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Noticias Judiciales TSJ Navarra
Updated: 1 day 21 hours ago

El TSJN desestima una reclamación de 242.737 euros contra una mutua por inexistencia de mala praxis médica

Thu, 04/27/2017 - 09:20

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado una reclamación de 242.737 euros formulada por una trabajadora de un hospital contra una mutua, por mala praxis de los servicios médicos, por la atención recibida tras un accidente laboral sufrido en diciembre de 2011 al golpearse el tobillo derecho con un carro. Según la demandante, el dolor padecido desde entonces, que derivó en un colapso de la pierna, se debió a la mala aplicación de los yesos, una circunstancia que rechaza el TSJN.

Al respecto, el tribunal concluye que el tratamiento inicial de la contusión sufrida, primero con venda elástica y después con férula de yeso, fue “el adecuado para este tipo de lesiones y no queda acreditado que el Síndrome Regional Complejo se le haya causado por una mala colocación de los yesos porque la férula no comprime, al no ser una escayola cerrada”. Y tampoco, prosigue la Sala, se le causó este síndrome con la inmovilización, también con férula, no con escayola cerrada, porque ya tenía dolor e impotencia funcional, que fue lo que motivó las sucesivas intervenciones y tratamientos con la finalidad de conseguir la completa recuperación de la salud de la paciente sin resultado favorable.

Para los magistrados, resulta probado que, después de la contusión, la demandante ha sufrido un Síndrome de Südek, de etiología desconocida e imprevisible en su aparición, “pero no queda acreditado que el mismo se haya causado por una mala praxis en el tratamiento prestado”.

La sentencia solo puede ser recurrida si única y exclusivamente concurre algún supuesto de interés casacional.

Categories: Jurisprudencia

El juez aprecia indicios para enjuiciar por pertenencia a grupo criminal a 21 simpatizantes de Indar Gorri

Mon, 04/24/2017 - 12:00

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona considera que hay indicios para enjuiciar a 21 simpatizantes del grupo Indar Gorri por un supuesto delito de integración en grupo criminal ya que, con la excusa del seguimiento a Osasuna, se desplazaban por diferentes ciudades con la finalidad de “cometer delitos de lesiones, sin importarles su gravedad”, o participar en riñas tumultuarias “buscando el enfrentamiento físico y violento con los grupos extremistas contrarios”.

En la resolución, que es recurrible, el magistrado puntualiza que la mera pertenencia a Indar Gorri, por muy activa que sea, no es constitutiva de delito. Al respecto, destaca que los 21 investigados forman parte de un grupo de jóvenes en torno a Indar Gorri, del que se aprovechan de su nombre y recursos económicos, pero separado de él, “a modo de grupo de élite”.

La finalidad última de dicho grupo, explica el juez, consiste en conseguir, mediante la perpetración de los referidos delitos, un estatus de respeto entre los diferentes grupos violentos relacionados con el mundo del fútbol que existen en España. Así, mantienen contactos “más o menos permanentes” con otros grupos ultras, en especial con los Riazor Blues (hinchas del Deportivo de la Coruña), Mujika Taldea (Real Sociedad), Iraultza 1921 (Deportivo Alavés), Bukaneros (Rayo Vallecano), Boixos Nois (FC Barcelona) y Biris (Sevilla).

En el auto en el que da por concluida la instrucción, el juez archiva la causa respecto de 11 imputados al estimar que no hay indicios suficientes de su participación en el grupo criminal, y emplaza al Ministerio Fiscal para que en 20 días formule escrito de acusación o solicite el sobreseimiento.

Respecto a la presunta participación de los 21 investigados, el juez detalla la existencia de seis elementos incriminatorios: las diversas vigilancias y seguimientos efectuados por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los distintos análisis del contenido de las comunicaciones telefónicas intervenidas, los movimientos de la cuenta bancaria, los datos de geoposicionamiento, el contenido de los móviles intervenidos y la documentación incautada.

De dicha documentación, reitera el juez, “se desprende la existencia de una organización en el grupo, con reparto de diferentes tareas entre sus integrantes, así como un cierto control económico de las actividades desarrolladas”.

Para los integrantes de este grupo, según recoge la resolución, la cuestión deportiva es algo completamente accesoria, hasta el punto de que muchos de los encausados ni siquiera accedían a los campos de fútbol, o lo hacían avanzado ya el partido, cuando se desplazaban a otras localidades.

Según precisa el juez, acostumbraban a camuflar sus actividades delictivas “mezclándose con el grupo Indar Gorri, para de esta manera obtener apoyo social y beneficios del Club Atlético Osasuna y de los restantes integrantes de Indar Gorri “ajenos a sus actividades delictivas y centrados en el apoyo deportivo a Osasuna”.

También actuaban de esta manera, prosigue el magistrado, “para poder imputar a las fuerzas de seguridad y a los organismos encargados por velar por la seguridad de los encuentros deportivos una presunta persecución hacia las ideas políticas y sociales de Indar Gorri”.

Categories: Jurisprudencia

Un juez admite a trámite la querella presentada por Hacienda contra Osasuna por un supuesto delito fiscal en el IRPF de 2013

Thu, 04/20/2017 - 11:23

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha admitido a trámite la querella interpuesta por Hacienda Tributaria de Navarra contra el Club Atlético Osasuna, Miguel Ángel Archanco Taberna, Juan Antonio Pascual Leache, José Manuel Purroy Lecumberri, Sancho Bandrés Ardanaz, Jesús Manuel Ganuza Aceldegui, Jesús Peralta García, José Luis Roldán Villar y Ángel Luis Vizcay Ventura en relación con las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF del ejercicio fiscal 2013.

En el auto, que puede ser recurrido, el magistrado explica que la querella presentada por el Gobierno de Navarra el 21 de febrero se investigará en una causa diferente a la seguida en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por otra querella de Hacienda, en ese caso por las cuotas de IVA de 2010 a 2013 y el IRPF del periodo 2010-2012.

En esta nueva causa, con el respaldo del Ministerio Fiscal, el juez destaca que son “delitos independientes” por tratarse de un ejercicio fiscal diferente y, por tanto, “no existen razones específicas que exijan una investigación conjunta apreciándose en cambio que sucesivas acumulaciones cuando otras diligencias ya están avanzadas en su fase de instrucción dilataría sin duda el procedimiento inicial”.

El magistrado, que ha acordado que se elabore un informe pericial sobre las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF del ejercicio fiscal 2013 del Club Atlético Osasuna, ha dado un plazo de 5 días a las partes acerca de la solicitud del fiscal de que la instrucción de esta causa se declare compleja y, por tanto, disponga de 18 meses para su instrucción.

Categories: Jurisprudencia

El TSJN rechaza que Salud reintegre 46.226 euros por una intervención de cambio de sexo en un centro privado

Wed, 04/19/2017 - 11:00

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia que rechazó reintegrar 46.226,14 euros por los gastos médicos derivados de una operación de cambio de sexo en un centro privado.

El TSJN explica que nadie cuestiona que el demandante cumplía el diagnóstico de transexualidad de mujer a hombre y, por ello, desde hacía diez años venía recibiendo distintos tratamientos a cargo del Servicio Navarro de Salud (SNS). De igual forma, contaba con todos los criterios para la cirugía genital de reasignación sexual, razón por la cual el SNS le remitió en junio de 2014 al Hospital Carlos Haya de Málaga para una genioplastia masculinizante.

Pero el demandante, según puntualiza el tribunal, sin ni siquiera esperar a que el mencionado hospital lo citase a consulta o, en su caso, le informara de que actualmente en esa unidad no se prestaba el servicio de cirugía genital, sin pedir autorización decidió someterse a intervención en un centro privado, la Clínica Cavadas de Valencia.

“Por tanto no puede mantenerse, como pretende el recurrente, que el Servicio Navarro de Salud obstaculizase de manera injustificada la intervención quirúrgica al producirse un apartamiento voluntario de los cauces indicados”, concluye el TSJN.

En la sentencia, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de los tres magistrados, la Sala de lo Social expone que ni la normativa foral ni la estatal permiten al beneficiario de la asistencia sanitaria el derecho a optar por la medicina pública o privada que estime oportuna.

De hecho, según la legislación navarra citada por los magistrados, “el SNS no asumirá gasto alguno generado por la atención programada y no urgente llevada a cabo en cualquier centro asistencial cuando el paciente carezca de autorización del Servicio de Prestaciones y Conciertos del SNS, aun cuando se hubieran superado los plazos máximos de espera establecidos o cuando la atención sanitaria haya sido requerida a título personal por el paciente”.

 

 

 

 

Categories: Jurisprudencia

El juez absuelve al tuitero que insultó a la presidenta del Parlamento porque esta faltó al juicio sin motivo

Wed, 04/12/2017 - 10:30

El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha absuelto del delito de injurias al hombre que insultó en Twitter a la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez: “Es usted una hija de la gran puta, amiga de asesinos. Terrorista torturadora”.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el magistrado asegura que “si la denunciante hubiera tenido a bien comparecer en el juicio, el resultado de la sentencia podría haber sido muy diferente”.

Así, explica que su voluntaria falta de asistencia al juicio, sin alegar motivo alguno, puede generar “una sombra de duda” que puede ser interpretada, de conformidad con el principio in dubio pro reo, a favor del acusado”.

Al respecto, el juez señala que desconoce si las expresiones vertidas han lesionado la dignidad de la denunciante, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, y, por otra parte, ignora “si su voluntaria falta de asistencia al juicio se debe a que perdona al autor confeso de las expresiones injuriosas aquí enjuiciadas”.

En la vista oral, celebrada el 23 de marzo, el Ministerio Fiscal, “obligado por la circunstancia de su indebida inasistencia”, renunció a la prueba testifical de la presidenta de la Cámara foral. En sus conclusiones, la fiscal solicitó una pena de 2.700 euros de multa por un delito de injurias, mientras que la defensa reclamó la absolución.

En su descargo, el inculpado alegó que desconocía que la destinataria de su tuit era la presidenta del Parlamento de Navarra, una circunstancia que el juez descarta. A preguntas de su defensa, el encausado manifestó que envío ese mensaje porque estaba “cabreado con la casta política” y quería mostrar la hipocresía de Podemos.

Para el juez, “queda absolutamente claro que la expresión proferida” por el acusado “constituye el elemento objetivo del delito de injurias”.

Respecto del mensaje, el juez concluye que se puede admitir estar cabreado con una situación, como la que ha alegado el acusado, pero el cabreo en democracia se resuelve “en las diferentes elecciones o ejercitando el derecho de manifestación o solicitando la colaboración en la crítica de otros partidos que compartan la tendencia del indignado o, incluso, creando un nuevo partido político que colme las aspiraciones del indignado. El insulto no está permitido”.

Pero, añade el juez, este elemento subjetivo del delito debe ser completado con la exigencia del Código Penal de que la expresión proferida lesione la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

“Y es aquí donde quiebra la prueba practicada pues la denunciante no ha tenido a bien, por su propia voluntad, comparecer al acto del juicio sin alegar ninguna causa legal para ello y pese a conocer sobradamente el señalamiento del juicio”, recalca el magistrado.

Categories: Jurisprudencia

El TSJN rechaza suspender de forma urgente el acuerdo del Parlamento de Navarra sobre el izado de la bandera republicana el 14 de abril

Thu, 04/06/2017 - 12:37

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por la Abogacía del Estado de suspender el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra consistente en colocar la bandera republicana en el balcón de la fachada de la Cámara foral el próximo 14 de abril.

El TSJN entiende procedente la denegación de la medida cautelarísima -un procedimiento urgente en el que no se recaban los argumentos de la entidad demandada- “por la inexistencia de especial urgencia en el caso”, ya que la fecha prevista para la colocación es el 14 de abril y, por tanto, “su ejecución no va a ser inmediata”.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso del TSJN confiere al Parlamento de Navarra un día de plazo para que presente alegaciones al respecto con el fin de que, “en breves fechas” -antes del día 14-, pueda dictar un auto que resuelva definitivamente sobre la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado.

Categories: Jurisprudencia

El juez abre juicio contra 18 acusados en el ‘caso Osasuna’ por delitos de apropiación indebida continuada, falsedad contable en concurso con falsedad en documento mercantil y corrupción deportiva

Thu, 03/30/2017 - 08:00

Tras haber recibido los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y las dos acusaciones particulares personadas en la causa, el Club Atlético Osasuna y la Liga de Fútbol Profesional, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha dictado el auto de apertura de juicio oral en el denominado ‘caso Osasuna’. En la resolución, contra la que no cabe recurso, el magistrado especifica los delitos imputados a los 18 acusados —delito continuado de apropiación indebida, delito de falsedad contable en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos)—, así como las fianzas requeridas para asegurar las posibles responsabilidades civiles.

Por otra parte, el juez ha desestimado en sendos autos los recursos de reforma presentados por dos exdirectivos encausados, José Manuel Purroy y Diego Maquírriain, contra el auto del pasado 16 de febrero en el que se daba por concluida la investigación y de las 29 personas investigadas (imputadas) a lo largo del procedimiento, consideraba que había indicios para juzgar a 18 de ellas. Estas dos resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia de Navarra.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Nacional asume la competencia para investigar los sucesos ocurridos en Pamplona el pasado 11 de marzo

Mon, 03/27/2017 - 09:36

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha asumido la competencia para investigar los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo en Pamplona, con ocasión de una manifestación no autorizada convocada por el grupo autodenominado “Errepresioari Autodefensa”.

La magistrada ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona,  al entender que los hechos investigados pueden constituir un delito de terrorismo previsto en el artículo 573 del Código Penal, en concurso con delitos de desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado.

Mientras tanto, el juez de Pamplona ha rechazado en otra resolución el recurso interpuesto por los tres encarcelados por su supuesta participación en los altercados contra el auto en el que les imputó los delitos de desórdenes públicos y terrorismo y acordó remitir la causa a la Audiencia Nacional.

La resolución del magistrado, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, explica que con arreglo al artículo 573 del Código Penal se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Al respecto, el juez reitera que, calificados los hechos provisionalmente como delito de terrorismo los disturbios acaecidos en Pamplona, no es este el momento procesal de determinar finalmente cuántos delitos más de los que integran el tipo van a ser objeto de acusación en concurso ideal, medial o real, dado que además los hechos están pendientes de fijación final y la instrucción de las diligencias acaba de comenzar. “Constatada la comisión de varios de los delitos descritos en el catálogo del artículo 573 del Código Penal y como ya se destacaba en el auto recurrido es evidente que su finalidad era la de alterar gravemente la paz pública, como así ocurrió, y así se fundamentaba tanto en cuanto a la descripción de los hechos indiciariamente acreditados como de los datos obrantes en el atestado, cuyo contenido es inequívoco en cuanto a la situación de alteración de la convivencia pública que se produjo de forma plenamente consciente y planificada”.

Según el juez, “las comparecencias de los agentes intervinientes resultan clarísimas en cuanto a las acciones desarrolladas por los recurrentes y a su integración dentro del marco de una manifestación cuyo propósito inicial ya era el de provocar unos incidentes que buscaron de manera inmediata y conjunta”.

Aunque intente presentarse la actuación de los recurrentes como algo puntual ajeno a los incidentes provocados con ocasión de la manifestación, relata el magistrado, no puede ignorarse que de los datos obrantes en el atestado se desprende que el grupo de manifestantes respondió a una convocatoria para la realización de una manifestación no autorizada que tenía por objeto principal la búsqueda de un enfrentamiento violento con la policía que afectara al normal desarrollo de la convivencia para lo que desde el principio se integraron entre los manifestantes encapuchados portando bolsas grandes con piedras y objetos contundentes, lo que no pudo pasar desapercibido a ninguno de ellos, y de inmediato, ocultando sus rostros para dificultar su identificación.

 Según consta en el auto, los manifestantes como tales, y no un pequeño grupo, “comenzaron a encender bengalas y arrojar cohetes y petardos de gran potencia para, al llegar a la plaza del Castillo, arrojar objetos a la fuerza policial actuante retirándose de forma organizada primero hacia la zona de Mercaderes y luego a la de Navarrería, utilizando en ambos casos contenedores para formar barricadas, actuación en la que fueron observados ya en Navarrería los recurrentes precisamente en acciones que constituyen la esencia de la lucha organizada frente a la policía que venía inicialmente planificada, no solo trasladando contenedores, uno de ellos incendiado, para impedir el avance policial sino recogiendo incluso los vidrios caídos durante el traslado de uno de los contenedores para poder continuar con las reiteradas agresiones a los agentes”. Los tres investigados fueron detenidos “cuando se retiraban hacia otra zona ya que en momentos anteriores y a la vista del relato policial de los hechos hubiera resultado imposible cualquier detención debido a la violencia de la acción a la que no pudo ponerse fin sino con utilización de material antidisturbios”.

Categories: Jurisprudencia

El juez decreta el ingreso en prisión de tres detenidos por los disturbios callejeros provocados este sábado en Pamplona

Mon, 03/13/2017 - 12:55

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de tres detenidos por su supuesta participación en los disturbios provocados este sábado en Pamplona por el grupo autodenominado Errepresioari Autodefentsa. El magistrado, que les imputa los delitos de desórdenes públicos y terrorismo, ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez relata que los investigados, A. P. B., R. I. B. y E. E. M, vecinos de Rentería (Guipúzcoa), con ocasión de la celebración de una manifestación no autorizada convocada para las 18.30, se desplazaron el sábado desde su localidad “en coordinación con un grupo que portaba para ello sacos con piedras y material pirotécnico, con capuchas para dificultar su identificación”.

Este grupo, según se recoge en el auto, “buscando el enfrentamiento lanzó múltiples piedras” contra la policía, “así como botellas tras formar barricadas con contenedores volcados”. Como consecuencia de ello resultaron lesionados varios agentes y se provocaron diversos daños pendientes de evaluación final.

Por estos hechos fueron detenidos los tres investigados y un menor de edad que quedó en libertad a disposición de la fiscalía de menores. Según el juez, los tres imputados arrastraron “un contendor de vidrio volcado hasta la plaza de la Navarrería” y arrojaron por la calle” otro “contenedor portátil ardiendo”.

A petición del Ministerio Fiscal, el juez de guardia de Pamplona ha acordado el ingreso en prisión al estimar que en la causa hay indicios de los delitos de desórdenes públicos y terrorismo, delito este último competencia de la Audiencia Nacional.

El juez aprecia “meritos bastantes para estimar responsables criminalmente de dichos delitos” a los tres encarcelados, en concreto por el atestado presentado por la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía “en el que consta la identificación de los investigados por los agentes intervinientes”.

En ese atestado, resalta el juez, se recoge que los altercados se produjeron “en el marco de una actuación organizada y planificada” con el desplazamiento a otra localidad “con el resultado de una alteración grave y prolongada de la paz pública en el momento en que había multitud de ciudadanos por la zona”.

Según la resolución judicial, los participantes en los disturbios buscaron el enfrentamiento con los agentes y utilizaron para ello “piedras ya preparadas, material pirotécnico y botellas caídas de los propios contendores que los propios investigados arrastraron, incendiando previamente uno de ellos”.

El juez razona la adopción de la prisión provisional por la “extrema gravedad de los hechos” y por “las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia ante la gravedad de las penas que en su día pudieran imponerse”, así como por “la probabilidad de reiteración delictiva a la vista de la propia mecánica de los hechos, cometidos en grupo y de forma organizada y planificada”.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Navarra revoca la decisión de la juez e imputa a Osasuna en la querella del Gobierno de Navarra por delito fiscal

Thu, 03/09/2017 - 12:28

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha estimado el recurso interpuesto por el fiscal y ha revocado la decisión de la juez instructora de rechazar la imputación de Osasuna en la causa abierta tras la querella del Gobierno de Navarra por un delito fiscal por las cuotas de IVA y de IRPF supuestamente no declaradas en los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y 2013.

En el auto, contra el que no cabe recurso, la Audiencia expone que, a diferencia del caso de los supuestos amaños, en donde se decidió no imputar a Osasuna por la existencia dentro del club de los mecanismos de control, en el presente caso por el contrario el delito objeto de imputación es un delito contra la Hacienda Tributaria, en el que el sujeto tributario obligado principal es el propio Club Atlético Osasuna. Se trata, por tanto, “de conductas previsibles y exigibles dentro de un ámbito derivado de la propia actividad del club, en la que por tanto es previsible su existencia y por tanto es exigible su constatación y realidad”. Y, en este sentido, a juicio de los magistrados, no puede afirmarse que existieran respecto de ese cumplimiento ordinario de obligaciones tributarias medidas adecuadas de control.

En atención a lo expuesto, razona la Audiencia, no es posible concluir la ‘no imputación’ que acordó el juzgado instructor, “ya que no puede olvidarse que nos encontramos ante una obligación tributaria esencial, como es el pago de un impuesto ordinario, cuya ausencia o constatación de pago y cumplimiento de obligaciones fiscales es fácilmente constatable y controlable, por lo que, a priori, se revela una ausencia de un debido control sobre una obligación ordinaria de naturaleza tributaria, que impide concluir en la ausencia de indicios de responsabilidad criminal por la existencia de unas medidas adecuadas de control”.

Ciertamente, apunta el tribunal, existe un dato que la juez instructora calificó como “más relevante”, como era el hecho de que anualmente el Departamento de Economía y Hacienda, órgano externo independiente de Osasuna, hacía constar que, “comprobados los datos”, el club se encontraba “al corriente de sus obligaciones fiscales”.

“Pero este dato por sí solo no puede llevar a considerar la concurrencia (relacionada con los requisitos reglamentarios de control exigidos por la L. F. Profesional) de un mecanismo del control respecto del propio cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues no se revela que el mismo tuviera su origen en un debido control”, razonan los magistrados.

Por último, según destaca el tribunal, el hecho de que las cantidades presuntamente defraudadas se hayan puesto de manifiesto como consecuencia de la auditoría llevada a cabo por parte del Club Atlético Osasuna no determina la eliminación de la responsabilidad criminal, pues no es un mecanismo de control establecido con anterioridad sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias sino posteriormente, lo que en su caso podría considerarse como una posible circunstancia atenuante de la responsabilidad.

Los argumentos de la juez instructora

En la resolución ahora revocada por la Audiencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona exponía que el Club Atlético Osasuna disponía de los sistemas previstos en los Estatutos vigentes al momento de ocurrir los hechos —gerente y Comisión Económica— y un control externo impuesto por la normativa deportiva y que establecía la obligación de presentar anualmente las cuentas auditadas.

Todo ello, argumentaba la magistrada, fue analizado por la Audiencia Provincial y considerado suficiente para concluir “que la falta de control no podía deducirse sin más de la comisión de un presunto ilícito penal cometido sin conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva e incluso con ocultación”.

En este sentido, la juez destacaba que Osasuna había ido presentando las certificaciones emitidas por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en los que se hacía constar expresamente que, comprobados los datos, Osasuna estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la magistrada detallaba en la resolución seis medidas de control que tenía el club conforme a los estatutos, la comisión económica, los libros de contabilidad y el reglamento de control económico de la Liga de Fútbol Profesional.

 

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La juez imputa un delito de banda criminal a tres investigados que lograron 39.000 euros tras extorsionar al párroco de Tajonar (Navarra)

Wed, 03/08/2017 - 10:40

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha imputado un delito de extorsión en el seno de una organización criminal a tres investigados de nacionalidad rumana, todos ellos integrantes de la misma familia, que logaron 39.000 euros del párroco de Tajonar tras amenazarle reiteradamente con la publicación de una fotografía supuestamente comprometedora con un menor de 17 años familiar de los anteriores.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez da por concluida la investigación y emplaza al fiscal a que en diez días presente su escrito de acusación. En la supuesta extorsión también está implicado otro familiar de los investigados, L. L., que se encuentra en paradero desconocido y para quien la magistrada ha dictado una orden de busca y captura.

El denunciante, párroco de la iglesia de Tajonar, se vio obligado a entregar unos 39.000 euros bajos las continuas amenazas de poner en conocimiento del obispo, la policía y los medios de comunicación una fotografía tomada de la víctima el 19 de enero de 2016 en su domicilio de Mutilva “en posición arrodillada y con su cabeza a la altura del miembro viril” de un menor de 17 años, quien “nada más obtener la fotografía” comenzó a exigirle dinero.

Las investigaciones practicadas han arrojado la implicación en los hechos, aparte del citado menor, de los encausados I. F. T. y D. B., hermanos del anterior. Ambos se encontraban en la parroquia de Tajonar cuando acudió la policía el 8 de febrero a requerimiento del denunciante. Estos investigados, según la magistrada, estaban allí pidiéndole más dinero mientras le exhibían la fotografía y le amenazaban con denunciarle por no pagar.

Estas personas, junto con los restantes integrantes del grupo, habrían efectuado al denunciante continuas llamadas amenazantes entre el 20 y el 25 de enero exigiéndole 30.000 euros para no divulgar la foto y, previsiblemente, habrían acudido a la estación de autobuses de Pamplona en donde el menor de la familia citaba a la víctima para las entregas de dinero.

Asimismo, según consta en la resolución judicial, el 11 de febrero, los extorsionadores volvieron a la parroquia de Tajonar en el vehículo propiedad de I. F. T., pero conducido habitualmente por F. B., con la misma pretensión.

De igual forma, el 2 de marzo, el menor de edad se personó junto con L. L. —el cuarto investigado que se encuentra en paradero desconocido— en un bar de Aranguren frecuentado por el denunciante, en donde volvieron a pedirle más dinero a cambio de no publicar la fotografía.

En la actuación policial se constató que los investigados actuaban de forma coordinada distribuyéndose las funciones; así unos captaban a la víctima — valiéndose de un menor para la extorsión inicial—, mientras que otros se encargaban de realizar las llamadas, acudir a las recogidas del dinero y efectuar los actos extorsionadores.

Según expone la juez, esta organización criminal indiciariamente se constataría también por el hecho de que los propios autores revelaron a la víctima en una de las entregas de dinero que habían recibido más dinero de otros sacerdotes de Navarra.

Por hechos similares, tres de estos investigados fueron condenados de conformidad el pasado enero por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona por chantajear a un vecino de Pamplona con denunciarle por falsos abusos sexuales. En concreto, F. B. fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por un delito de robo con violencia y otro de amenazas condicionales continuadas, mientras que D. B., hermana del anterior, y su marido, L. L., fueron condenados a un año y 6 meses de prisión por amenazas.

Categories: Jurisprudencia

El juez remite la última denuncia sobre las presidencias de Izco y Archanco al juzgado que ya instruye el 'caso Osasuna'

Thu, 02/23/2017 - 07:00

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha acordado remitir al Juzgado de Instrucción número 2 la denuncia presentada el pasado 28 de enero por el Club Atlético Osasuna a raíz de la auditoría externa efectuada sobre el periodo 2005-2014, una etapa bajo las presidencias de Patxi Izco y Miguel Archanco.

En el auto, que puede ser recurrido, el juez del 4 considera que los hechos denunciados son conexos con los investigados desde febrero de 2015 en el denominado ‘caso Osasuna’ por el juez de Instrucción número 2, quien deberá decidir si acepta la inhibición.

En la denuncia interpuesta el pasado enero, se afirmaba la indiciaria concurrencia de delitos de apropiación indebida, administración desleal, societarios y de falsedad documental.

Antes de acordar la admisión a trámite, el juez de Instrucción número 4 emplazó a Osasuna a que concretase las personas contra las que se dirigía la denuncia.

El magistrado ha acordado la inhibición al Juzgado de Instrucción número 2 debido a que en este órgano ya se siguen tres causas relacionadas con esos hechos: las diligencias relativas a la presidencia de Miguel Archanco, la pieza separada C referente a los años de mandato de Patxi Izco y la pieza separada D sobre los incrementos patrimoniales del exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquírriain.

Además, aunque solo se denuncian incumplimientos de obligaciones tributarias y no un delito fiscal, el juez del 4 remite la auditoría "para su conocimiento" a su compañera del juzgado de Instrucción nº 3, ya que ésta admitió a trámite una querella del Gobierno de Navarra contra diez exdirectivos de Osasuna por posibles delitos contra la Hacienda Pública.

Categories: Jurisprudencia

El juez acaba la instrucción y ve indicios para juzgar a exdirectivos de Osasuna y tres exjugadores del Betis por amañar dos partidos

Thu, 02/16/2017 - 09:00

El juez que instruye el denominado ‘caso Osasuna’ ha concluido la investigación y de las 29 personas investigadas (imputadas) a lo largo del procedimiento considera que hay indicios para juzgar a 18 de ellas por los delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos).

Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco Taberna —en el periodo 2012 a 2014— o con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas cometidas en ese tiempo. El juez instructor cifra el dinero extraído de las cuentas del club con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros.

Sobre la compra de partidos, el juez estima que hay indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya Carazo, Jordi Figueras Montiel y Xavier Torres Buigues, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.

En el auto por el que concluye la investigación, que puede ser recurrido, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona da traslado al fiscal y las acusaciones —Osasuna y la Liga de Fútbol Profesional (LFP)— para que en el plazo común de 20 días presenten sus escritos de acusación frente a los 18 investigados contra los que continúa el procedimiento. El mismo juez instruye en otras diligencias —pieza separada B— los delitos presuntamente cometidos durante el mandato de Pachi Izco (entre 2002 y 2012) sobre los que no versa esta resolución.

En este auto de conclusión, el magistrado aprecia indicios racionales de criminalidad en las actuaciones llevadas a cabo por el citado Miguel Archanco, presidente del Club Atlético Osasuna en el periodo 2012-2014; Ángel Luis Vizcay Ventura, exgerente de Osasuna; los exdirectivos Jesús Peralta Gracia, Juan Antonio Pascual Leache, José Manuel Purroy Lecumberri y Sancho Bandrés Ardanaz.

El juez también estima que hay indicios para enjuiciar a los tres mencionados jugadores del Betis, al exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquírriain Leandro, que transportó hasta Sevilla parte del dinero para su entrega a los jugadores béticos, a los dos supuestos agentes inmobiliarios investigados, Cristina Valencia Pérez y Albert Nolla Pujol, que firmaron un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad y a cambio de dinero, a los miembros de la comisión gestora del club Javier Zabaleta Bueno, Luis María Ibero Elía, Pedro Zudaire Fernández, Juan Ángel Larrea Andreu y Jesús María Dronda Pérez, por haber ordenado al gerente Ángel Luis Vizcay que hiciera lo que fuera necesario, sin excluir la comisión de delitos, para justificar en la contabilidad las salidas irregulares de dinero, así como del exdirector financiero Ángel Ardanaz Rípodas, por haber confeccionado las cuentas anuales del club del ejercicio 2013-2014 a sabiendas de que contenían falsedades importantes.

En cambio, el magistrado decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los exdirectivos José Luis Roldán Villar y Manuel Ganuza Aceldegui, los jugadores Sergio García de la Fuente, Damiá Abella Pérez, Francisco Puñal Martínez y Jorge Molina Vidal, así como del actual entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic.

De igual forma, el juez archiva la causa respecto del exdirector financiero de Osasuna José Gómez Castel, el excontable Tomás López Felipe, el exmiembro de la junta gestora Marino Zulet Gale y el auditor Adolfo Suárez Lopetegui.

Mantener a toda costa a Osasuna en primera

Tras dos años de investigación, el juez instructor asegura que existen indicios de que Vizcay, Archanco, Peralta, Purroy y Bandrés, “puestos de acuerdo o, cuando menos, conociendo que así se iba a llevar a cabo y consintiendo dicha práctica, a pesar de que era no solo ilegal sino delictiva, decidieron usar dinero del Club Atlético Osasuna para mantener a toda costa al club en la Primera División” mediante la entrega de “diversas cantidades de dinero en metálico a jugadores de otros equipos con la finalidad de alterar el resultado de dicha competición”.

Así, “existen indicios” de que pagaron a los entonces jugadores del Betis Amaya, Figueras y Torres 400.000 euros por la victoria del club verdiblanco frente al Valladolid y 250.000 por que su equipo se dejara ganar ante Osasuna.

Asimismo, según recoge el auto, durante la temporada 2012-13 salieron del patrimonio de Osasuna 900.000 euros y en la temporada siguiente otros 1.440.000, todos ellos en metálico, de los que únicamente consta acreditado que 226.000 se destinaron a pagar en efectivo a jugadores de Osasuna por conseguir diversos objetivos.

El resto del dinero no ha sido justificado ni explicado por los investigados Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Purroy y Bandrés.

A este respecto, el juez indica que hay indicios de que, con la finalidad de encubrir los citados hechos, estos exdirectivos “decidieron alterar los libros de contabilidad, realizando en los mismos anotaciones falsas o dejando de incluir en ellos anotaciones de operaciones económicas reales”.

900.000 euros como pago a dos supuestos agentes inmobiliarios

El juez relata que en la temporada 2012-13 se contabilizaron 900.000 euros como un pago a los dos supuestos agentes inmobiliarios, los investigados Cristina Valencia y Albert Nolla, quienes por firmar un documento en el que admitían haber recibido ese montante recibieron de Osasuna “una cantidad indeterminada de dinero”. Y dejaron de contabilizar un préstamo de 600.000 euros que un pariente de uno de los directivos había efectuado al club esa temporada, aunque sin conocer la finalidad delictiva que iba a darse a dicho dinero.

Al finalizar la temporada 2013-14, continúa la resolución judicial, se planteó la necesidad de dar cobertura a la salida de 1.440.000 euros. Debido al descenso a segunda división ya había dimitido la junta directiva de Miguel Archanco y al frente del club estaba una gestora provisional.

Según el juez, la gestora ordenó al gerente, Ángel Vizcay, que justificara a toda costa dichas salidas de dinero, pero sin querer conocer cómo iba a hacerlo para evitar responsabilidades, a cuyo efecto el gerente procedió a falsificar, mediante su creación y simulando que eran auténticas, tres facturas de la mercantil de nacionalidad portuguesa Flefield por importe de 675.000, 445.000 y 445.000 euros y a ordenar su contabilización.

Una vez contabilizadas, el director financiero, Ángel Ardanaz, que conocía o sospechaba “seriamente de la falsedad de dichas facturas”, las entregó al auditor, Adolfo Suárez, quien exigió que se le entregara el documento contractual que justificaba dichas facturas, procediendo nuevamente Ángel Vizcay a falsificar un contrato, simulando a tales efectos la firma del presidente de Osasuna Miguel Archanco. El auditor, con la finalidad de salvaguardarse de posibles futuras responsabilidades, exigió que Vizcay, Ardanaz y la totalidad de la gestora asumieran en la carta de manifestaciones al auditor la realidad de los supuestos pagos efectuados a Flefield.

De igual forma, el juez sostiene que en las diligencias hay indicios de que durante los dos años en que ejerció la presidencia Archanco “incorporó a su patrimonio” o “hizo entrega” a Jesús Peralta de al menos 72.000 euros “en concepto de gastos no justificados y dietas de asistencia a eventos cuyo pago no había sido aprobado” ni por la junta directiva ni por la asamblea de socios.

En la resolución, el juez detalla la exhaustiva investigación llevada a cabo en estos dos años, en los que ha dictado 65 autos, ha tomado 55 declaraciones y ha practicado 10 careos entre diferentes investigados. También especifica que los hechos y los datos están recogidos en más de 60 atestados elaborados por el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, así como en diversos informes periciales emitidos por la Brigada Provincial de Policía Científica. Y, de igual modo, explica que también se incorporaron a la causa los resultados de los informes patrimoniales realizados por funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Hacienda Foral de Navarra.

El posicionamiento de los móviles de los jugadores del Betis

En concreto, respecto al delito de corrupción deportiva, la presunta participación de los entonces jugadores del Betis Amaya, Figueras y Torres se desprende, según el juez, del análisis de los posicionamientos de sus teléfonos móviles, que se ubican en las zonas donde se produjeron las negociaciones entre los directivos osasunistas y los jugadores, así como del cotejo de los registros de llamadas, las contradicciones apreciadas en sus declaraciones y careos y en el análisis patrimonial de ellos realizado, que revela diversos pagos en metálico por elevados importes y una caída importante en los reintegros bancarios de dinero tras los pagos en metálico presuntamente efectuados.

Por otra parte, el juez califica de “muy voluminoso” el material recabado durante la instrucción respecto a la supuesta participación en los delitos investigados de Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Bandrés, Purroy, Maquírriain, Nolla y Valencia.

Y respecto a los hechos imputados a los miembros de la junta gestora, el magistrado destaca que los indicios vienen constituidos por las declaraciones prestadas por ellos y por Ángel Vizcay, “unido al hecho cierto e incontrovertido de que todos ellos firmaron las cuentas anuales” del Club Atlético Osasuna en las que, conforme se acredita con los informes periciales contables, “se incluyeron hechos falsos con la exclusiva finalidad de justificar o ocultar la salida delictiva de dinero del patrimonio social”.

Solo uno de los miembros de la gestora, Marino Zulet no participó en la manipulación de la contabilidad, por lo que el juez ha archivado su imputación, un sobreseimiento que también se ha decretado respecto de los exdirectivos Roldán y Ganuza, el primero porque dimitió de su cargo apenas transcurrido un año y no llegó a firmar las cuentas anuales y el segundo porque, tras las diligencias practicadas, no se aprecia que conociera las prácticas ilícitas llevadas a cabo en la entidad.

En cuanto al archivo de las imputaciones sobre los futbolistas García, Damiá, Puñal y Molina, y el exdirector deportivo Vasiljevic, el juez sostiene que respecto de todos ellos las declaraciones incriminatorias de Vizcay no se han refrendado con ninguna otra prueba.

Asimismo, el juez no aprecia indicios de que se pudiera haber amañado el empate entre el Espanyol y Osasuna, un resultado que, según pone de relieve, no le servía además al conjunto osasunista para mantener la categoría.

A mayor abundamiento, el magistrado revela que cuenta con otro dato “de singular potencia indiciaria” pero a favor de los investigados Puñal y García, que radica en el hecho de que los dos estaban siendo vigilados por detectives privados contratados por la LFP, quienes los siguieron todo el día en que, según el exgerente, se entregó el dinero “sin ver nada sospechoso o ni siquiera llamativo”.

Por último, el magistrado no ve ningún dato que permita apreciar la participación del exdirector financiero José Gómez en los hechos investigados ni tampoco la del contable Tomás López. En cuanto al sobreseimiento respecto a auditor Adolfo Suárez en los hechos objeto de esta pieza principal, es decir en las temporadas 2012-13 y 13-14, las investigaciones llevadas a cabo no han permitido apreciar indicios de que haya tenido alguna participación en los hechos.

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Un juez condena a la exalcaldesa de Baztan (Navarra) por calificar de “pelotazo especulativo” el proyecto de Aroztegia

Tue, 02/14/2017 - 11:40

La exalcaldesa de Baztan Garbiñe Elizegi Narbarte ha sido condenada a indemnizar con 1.000 euros por intromisión ilegítima en el honor de Palacio de Aroztegia SL por haber calificado de “pelotazo especulativo” o “pelotazo urbanístico” el proyecto inmobiliario y turístico que esta sociedad planea llevar a cabo en Lekarotz.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona considera que “la expresión ‘pelotazo’ va dirigida a una empresa privada que no actúa en el ámbito de lo político, es ofensiva y su utilización resultaba prescindible en todos los casos para transmitir a la opinión pública la opinión que se quería verter”.

En el juicio, la sociedad demandante solicitó 36.000 euros de indemnización, mientras que el Ministerio Fiscal y la exalcaldesa reclamaron la desestimación de la demanda.

La demandada, según expone el magistrado, además de la posibilidad de informar y de combatir el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) ante los tribunales de justicia, puede opinar libremente sobre la actuación de Palacio de Aroztegia SL como promotora del mismo, más si cabe en un caso como este de indudable interés social en el Valle de Baztan y en toda Navarra. “Mas en el ejercicio de ese derecho no debe caer en la ofensa innecesaria, cuyo límite en este caso se considera que fue vulnerado, como se ha explicado, a través del empleo reiterado de la expresión ‘pelotazo urbanístico’ o ‘pelotazo especulativo’ referida a la demandante y a su actuación como promotora”, subraya.

El juez explica que, según el diccionario de la RAE, pelotazo significa “operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida”. En el supuesto enjuiciado, añade el magistrado, se trasmite a la opinión pública a la que va dirigida la idea de que su actuación como promotora va encaminada no a la obtención de una ganancia (como es propio de cualquier empresa), “sino de una gran ganancia, fácil y rápida, es decir, obtenida de forma desmedida y de manera tramposa, al margen de los cánones de esfuerzo y tiempo que la sociedad considera propios de una ganancia legítima”.

Al respecto, señala que cuando la exalcaldesa habla de pelotazos, operaciones especulativas o corrupción “no ofrece datos concretos en los que basa sus manifestaciones, no explica por ejemplo a cuánto asciende la eventual ganancia (pelotazo) que va a obtenerse, sino que deja traslucir con estas expresiones un juicio de valor a través del cual formula su posición personal y la de su grupo”.

Además de a abonar la indemnización de 1.000 euros, el magistrado condena a la demandada a, una vez que sea firme la sentencia, publicar el fallo en Diario de Navarra, Diario de Noticias y El Diario Vasco, y a difundirlo en la emisora Xorrotxin Irratia.

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La Audiencia de Navarra permite al expresidente Archanco ejercer la acusación por la suplantación de su firma para sacar 1,4 millones de Osasuna

Mon, 02/06/2017 - 14:00

El expresidente de Osasuna Miguel Archanco podrá ejercer la acusación particular por la supuesta falsificación de su firma en el contrato rubricado con la sociedad portuguesa Flefield el 1 de julio de 2013, por el que se justificó la salida del club de 1,4 millones de euros. Así lo ha decretado la Sección Primera de la Audiencia de Navarra, que ha estimado un recurso presentado por el exmandatario contra la denegación del juez instructor.

En virtud de este auto, que es firme, Archanco, que está investigado (imputado) en la causa principal del denominado ‘caso Osasuna’ por la extracción de al menos 2,4 millones de euros de las arcas del club y por el presunto amaño de tres partidos, podrá personarse en el procedimiento para ejercer la acusación particular —como perjudicado— solo respecto del delito de falsedad en documento mercantil por la suplantación de su identidad en esa concreta salida de fondos del club.

En contra del criterio del fiscal, de la acusación particular ejercida por la Liga de Fútbol Profesional y de la defensa del investigado Ángel Luis Vizcay, la Sección Primera de la Audiencia ha revocado la resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona al estimar que no hay obstáculo alguno que impida considerar como perjudicado a una persona —Archanco— cuya intervención se ha indicado en un documento —el contrato de Flefield— sin que sea cierto.

En este caso, según explica la Audiencia, el indicado documento se usó “para ocultar una salida de más de un millón de euros del patrimonio” de Osasuna”, y si bien respecto de la extracción y destino del dinero Archanco no puede considerarse perjudicado —el único damnificado es el Club Atlético Osasuna—, sí que puede ostentar dicha consideración respecto de la falsedad en documento mercantil por la suplantación de su firma.

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