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Noticias Judiciales TSJ Navarra
Updated: 3 days 19 hours ago

El juez decreta el ingreso en prisión de tres detenidos por los disturbios callejeros provocados este sábado en Pamplona

Mon, 03/13/2017 - 12:55

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de tres detenidos por su supuesta participación en los disturbios provocados este sábado en Pamplona por el grupo autodenominado Errepresioari Autodefentsa. El magistrado, que les imputa los delitos de desórdenes públicos y terrorismo, ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez relata que los investigados, A. P. B., R. I. B. y E. E. M, vecinos de Rentería (Guipúzcoa), con ocasión de la celebración de una manifestación no autorizada convocada para las 18.30, se desplazaron el sábado desde su localidad “en coordinación con un grupo que portaba para ello sacos con piedras y material pirotécnico, con capuchas para dificultar su identificación”.

Este grupo, según se recoge en el auto, “buscando el enfrentamiento lanzó múltiples piedras” contra la policía, “así como botellas tras formar barricadas con contenedores volcados”. Como consecuencia de ello resultaron lesionados varios agentes y se provocaron diversos daños pendientes de evaluación final.

Por estos hechos fueron detenidos los tres investigados y un menor de edad que quedó en libertad a disposición de la fiscalía de menores. Según el juez, los tres imputados arrastraron “un contendor de vidrio volcado hasta la plaza de la Navarrería” y arrojaron por la calle” otro “contenedor portátil ardiendo”.

A petición del Ministerio Fiscal, el juez de guardia de Pamplona ha acordado el ingreso en prisión al estimar que en la causa hay indicios de los delitos de desórdenes públicos y terrorismo, delito este último competencia de la Audiencia Nacional.

El juez aprecia “meritos bastantes para estimar responsables criminalmente de dichos delitos” a los tres encarcelados, en concreto por el atestado presentado por la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía “en el que consta la identificación de los investigados por los agentes intervinientes”.

En ese atestado, resalta el juez, se recoge que los altercados se produjeron “en el marco de una actuación organizada y planificada” con el desplazamiento a otra localidad “con el resultado de una alteración grave y prolongada de la paz pública en el momento en que había multitud de ciudadanos por la zona”.

Según la resolución judicial, los participantes en los disturbios buscaron el enfrentamiento con los agentes y utilizaron para ello “piedras ya preparadas, material pirotécnico y botellas caídas de los propios contendores que los propios investigados arrastraron, incendiando previamente uno de ellos”.

El juez razona la adopción de la prisión provisional por la “extrema gravedad de los hechos” y por “las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia ante la gravedad de las penas que en su día pudieran imponerse”, así como por “la probabilidad de reiteración delictiva a la vista de la propia mecánica de los hechos, cometidos en grupo y de forma organizada y planificada”.

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La Audiencia de Navarra revoca la decisión de la juez e imputa a Osasuna en la querella del Gobierno de Navarra por delito fiscal

Thu, 03/09/2017 - 12:28

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha estimado el recurso interpuesto por el fiscal y ha revocado la decisión de la juez instructora de rechazar la imputación de Osasuna en la causa abierta tras la querella del Gobierno de Navarra por un delito fiscal por las cuotas de IVA y de IRPF supuestamente no declaradas en los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y 2013.

En el auto, contra el que no cabe recurso, la Audiencia expone que, a diferencia del caso de los supuestos amaños, en donde se decidió no imputar a Osasuna por la existencia dentro del club de los mecanismos de control, en el presente caso por el contrario el delito objeto de imputación es un delito contra la Hacienda Tributaria, en el que el sujeto tributario obligado principal es el propio Club Atlético Osasuna. Se trata, por tanto, “de conductas previsibles y exigibles dentro de un ámbito derivado de la propia actividad del club, en la que por tanto es previsible su existencia y por tanto es exigible su constatación y realidad”. Y, en este sentido, a juicio de los magistrados, no puede afirmarse que existieran respecto de ese cumplimiento ordinario de obligaciones tributarias medidas adecuadas de control.

En atención a lo expuesto, razona la Audiencia, no es posible concluir la ‘no imputación’ que acordó el juzgado instructor, “ya que no puede olvidarse que nos encontramos ante una obligación tributaria esencial, como es el pago de un impuesto ordinario, cuya ausencia o constatación de pago y cumplimiento de obligaciones fiscales es fácilmente constatable y controlable, por lo que, a priori, se revela una ausencia de un debido control sobre una obligación ordinaria de naturaleza tributaria, que impide concluir en la ausencia de indicios de responsabilidad criminal por la existencia de unas medidas adecuadas de control”.

Ciertamente, apunta el tribunal, existe un dato que la juez instructora calificó como “más relevante”, como era el hecho de que anualmente el Departamento de Economía y Hacienda, órgano externo independiente de Osasuna, hacía constar que, “comprobados los datos”, el club se encontraba “al corriente de sus obligaciones fiscales”.

“Pero este dato por sí solo no puede llevar a considerar la concurrencia (relacionada con los requisitos reglamentarios de control exigidos por la L. F. Profesional) de un mecanismo del control respecto del propio cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues no se revela que el mismo tuviera su origen en un debido control”, razonan los magistrados.

Por último, según destaca el tribunal, el hecho de que las cantidades presuntamente defraudadas se hayan puesto de manifiesto como consecuencia de la auditoría llevada a cabo por parte del Club Atlético Osasuna no determina la eliminación de la responsabilidad criminal, pues no es un mecanismo de control establecido con anterioridad sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias sino posteriormente, lo que en su caso podría considerarse como una posible circunstancia atenuante de la responsabilidad.

Los argumentos de la juez instructora

En la resolución ahora revocada por la Audiencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona exponía que el Club Atlético Osasuna disponía de los sistemas previstos en los Estatutos vigentes al momento de ocurrir los hechos —gerente y Comisión Económica— y un control externo impuesto por la normativa deportiva y que establecía la obligación de presentar anualmente las cuentas auditadas.

Todo ello, argumentaba la magistrada, fue analizado por la Audiencia Provincial y considerado suficiente para concluir “que la falta de control no podía deducirse sin más de la comisión de un presunto ilícito penal cometido sin conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva e incluso con ocultación”.

En este sentido, la juez destacaba que Osasuna había ido presentando las certificaciones emitidas por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en los que se hacía constar expresamente que, comprobados los datos, Osasuna estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la magistrada detallaba en la resolución seis medidas de control que tenía el club conforme a los estatutos, la comisión económica, los libros de contabilidad y el reglamento de control económico de la Liga de Fútbol Profesional.

 

Categories: Jurisprudencia

La juez imputa un delito de banda criminal a tres investigados que lograron 39.000 euros tras extorsionar al párroco de Tajonar (Navarra)

Wed, 03/08/2017 - 10:40

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha imputado un delito de extorsión en el seno de una organización criminal a tres investigados de nacionalidad rumana, todos ellos integrantes de la misma familia, que logaron 39.000 euros del párroco de Tajonar tras amenazarle reiteradamente con la publicación de una fotografía supuestamente comprometedora con un menor de 17 años familiar de los anteriores.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez da por concluida la investigación y emplaza al fiscal a que en diez días presente su escrito de acusación. En la supuesta extorsión también está implicado otro familiar de los investigados, L. L., que se encuentra en paradero desconocido y para quien la magistrada ha dictado una orden de busca y captura.

El denunciante, párroco de la iglesia de Tajonar, se vio obligado a entregar unos 39.000 euros bajos las continuas amenazas de poner en conocimiento del obispo, la policía y los medios de comunicación una fotografía tomada de la víctima el 19 de enero de 2016 en su domicilio de Mutilva “en posición arrodillada y con su cabeza a la altura del miembro viril” de un menor de 17 años, quien “nada más obtener la fotografía” comenzó a exigirle dinero.

Las investigaciones practicadas han arrojado la implicación en los hechos, aparte del citado menor, de los encausados I. F. T. y D. B., hermanos del anterior. Ambos se encontraban en la parroquia de Tajonar cuando acudió la policía el 8 de febrero a requerimiento del denunciante. Estos investigados, según la magistrada, estaban allí pidiéndole más dinero mientras le exhibían la fotografía y le amenazaban con denunciarle por no pagar.

Estas personas, junto con los restantes integrantes del grupo, habrían efectuado al denunciante continuas llamadas amenazantes entre el 20 y el 25 de enero exigiéndole 30.000 euros para no divulgar la foto y, previsiblemente, habrían acudido a la estación de autobuses de Pamplona en donde el menor de la familia citaba a la víctima para las entregas de dinero.

Asimismo, según consta en la resolución judicial, el 11 de febrero, los extorsionadores volvieron a la parroquia de Tajonar en el vehículo propiedad de I. F. T., pero conducido habitualmente por F. B., con la misma pretensión.

De igual forma, el 2 de marzo, el menor de edad se personó junto con L. L. —el cuarto investigado que se encuentra en paradero desconocido— en un bar de Aranguren frecuentado por el denunciante, en donde volvieron a pedirle más dinero a cambio de no publicar la fotografía.

En la actuación policial se constató que los investigados actuaban de forma coordinada distribuyéndose las funciones; así unos captaban a la víctima — valiéndose de un menor para la extorsión inicial—, mientras que otros se encargaban de realizar las llamadas, acudir a las recogidas del dinero y efectuar los actos extorsionadores.

Según expone la juez, esta organización criminal indiciariamente se constataría también por el hecho de que los propios autores revelaron a la víctima en una de las entregas de dinero que habían recibido más dinero de otros sacerdotes de Navarra.

Por hechos similares, tres de estos investigados fueron condenados de conformidad el pasado enero por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona por chantajear a un vecino de Pamplona con denunciarle por falsos abusos sexuales. En concreto, F. B. fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por un delito de robo con violencia y otro de amenazas condicionales continuadas, mientras que D. B., hermana del anterior, y su marido, L. L., fueron condenados a un año y 6 meses de prisión por amenazas.

Categories: Jurisprudencia

El juez acaba la instrucción y ve indicios para juzgar a exdirectivos de Osasuna y tres exjugadores del Betis por amañar dos partidos

Thu, 02/16/2017 - 09:00

El juez que instruye el denominado ‘caso Osasuna’ ha concluido la investigación y de las 29 personas investigadas (imputadas) a lo largo del procedimiento considera que hay indicios para juzgar a 18 de ellas por los delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos).

Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco Taberna —en el periodo 2012 a 2014— o con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas cometidas en ese tiempo. El juez instructor cifra el dinero extraído de las cuentas del club con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros.

Sobre la compra de partidos, el juez estima que hay indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya Carazo, Jordi Figueras Montiel y Xavier Torres Buigues, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.

En el auto por el que concluye la investigación, que puede ser recurrido, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona da traslado al fiscal y las acusaciones —Osasuna y la Liga de Fútbol Profesional (LFP)— para que en el plazo común de 20 días presenten sus escritos de acusación frente a los 18 investigados contra los que continúa el procedimiento. El mismo juez instruye en otras diligencias —pieza separada B— los delitos presuntamente cometidos durante el mandato de Pachi Izco (entre 2002 y 2012) sobre los que no versa esta resolución.

En este auto de conclusión, el magistrado aprecia indicios racionales de criminalidad en las actuaciones llevadas a cabo por el citado Miguel Archanco, presidente del Club Atlético Osasuna en el periodo 2012-2014; Ángel Luis Vizcay Ventura, exgerente de Osasuna; los exdirectivos Jesús Peralta Gracia, Juan Antonio Pascual Leache, José Manuel Purroy Lecumberri y Sancho Bandrés Ardanaz.

El juez también estima que hay indicios para enjuiciar a los tres mencionados jugadores del Betis, al exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquírriain Leandro, que transportó hasta Sevilla parte del dinero para su entrega a los jugadores béticos, a los dos supuestos agentes inmobiliarios investigados, Cristina Valencia Pérez y Albert Nolla Pujol, que firmaron un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad y a cambio de dinero, a los miembros de la comisión gestora del club Javier Zabaleta Bueno, Luis María Ibero Elía, Pedro Zudaire Fernández, Juan Ángel Larrea Andreu y Jesús María Dronda Pérez, por haber ordenado al gerente Ángel Luis Vizcay que hiciera lo que fuera necesario, sin excluir la comisión de delitos, para justificar en la contabilidad las salidas irregulares de dinero, así como del exdirector financiero Ángel Ardanaz Rípodas, por haber confeccionado las cuentas anuales del club del ejercicio 2013-2014 a sabiendas de que contenían falsedades importantes.

En cambio, el magistrado decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los exdirectivos José Luis Roldán Villar y Manuel Ganuza Aceldegui, los jugadores Sergio García de la Fuente, Damiá Abella Pérez, Francisco Puñal Martínez y Jorge Molina Vidal, así como del actual entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic.

De igual forma, el juez archiva la causa respecto del exdirector financiero de Osasuna José Gómez Castel, el excontable Tomás López Felipe, el exmiembro de la junta gestora Marino Zulet Gale y el auditor Adolfo Suárez Lopetegui.

Mantener a toda costa a Osasuna en primera

Tras dos años de investigación, el juez instructor asegura que existen indicios de que Vizcay, Archanco, Peralta, Purroy y Bandrés, “puestos de acuerdo o, cuando menos, conociendo que así se iba a llevar a cabo y consintiendo dicha práctica, a pesar de que era no solo ilegal sino delictiva, decidieron usar dinero del Club Atlético Osasuna para mantener a toda costa al club en la Primera División” mediante la entrega de “diversas cantidades de dinero en metálico a jugadores de otros equipos con la finalidad de alterar el resultado de dicha competición”.

Así, “existen indicios” de que pagaron a los entonces jugadores del Betis Amaya, Figueras y Torres 400.000 euros por la victoria del club verdiblanco frente al Valladolid y 250.000 por que su equipo se dejara ganar ante Osasuna.

Asimismo, según recoge el auto, durante la temporada 2012-13 salieron del patrimonio de Osasuna 900.000 euros y en la temporada siguiente otros 1.440.000, todos ellos en metálico, de los que únicamente consta acreditado que 226.000 se destinaron a pagar en efectivo a jugadores de Osasuna por conseguir diversos objetivos.

El resto del dinero no ha sido justificado ni explicado por los investigados Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Purroy y Bandrés.

A este respecto, el juez indica que hay indicios de que, con la finalidad de encubrir los citados hechos, estos exdirectivos “decidieron alterar los libros de contabilidad, realizando en los mismos anotaciones falsas o dejando de incluir en ellos anotaciones de operaciones económicas reales”.

900.000 euros como pago a dos supuestos agentes inmobiliarios

El juez relata que en la temporada 2012-13 se contabilizaron 900.000 euros como un pago a los dos supuestos agentes inmobiliarios, los investigados Cristina Valencia y Albert Nolla, quienes por firmar un documento en el que admitían haber recibido ese montante recibieron de Osasuna “una cantidad indeterminada de dinero”. Y dejaron de contabilizar un préstamo de 600.000 euros que un pariente de uno de los directivos había efectuado al club esa temporada, aunque sin conocer la finalidad delictiva que iba a darse a dicho dinero.

Al finalizar la temporada 2013-14, continúa la resolución judicial, se planteó la necesidad de dar cobertura a la salida de 1.440.000 euros. Debido al descenso a segunda división ya había dimitido la junta directiva de Miguel Archanco y al frente del club estaba una gestora provisional.

Según el juez, la gestora ordenó al gerente, Ángel Vizcay, que justificara a toda costa dichas salidas de dinero, pero sin querer conocer cómo iba a hacerlo para evitar responsabilidades, a cuyo efecto el gerente procedió a falsificar, mediante su creación y simulando que eran auténticas, tres facturas de la mercantil de nacionalidad portuguesa Flefield por importe de 675.000, 445.000 y 445.000 euros y a ordenar su contabilización.

Una vez contabilizadas, el director financiero, Ángel Ardanaz, que conocía o sospechaba “seriamente de la falsedad de dichas facturas”, las entregó al auditor, Adolfo Suárez, quien exigió que se le entregara el documento contractual que justificaba dichas facturas, procediendo nuevamente Ángel Vizcay a falsificar un contrato, simulando a tales efectos la firma del presidente de Osasuna Miguel Archanco. El auditor, con la finalidad de salvaguardarse de posibles futuras responsabilidades, exigió que Vizcay, Ardanaz y la totalidad de la gestora asumieran en la carta de manifestaciones al auditor la realidad de los supuestos pagos efectuados a Flefield.

De igual forma, el juez sostiene que en las diligencias hay indicios de que durante los dos años en que ejerció la presidencia Archanco “incorporó a su patrimonio” o “hizo entrega” a Jesús Peralta de al menos 72.000 euros “en concepto de gastos no justificados y dietas de asistencia a eventos cuyo pago no había sido aprobado” ni por la junta directiva ni por la asamblea de socios.

En la resolución, el juez detalla la exhaustiva investigación llevada a cabo en estos dos años, en los que ha dictado 65 autos, ha tomado 55 declaraciones y ha practicado 10 careos entre diferentes investigados. También especifica que los hechos y los datos están recogidos en más de 60 atestados elaborados por el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, así como en diversos informes periciales emitidos por la Brigada Provincial de Policía Científica. Y, de igual modo, explica que también se incorporaron a la causa los resultados de los informes patrimoniales realizados por funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Hacienda Foral de Navarra.

El posicionamiento de los móviles de los jugadores del Betis

En concreto, respecto al delito de corrupción deportiva, la presunta participación de los entonces jugadores del Betis Amaya, Figueras y Torres se desprende, según el juez, del análisis de los posicionamientos de sus teléfonos móviles, que se ubican en las zonas donde se produjeron las negociaciones entre los directivos osasunistas y los jugadores, así como del cotejo de los registros de llamadas, las contradicciones apreciadas en sus declaraciones y careos y en el análisis patrimonial de ellos realizado, que revela diversos pagos en metálico por elevados importes y una caída importante en los reintegros bancarios de dinero tras los pagos en metálico presuntamente efectuados.

Por otra parte, el juez califica de “muy voluminoso” el material recabado durante la instrucción respecto a la supuesta participación en los delitos investigados de Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Bandrés, Purroy, Maquírriain, Nolla y Valencia.

Y respecto a los hechos imputados a los miembros de la junta gestora, el magistrado destaca que los indicios vienen constituidos por las declaraciones prestadas por ellos y por Ángel Vizcay, “unido al hecho cierto e incontrovertido de que todos ellos firmaron las cuentas anuales” del Club Atlético Osasuna en las que, conforme se acredita con los informes periciales contables, “se incluyeron hechos falsos con la exclusiva finalidad de justificar o ocultar la salida delictiva de dinero del patrimonio social”.

Solo uno de los miembros de la gestora, Marino Zulet no participó en la manipulación de la contabilidad, por lo que el juez ha archivado su imputación, un sobreseimiento que también se ha decretado respecto de los exdirectivos Roldán y Ganuza, el primero porque dimitió de su cargo apenas transcurrido un año y no llegó a firmar las cuentas anuales y el segundo porque, tras las diligencias practicadas, no se aprecia que conociera las prácticas ilícitas llevadas a cabo en la entidad.

En cuanto al archivo de las imputaciones sobre los futbolistas García, Damiá, Puñal y Molina, y el exdirector deportivo Vasiljevic, el juez sostiene que respecto de todos ellos las declaraciones incriminatorias de Vizcay no se han refrendado con ninguna otra prueba.

Asimismo, el juez no aprecia indicios de que se pudiera haber amañado el empate entre el Espanyol y Osasuna, un resultado que, según pone de relieve, no le servía además al conjunto osasunista para mantener la categoría.

A mayor abundamiento, el magistrado revela que cuenta con otro dato “de singular potencia indiciaria” pero a favor de los investigados Puñal y García, que radica en el hecho de que los dos estaban siendo vigilados por detectives privados contratados por la LFP, quienes los siguieron todo el día en que, según el exgerente, se entregó el dinero “sin ver nada sospechoso o ni siquiera llamativo”.

Por último, el magistrado no ve ningún dato que permita apreciar la participación del exdirector financiero José Gómez en los hechos investigados ni tampoco la del contable Tomás López. En cuanto al sobreseimiento respecto a auditor Adolfo Suárez en los hechos objeto de esta pieza principal, es decir en las temporadas 2012-13 y 13-14, las investigaciones llevadas a cabo no han permitido apreciar indicios de que haya tenido alguna participación en los hechos.

Categories: Jurisprudencia

Un juez condena a la exalcaldesa de Baztan (Navarra) por calificar de “pelotazo especulativo” el proyecto de Aroztegia

Tue, 02/14/2017 - 11:40

La exalcaldesa de Baztan Garbiñe Elizegi Narbarte ha sido condenada a indemnizar con 1.000 euros por intromisión ilegítima en el honor de Palacio de Aroztegia SL por haber calificado de “pelotazo especulativo” o “pelotazo urbanístico” el proyecto inmobiliario y turístico que esta sociedad planea llevar a cabo en Lekarotz.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona considera que “la expresión ‘pelotazo’ va dirigida a una empresa privada que no actúa en el ámbito de lo político, es ofensiva y su utilización resultaba prescindible en todos los casos para transmitir a la opinión pública la opinión que se quería verter”.

En el juicio, la sociedad demandante solicitó 36.000 euros de indemnización, mientras que el Ministerio Fiscal y la exalcaldesa reclamaron la desestimación de la demanda.

La demandada, según expone el magistrado, además de la posibilidad de informar y de combatir el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) ante los tribunales de justicia, puede opinar libremente sobre la actuación de Palacio de Aroztegia SL como promotora del mismo, más si cabe en un caso como este de indudable interés social en el Valle de Baztan y en toda Navarra. “Mas en el ejercicio de ese derecho no debe caer en la ofensa innecesaria, cuyo límite en este caso se considera que fue vulnerado, como se ha explicado, a través del empleo reiterado de la expresión ‘pelotazo urbanístico’ o ‘pelotazo especulativo’ referida a la demandante y a su actuación como promotora”, subraya.

El juez explica que, según el diccionario de la RAE, pelotazo significa “operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida”. En el supuesto enjuiciado, añade el magistrado, se trasmite a la opinión pública a la que va dirigida la idea de que su actuación como promotora va encaminada no a la obtención de una ganancia (como es propio de cualquier empresa), “sino de una gran ganancia, fácil y rápida, es decir, obtenida de forma desmedida y de manera tramposa, al margen de los cánones de esfuerzo y tiempo que la sociedad considera propios de una ganancia legítima”.

Al respecto, señala que cuando la exalcaldesa habla de pelotazos, operaciones especulativas o corrupción “no ofrece datos concretos en los que basa sus manifestaciones, no explica por ejemplo a cuánto asciende la eventual ganancia (pelotazo) que va a obtenerse, sino que deja traslucir con estas expresiones un juicio de valor a través del cual formula su posición personal y la de su grupo”.

Además de a abonar la indemnización de 1.000 euros, el magistrado condena a la demandada a, una vez que sea firme la sentencia, publicar el fallo en Diario de Navarra, Diario de Noticias y El Diario Vasco, y a difundirlo en la emisora Xorrotxin Irratia.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Navarra permite al expresidente Archanco ejercer la acusación por la suplantación de su firma para sacar 1,4 millones de Osasuna

Mon, 02/06/2017 - 14:00

El expresidente de Osasuna Miguel Archanco podrá ejercer la acusación particular por la supuesta falsificación de su firma en el contrato rubricado con la sociedad portuguesa Flefield el 1 de julio de 2013, por el que se justificó la salida del club de 1,4 millones de euros. Así lo ha decretado la Sección Primera de la Audiencia de Navarra, que ha estimado un recurso presentado por el exmandatario contra la denegación del juez instructor.

En virtud de este auto, que es firme, Archanco, que está investigado (imputado) en la causa principal del denominado ‘caso Osasuna’ por la extracción de al menos 2,4 millones de euros de las arcas del club y por el presunto amaño de tres partidos, podrá personarse en el procedimiento para ejercer la acusación particular —como perjudicado— solo respecto del delito de falsedad en documento mercantil por la suplantación de su identidad en esa concreta salida de fondos del club.

En contra del criterio del fiscal, de la acusación particular ejercida por la Liga de Fútbol Profesional y de la defensa del investigado Ángel Luis Vizcay, la Sección Primera de la Audiencia ha revocado la resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona al estimar que no hay obstáculo alguno que impida considerar como perjudicado a una persona —Archanco— cuya intervención se ha indicado en un documento —el contrato de Flefield— sin que sea cierto.

En este caso, según explica la Audiencia, el indicado documento se usó “para ocultar una salida de más de un millón de euros del patrimonio” de Osasuna”, y si bien respecto de la extracción y destino del dinero Archanco no puede considerarse perjudicado —el único damnificado es el Club Atlético Osasuna—, sí que puede ostentar dicha consideración respecto de la falsedad en documento mercantil por la suplantación de su firma.

Categories: Jurisprudencia

Dos jueces de Pamplona conceden ya la retroactividad total en las cláusulas suelo tras la sentencia del tribunal europeo

Thu, 01/19/2017 - 10:00

Dos juzgados de Pamplona han dictado las primeras sentencias en las que aplican la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo. Los dos jueces condenan a la entidad demandada —Caja Rural de Navarra— a devolver todas las cantidades cobradas de más en aplicación de estas cláusulas desde la firma del contrato, y no desde la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013.

Ambas sentencias pueden ser recurridas ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, que aún no ha dictado resolución alguna al respecto desde la sentencia del TJUE.

Los titulares de los juzgados de Primera Instancia 5 y 7 de Pamplona anulan las cláusulas fijadas en los dos préstamos hipotecarios por falta de transparencia y abusividad.

Respecto a la nulidad por falta de transparencia, entre otros motivos, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 5 afirma que la cláusula impuesta por Caja Rural “no es excesivamente clara desde el punto de vista estrictamente formal. Aunque integra junto al suelo un único párrafo carece de epígrafe propio y no está destacada (salvo la expresión POR CIENTO) con mayúsculas (a diferencia por ejemplo del tipo fijo del primer año, o del diferencial, que sí lo están) ni en negrita”.

Para el juez, “esta ausencia de absoluta claridad formal de la cláusula, y especialmente el hecho de que la entidad no haya acreditado que informara a la actora con antelación suficiente al otorgamiento de la escritura de la existencia y de la trascendencia de la cláusula suelo, hacen que dicha cláusula deba declararse nula”.

Asimismo, el magistrado concluye que la cláusula suelo también “es abusiva, pues desde el principio dejaba el préstamo muy próximo a su límite de aplicación, y en todo caso no existía proporción y equilibrio entre suelo y techo cuando formalmente parecían estar vinculados el uno como equilibrio del otro”.

Por su parte, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7 asegura que “existió un desequilibrio en el consumidor, contrario a las exigencias de la buena fe, quien si bien contrató el préstamo en un escenario donde el Euríbor había alcanzado quizá sus cuotas más altas, se le impuso una variación ampliamente limitada a la baja”.

Ambos magistrados condenan a Caja Rural de Navarra a abonar las cantidades abonadas de más con retroactividad total, y no desde mayo de 2013, en virtud de la sentencia del TJUE del pasado 21 de diciembre al entender que esa interpretación “es vinculante para el juez nacional”.

Categories: Jurisprudencia

La jueza rechaza imputar a Osasuna en la querella del Gobierno de Navarra por supuesto delito fiscal

Wed, 01/18/2017 - 10:15

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha rechazado la imputación del Club Atlético Osasuna solicitada por el Gobierno foral en la querella presentada por la Hacienda Tributaria de Navarra por un delito fiscal por cuotas de IVA y de IRPF supuestamente no declaradas.

En el auto, que puede ser recurrido, la jueza recoge buena parte de la argumentación ya expuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra y el titular del Juzgado de Instrucción número 2 para exonerar a Osasuna como persona jurídica y no imputarle en la causa abierta por el presunto amaño de partidos.

En conclusión, al igual que en el otro procedimiento, la magistrada recoge que Osasuna disponía de loa mecanismos de control requeridos. Así, resalta que el Club Atlético Osasuna disponía de los sistemas previstos en los Estatutos vigentes al momento de ocurrir los hechos —gerente y Comisión Económica— y un control externo impuesto por la normativa deportiva y que establece la obligación de presentar anualmente las cuentas auditadas.

Todo ello, argumenta la magistrada, fue analizado por la Audiencia Provincial y considerado suficiente para concluir “que la falta de control no podía deducirse sin más de la comisión de un presunto ilícito penal cometido sin conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva e incluso con ocultación”.

En este sentido, la jueza destaca que Osasuna ha ido presentando las certificaciones emitidas por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en los que se hacía constar expresamente que, comprobados los datos, Osasuna estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la magistrada detalla en la resolución seis medidas de control que tenía el club conforme a los estatutos, la comisión económica, los libros de contabilidad y el reglamento de control económico de la Liga de Fútbol Profesional.

En el caso de Hacienda, la jueza explica que las diferencias de cantidades consignadas en los libros de contabilidad de Osasuna y reflejadas en las declaraciones de IVA, así como la falta de declaración del IVA de taquillas, abonos, palcos y boxes no son operaciones de ingeniería financiera imposibles de detectar, sino que han aflorado en el estudio de los libros del club.

Por este motivo, según la jueza, “si se estaban formulando las cuentas conforme a las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional, eran debidamente auditadas y el Departamento de Economía y Hacienda emitía anualmente un certificado en el que hacía constar que, comprobados los datos, Osasuna estaba al corriente de sus obligaciones fiscales, no podemos sino concluir que no es imputable a Osasuna como persona jurídica el hecho de que por parte de alguno o algunos directivos se haya decidido supuestamente dejar de declarar determinadas cantidades de IVA”.

Para la magistrada, “el mero hecho de que el sujeto pasivo del impuesto sea el Club no implica que exista una transferencia de responsabilidad penal por la conducta llevada a cabo por la o las personas físicas que lo han dirigido, sino que debe comprobarse que se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad penal”.

A la imputación de Osasuna reclamada en la querella por el Gobierno de Navarra se había adherido el Ministerio Fiscal y se había opuesto el club. Previamente a esta decisión, la jueza ya había dejado fuera del procedimiento la parte referente al IRPF —unos 700.000 euros— al entender que no existe actuación delictiva al no superarse los 120.000 euros por perceptor y año. Esta decisión fue recurrida por Hacienda ante la Audiencia Provincial.

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La jueza fija una indemnización de 175.000 euros por la muerte de un joven de 15 años en Viana por un disparo de perdigón

Wed, 01/04/2017 - 11:30

La titular del Juzgado de Menores ha condenado al menor que mató a un joven de 15 años en una bajera de Viana el 23 julio de 2015 de un disparo de perdigón a abonar una indemnización de 175.000 euros a los padres y una hermana del fallecido. La sentencia puede ser recurrida.

En el juicio, celebrado el pasado 18 de de noviembre, tras un acuerdo entre la fiscal, la defensa y la acusación particular, se dictó una sentencia de conformidad en virtud de la cual el menor fue condenado como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave a las medidas de amonestación y tres meses de realización de tareas socioeducativas relacionadas con la peligrosidad en el uso y manejo de armas.

La vista oral solo continuó para fijar la indemnización por el fallecimiento de Asier Ballesteros Gutiérrez, quien murió tras ser alcanzado por un perdigón en el hemitórax izquierdo cuando entraba a una bajera de Viana propiedad de los padres del acusado. La compañía aseguradora de estos padres ya había abonado durante la tramitación de la causa 124.621,47 euros, una cantidad que la fiscal consideraba acorde como responsabilidad civil, pero los padres de la víctima reclamaron en el juicio 248.700 euros.

En la sentencia, la jueza de menores eleva la indemnización hasta 175.000 euros, de los que habrá que descontar la citada cantidad ya entregada, debido “a las especiales circunstancias concurrentes en la víctima, de 15 años, con todas las expectativas de vida de un joven de su edad truncadas por la muerte”.

No obstante, la cantidad estipulada no alcanza las pretensiones de la acusación particular al tratarse, según expone la juez, de un homicidio imprudente (por un accidente) y no de uno doloso (con intención).

Para el abono de la indemnización, la magistrada declara la responsabilidad civil solidaria de los padres del menor condenado, así como la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora de la bajera.

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La Audiencia de Navarra absuelve a dos acusados de intentar robar un alijo de cocaína al considerar que la policía provocó el delito

Fri, 12/23/2016 - 11:15

Dos acusados de haber intentado robar un supuesto depósito judicial de drogas ubicado en el polígono industrial de Landaben han sido absueltos al considerar la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que miembros del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional, mediante la figura de un agente encubierto, indujeron a los procesados a ejecutar una acción delictiva inexistente provocando un delito.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los magistrados relatan, en resumen, que el 4 de febrero de 2013 un agente encubierto denominado “Ismael” contactó con los dos procesados en Madrid, quienes le dijeron que eran los autores del asalto a naves de Huelva de las que se llevaron una tonelada de hachís intervenida por vigilancia aduanera.

Los encausados comentaron al agente que buscaban información sobre depósitos judiciales que pudieran ser asaltados fácilmente y que contuvieran en su interior preferiblemente cocaína.

Así, los responsables policiales decidieron que Ismael transmitiera a los inculpados una información “ficticia”, relativa a que el 23 de febrero iba a depositarse en una nave de Landaben “con muy escasas medidas de seguridad” y sin sistema de vigilancia privada un alijo de cocaína que iba a ser trasladado al día siguiente a Bilbao para su incineración.

Sobre las 22.20 del 23 de febrero, los dos acusados, en compañía de otros dos que ya fueron condenados de conformidad en otro juicio anterior como autores de un delito intentado de robo con fuerza, llegaron a las inmediaciones de la nave industrial a bordo de un Porsche Cayenne. El conductor aceleró violentamente y embistió marcha atrás contra la puerta en dos ocasiones, consiguiendo atravesarla.

Los policías presentes les dieron el alto, pero los ocupantes del vehículo emprendieron la huida a gran velocidad. El coche no obstante fue interceptado por los agentes.

En el juicio, el Ministerio Fiscal solicitó para cada uno de los dos procesados 3 años de prisión por un delito intentado de robo con fuerza en las cosas en concurso con un delito intentado de tráfico de drogas. Las defensas reclamaron la absolución.

Al respecto, la Audiencia no considera probado que los acusados “con la finalidad de favorecer el consumo de sustancias estupefacientes y lucrarse con su venta ilegal planearan el asalto al depósito judicial de drogas de Landaben”.

Los jueces concluyen que los procesados únicamente expusieron al agente encubierto su voluntad de asaltar un depósito judicial de drogas, “pero a partir de aquí, y precisamente por la actuación de los responsables de policía judicial, se les indujo con fuerza a ejecutar una acción delictual de objeto imposible, conformando un delito inexistente, que además ha sido provocado”.

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El TSJN revoca la decisión del Gobierno de Navarra de sustituir la escolta al expresidente Del Burgo por un sistema de contravigilancia

Wed, 12/21/2016 - 10:35

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado el recurso presentado por el expresidente de la Diputación Foral Jaime Ignacio del Burgo contra la decisión del Ejecutivo navarro de sustituir su servicio de escolta por un sistema de contravigilancia. La sentencia puede ser recurrida solo si concurre algún supuesto de interés casacional.

Jaime Ignacio del Burgo impugnó el acuerdo del Gobierno de Navarra de 14 de octubre de 2015 por el que se ratificaba una resolución de septiembre de ese mismo año por el que se establecían las normas de protección de diferentes autoridades de la Comunidad foral. En concreto, se acordaba sustituir los servicios de protección del demandante por un sistema de contravigilancia hasta que se acreditara la inexistencia de riesgo hacia su persona por su condición de expresidente.

En su recurso, Del Burgo alegó la incongruencia de la resolución recurrida en cuanto que alegaba que se suprimía la escolta por la ausencia de riesgo y, a renglón seguido, se le adscribía contravigilancia.

En cambio, el Gobierno mantenía la escolta a los expresidentes Miguel Sanz y Yolanda Barcina por la cercanía del cese de sus mandatos políticos. Del Burgo destacó además su “especial situación de riego” con artículos de prensa y con la renovación de su permiso de armas, y subrayó que el sistema de contravigilancia no puede sustituir a la protección personal permanente.

Asimismo, Del Burgo incidía en su recurso en la existencia de arbitrariedad, desviación de poder y discriminación entre expresidentes.

El Gobierno de Navarra se opuso a la demanda alegando, en resumen, que la resolución de Interior está motivada, no es incongruente, el riesgo barajado en las resoluciones recurridas no tiene carácter absoluto, sino gradual y sustituye el nivel de protección de los expresidentes por un sistema de contravigilancia hasta que se acredite la inexistencia de riesgo. Además, adujo que el propio recurrente había admitido que ya no tenía riesgo de atentado o secuestro y agregó que la decisión se basó en informes policiales.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN asegura que “las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno de Navarra son manifiestamente insuficientes”, lo que determina la estimación de la demanda.

Argumenta que es inherente a la condición de expresidente del Gobierno de Navarra un núcleo irreductible, insoslayable, continuado, permanente, definible y concreto de “preservación de la seguridad personal” derivado del propio ejercicio del cargo, y que conlleva un riesgo potencial cierto que no se satisface con las medidas adoptadas en la resolución recurrida.

“Las medidas de seguridad deben abarcar suficientemente tanto la dimensión estática como la dinámica de la seguridad de los expresidentes”, reitera la Sala, que añade que todo ello debe afirmarse al margen del concreto peligro producido y acreditado en cada caso.

A mayor abundamiento, el TSJN resalta que en el informe policial que sirve de base para la decisión adoptada “se admite implícitamente que el demandante está sometido a un cierto nivel de riesgo de agresión física o verbal”.

Para los magistrados, “debe garantizarse un nivel suficiente de seguridad personal tanto antes de salir del domicilio con las medidas de contravigilancia como en la vía pública o en espacios públicos mediante un escolta con la doble función: disuasoria y de intervención en caso de ser necesario, ya que existe un peligro potencial”.

Una vez estimada la demanda por estos motivos, el TSJN no obstante entra también a valorar el resto de cuestiones controvertidas y, al respecto, rechaza la existencia de desviación de poder por parte del Gobierno de Navarra, así como tampoco aprecia la alegada discriminación entre expresidentes.

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La Audiencia conmina al juez instructor a que averigüe a quién llamó la denunciante antes de la supuesta violación grupal

Tue, 12/20/2016 - 12:14

La Audiencia de Navarra ha estimado parcialmente dos recursos interpuestos por el abogado de uno de los cinco encarcelados por la supuesta violación de una madrileña de 18 años la madrugada del pasado 7 de julio en Pamplona contra denegaciones de pruebas acordadas por el juez instructor.

Por una parte, la Sección Primera de la Audiencia estima parcialmente el recurso interpuesto por uno de los investigados, A. M. G. E., y conmina al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona a que proceda a la averiguación de la identidad de la persona a la que hubiera podido llamar por teléfono la denunciante escasos minutos antes de entrar en el portal de la presunta violación.

Una vez determinada la identidad de esa persona, la Audiencia deja a criterio del magistrado instructor la procedencia de tomarle declaración “en atención a la afectación que de ello pudiera derivarse del derecho a la intimidad de la denunciante”.

De igual forma, en la otra resolución, el tribunal accede parcialmente a una petición de la defensa del mismo procesado y exhorta al juez a que solicite al centro de salud de Madrid en el que se hubiere proporcionado asistencia médica a la denunciante los informes médicos sobre alguna atención de naturaleza psicológica o psiquiátrica prestada con anterioridad a los hechos denunciados en los pasados Sanfermines.

La parte recurrente considera que resulta preciso conocer si la mujer padecía un estrés previo a los hechos motivado por ansiedad en la época de realización de la prueba de la selectividad y, si por este motivo, fue atendida por su médico de atención primaria y posteriormente derivada a algún otro servicio psicológico o psiquiátrico.

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El TSJN confirma que el despido del exdirector de la Fundación Osasuna fue procedente

Thu, 12/15/2016 - 11:00

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia que desestimó la demanda de despido interpuesta por Diego Maquirriain Leandro frente a la Fundación Osasuna y el Club Atlético Osasuna. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Al igual que hizo la titular del Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona, el TSJN ratifica la procedencia del despido por su participación, como director entonces de la Fundación, en el pago de 400.000 euros como prima a jugadores del Betis para que ganaran al Valladolid en la penúltima jornada de liga en mayo de 2014.

El TSJN explica que el exdirector de la Fundación Osasuna incurrió en una grave conducta. En primer lugar, siguiendo instrucciones del presidente y vicepresidente de Osasuna, el 16 de mayo de 2014 sacó 400.000 euros de la cuenta bancaria del Club y con ese dinero en efectivo se desplazó en tren hasta Sevilla donde lo entregó a Ángel Vizcay —gerente de Osasuna— y Txuma Peralta—directivo del Club—, cantidad con la que se pagó una prima a jugadores del Betis.

Frente a ello, argumenta la Sala, el demandante sostiene que con su actuación no incurrió en irregularidad alguna al seguir instrucciones de sus superiores y desconocer el destino que se iba a dar al dinero. Explicaciones que no resultan razonables, afirman los magistrados, pues es difícil imaginar que ante dicho encargo, totalmente inusual, no se cuestionase la finalidad de la operación.

Pero es que, independientemente de ello, tal cometido no se encontraba dentro de sus funciones como director de la Fundación y, en todo caso, debió comunicarlo al Patronato al existir una clara vinculación entre el Club Atlético Osasuna y la Fundación, más aun cuando está demostrado que ambas entidades atravesaban una situación económica muy complicada.

La ocultación de los hechos se prolongó durante diez meses, hasta que en marzo de 2015, cuando salieron a la luz pública en distintos medios de comunicación, y ello a pesar de que en agosto de 2014 se produjo un cambio de presidente y secretario de la Fundación y de que el demandante acudía a todas las reuniones del patronato y de la comisión ejecutiva en las que se analizaba su grave situación económica.

Por último, apostilla el TSJN, es importante resaltar que esa forma de actuación del Club y la Fundación, en la que el demandante tuvo una importante participación, ha trascendido a la opinión pública y ha supuesto un grave desprestigio para ambas entidades. Y si bien es cierto que no consta que Diego Maquirriain fuera el artífice de la operación, y sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido, lo cierto es que su actuación en el ámbito laboral merece un fuerte reproche y la sanción de despido impuesta aunque sólo sea por haber ocultado al máximo órgano de la Fundación que dirigía la actuación llevada a cabo.

El demandante, recalca la Sala, tenía un puesto de responsabilidad y se extralimitó, o más bien se desvió de sus funciones incurriendo en deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, que constituye causa de despido a tenor del art. 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

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Un juez de Pamplona eleva ante un tribunal europeo una duda sobre la expulsión automática de los extranjeros condenados a más de un año

Tue, 12/06/2016 - 10:00

Un juez de Pamplona ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación automática de la norma que prevé la expulsión de un ciudadano extranjero de larga duración condenado a más de un año de prisión.

En un auto contra el que no cabe interponer recurso alguno, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona expone que el objeto de esta cuestión prejudicial estriba en enjuiciar la conformidad o disconformidad a Derecho de la decisión administrativa de expulsión de un ciudadano extranjero residente de larga duración.

Esta cuestión prejudicial la plantea el magistrado al resolver un recurso interpuesto contra una decisión de la Delegación del Gobierno de expulsar a un extranjero residente de larga duración, de nacionalidad colombiana, tras haber sido condenado en abril de 2014 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona a un año de prisión por un delito de atentado y 3 meses más por un delito de lesiones.

Según explica el juez, en el ordenamiento jurídico español –en el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000– se regulan dos modalidades diferentes de expulsión administrativa de un extranjero sea este permanente, temporal o esté en situación irregular: bien como sanción correlativa a la comisión de determinadas infracciones administrativas; bien como consecuencia legal derivada del hecho de ser condenado por conducta dolosa (con ánimo o intención) a pena privativa de libertad superior a un año.

Resulta claro, argumenta el magistrado, que un extranjero residente de larga duración puede ser expulsado de un Estado miembro si se constata que representa una amenaza real y grave para el orden o seguridad pública, "considerando en todo caso determinadas circunstancias personales del afectado relativas al tiempo de residencia en el territorio, edad, consecuencias para él y su familia, vínculos con el país de residencia o ausencia de vínculos con el país de origen".

Estos términos y condiciones de protección contra la expulsión de los residentes de larga duración operan únicamente en los supuestos en los que se prevé la expulsión acordada como sanción por determinadas infracciones, pero en cambio no pueden acogerse a ellas las personas afectadas por expulsiones derivadas de la comisión de delitos con penas superiores a un año de prisión.

Por este motivo, para resolver adecuadamente el asunto enjuiciado, el juez eleva al TJUE la duda interpretativa sobre el alcance del artículo 12 de la Directiva del Consejo de Europa relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración: "¿Debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la considerada en el pelito principal, y la jurisprudencia que la interpreta, que no prevé la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un ciudadano extranjero residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma, sino que limita el ámbito de aplicación de tales requisitos solamente a una concreta modalidad de expulsión?".

El abogado del extranjero recurrente se mostró favorable a interponer la cuestión prejudicial, mientras que el abogado del Estado se opuso. Tras la decisión del juez, el procedimiento para la expulsión ha quedado suspendido hasta que se pronuncie el TJUE.

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