo, pide una indemnización de 200.000 euros para la madre y hermano de la deportista, y para las dos hijas del fallecido.

Categories: Jurisprudencia

El tribunal estima parte del recurso de las acusaciones contra la sentencia del jurado del ‘crimen de los holandeses’

Thu, 03/16/2017 - 14:00

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal de la familia de la pareja holandesa asesinada en la Región de Murcia.
La sentencia revoca parcialmente la del Tribunal del Jurado, de 3 de noviembre de 2016, apreciando como simple, y no cualificada, la atenuante de dilaciones indebidas aplicada a los tres condenados: V.I., J.C.L. y C.S.

De tal forma que se condena a V.I. y J.C.L. a la pena de veinte años y 1 día por cada uno de los dos delitos de asesinato a los que fueron condenados; y a C.S. a la pena de seis meses y un día por el delito de encubrimiento.

El resto de penas y pronunciamientos del fallo de la sentencia del magistrado presidente se mantienen intactos.

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El instructor del 'caso Guardería', en Murcia, archiva las actuaciones por presunta prevaricación

Wed, 03/08/2017 - 10:58

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del denominado 'caso Guardería', Enrique Quiñonero, decreta el sobreseimiento libre y archiva las Diligencias Previas 1/2017, que investigaban si existió un presunto delito de prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia.

El instructor, en un auto notificado hoy, no advierte la presencia de los elementos que califican el delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, porque, como explica en su fundamento quinto, “sin hacer una valoración definitiva, que aquí no procede, acerca de si los acuerdos respetaron formalmente la legalidad administrativa, no puede afirmarse que con su adopción pusieren los investigados su voluntad sobre los intereses que la ley protege y que lo hiciera con la gravedad propia de una conducta que pueda ser calificada de injusta y arbitraria”.

Recuerda en los antecedentes de hecho de la resolución, que durante la instrucción de este procedimiento, la magistrada del Juzgado 1 de Murcia dictó tres autos de sobreseimiento respecto de todos los denunciados, en 2011, 2013 y 2015. Revocados para que se llamara a declarar a los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la fecha de esa decisión y al promotor del proyecto, quedando pendiente la de Adela Martínez Cachá, precisamente por ser aforada. Esta fue citada como investigada el 15 de febrero, después de que la Sala Civil y Penal se declarara competente.

Centrada la investigación en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la resolución desgrana si concurren en su adopción los elementos del delito de prevaricación administrativa. Los cuales, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, concreta en cinco: resolución dictada por autoridad o funcionario; objetivamente contraria al Derecho; falta absoluta de competencia u omisión de tramites esenciales; un resultado materialmente injusto; y una voluntad particular consciente de actuar contra derecho.

“El derecho administrativo realiza una función preventiva y también sancionadora y no es de recibo una sistemática criminalización de todos los actos administración que puedan estar, o de hecho estén, en contradicción con la Ley”, señala recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo.

Así, en la resolución se analizan las dos vertientes de ilegalidad penal que se imputan a los acuerdos de la Junta de Gobierno para concluir en el primero que, siendo competente la Junta de Gobierno, la falta de inclusión en el orden del día, no implicaría una omisión de trámites esenciales del procedimiento administrativo, sin que sea tampoco exacto que no existieran informes o trámites administrativos previos a la toma en consideración de las cuestiones que fueron objeto de los acuerdos.

Y, en segundo lugar, por lo que hace a la arbitrariedad, con grave daño para los intereses públicos, la resolución señala que: Mas allá de especulaciones e hipótesis sin sustento probatorio alguno tras una larga instrucción, la cronología de los hechos resultantes de la instrucción no evidencia otra finalidad que la de acelerar los tiempos y solventar los obstáculos al inicio de un proyecto que había sido asumido por el Ayuntamiento por considerar que tenía un evidente interés público”.

“El fracaso o paralización posterior del proyecto de rehabilitación de barrio debido a la sobrevenida crisis económica no puede servirnos de criterio enjuiciador de la arbitrariedad o injusticia material de aquellos actos; mucho menos de su transcendencia y alcance penal”.

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Condenado a ocho años y medio de cárcel el falsificador de billetes de Beniaján (Murcia)

Wed, 03/01/2017 - 07:00

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a Juan Pedro G. S. como autor responsable de un delito de falsificación de moneda y de otro de tenencia de útiles, materiales, instrumentos específicamente destinados a la comisión por particular de un delito de falsedad en documento oficial, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad personal atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de ocho años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 8.300.000 euros -por el primer delito- y a seis meses de prisión e inhabilitación por el tiempo de la condena y multa de 1.080 euros, por el segundo delito. Además, deberá pagar las costas.

Por último, el tribunal le absuelve del delito continuado de falsedad en documento oficial, al aplicarse distinto tipo penal, sin pronunciamiento en relación con las costas de este delito.

El tribunal considera probado que el procesado, desde “al menos” el mes de agosto de 2003 y hasta el 27 de mayo de 2007, se venía dedicando a la fabricación y distribución de billetes falsos de 50 euros. Para ello, seguía un complejo proceso de elaboración que comenzaba con un análisis exhaustivo de las medidas de seguridad existentes en los billetes legítimos mediante el uso de máquinas de detección de billetes falsos y de lámparas de luz ultravioleta. Asimismo, con la máquina utilizada en artes gráficas para la fabricación de troqueles y planchas de polímero, fabricaba los troqueles de dicho material con los que simulaba el holograma del billete de 50 euros y las partes correspondiente a la impresión calcográfica en relieve del mismo billete. Y con la máquina de termoimpresión y prensadora, a la que unía los troqueles descritos según el caso, los adhería a cada billete.

El acusado tenía una cualificación alta en artes gráficas y conocimientos avanzados sobre software y hardware específico de esta materia, así como de las tintas, productos químicos, maquinaria y condiciones ambientales necesarias para la fabricación de papel moneda, desarrollando esta actividad en el sótano de las oficinas que utilizaba, ubicadas en una nave familiar de la localidad de Beniaján, y en su domicilio de la capital murciana.

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Confirman el despido de un trabajador por rellenar los partes de trabajo de un compañero

Mon, 02/27/2017 - 13:24

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado un recurso de suplicación contra una sentencia del juzgado de lo Social 2 de Cartagena que declaró procedente el despido de un trabajador de empresas dedicadas a la cosecha y producción de tomate por rellenar los partes de trabajo de otro, simulando su presencia, y firmando por él, “cuando quién trabajaba era una persona  ajena a la empresa”.

El trabajador fue despedido en 2013 por la empresa por incurrir en una falta muy grave prevista en el convenio colectivo aplicable por "contribuir a simular la presencia de otro trabajador en la empresa firmando o fichando por él a la entrada o a la salida del trabajo".

La sentencia de instancia, confirmada ahora, considera probado que el trabajador,  encargado de una cuadrilla de una veintena de hombres, “suplantó consciente y  voluntariamente y de forma reiterada la identidad de uno de los trabajadores de dicha cuadrilla”, también despedido por los mismos hechos y que no ha impugnado la resolución, “sustituyéndolo por otro trabajador -su yerno ó un familiar próximo-  sin avisar a la empresa ni comunicarlo a nadie”.   

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El instructor del caso Auditorio cita a declarar al presidente de la Región de Murcia

Mon, 02/20/2017 - 14:04

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del denominado caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, inicia las Diligencias Previas 2/2017 en las que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El instructor, en un auto notificado hoy, señala el próximo 6 de marzo, para que tenga lugar la declaración en calidad de investigado del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez

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