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Noticias Judiciales TSJ Madrid
Updated: 3 days 13 hours ago

El Tribunal Supremo anula el auto de ejecución de la sentencia relativa al ruido ocasionado por la cuarta pista del aeropuerto de Barajas

Wed, 03/22/2017 - 10:40

La Sección Cuarta de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha finalizado la deliberación de varios recursos de casación interpuestos en el incidente de ejecución de la sentencia relativa a los ruidos ocasionados por la cuarta pista del aeropuerto de Barajas.

La Sala ha decidido que, tal y como sostenían tanto los afectados como AENA y la Abogacía del Estado, el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnado en esos recursos no se ajusta a la sentencia que se trata de ejecutar.

En concreto, y tras rechazar que dicha sentencia exija una prohibición absoluta de sobrevuelo en la zona controvertida, el Tribunal Supremo considera que la reducción de los vuelos al 30 por ciento establecida por el Tribunal Superior madrileño tampoco constituye fiel ejecución de lo ordenado en su día.

El Supremo, que dará a conocer el texto de su resolución en los próximos días, fijará en ella las bases que deberá seguir la Administración para la exacta ejecución de la mencionada sentencia.

Categories: Jurisprudencia

El TSJM señala que no pueden construirse edificios de más de tres plantas en la zona ‘Mahou-Vicente Calderón’

Fri, 03/17/2017 - 13:40

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2009, que aprobaba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la zona “Mahou-Vicente Calderón”, por el que se permitía una edificabilidad en esta zona por encima de tres plantas más ático.

Los jueces entienden que la modificación puntual del PGOU no es conforme a derecho y que por tanto la edificación que se lleve a cabo en estos terrenos no puede exceder de las dichas tres plantas más ático.

La Sala de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por la Asociación Señales de Humo, a cuyo juicio, la modificación urbanística ahora anulada estaba condicionada por un convenio previo firmado por el Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid que no persigue ningún objetivo urbanístico, ni interés general, ni beneficio municipal o para la ciudad, sino favorecer a una entidad que cuenta con gran número de seguidores.

En su recurso, esta asociación también planteaba que se ha incumplido el mandato legal de información del procedimiento de aprobación de la modificación puntual y de fomento de la participación ciudadana, y que en la resolución recurrida se había vulnerado el apartado 8 del artículo 39 de la Ley del Suelo de Madrid (LSM) al contemplarse la posibilidad de edificar en la zona por encima de tres plantas más ático sin que conste en el expediente informe o explicación al respecto.

En la sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el primero y el segundo de los argumentos de la Asociación Señales de Humo, al considerar que en ningún caso ha quedado acreditado que la citada modificación puntual del PGOU haya estado vinculada a convenio urbanístico alguno que previamente hubiera contenido pronunciamientos de ordenación urbanística que la condicionaran. En este sentido –dice la sentencia-, dicha transformación urbanística está ligada íntimamente al nuevo proyecto Madrid-Río, al soterramiento del resto de la M-30, a la creación de nuevos espacios libres y a la mejora de la accesibilidad entre el río y el centro histórico, objetivos –se reitera-, nuevos y ajenos totalmente a los pactado en los acuerdos particulares previos y que están integrados en los intereses generales que se persiguen con el ejercicio de la potestad de planeamiento.

Sin embargo, los jueces dan la razón a la asociación cuando plantea que se ha vulnerado el apartado 8 del artículo 39 de la LSM, ya que la justificación contenida en la modificación planteada por los demandados para excepcionar en todo el ámbito de actuación el límite general de edificabilidad que establece el párrafo primero del citado apartado, no se ajusta a derecho ya que esta norma establece con claridad que esa excepción sólo es aplicable a la construcción de edificios singulares, lo cual –indica la sentencia-, colisiona con permitir edificar por encima de ese límite legal en todos los terrenos.

Si se quiere edificar por encima de tres plantas más ático, no podrá ser con carácter general, sino motivándolo de forma individual, edificio por edificio, con informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo de Madrid.

La presente sentencia es susceptible de casación, que deberá presentarse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días.

Categories: Jurisprudencia

El hombre que mató a su pareja y a la hija de ésta y arrojó sus cadáveres a un pozo, condenado a 37 años

Thu, 03/16/2017 - 09:40

La Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de Violencia Sobre la Mujer, ha condenado a Raúl A. R. a 37 años de prisión por la comisión de dos delitos de asesinato con agravante de parentesco como consecuencia del veredicto de culpabilidad que emitió el Jurado Popular que juzgó su caso el pasado mes de febrero. Además, el condenado deberá hacer frente a una indemnización a los familiares de sus dos víctimas de 60.000 y 45.000 euros, respectivamente. 

El procesado estaba también acusado del delito de maltrato. Sin embargo, el Tribunal Popular no llegó a manifestar un veredicto sobre esta acusación, toda vez que el magistrado que presidió la vista decidió no poner bajo su estimación la posible comisión de este delito al considerar que no existía una prueba de cargo que pudiera fundar una condena.

En su exposición de motivos efectuado tras la celebración de la vista oral, los miembros del jurado consideraron acreditado que el acusado mantuvo una complicada y convulsa relación sentimental análoga a la del matrimonio con Adolfina P. S. entre los años 2012 y 2014. Finalmente, el 29 de junio de 2014, Raúl A. R. terminó por asesinar a su novia y a la hija de ésta. El condenado asfixió a la mujer de modo sorpresivo para ella y sin que pudiera defenderse. Al oír ruidos, relata la sentencia en su apartado de hechos probados, su hija acudió a ver qué estaba sucediendo y Raúl terminó también con su vida empleando un método que no ha podido ser determinado, aunque muy probablemente también fuera por asfixia y/o sofocación.

Posteriormente, la tarde del 30 de junio, Raúl trasladó los dos cadáveres a San Vicente de la Cabeza (Zamora) y los arrojó a un pozo, en cuyo interior fueron localizados cinco meses después de los hechos.

El condenado, para el que el Ministerio Público solicitaba una condena de 38 de prisión, cumplirá, conforme a lo establecido en el artículo 76 del Código Penal, el periodo máximo efectivo, que será de 25 años de prisión.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Madrid, dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la misma.

Categories: Jurisprudencia

El TSJ de Madrid anula el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela

Mon, 03/06/2017 - 11:00

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela del año 2015, recurrido por la Asociación Ecologistas en Acción Madrid-AEDENAT al entender que el acuerdo gubernativo que lo hizo posible debía declararse nulo al no estar debidamente justificado, ser arbitrario y vulnerar los principios de sostenibilidad del desarrollo territorial urbano y de distribución de beneficios y cargas, así como por la falta de acreditación de la disponibilidad de los recursos hídricos.

Pese a que el Ayuntamiento de Pedrezuela consideraba que el PGOU está basado en el crecimiento de la población en los últimos años y en la creación de tres sectores industriales que generarían miles de puestos de trabajo, y que el modelo de crecimiento propuesto se sitúa junto al núcleo urbano donde no existen valores medioambientales, los magistrados han estimado el recurso de Ecologistas en Madrid-AEDENAT al entender que la Memoria que acompaña el Nuevo Plan General es insuficiente para sostener que éste cumple con el principio de que la ocupación del suelo debe ser eficiente, los usos deben combinarse de modo funcional e implantarse realmente para cumplir una función social que asegure un resultado equilibrado.

Además, los jueces dan también la razón a la organización ecologista cuando alega que el Plan vulnera el principio de distribución de beneficios y cargas por tratarse de una ordenación inviable económicamente para los propietarios del suelo urbanizable, porque la propia memoria no se sostiene en un estudio económico-financiero que avale los precios expresados ni para vivienda protegida ni para vivienda libre ni para uso industrial. Y les dan igualmente la razón cuando apuntan que no hay mención alguna en el proyecto de las distintas alternativas de planeamiento consideradas.

Categories: Jurisprudencia

El juez prohíbe cautelarmente la circulación del autobús de Hazte Oír

Thu, 03/02/2017 - 09:30

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado la medida cautelar de prohibición de la circulación, con su consiguiente inmovilización, del autobús utilizado por la asociación Hazte Oír para difundir mensajes, rotulados en la carrocería del vehículo, como “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen” o “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.

El magistrado, en respuesta al escrito presentado por la Sección de delitos de odio y de discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid y después de tomar declaración al presidente de Hazte Oír, considera que no hay indicios de que, con estos mensajes, se esté públicamente fomentando, promoviendo o incitando directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de la orientación o identidad sexual de sus componentes.

Tampoco cree que suponga una humillación respecto de las personas que tengan otra orientación sexual distinta a la heterosexual concebida por la asociación, ya que los mensajes no constituyen un acto de denigración pública de las mismas.

“Sí cabe en cambio racionalmente apreciar que supone un menosprecio a dichas personas, al no reconocerles su orientación sexual. A tal respecto, cabe destacar que dicha afirmación, expositiva del ideario de la asociación Hazte Oír, no se limita a exponer el ideario que pueda tener respecto a la sexualidad, sino que extralimitándose de dicho ideario parece dirigirse a las personas con una orientación sexual distinta, negándosela, lesionando de esta manera su dignidad”, añade el auto notificado este jueves.

El magistrado considera que ese acto de menosprecio encaja en el apartado 2.a del artículo 510 del Código Penal y, “con la finalidad de evitar la perpetuación de la comisión del delito”, acuerda la inmovilización del autobús mientras no se retire del mismo el mensaje expuesto. Contra la decisión cabe recurso de reforma y de apelación.

Categories: Jurisprudencia

El juez prohíbe cautelarmente la circulación del autobús de Hazte Oír

Thu, 03/02/2017 - 09:30

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado la medida cautelar de prohibición de la circulación, con su consiguiente inmovilización, del autobús utilizado por la asociación Hazte Oír para difundir mensajes, rotulados en la carrocería del vehículo, como “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen” o “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.

El magistrado, en respuesta al escrito presentado por la Sección de delitos de odio y de discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid y después de tomar declaración al presidente de Hazte Oír, considera que no hay indicios de que, con estos mensajes, se esté públicamente fomentando, promoviendo o incitando directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de la orientación o identidad sexual de sus componentes.

Tampoco cree que suponga una humillación respecto de las personas que tengan otra orientación sexual distinta a la heterosexual concebida por la asociación, ya que los mensajes no constituyen un acto de denigración pública de las mismas.

“Sí cabe en cambio racionalmente apreciar que supone un menosprecio a dichas personas, al no reconocerles su orientación sexual. A tal respecto, cabe destacar que dicha afirmación, expositiva del ideario de la asociación Hazte Oír, no se limita a exponer el ideario que pueda tener respecto a la sexualidad, sino que extralimitándose de dicho ideario parece dirigirse a las personas con una orientación sexual distinta, negándosela, lesionando de esta manera su dignidad”, añade el auto notificado este jueves.

El magistrado considera que ese acto de menosprecio encaja en el apartado 2.a del artículo 510 del Código Penal y, “con la finalidad de evitar la perpetuación de la comisión del delito”, acuerda la inmovilización del autobús mientras no se retire del mismo el mensaje expuesto. Contra la decisión cabe recurso de reforma y de apelación.

Categories: Jurisprudencia

Condenan a más de setenta años al ‘pederasta de Ciudad Lineal’ por cuatro delitos de agresión sexual

Thu, 02/23/2017 - 10:30

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Antonio Ángel O.M. a setenta años y seis meses de cárcel tras considerarle responsable de dos delitos de agresión sexual en concurso medial con dos delitos de detención ilegal, dos delitos de agresión sexual, dos delitos de detención ilegal y un delito de lesiones, cometidos contra niñas menores de edad entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal.

La Sala, sin embargo, le absuelve del delito de homicidio en grado de tentativa, cometido presumiblemente sobre una de las menores, y de otras dos faltas de lesiones.

La sentencia señala que de conformidad con el artículo 76.1 del Código Penal vigente en el momento de cometerse los hechos por los que ha sido condenado, el límite máximo de cumplimiento de pena será de veinte años, si bien para la obtención de los beneficios penitenciarios Antonio Ángel O.M. queda sujeto a lo dispuesto en el artículo 78.1 y 3 del Código Penal, por lo que tanto para la obtención de permisos de salida, clasificación en tercer grado y libertad condicional deberá computarse la totalidad de las penas impuestas en la sentencia, sobre la que cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De la lectura de la resolución se desprende que el condenado, y así ha quedado probado, agredió sexualmente a cuatro niñas menores de edad (sucesivamente y según cometió los hechos, de cinco, nueve, seis y siete años) a las que previamente y mediante engaños logró que se fueran con él: en una ocasión a un lugar que no ha quedado acreditado, en otra a una vivienda propiedad de su madre, en otra a una vivienda o local que tampoco ha sido establecido y a la última hasta un descampado situado entre las calles Mequinenza, Alcalá y Glorieta de Carlos Lamas.

Una vez allí, mediante amenazas o valiéndose de la ingesta de pastillas, les realizó diferentes tocamientos, desnudó e introdujo objetos o algún miembro suyo por ano y vagina, además de forzarlas en algunos casos a hacerle una felación. A las cuatro las abandonó con posterioridad a la agresión en diferentes lugares, donde fueron encontradas.

Los magistrados establecen en la resolución que el acusado, de modo inobjetable, realizó de forma consciente, esto es, dolosa, todos los actos, y que en el caso de una de las menores, a la testigo protegida T4 le causó gravísimas lesiones que de no haber sido tratadas quirúrgicamente habrían puesto su vida en peligro. De este matiz de brutalidad, indica la sentencia, no podía ser ignorante el acusado, lo que determina que en este caso el delito de lesiones reviste una mayor gravedad.

La Sala, no obstante, absuelve al acusado del delito de homicidio en grado de tentativa que le solicitaban una acusación popular y una particular como consecuencia de haberle dado tres pastillas a una de las menores. Los jueces consideran que no ha quedado suficientemente acreditado qué medicamento se le suministró a la menor, si bien cabe pensar que con arreglo a criterios de lógica o de experiencia, se trataba de algún tipo de tranquilizante para mantenerla sedada, no para acabar con su vida o poner su vida en riesgo, extremo que confirma el hecho de que luego fuera abandonada en un lugar idóneo para ser rápidamente encontrada, lo que contradice la idea de que el acusado tuviera un ánimo homicida.

“La conducta del acusado, dice textualmente la resolución, revela su falta de empatía con las víctimas, lo que se evidenció a lo largo de las sesiones del juicio, en el que, aun acogiéndose a su derecho a no declarar, ni siquiera intentó dar una mínima justificación de sus actos. Por otra parte, la multiplicidad de los hechos cometidos, en un lapso de tiempo relativamente corto, pone de manifiesto un acendrado espíritu criminal, singularmente dirigido contra víctimas especialmente vulnerables, a lo que hay que añadir el grave estado de alarma y desasosiego que creó en la población hasta que fue detenido y cesaron los ataques”.

Por estos motivos, los jueces le imponen al condenado que una vez cumplida la pena de prisión se mantenga bajo libertad vigilada durante diez años, se le prohíbe comunicarse con las víctimas y aproximarse a ellas durante veinticuatro años y se le inhabilita para cualquier profesión u oficio que conlleve relación con los menores de edad.

Por último, deberá indemnizar a las menores en conjunto en más de 375.000 euros, porque al margen de la lesiones sufridas, han sido víctimas de un ataque a su libertad e integridad sexual y al derecho fundamental a la libre deambulación, crímenes que deben ser objeto de un resarcimiento que sólo de forma pecuniaria puede articularse como reparación.

Categories: Jurisprudencia

Condenan a más de setenta años al ‘pederasta de Ciudad Lineal’ por cuatro delitos de agresión sexual

Thu, 02/23/2017 - 10:30

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Antonio Ángel O.M. a setenta años y seis meses de cárcel tras considerarle responsable de dos delitos de agresión sexual en concurso medial con dos delitos de detención ilegal, dos delitos de agresión sexual, dos delitos de detención ilegal y un delito de lesiones, cometidos contra niñas menores de edad entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal.

La Sala, sin embargo, le absuelve del delito de homicidio en grado de tentativa, cometido presumiblemente sobre una de las menores, y de otras dos faltas de lesiones.

La sentencia señala que de conformidad con el artículo 76.1 del Código Penal vigente en el momento de cometerse los hechos por los que ha sido condenado, el límite máximo de cumplimiento de pena será de veinte años, si bien para la obtención de los beneficios penitenciarios Antonio Ángel O.M. queda sujeto a lo dispuesto en el artículo 78.1 y 3 del Código Penal, por lo que tanto para la obtención de permisos de salida, clasificación en tercer grado y libertad condicional deberá computarse la totalidad de las penas impuestas en la sentencia, sobre la que cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De la lectura de la resolución se desprende que el condenado, y así ha quedado probado, agredió sexualmente a cuatro niñas menores de edad (sucesivamente y según cometió los hechos, de cinco, nueve, seis y siete años) a las que previamente y mediante engaños logró que se fueran con él: en una ocasión a un lugar que no ha quedado acreditado, en otra a una vivienda propiedad de su madre, en otra a una vivienda o local que tampoco ha sido establecido y a la última hasta un descampado situado entre las calles Mequinenza, Alcalá y Glorieta de Carlos Lamas.

Una vez allí, mediante amenazas o valiéndose de la ingesta de pastillas, les realizó diferentes tocamientos, desnudó e introdujo objetos o algún miembro suyo por ano y vagina, además de forzarlas en algunos casos a hacerle una felación. A las cuatro las abandonó con posterioridad a la agresión en diferentes lugares, donde fueron encontradas.

Los magistrados establecen en la resolución que el acusado, de modo inobjetable, realizó de forma consciente, esto es, dolosa, todos los actos, y que en el caso de una de las menores, a la testigo protegida T4 le causó gravísimas lesiones que de no haber sido tratadas quirúrgicamente habrían puesto su vida en peligro. De este matiz de brutalidad, indica la sentencia, no podía ser ignorante el acusado, lo que determina que en este caso el delito de lesiones reviste una mayor gravedad.

La Sala, no obstante, absuelve al acusado del delito de homicidio en grado de tentativa que le solicitaban una acusación popular y una particular como consecuencia de haberle dado tres pastillas a una de las menores. Los jueces consideran que no ha quedado suficientemente acreditado qué medicamento se le suministró a la menor, si bien cabe pensar que con arreglo a criterios de lógica o de experiencia, se trataba de algún tipo de tranquilizante para mantenerla sedada, no para acabar con su vida o poner su vida en riesgo, extremo que confirma el hecho de que luego fuera abandonada en un lugar idóneo para ser rápidamente encontrada, lo que contradice la idea de que el acusado tuviera un ánimo homicida.

“La conducta del acusado, dice textualmente la resolución, revela su falta de empatía con las víctimas, lo que se evidenció a lo largo de las sesiones del juicio, en el que, aun acogiéndose a su derecho a no declarar, ni siquiera intentó dar una mínima justificación de sus actos. Por otra parte, la multiplicidad de los hechos cometidos, en un lapso de tiempo relativamente corto, pone de manifiesto un acendrado espíritu criminal, singularmente dirigido contra víctimas especialmente vulnerables, a lo que hay que añadir el grave estado de alarma y desasosiego que creó en la población hasta que fue detenido y cesaron los ataques”.

Por estos motivos, los jueces le imponen al condenado que una vez cumplida la pena de prisión se mantenga bajo libertad vigilada durante diez años, se le prohíbe comunicarse con las víctimas y aproximarse a ellas durante veinticuatro años y se le inhabilita para cualquier profesión u oficio que conlleve relación con los menores de edad.

Por último, deberá indemnizar a las menores en conjunto en más de 375.000 euros, porque al margen de la lesiones sufridas, han sido víctimas de un ataque a su libertad e integridad sexual y al derecho fundamental a la libre deambulación, crímenes que deben ser objeto de un resarcimiento que sólo de forma pecuniaria puede articularse como reparación.

Categories: Jurisprudencia

El Supremo ratifica la validez del contrato de compraventa del centro de IKEA en San Fernando de Henares (Madrid)

Wed, 02/22/2017 - 14:20

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Madrid que declaró la validez y eficacia del contrato de compraventa suscrito entre la mercantil Ikea Ibérica S.A. y la promotora inmobiliaria Chelverton Properties S.L., de fecha 19 de diciembre de 2006, de una parcela para la construcción de un establecimiento comercial de venta de muebles y equipamiento del hogar en el municipio de San Fernando de Henares (Madrid), por un precio, fijado inicialmente, de 36.000.000 de euros, más IVA. IKEA presentó demanda contra la promotora por incumplimiento de contrato, reclamando que se declarara resuelto el mismo por no haberse cumplido los plazos estipulados con la vendedora.

En junio de 2012, el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, dictó sentencia (luego ratificada por la Audiencia de Madrid) que desestimó la demanda y estimó parcialmente la reconvención planteada por la promotora demandada, declarando la validez y eficacia del contrato y condenando a la actora al pago del precio pactado, que se correspondía con la conclusión del 20% de las obras (de 17.956.827,59 euros) y a la devolución del importe de los avales bancarios en garantía indebidamente ejecutados (por importe de 11.577.000 euros).

El Supremo confirma este fallo al rechazar los recursos tanto de Ikea como de Chelverton contra la sentencia de la Audiencia de Madrid.

En el contrato suscrito entre las partes se había establecido un calendario de actuaciones tendente a la finalidad expresada por la compradora de disponer de la parcela antes del día 1 de diciembre de 2008, para comenzar a construir la tienda y abrirla al público antes del 1 de febrero de 2010. Ese contrato inicialmente firmado por las partes, fue novado en dos ocasiones mediante adendas de 2 de abril de 2008 y de 13 de enero de 2009. Con fecha de 22 de mayo de 2009 Ikea dio extrajudicialmente por resuelto el contrato en base al incumplimiento contractual de los plazos estipulados por la vendedora, a lo que se opuso ésta.

Entre otros argumentos, el Supremo destaca que el adenda al contrato de 13 de enero de 2009 suponía la concesión de un nuevo plazo, si bien no lo determinaron las partes, e Ikea aprovechó o impulsó el adenda para introducir modificaciones trascendentales, relativas a la superficie de fachada o número de plazas de aparcamiento.

“Dicho cambio se produjo cuando ya había concluido el plazo de terminación, por lo que lógicamente se deduce que dicho plazo no era concluyente, unido ello a que se solicitó una prórroga de los avales que Chelverton había emitido hasta el 1 de junio de 2010, fecha muy posterior a la pactada en el adenda de 2 de abril de 2008”.

Por tanto, entiende la Sala, la novación del plazo fue consentida por ambas partes, no dejando al arbitrio de una de ellas su fijación, dado que al variar las condiciones del contrato se novó modificativamente el mismo ampliando el plazo pactado que ya estaba concluido al momento de la novación por el segundo adenda.

Categories: Jurisprudencia

El Supremo ratifica la validez del contrato de compraventa del centro de IKEA en San Fernando de Henares (Madrid)

Wed, 02/22/2017 - 14:20

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Madrid que declaró la validez y eficacia del contrato de compraventa suscrito entre la mercantil Ikea Ibérica S.A. y la promotora inmobiliaria Chelverton Properties S.L., de fecha 19 de diciembre de 2006, de una parcela para la construcción de un establecimiento comercial de venta de muebles y equipamiento del hogar en el municipio de San Fernando de Henares (Madrid), por un precio, fijado inicialmente, de 36.000.000 de euros, más IVA. IKEA presentó demanda contra la promotora por incumplimiento de contrato, reclamando que se declarara resuelto el mismo por no haberse cumplido los plazos estipulados con la vendedora.

En junio de 2012, el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, dictó sentencia (luego ratificada por la Audiencia de Madrid) que desestimó la demanda y estimó parcialmente la reconvención planteada por la promotora demandada, declarando la validez y eficacia del contrato y condenando a la actora al pago del precio pactado, que se correspondía con la conclusión del 20% de las obras (de 17.956.827,59 euros) y a la devolución del importe de los avales bancarios en garantía indebidamente ejecutados (por importe de 11.577.000 euros).

El Supremo confirma este fallo al rechazar los recursos tanto de Ikea como de Chelverton contra la sentencia de la Audiencia de Madrid.

En el contrato suscrito entre las partes se había establecido un calendario de actuaciones tendente a la finalidad expresada por la compradora de disponer de la parcela antes del día 1 de diciembre de 2008, para comenzar a construir la tienda y abrirla al público antes del 1 de febrero de 2010. Ese contrato inicialmente firmado por las partes, fue novado en dos ocasiones mediante adendas de 2 de abril de 2008 y de 13 de enero de 2009. Con fecha de 22 de mayo de 2009 Ikea dio extrajudicialmente por resuelto el contrato en base al incumplimiento contractual de los plazos estipulados por la vendedora, a lo que se opuso ésta.

Entre otros argumentos, el Supremo destaca que el adenda al contrato de 13 de enero de 2009 suponía la concesión de un nuevo plazo, si bien no lo determinaron las partes, e Ikea aprovechó o impulsó el adenda para introducir modificaciones trascendentales, relativas a la superficie de fachada o número de plazas de aparcamiento.

“Dicho cambio se produjo cuando ya había concluido el plazo de terminación, por lo que lógicamente se deduce que dicho plazo no era concluyente, unido ello a que se solicitó una prórroga de los avales que Chelverton había emitido hasta el 1 de junio de 2010, fecha muy posterior a la pactada en el adenda de 2 de abril de 2008”.

Por tanto, entiende la Sala, la novación del plazo fue consentida por ambas partes, no dejando al arbitrio de una de ellas su fijación, dado que al variar las condiciones del contrato se novó modificativamente el mismo ampliando el plazo pactado que ya estaba concluido al momento de la novación por el segundo adenda.

Categories: Jurisprudencia

Condenan a 45 años y nueve meses al profesor del colegio Vallmont por abusos sexuales continuados

Wed, 02/22/2017 - 11:40

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Carlos R. I. a cuarenta y cinco años y nueve meses de prisión como responsable en concepto de autor de nueve delitos de abusos sexuales continuados cometidos sobre nueve menores a los que impartió clases en el colegio Vallmont, ubicado en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, entre los años 2010-2014.

Si bien los magistrados le condenan a 45 años y nueve meses de cárcel, el máximo de cumplimiento de la pena será el triple de la más grave de las impuestas, cinco años y un mes de prisión, por lo permanecerá internado en un centro penitenciario durante quince años y tres meses.

En la misma línea, los jueces le inhabilitan por espacio de 45 años para el ejercicio de la profesión de maestro o de cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga contacto con menores de edad.

Por otra parte, ha sido absuelto de las faltas de vejaciones cometidas supuestamente sobre tres menores, al haber quedado las mismas despenalizadas, y del delito continuado de abuso sexual del que se le acusaba respecto de otro menor.

En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación del que conocerá la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se condena al acusado a indemnizar a los menores en la suma de 49.500 euros y se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio Vallmont, de conformidad con el artículo 120.4 del Código Penal.

Los magistrados han considerado probado que el acusado, aprovechándose de su condición de maestro y tutor de los menores, se ganó la confianza y el respeto de los alumnos, niños de entre 8 y 10 años de edad, a los que con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales realizó diferentes tocamientos, tanto por encima como por debajo de la ropa interior.

La Sala ha tenido en consideración para la sentencia condenatoria el testimonio de los menores, tras valorar la ausencia de modificaciones esenciales en su relato, la concreción en la exposición de los hechos y la carencia de contradicciones: lo que supone “una persistente incriminación desde la declaración inicial, tanto en sede policial como judicial”.

Por lo que se refiere a la continuidad delictiva, los magistrados estiman que ésta “deriva de que en todos los casos analizados el acusado desplegó una actividad continuada sobre los menores, que en todos los casos describieron la conducta como habitual, con frecuencias mayores o menores, pero que en ninguno de los casos se contrajo a un solo episodio”.

Respecto a la reparación del daño, los jueces entienden que debe producirse con independencia de las lesiones materiales, por la importancia del bien jurídico a proteger, la indemnidad sexual, al margen del modo en que esta afectación haya sido apreciada por los menores, en tan crítica edad cuando los hechos acontecen, dice la sentencia.

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Condenan a 45 años y nueve meses al profesor del colegio Vallmont por abusos sexuales continuados

Wed, 02/22/2017 - 11:40

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Carlos R. I. a cuarenta y cinco años y nueve meses de prisión como responsable en concepto de autor de nueve delitos de abusos sexuales continuados cometidos sobre nueve menores a los que impartió clases en el colegio Vallmont, ubicado en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, entre los años 2010-2014.

Si bien los magistrados le condenan a 45 años y nueve meses de cárcel, el máximo de cumplimiento de la pena será el triple de la más grave de las impuestas, cinco años y un mes de prisión, por lo permanecerá internado en un centro penitenciario durante quince años y tres meses.

En la misma línea, los jueces le inhabilitan por espacio de 45 años para el ejercicio de la profesión de maestro o de cualquier otra profesión o empleo en los que se tenga contacto con menores de edad.

Por otra parte, ha sido absuelto de las faltas de vejaciones cometidas supuestamente sobre tres menores, al haber quedado las mismas despenalizadas, y del delito continuado de abuso sexual del que se le acusaba respecto de otro menor.

En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación del que conocerá la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se condena al acusado a indemnizar a los menores en la suma de 49.500 euros y se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio Vallmont, de conformidad con el artículo 120.4 del Código Penal.

Los magistrados han considerado probado que el acusado, aprovechándose de su condición de maestro y tutor de los menores, se ganó la confianza y el respeto de los alumnos, niños de entre 8 y 10 años de edad, a los que con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales realizó diferentes tocamientos, tanto por encima como por debajo de la ropa interior.

La Sala ha tenido en consideración para la sentencia condenatoria el testimonio de los menores, tras valorar la ausencia de modificaciones esenciales en su relato, la concreción en la exposición de los hechos y la carencia de contradicciones: lo que supone “una persistente incriminación desde la declaración inicial, tanto en sede policial como judicial”.

Por lo que se refiere a la continuidad delictiva, los magistrados estiman que ésta “deriva de que en todos los casos analizados el acusado desplegó una actividad continuada sobre los menores, que en todos los casos describieron la conducta como habitual, con frecuencias mayores o menores, pero que en ninguno de los casos se contrajo a un solo episodio”.

Respecto a la reparación del daño, los jueces entienden que debe producirse con independencia de las lesiones materiales, por la importancia del bien jurídico a proteger, la indemnidad sexual, al margen del modo en que esta afectación haya sido apreciada por los menores, en tan crítica edad cuando los hechos acontecen, dice la sentencia.

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La jueza archiva el ‘caso Funnydent’ al considerar que no se trata de una estafa sino de un episodio de mala gestión empresarial

Wed, 02/22/2017 - 09:00

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Navalcarnero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, al entender que tras las diligencias practicadas por la Brigada Provincial de Policía Nacional, así como de toda la documentación extraída, nos encontramos ante una circunstancia de mala gestión en el año previo al cierre de las clínicas por parte de su administrador y no ante un propósito inicial del investigado de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes.

En este sentido, el auto establece que “del informe emitido por la administración concursal, junto con las actuaciones a petición del Ministerio Fiscal, se desprende que no ha existido irregularidad que pueda ser penalmente reprochable, al margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado”.

Para que haya estafa, recuerda el auto, se precisa de un ánimo de lucro en beneficio propio o de un tercero. En el caso que nos ocupa, recoge también el auto, “de la documental y cuentas bancarias intervenidas no se ha evidenciado ningún incremento económico en el patrimonio del investigado que pudiera llevar a pensar que el cierre fue consecuencia de dicho ánimo de lucro. Todo lo contrario, la mala gestión derivó, no sólo en un perjuicio para los clientes, sino en uno propio para su único administrador, el cual tenía todos sus bienes registrados a nombre de dichas mercantiles”.

En suma, concluye la resolución, “las actuaciones practicadas sólo ponen de manifiesto un posible incumplimiento contractual de naturaleza civil carente de trascendencia penal, por lo que procede el mencionado archivo de la causa, sin perjuicio de la acciones que los denunciantes puedan ejercer ante la jurisdicción civil”.

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La jueza archiva el ‘caso Funnydent’ al considerar que no se trata de una estafa sino de un episodio de mala gestión empresarial

Wed, 02/22/2017 - 09:00

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Navalcarnero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, al entender que tras las diligencias practicadas por la Brigada Provincial de Policía Nacional, así como de toda la documentación extraída, nos encontramos ante una circunstancia de mala gestión en el año previo al cierre de las clínicas por parte de su administrador y no ante un propósito inicial del investigado de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes.

En este sentido, el auto establece que “del informe emitido por la administración concursal, junto con las actuaciones a petición del Ministerio Fiscal, se desprende que no ha existido irregularidad que pueda ser penalmente reprochable, al margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado”.

Para que haya estafa, recuerda el auto, se precisa de un ánimo de lucro en beneficio propio o de un tercero. En el caso que nos ocupa, recoge también el auto, “de la documental y cuentas bancarias intervenidas no se ha evidenciado ningún incremento económico en el patrimonio del investigado que pudiera llevar a pensar que el cierre fue consecuencia de dicho ánimo de lucro. Todo lo contrario, la mala gestión derivó, no sólo en un perjuicio para los clientes, sino en uno propio para su único administrador, el cual tenía todos sus bienes registrados a nombre de dichas mercantiles”.

En suma, concluye la resolución, “las actuaciones practicadas sólo ponen de manifiesto un posible incumplimiento contractual de naturaleza civil carente de trascendencia penal, por lo que procede el mencionado archivo de la causa, sin perjuicio de la acciones que los denunciantes puedan ejercer ante la jurisdicción civil”.

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El juez rechaza la pretensión de los afectados de que Caja Madrid devuelva la inversión en preferentes

Tue, 02/21/2017 - 11:15

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid no ha estimado la pretensión de devolución a los inversores minoristas de las cantidades invertidas en la adquisición de las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (serie II) en la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) y 3.057 intervinientes adhesivos más, pero ha declarado nulas, por abusivas, algunas de las condiciones generales de la contratación de tres contratos mediante los que se instrumentó la compra de las preferentes: el contrato de orden de compra/suscripción/canje de valores; el contrato de depósito o administración de valores y el contrato de información de las condiciones de prestación de servicios de inversión, por lo que ha condenado a Caja Madrid Finance Preferred y a Bankia a eliminarlas y a cesar en su utilización.

Con un tratamiento extenso de la impugnación de casi todas las cláusulas contenidas en los tres contratos, la sentencia pone de manifiesto algunas de las irregularidades cometidas en el proceso de comercialización de las participaciones preferentes Caja Madrid y destaca que las consecuencias de tales irregularidades, derivadas de informaciones y prácticas inadecuadas, han de hacerse valer no a través del planteamiento general y abstracto de una acción colectiva -que es la que se ha ejercitado-, sino por el planteamiento concreto de una acción individual de nulidad por error en el consentimiento.

El magistrado indica que esto se debe a que, si bien con el planteamiento individual de la acción de nulidad por error en el consentimiento puede preguntarse a un consumidor minorista si pensó que contrataba participaciones preferentes o un depósito a plazo -y resultar nulo el contrato por acreditarse que pensó erróneamente que contrataba un depósito a plazo, obteniéndose por la nulidad la restitución de lo invertido-, con el planteamiento abstracto propio de la acción colectiva no se puede obtener la nulidad del contrato de orden de compra/suscripción/canje de valores y la restitución de lo invertido preguntando al juez si las participaciones preferentes contratadas son un depósito a plazo, es decir, no tienen carácter perpetuo.

En la acción colectiva el juez, necesaria y legalmente, va a negarlo, porque la característica de perpetuidad de las participaciones preferentes viene dada por la Ley.

La sentencia continúa expresando que en el caso de las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (Serie II) también “resulta más complicado obtener una nulidad total del contrato que permita una recuperación de lo invertido, porque en el razonamiento abstracto de la acción colectiva el juez ha de partir necesariamente de que las participaciones preferentes son valores negociables representados por anotaciones en cuenta y pueden subsistir como derechos por la sola inscripción en un registro contable, que es la que los hace nacer. De tal manera que no son derechos que nacen de un contrato sino derechos nacidos con la inscripción en un registro contable que pueden o no pasar a un contrato. Si no pasan a un contrato, introducen dos serias limitaciones para la declaración de nulidad total del documento de adquisición de participaciones preferentes que permitiría recuperar la inversión:

La primera, es que el juez aprecia la abusividad de una condición general de la contratación cuando pasa a un contrato; y los derechos que conceden los valores negociables representados por anotaciones en cuenta no tienen que pasar a un contrato para existir.

La segunda es que el juez aprecia la abusividad de una condición general por el desequilibrio entre precio y prestación (artículo 3.1 de la Directiva 13/93), y las prestaciones más importantes para el inversor minorista que conceden las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (Serie II) no han pasado a ningún contrato”.

Esto ha motivado que no se pueda declarar la nulidad completa del único contrato que podría permitir a los inversores minoristas recuperar su inversión: el contrato de orden de compra /suscripción/ canje de valores que, por lo demás, es un contrato absolutamente estándar y generalizado para la compra de cualquier valor.

La sentencia deja abierta la posibilidad de que los consumidores inversores minoristas obtengan la restitución de lo invertido ejercitando las acciones individuales de nulidad del contrato por error en el consentimiento, posibilidad que existía desde que el Juzgado declaró su falta de competencia objetiva para conocer de la misma.

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El juez rechaza la pretensión de los afectados de que Caja Madrid devuelva la inversión en preferentes

Tue, 02/21/2017 - 11:15

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid no ha estimado la pretensión de devolución a los inversores minoristas de las cantidades invertidas en la adquisición de las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (serie II) en la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) y 3.057 intervinientes adhesivos más, pero ha declarado nulas, por abusivas, algunas de las condiciones generales de la contratación de tres contratos mediante los que se instrumentó la compra de las preferentes: el contrato de orden de compra/suscripción/canje de valores; el contrato de depósito o administración de valores y el contrato de información de las condiciones de prestación de servicios de inversión, por lo que ha condenado a Caja Madrid Finance Preferred y a Bankia a eliminarlas y a cesar en su utilización.

Con un tratamiento extenso de la impugnación de casi todas las cláusulas contenidas en los tres contratos, la sentencia pone de manifiesto algunas de las irregularidades cometidas en el proceso de comercialización de las participaciones preferentes Caja Madrid y destaca que las consecuencias de tales irregularidades, derivadas de informaciones y prácticas inadecuadas, han de hacerse valer no a través del planteamiento general y abstracto de una acción colectiva -que es la que se ha ejercitado-, sino por el planteamiento concreto de una acción individual de nulidad por error en el consentimiento.

El magistrado indica que esto se debe a que, si bien con el planteamiento individual de la acción de nulidad por error en el consentimiento puede preguntarse a un consumidor minorista si pensó que contrataba participaciones preferentes o un depósito a plazo -y resultar nulo el contrato por acreditarse que pensó erróneamente que contrataba un depósito a plazo, obteniéndose por la nulidad la restitución de lo invertido-, con el planteamiento abstracto propio de la acción colectiva no se puede obtener la nulidad del contrato de orden de compra/suscripción/canje de valores y la restitución de lo invertido preguntando al juez si las participaciones preferentes contratadas son un depósito a plazo, es decir, no tienen carácter perpetuo.

En la acción colectiva el juez, necesaria y legalmente, va a negarlo, porque la característica de perpetuidad de las participaciones preferentes viene dada por la Ley.

La sentencia continúa expresando que en el caso de las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (Serie II) también “resulta más complicado obtener una nulidad total del contrato que permita una recuperación de lo invertido, porque en el razonamiento abstracto de la acción colectiva el juez ha de partir necesariamente de que las participaciones preferentes son valores negociables representados por anotaciones en cuenta y pueden subsistir como derechos por la sola inscripción en un registro contable, que es la que los hace nacer. De tal manera que no son derechos que nacen de un contrato sino derechos nacidos con la inscripción en un registro contable que pueden o no pasar a un contrato. Si no pasan a un contrato, introducen dos serias limitaciones para la declaración de nulidad total del documento de adquisición de participaciones preferentes que permitiría recuperar la inversión:

La primera, es que el juez aprecia la abusividad de una condición general de la contratación cuando pasa a un contrato; y los derechos que conceden los valores negociables representados por anotaciones en cuenta no tienen que pasar a un contrato para existir.

La segunda es que el juez aprecia la abusividad de una condición general por el desequilibrio entre precio y prestación (artículo 3.1 de la Directiva 13/93), y las prestaciones más importantes para el inversor minorista que conceden las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (Serie II) no han pasado a ningún contrato”.

Esto ha motivado que no se pueda declarar la nulidad completa del único contrato que podría permitir a los inversores minoristas recuperar su inversión: el contrato de orden de compra /suscripción/ canje de valores que, por lo demás, es un contrato absolutamente estándar y generalizado para la compra de cualquier valor.

La sentencia deja abierta la posibilidad de que los consumidores inversores minoristas obtengan la restitución de lo invertido ejercitando las acciones individuales de nulidad del contrato por error en el consentimiento, posibilidad que existía desde que el Juzgado declaró su falta de competencia objetiva para conocer de la misma.

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La pensión de alimentos incluye gastos derivados del sustento de los hijos más allá de su manutención

Wed, 02/08/2017 - 12:35

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a un contribuyente que reclama a Hacienda que se considere pensión de alimentos los gastos indispensables para el sustento de sus hijos, como son el vestido, la asistencia médica, la educación e instrucción, etc… más allá de la manutención diaria, que reparte con su excónyuge en régimen de custodia compartida.

Los magistrados han estimado la demanda formulada por el contribuyente contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que no le permitió desgravarse en la declaración de la renta correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011 el dinero que había acordado ingresar cada mes en una cuenta común con su excónyuge para cubrir los gastos de los hijos.

En el convenio regulador quedaba establecido que cada excónyuge ingresaba a primeros de mes 350 euros en la cuenta abierta a tal efecto (que manejaba la exesposa), enmarcándose dichas cantidades en el concepto de anualidades por alimentos a favor de los hijos, entendiendo como alimentos en sentido amplio y legal del término todos los gastos que se satisfacen a los hijos, salvo los atinentes a la manutención, que cada progenitor abonaba en su caso al tener la custodia compartida.

El Tribunal Económico Administrativo Regional no lo entendía así, al considerar que las cantidades que ingresaba en la cuenta el contribuyente eran percibidas por los hijos por el ‘ánimus donandi’ de su padre, en definitiva, una donación, y no como consecuencia de la existencia de una obligación legal derivada de sentencia judicial.

Pues bien, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso tumba este argumento, y establece que “la mención a las anualidades por alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar atendiendo al tenor literal del convenio aprobado en sentencia de separación y al sentido que las partes quisieron atribuir a sus cláusulas”, y da la razón al contribuyente al sostener que “los alimentos comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, así como la educación e instrucción” de los hijos mientras sean menores de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, más allá “de la manutención o sustento, pues al hallarse la custodia compartida, lógicamente han de sufragarse por el progenitor con quien convivan, como así prevé el propio convenio aprobado judicialmente”.

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La pensión de alimentos incluye gastos derivados del sustento de los hijos más allá de su manutención

Wed, 02/08/2017 - 12:35

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a un contribuyente que reclama a Hacienda que se considere pensión de alimentos los gastos indispensables para el sustento de sus hijos, como son el vestido, la asistencia médica, la educación e instrucción, etc… más allá de la manutención diaria, que reparte con su excónyuge en régimen de custodia compartida.

Los magistrados han estimado la demanda formulada por el contribuyente contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que no le permitió desgravarse en la declaración de la renta correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011 el dinero que había acordado ingresar cada mes en una cuenta común con su excónyuge para cubrir los gastos de los hijos.

En el convenio regulador quedaba establecido que cada excónyuge ingresaba a primeros de mes 350 euros en la cuenta abierta a tal efecto (que manejaba la exesposa), enmarcándose dichas cantidades en el concepto de anualidades por alimentos a favor de los hijos, entendiendo como alimentos en sentido amplio y legal del término todos los gastos que se satisfacen a los hijos, salvo los atinentes a la manutención, que cada progenitor abonaba en su caso al tener la custodia compartida.

El Tribunal Económico Administrativo Regional no lo entendía así, al considerar que las cantidades que ingresaba en la cuenta el contribuyente eran percibidas por los hijos por el ‘ánimus donandi’ de su padre, en definitiva, una donación, y no como consecuencia de la existencia de una obligación legal derivada de sentencia judicial.

Pues bien, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso tumba este argumento, y establece que “la mención a las anualidades por alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar atendiendo al tenor literal del convenio aprobado en sentencia de separación y al sentido que las partes quisieron atribuir a sus cláusulas”, y da la razón al contribuyente al sostener que “los alimentos comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, así como la educación e instrucción” de los hijos mientras sean menores de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, más allá “de la manutención o sustento, pues al hallarse la custodia compartida, lógicamente han de sufragarse por el progenitor con quien convivan, como así prevé el propio convenio aprobado judicialmente”.

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El juez desestima la demanda contra Blablacar al entender que no existe competencia desleal

Fri, 02/03/2017 - 14:30

El titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha desestimado la demanda por competencia desleal que presentó la Confederación Española de Transporte en Autobús-Confebús contra Comuto Iberia S. L. y Comuto S. A. al entender que tras las pruebas practicadas y “salvo desviaciones excepcionales que tampoco supondrían una evidencia clara de que Blablacar es una sociedad que realiza labores de transportes de viajeros, queda probado al criterio de este tribunal que esta plataforma realiza una actividad ajena a la regulada por la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), pues poner en contacto a particulares con más o menos requisitos, con un control de pagos, con una crítica de las personas intervinientes sobre retrasos o sobre la calidad de otros servicios no es una actividad sujeta” a esta ordenación.

En la sentencia, que se facilita en archivo adjunto, el magistrado afirma que “sin ninguna duda Blablacar ha generado una plataforma, no para organizar el transporte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos y compartir determinados gastos” y que para “dar calidad al servicio de contacto ha puesto unos márgenes y unos límites y un formato de actuación, que en modo alguno es obligatorio para quien lo usa o para quienes prestan una plaza en su coche para realizar el trayecto”. De este modo, señala la sentencia, los conductores “no están contratados por Blablacar, ni pertenecen a una empresa o a una industria dedicada a este fin. Son particulares que por su cuenta y riesgo se ofrecen a la plataforma buscando a personas que tengan interés en realizar ese mismo viaje y pagar, no en el sentido de pagar un canon o un servicio, sino de pagar el coste de un viaje”.

La resolución, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante la Audiencia Provincial de Madrid, señala que el control de los datos facilitados por el usuario de la plataforma tampoco constituye una actividad integrada y regulada por la LOTT, como tampoco puede ser motivo de inclusión en el ámbito del transporte la identificación de un conductor y su perfil como persona idónea para contactar por el posible usuario.

A mayor abundamiento, el juez expone que en el sentido de la limitación de los gastos de viaje y lo que debe abonar el usuario, Blablacar lo único que hace es “calcular los kilómetros y recomendar a fuerza de expulsar de la plataforma en caso de abuso, la cantidad que debe pagar el viajero en función de la distancia y de la cantidad de viajeros en relación al coste total del viaje”, que ha quedado acreditado entre 0,06 y 0,09 Euros/Klm., muy por debajo del que la administración establece por razón del servicio prestado de particulares a empresas, que fija en 0,19 euros por kilómetro recorrido de indemnización.

Por tanto, dice la sentencia, “tampoco ha de entenderse que los precios que la plataforma exige, orienta o como quiera definirse la regla que establece en su página web, sean precios que persiguen un ánimo de lucro”. En este mismo sentido, la resolución establece que ante el hecho de que un conductor quiera inflar el precio, la plataforma recomienda que no se entre en contacto con él, ya que está haciendo un uso indebido del servicio. La sentencia dice así: “El que una persona pretenda lucrarse utilizando la plataforma, a la vista de los datos aportados, tiene carácter excepcional, pero no está entre los objetivos de Blablacar”.

Tampoco considera el juez que el pago directo a Blablacar por parte de un usuario “integra un elemento significativo para incluir la actividad en las reguladas por la LOTT, pues posteriormente a recibir el importe Blablacar remite una transferencia al conductor tras comprobar que el servicio se ha realizado, que no ha habido ninguna reclamación y que todo está de acorde con lo que pactaron las partes. No se paga más –dice la sentencia- de lo que pactaron ni de ese importe se queda nada la plataforma que no sea una comisión por su propia existencia y funcionamiento, y sobre la cantidad a modo de comisión sobre el particular paga el correspondiente IVA”.

En definitiva, concluye la sentencia, “la actividad llevada a cabo por la demanda a través de la plataforma Blablacar, debe afirmarse que se centra única y exclusivamente en el ámbito del transporte privado, ni tan siquiera del transporte privado complementario igualmente regulado por la propia LOTT, al no reunirse las características legales para ello, por lo que no puede aplicarse a las demandadas la LOTT, precisamente por estar en presencia de transportes privados y de ahí que no se pueda entender por desleal una competencia por vulneración de dicha normativa”

 

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El juez desestima la demanda contra Blablacar al entender que no existe competencia desleal

Fri, 02/03/2017 - 14:30

El titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha desestimado la demanda por competencia desleal que presentó la Confederación Española de Transporte en Autobús-Confebús contra Comuto Iberia S. L. y Comuto S. A. al entender que tras las pruebas practicadas y “salvo desviaciones excepcionales que tampoco supondrían una evidencia clara de que Blablacar es una sociedad que realiza labores de transportes de viajeros, queda probado al criterio de este tribunal que esta plataforma realiza una actividad ajena a la regulada por la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), pues poner en contacto a particulares con más o menos requisitos, con un control de pagos, con una crítica de las personas intervinientes sobre retrasos o sobre la calidad de otros servicios no es una actividad sujeta” a esta ordenación.

En la sentencia, que se facilita en archivo adjunto, el magistrado afirma que “sin ninguna duda Blablacar ha generado una plataforma, no para organizar el transporte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos y compartir determinados gastos” y que para “dar calidad al servicio de contacto ha puesto unos márgenes y unos límites y un formato de actuación, que en modo alguno es obligatorio para quien lo usa o para quienes prestan una plaza en su coche para realizar el trayecto”. De este modo, señala la sentencia, los conductores “no están contratados por Blablacar, ni pertenecen a una empresa o a una industria dedicada a este fin. Son particulares que por su cuenta y riesgo se ofrecen a la plataforma buscando a personas que tengan interés en realizar ese mismo viaje y pagar, no en el sentido de pagar un canon o un servicio, sino de pagar el coste de un viaje”.

La resolución, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante la Audiencia Provincial de Madrid, señala que el control de los datos facilitados por el usuario de la plataforma tampoco constituye una actividad integrada y regulada por la LOTT, como tampoco puede ser motivo de inclusión en el ámbito del transporte la identificación de un conductor y su perfil como persona idónea para contactar por el posible usuario.

A mayor abundamiento, el juez expone que en el sentido de la limitación de los gastos de viaje y lo que debe abonar el usuario, Blablacar lo único que hace es “calcular los kilómetros y recomendar a fuerza de expulsar de la plataforma en caso de abuso, la cantidad que debe pagar el viajero en función de la distancia y de la cantidad de viajeros en relación al coste total del viaje”, que ha quedado acreditado entre 0,06 y 0,09 Euros/Klm., muy por debajo del que la administración establece por razón del servicio prestado de particulares a empresas, que fija en 0,19 euros por kilómetro recorrido de indemnización.

Por tanto, dice la sentencia, “tampoco ha de entenderse que los precios que la plataforma exige, orienta o como quiera definirse la regla que establece en su página web, sean precios que persiguen un ánimo de lucro”. En este mismo sentido, la resolución establece que ante el hecho de que un conductor quiera inflar el precio, la plataforma recomienda que no se entre en contacto con él, ya que está haciendo un uso indebido del servicio. La sentencia dice así: “El que una persona pretenda lucrarse utilizando la plataforma, a la vista de los datos aportados, tiene carácter excepcional, pero no está entre los objetivos de Blablacar”.

Tampoco considera el juez que el pago directo a Blablacar por parte de un usuario “integra un elemento significativo para incluir la actividad en las reguladas por la LOTT, pues posteriormente a recibir el importe Blablacar remite una transferencia al conductor tras comprobar que el servicio se ha realizado, que no ha habido ninguna reclamación y que todo está de acorde con lo que pactaron las partes. No se paga más –dice la sentencia- de lo que pactaron ni de ese importe se queda nada la plataforma que no sea una comisión por su propia existencia y funcionamiento, y sobre la cantidad a modo de comisión sobre el particular paga el correspondiente IVA”.

En definitiva, concluye la sentencia, “la actividad llevada a cabo por la demanda a través de la plataforma Blablacar, debe afirmarse que se centra única y exclusivamente en el ámbito del transporte privado, ni tan siquiera del transporte privado complementario igualmente regulado por la propia LOTT, al no reunirse las características legales para ello, por lo que no puede aplicarse a las demandadas la LOTT, precisamente por estar en presencia de transportes privados y de ahí que no se pueda entender por desleal una competencia por vulneración de dicha normativa”

 

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