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Updated: 3 days 8 hours ago

El Supremo confirma que el Gobierno de Extremadura debe pagar 10, 4 millones de euros por la multa europea de pastos respecto de las solicitudes de 2007 y 2008

Thu, 05/25/2017 - 14:12

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Extremadura contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de septiembre de 2015, que aprobó repercutir a la comunidad extremeña el pago de 10,4 millones de euros como responsable de un incumplimiento del derecho de la Unión Europea por la falta de condiciones de varias parcelas de pastos para ser subvencionadas, respecto de las solicitudes de los años 2007 y 2008.

La liquidación de dicho incumplimiento realizada desde la Comisión de la Unión Europea ascendió a 20.851.445,62 euros, y el acuerdo del Consejo de Ministros estableció la responsabilidad al 50 por ciento entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado, es decir, que cada una debía pagar 10,4 millones.

Extremadura recurrió al considerar que la responsabilidad era exclusiva de la Administración General del Estado, al haberse adoptado un sistema de identificación que pivota sobre la parcela catastral, cuya competencia corresponde a dicha Administración General del Estado, quien por ello es la “única y exclusiva responsable de los incumplimientos por la identificación de la superficie”. Añadía la Junta que se limitó a ejecutar lo regulado y ordenado por la Administración General del Estado.

El Supremo no comparte estos argumentos y cree que hubo responsabilidad de las dos administraciones, la central y la autonómica. Explica que “la deficiencia que se detecta consistía en una sobreestimación de las superficies, al no haber sido excluidas las zonas que no eran aptas para el pastoreo o agricultura, por su densidad arbórea o por contener elementos improductivos. Se consideraron incumplidos, por tanto, los artículos 8.1 y 12.3 del Reglamento nº 796/2004, porque debió aplicarse el coeficiente de admisibilidad de pastos en el SIGPAC, que permita reducir esa superficie no apta”.

Explican los magistrados que “el sistema de identificación de parcelas agrícolas que se sigue en España, permite localizar una parcela concreta y determinar la superficie máxima que resulta admisible para tener las ayudas de la Política Agraria Común. Dicho sistema se creó mediante Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, el ya citado SIGPAC, para tener un registro administrativo consistente en una base de datos con las características técnicas definidas reglamentariamente, que contiene una imagen cartográfica digitalizada de todo el territorio nacional”.

“Pues bien –agrega el Supremo-, en el artículo 3.1 de dicho Real Decreto se dispone que el SIGPAC es un registro público de carácter administrativo, dependiente del Fondo Español de Garantía Agraria y de las Consejerías con competencias en materia de agricultura de las comunidades autónomas, que contiene la información de las parcelas susceptibles de beneficiarse de las ayudas comunitarias relacionadas con la superficie y dispone de soporte gráfico del terreno y de las parcelas y recintos con usos o aprovechamientos agrarios definidos. De manera que el registro citado dependía de ambas Administraciones”.

 

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Condenados doce miembros de dos familias por su implicación en un tiroteo en la barriada de San Lázaro (Mérida)

Tue, 05/23/2017 - 09:42

Lo hechos ocurrieron en agosto de 2011 cuando dos familias, con motivo de desavenencias entre las mismas, llegaron a enfrentamientos en los que hubo armas de fuego y que finalizó con la muerte de dos personas y heridas de consideración otras.

La Audiencia Provincial de Badajoz, Sección de Mérida, condena a los dos principales acusados a penas de 23 y 31 años de prisión. También hay condenas para varios de los participantes por tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

En total han sido condenadas doce personas. La condena también lleva consigo la indemnización de 100.000 euros para los herederos de cada una de las víctimas por parte de los principales acusados.

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Denegada la renta básica a una joven que había alegado como causa la exclusión social

Mon, 05/08/2017 - 11:00

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Extremadura ha desestimado un recurso interpuesto contra acuerdo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, y deniega la petición de renta básica a una mujer señalando que la misma es joven, sin cargas familiares, con red familiar estable y que reside en vivienda cedida por sus padres quienes, además, le cubren los gastos.

La sentencia también recoge como argumento el que la misma posee una titulación universitaria y experiencia laboral cualificada, lo que permite determinar que no se dan los requisitos que determina la ley de Extremadura de renta básica. Igualmente le impone las costas procesales del recurso.

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Condenado a 18 años y 6 meses de prisión por matar a un hombre para robarle en Talavera la Real (Badajoz)

Thu, 04/20/2017 - 11:00

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 18 años y 6 meses de prisión al acusado de provocar la muerte violenta de un vecino de Talavera la Real cuando le abordó en su domicilio para robarle durante la madrugada del 18 de diciembre de 2014.

En la sentencia, el tribunal le impone la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena por un delito de robo con violencia o intimidación en casa habitada, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia. Asimismo, 14 años de prisión, accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como prohibición de residir en la localidad pacense de Talavera La Real por el tiempo de otros diez años tras el cumplimiento de la condena de prisión, por el delito de homicidio, concurriendo la circunstancia agravante de abuso de superioridad.

Además, el procesado deberá indemnizar a la hermana del fallecido con 50.000 euros por perjuicios.

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