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Updated: 3 days 13 hours ago

El sospechoso de matar a su suegra, viuda del expresidente de la CAM, saldrá de la cárcel si paga 150.000 euros de fianza

Mon, 03/20/2017 - 10:00

El Juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha acordado la prisión provisional eludible con una fianza de 150.000 euros para el hombre encarcelado como sospechoso de haber matado a su suegra, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El magistrado instructor explica que aunque persisten algunos indicios que justificaron su ingreso en prisión tras ser detenido, la investigación no "ha aportado apenas nuevos elementos que sustenten adicionalmente la acusación" y añade, además, que la causa está "pendiente del resultado de pruebas periciales o documentales (...) cuya dilación temporal resulta difícil de estimar".

En su auto, notificado hoy a las partes, el juez destaca las "notorias lagunas e incongruencias" del sospechoso en sus declaraciones pero concluye que la prisión es la medida más restrictiva de las previstas en el ordenamiento jurídico. Y añade que, en este caso, atendiendo a un criterio de "proporcionalidad", es posible sustituir la prisión provisional por la exigencia de una fianza y la imposición de medidas cautelares.

De este modo, si el investigado abona la fianza de 150.000 euros en metálico, será excarcelado. De ser así, se le retira el pasaporte, se le prohíbe salir del territorio nacional, tendrá que personarse semanalmente en el juzgado y no podrá acercarse al concesionario que gestionaba en Alicante, escenario del crimen, para evitar así posibles presiones a empleados que son testigos en la causa.

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Citados como investigados dos médicos del hospital Clínico de Valencia por coacciones a una anestesista

Thu, 03/16/2017 - 13:15

El juzgado de Instrucción número 12 ha citado a declarar como investigados a dos responsables del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico de Valencia en la causa abierta por un delito de coacciones a una médico a la que pedían que renunciara, en favor de una tercera persona, a un puesto de trabajo que había obtenido en el centro sanitario a través de la bolsa de empleo.

Según consta en el auto, la jueza, que en noviembre sobreseyó provisionalmente la causa por un error de la Fiscalía en la identificación de la víctima, ha reabierto la investigación después de recibir el pasado 3 de marzo un informe de la Policía Nacional de Valencia con los datos correctos de la anestesista perjudicada y después de que ésta contactar la semana pasada con el juzgado.
En su resolución, la magistrada señala que, una vez identificada la víctima “procede reaperturar las presentes actuaciones con el fin de poder concretar la realidad de las mismas y si pueden ser constitutivas de delito”.

Por esto motivo, acuerda citar como investigados a los dos médicos denunciados y a la anestesista supuestamente perjudicada. Los tres declararán en mayo.

El pasado mes de noviembre, el juzgado instructor sobreseyó provisionalmente la causa por supuestas coacciones después de que las gestiones realizadas durante varios meses para localizar a la médico supuestamente coaccionada no dieran resultado ya que el nombre que constaba en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, que dio origen al procedimiento, estaba equivocado.

El nombre correspondía al de una periodista que escribió un artículo sobre los hechos. Éstos trascendieron cuando se trascendió una conversación telefónica supuestamente grabada por la anestesista en la que era presionada para que renunciara a la plaza.

La jueza sobreseyó la causa de manera provisional, resolución que fue recurrida por los investigados. La aparición de nuevos datos ha permitido reabrir las diligencias. La magistrada da trámite a los médicos investigados para que, reabierta la causa, digan si desisten de este recurso.

El auto por el que se reabre la investigación no es firme.

 

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Valencia suspende la pena de prisión a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, hasta que el Gobierno responda a su petición de indulto

Thu, 03/16/2017 - 13:00

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García Castellar, hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto planteada por la condenada.

En enero de 2016 la Audiencia de Valencia condenó a García Castellar a dos años de prisión por un delito de cohecho. Le impuso también una multa de 7.800 euros y la inhabilitación especial de empleo y cargo público. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo a finales del pasado año.

Firme la sentencia y antes de que la Sala le requiriera para ingresar en prisión, la condenada pidió la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel. La solicitud le fue desestimada por el tribunal.

Natividad García presentó entonces un recurso de súplica contra esta decisión y solicitó de nuevo la suspensión, a la espera de que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre su petición de indulto.

La Audiencia estima ahora este recurso por entender que si ejecuta la pena “puede frustrar la finalidad del indulto pretendido”. La Sala se basa en el artículo 4.4 del Código Penal, que prevé la posibilidad de suspender la ejecución de la pena privativa de libertad en dos casos. El primero, cuando por su cumplimiento pueda resultar vulnerado el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, que no es el caso de la exalcaldesa. Y el segundo, cuando “de ser ejecutada la pena, la finalidad del indulto pudiera ser ilusoria, situación esta última que puede representarse en este supuesto al menos de forma parcial”.

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La Audiencia de Alicante condena a 10 años de prisión al veterinario que confesó haber matado a su mujer

Thu, 03/16/2017 - 11:40

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, desplazada en Elche, ha condenado a 10 años de prisión a un veterinario que mató a su mujer en la clínica de la que era propietario en Benijofar. La Sala le considera autor de un delito de homicidio, con la agravante de parentesco y la atenuante de dilaciones, después de que un Jurado Popular emitiera un veredicto de culpabilidad.

Durante el juicio, el condenado confesó que le proporcionó anestésicos a su mujer, que la agredió hasta matarla, y que luego se deshizo del cadáver. Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de 10 años por un delito de homicidio, petición a la que se adhirieron la acusación y la defensa.

Los hechos sucedieron en marzo de 2013 en Benijofar, cuando el hombre y su esposa, de 46 años y trabajadora de la clínica, se quedaron a dormir en el centro veterinario. Durante la noche el condenado la drogó y la agredió con objetos desconocidos en el quirófano del centro, hasta que la mujer murió. Posteriormente, cargó el cadáver en el maletero de su coche y lo ocultó en un lugar desconocido.

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El Tribunal Supremo condena a 15 años cárcel al jefe de una mafia georgiana que operaba en Cataluña y Levante por conspiración asesinato y blanqueo

Wed, 03/15/2017 - 12:50

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa a K.S., jefe de una organización criminal en su mayoría formada por ciudadanos de la República de Georgia, asentada en 2008 en la zona de Cataluña y el Levante español. La Sala condena a penas que oscilan entre los 3 meses y los 7 años de prisión a otras 10 personas relacionadas con la organización, por delitos de blanqueo o falsificación de documentos oficiales.

El Tribunal Supremo reduce la condena al jefe de la organización de los 20 años y 11 meses de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional a 15 años y 3 meses, al considerar que no había pruebas suficientes para condenarle también por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito como hizo la Audiencia.

La Audiencia Nacional condenó a otras 12 personas relacionadas con la organización a entre 1 y 7 años de prisión. El Supremo modifica la sentencia de primera instancia y absuelve a 2 de ellos de delito de blanqueo, mantiene 7 años de cárcel por blanqueo para el miembro de la organización considerado ‘encargado’, y condena a los otros 9 a penas de entre 3 meses y 5 años de cárcel por delitos como blanqueo, falsificación de documentos oficiales y tentativa de estafa.

La conspiración para el asesinato por la que es condenado K.S. se refiere al plan para matar a un miembro de una facción rival en Niza (Francia) que fue abortada en enero de 2010 por la Policía francesa, con información de la española, con la detención en territorio galo de las personas que habían recibido el encargado.

 

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Condenado a un año y 3 meses de prisión por agredir a un policía en una manifestación ante la sede del PP

Tue, 03/14/2017 - 14:46

El Juzgado de lo Penal número dos de Valencia ha condenado a un hombre a un año y tres meses de prisión por agredir a agentes de la Policía Nacional durante una manifestación celebrada en julio de 2013 en las inmediaciones de la entonces sede del Partido Popular valenciano.

El juez le considera culpable de los delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones. La sentencia absuelve a otros dos manifestantes ya que el magistrado no considera acreditado que pegaran a la policía.

Los hechos sucedieron en julio de 2013 durante una concentración no comunicada a la autoridad, ante la antigua sede del Partido Popular en la calle Quart de Valencia. Desde allí, los manifestantes avanzaron hacia la Avenida Fernando El Católico, cortaron el tráfico y lanzaron consignas contra la Policía, que les indicaba que se disolvieran.

Según el relato de hechos probados, el condenado estaba al frente de la protesta y alentaba a los manifestantes para que desobedecieran las indicaciones que daba la Policía.

Cuando los agentes trataron de identificar al hombre, intentó escapar y les propinó patadas y golpes. Durante el forcejeo para su detención, le rompió un dedo a uno de ellos.

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Mercantil 3 de Valencia aprueba el plan de liquidación de Construcciones Salvador Micó

Tue, 03/14/2017 - 14:40

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha acordado aprobar y dar publicidad al plan de liquidación de la empresa Construcciones Salvador Micó S.L.U., en concurso de acreedores.

El Administrador Concursal presentó el Plan de Liquidación en noviembre de 2016, respecto al que varios acreedores presentaron alegaciones.

Después de escucharlas, Mercantil 3 aprueba el plan de liquidación con modificaciones relativas a la enajenación de los bienes con privilegio especial conforme a venta directa, y los gastos, impuestos y tributos derivados de la realización de los bienes.

También se contemplan cambios en la enajenación de los bienes inmuebles con privilegio especial conforme a subasta pública y al pago a los acreedores. Por último, el juzgado excluye del listado de bienes la finca registral 7.392 de Gandía.

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Mercantil 3 de Valencia aprueba el plan de liquidación de E Ferri Interbags y BCB Bags, en concurso de acreedores

Tue, 03/14/2017 - 14:38

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha acordado aprobar y dar publicidad al plan de liquidación de las empresas E Ferri Interbags, S.L. y BCB Bags, S.L. , en concurso de acreedores.

El administrador concursal presentó el plan en octubre de 2016 y ahora el Juzgado lo aprueba con modificaciones relacionadas con la enajenación de bienes con privilegio especial, los gastos, impuestos y tributos derivados de la realización de los bienes, y la enajenación de los bienes inmuebles de privilegio especial en subasta pública, entre otros.

El juzgado ordena además la formación de la sección 6ª de calificación.

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La Audiencia de Alicante rechaza la petición de archivo del exalcalde Díaz Alperi en el caso Brugal por el Plan General

Mon, 03/13/2017 - 13:37

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado el recurso presentado por el exalcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, contra el auto de procedimiento abreviado, dictado por Instrucción 5, que pone fin a la instrucción y deja el caso preparado para el juicio por supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La Sala desestima la petición y considera que el auto, en el que el instructor encuentra indicios de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y de información privilegiada facilitada por autoridad, está “suficientemente motivado”.

La Audiencia confirma así la resolución, en la que el instructor establecía que Díaz Alperi pudo facilitar datos del PGOU a otros investigados, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, antes de que estos se hicieran públicos, “facilitando con dicha conducta los intereses del citado empresario en la aprobación del plan”.

El auto también encontraba indicios de la comisión del delito de cohecho, por las entregas de dinero y el pago de un viaje a Creta valorado en 35.000 euros, que supuestamente Ortiz le abonó a Díaz Alperi a cambio de la información privilegiada.

La investigación sobre las irregularidades en la gestión del Plan General es una pieza separada del conocido como “Caso Brugal”. En ella figuran como investigados, además de Díaz Alperi y Ortiz, la exalcaldesa, Sonia Castedo, técnicos municipales y responsables de la redacción del Plan.

Categories: Jurisprudencia

El juez ordena prisión sin fianza para el detenido que recaudaba dinero para tratarse de una enfermedad

Fri, 03/10/2017 - 07:00

El Juzgado de Instrucción 5 de Lliria (Valencia), en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional, comunicada, sin fianza para el hombre detenido por el utilizar el dinero que recaudaba para tratarse de la enfermedad que padece en otros fines.

El magistrado considera que existen indicios de que el arrestado invertía las ayudas conseguidas a fines “manifiestamente distintos” a los tratamientos médicos para los que pedía el dinero.

En su comparecencia ante el instructor, el detenido, investigado por un presunto delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, se ha acogido a su derecho a no declarar.

El arrestado queda a disposición del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que instruye la causa, declarada secreta.

Categories: Jurisprudencia

El juez condena a 30 euros de multa al que abofeteó al “youtuber” que le llamó “cara anchoa”

Thu, 03/09/2017 - 15:00

El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha condenado al pago de una multa de 30 euros a un hombre que dio una bofetada a un “youtuber”, después de que este le preguntara por unas calles de Alicante y le llamara “cara anchoa”. El denunciante grabó la escena en vídeo, para subirlo a su canal YouTube. El juez considera al agresor culpable de un delito leve de lesiones.

La sentencia rechaza imponer al condenado una indemnización de 480 euros en concepto de responsabilidad civil, como reclamaba el “youtuber”.

El juez explica que el denunciante no solo asumió el riesgo de la agresión al burlarse y llamarle “cara anchoa”, sino que “su consentimiento ha ido más allá y excede de la mera asunción del riesgo, rebasando incluso la mera auto puesta en peligro para llegar al consentimiento pleno en las lesiones”.

El magistrado también deniega la indemnización ya que el denunciante, que se dedica profesionalmente a ello, se benefició económicamente con la grabación, “provocando la situación en función de dicho ánimo de lucro”.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2016 en una calle de Alicante cuando el “youtuber”, que se dedica a grabar bromas y burlas a ciudadanos anónimos para subirlas a su canal de YouTube, le preguntó al denunciado, repartidor de profesión, por la localización de una la zona de tiendas. Durante la conversación, el denunciante llama “cara anchoa” al condenado en al menos dos ocasiones, y el repartidor responde dándole una bofetada.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Castellón condena a 27 años de prisión a un hombre que mató a su madre de más de 30 cuchilladas

Thu, 03/09/2017 - 11:30

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 27 años de prisión a un joven que mató a su madre de más de 30 cuchilladas, e incendió la habitación en la que se encontraba el cadáver. La sala le considera responsable de los delitos de asesinato e incendio, con la agravante de parentesco y la atenuante de reparación del daño, después de que un jurado popular emitiera veredicto de culpabilidad días atrás.

Los hechos sucedieron en junio de 2015 en el domicilio en el que vivían la familia en Vinaròs, cuando el acusado apuñaló a su madre más de 30 veces. La víctima no pudo defenderse.

La mujer murió a consecuencia de una de las puñaladas, que le seccionó la yugular, y de otras cinco, en la zona del tórax. Posteriormente, el condenado trasladó el cadáver hasta una habitación de la casa en la que no dormía nadie y en la que la familia almacenaba ropas, plásticos, cajas y botellas.

Cinco días después, la Guardia Civil acudió a la vivienda para advertir del fuerte olor que desprendía la casa, por lo que el acusado prendió fuego a la habitación en la que aún se encontraba el cadáver de su madre.

Antes del inicio del juicio, el hombre presentó un escrito en el que reconocía los hechos, donaba su parte de la vivienda a sus familiares y manifestaba su intención de que le fuera retenido parte de su salario en prisión para destinarlo a resarcir el daño a los perjudicados por el asesinato.

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El TS reconoce el derecho de reversión a dos expropiados para el proyecto del Puerto de Valencia y les concede indemnización sustitutoria

Thu, 03/09/2017 - 08:00

La Sala III, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de reversión a los propietarios de dos fincas expropiadas para la ejecución del proyecto de la Zona Logística del Puerto de Valencia. Al no ser posible la restitución ‘in natura’ del suelo, el Supremo ordena a la Generalitat valenciana la incoación del oportuno expediente para la fijación de una indemnización sustitutoria.

El Supremo argumenta que la Zona de Actividades Logísticas -para cuya ejecución se delimitó el suelo en el Plan Especial de 1998, causa de las expropiaciones- no se ha implantado, habiéndose efectuado única y exclusivamente las obras de urbanización que fueron recepcionadas por la beneficiaria el 17 de marzo y el 15 de noviembre de 2005, sin que conste se haya hecho nada desde esa fecha, ni la Administración haya hecho notificación alguna al respecto, por lo que procede reconocer el derecho de reversión.

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La jueza del 'caso IVAM' embarga 12 obras de arte de la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno y atribuye su adquisición a la “actividad delictiva”

Wed, 03/08/2017 - 16:00

La jueza del 'caso IVAM' ha ordenado el embargo de 12 obras de arte propiedad de la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Consuelo Císcar, investigada por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por irregularidades en la gestión del museo.

La magistrada estima así la petición de la Abogacía de la Generalitat Valenciana y acuerda la medida cautelar sobre estas piezas, pinturas y esculturas, para garantizar el decomiso efectivo de las mismas en el caso de que sea condenada por entender que “existen indicios de que las mismas han sido adquiridas por la señora Císcar a resultas de la actividad delictiva que se investiga en la presente causa”.

La jueza sospecha también que las la exdirectora del museo forzaba su exposición en las muestras organizadas por el IVAM para que se revalorizaran; y mantiene que utilizaba a sus hijas y a su nieta para ocultar que ella era la verdadera titular de las piezas. La magistrada de Instrucción 21 da cinco días a la exresponsable del museo y a sus hijas para que comuniquen dónde están las pinturas y esculturas embargadas.

Las obras de arte son piezas de las colecciones particulares de la familia Císcar que fueron prestadas para ser expuestas en el IVAM por las hijas de la exdirectora como si fueran las supuestas propietarias.

Cuando la jueza les requirió para que acreditaran la compra de las obras de arte que habían prestado al museo, la exdirectora de la pinacoteca valenciana explicó que fue ella quien las adquirió a través de galerías o directamente a los artistas para posteriormente regalárselas a sus hijas, motivo por el que éstas no disponían ni de títulos ni de facturas de compra. No consta, según recoge la resolución notificada hoy a las partes, ningún documento de naturaleza fiscal que acredite tal cesión o donación.

En su auto, la instructora subraya la contradicciones entre la versión de Císcar y de artistas a los que supuestamente compró o le regalaron algunas de las obras embargadas, hecho que unido a “la falta de documentación justificativa de su lícita adquisición” conducen a estimar “la existencia de indicios de delito” .

La jueza no considera acreditada la compra de las siete piezas de la artista Carmen Calvo. Así destaca que “no existe ningún documento que justifique esta transmisión bien onerosa o a título gratuito, cuando lo bien cierto es que la transmisión de obras de arte es un hecho sujeto a tributación, tanto por el comprador, que deberá declarar el hecho imponible en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como por el vendedor de la obra, que deberá hacerlo declarando la ganancia patrimonial que le suponga la venta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

La resolución añade que “tal documento o bien no existe al no haber sido declarada tal adquisición o no se ha aportado para justificar la legitimidad de aquella”.

Exponía sus obras para revalorizarlas

Además de la falta de títulos de compra de las obras por parte de Císcar, la magistrada de refuerzo de Instrucción 21, destaca que “existen datos que inducen a pensar que la señora Císcar Casabán hizo uso de su posición de superioridad en el IVAM como directora gerente del Instituto para forzar la exhibición de tales obras en la exposición de Carmen Calvo, a pesar de no estar inicialmente prevista, para con ello revalorizar tales obras y conseguir con ello un beneficio ulterior en caso de venta”. Tal comportamiento es “a todas luces irregular y podría constituir igualmente un ilícito penal a considerar”.

Utilizó a sus familiares

La jueza no da crédito a la versión de la exdirectora del IVAM y al supuesto regalo de cuadros y esculturas a sus familiares. Según el auto, existen “elementos en la causa que hacen sospechar de una manera fundada que las obras, al menos las 7 que fueron exhibidas en la exposición de Carmen Calvo eran propiedad de la señora Císcar Casabán y por consiguiente no existía en el momento de la exposición esa trasmisión a título gratuito que la misma alega en favor de sus hijas y nieta”.

Señala que “de una forma encubierta se indicó en las hojas de préstamo que las propietarias eran aquellas para con ello facilitar la exhibición de tales obras y ello aún cuando la indicada práctica no sea acorde con el código deontológico museístico”.

La magistrada considera que el embargo pedido por la Abogacía de la Generalitat Valenciana está justificado ante “la facilidad” con que las obras embargadas “puedan ser ocultadas o transmitidas a terceras personas sin dejar rastro de su lícita transmisión” como lo demuestra el hecho de que cuando fueron expuestas “la señora Císcar intentó ocultar que era la verdadera titular de las obras, usando para ello la atribución de su titularidad a sus hijas y nieta de una manera formal con el sólo hecho de indicar en las hojas de préstamos de las obras indicadas que eran sus propietarias”.

Entre las piezas embargadas figuran las siete piezas de Carmen Calvo y cinco obras de artistas como Ramón de Soto, Francisco Caparrós, Alberto Corazón, Bernardi Roig y Equipo Crónica. Su compra lícita tampoco ha sido justificada con documentos de naturaleza tributaria.

En su auto la magistrada acuerda también dar entrada en la causa a las hijas de Císcar, a quienes ésta atribuyó la propiedad de las 12 obras de arte expuestas en el IVAM y ahora embargadas. Lo hace en base al artículo 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la cual “el juez o tribunal acordará de oficio o a instancia de parte, la intervención en el proceso penal de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso (...)”.

Deberán estar representadas por un abogado sin que esto signifique que se extiendan a ellas las cuestiones relacionadas con la responsablidad penal de su progenitora.

En su resolución, la jueza acuerda también requerir al IVAM un inventario de las obras del artista Ramón de Soto adquiridas por el museo desde 2004 ante las sospechas de que la exdirectora y la anterior cúpula directiva del museo pudieran haber beneficiado a su viuda pagando sobrecostes por sus creaciones.

De hecho, la jueza recuerda la relación personal que ha unido a Císcar con el escultor, que fue decano de la Facultad de Bellas Artes de Altea en la que cursó sus estudios su hijo Rafael Blasco Císcar.

Los otros investigados

Además de Císcar, en la causa están investigados (imputados), otras siete personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones.

Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además están investigados Jorge García Vellés, contratado por el museo como técnico encargado de coordinar y seguir las exposiciones en el extranjero, y Pilar Mundina, que realizaba funciones de asistente personal de la exdirectora de la pinacoteca. Ambos participaron en la proyección de la carrera artística del hijo de la exdirectora del IVAM. El último investigado es el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.

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La Audiencia de Castellón condena a 12 años y 3 meses de prisión a un hombre por intentar matar a su mujer con un cuchillo jamonero

Wed, 03/08/2017 - 13:30

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 12 años y 3 meses de prisión a un hombre acusado de maltratar y de intentar matar a su mujer, de la que se estaba separando.

La Sala le considera culpable de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y de asesinato en grado de tentativa, con la circunstancia agravante de parentesco.

Los hechos comenzaron en enero de 2016 en el domicilio familiar en Torreblanca (Castellón) cuando la pareja discutió y el hombre golpeó en varias ocasiones a la mujer en la cara, cuello, brazos y cuerpo.

La víctima decidió entonces separarse y la pareja acordó que él dejaría el domicilio familiar en el mes de abril. Días antes de esta fecha, en marzo, la mujer le preguntó al hombre por los papeles de la hija que tenían en común, necesarios para preparar la separación. Ante ello el condenado comenzó a agredir a su mujer, la tiró al suelo y cogió un cuchillo de 15 centímetros, que usaban normalmente para cortar jamón .

La víctima advirtió que la niña estaba durmiendo en el domicilio, por lo que él decidió que salieran los dos de la casa. Ya en la calle, la mujer intentó huir, pero el hombre la alcanzó, la agarró por la espalda y le asestó hasta siete puñaladas en el tórax y en el abdomen. Según explica la sentencia, cuatro de las siete heridas, “tenían una vocación homicida evidente y si no produjeron la muerte instantánea, probablemente fue por mero azar dado los lugares de impacto y corte, el tipo de arma y las repetidas veces que se empleó, pero que en todo caso hubieran producido la muerte por desangramiento según expusieron los forenses”.

La agresión paró tras la intervención de un peatón. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital. El agresor huyó y fue detenido horas después.

Categories: Jurisprudencia

El Juzgado archiva la denuncia contra dos anestesistas del Clínico de Valencia por coacciones a médicos de la bolsa de trabajo

Wed, 03/08/2017 - 10:00

El juzgado de Instrucción número 12, que investiga la denuncia contra dos responsables del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico de Valencia ha decidido sobreseer provisionalmente la causa por supuestas coacciones a una anestesista para que renunciara, en favor de otra persona, a una plaza que había obtenido a través de la bolsa de trabajo.

La jueza archiva las diligencias después de que las gestiones para localizar a la médico supuestamente coaccionada no hayan dado resultado ya que el nombre que consta en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, que dio origen al procedimiento, está equivocado.

En su resolución, la magistrada explica que la persona mencionada en la denuncia del Ministerio Público “es errónea”; añade que “no se ha encontrado ningún dato en los servicios sanitarios” relacionado con ese nombre y concluye que la persona que en la denuncia aparece como la anestesista coaccionada “parece ser la persona que escribió el artículo periodístico que dio noticia al hecho”.

Según la instructora, “no existe ni el más mínimo indicio que permita conocer quién es la víctima de las supuestas coacciones efectuadas vía telefónica”. Por este motivo, la jueza sobresee la causa. Lo hace de manera provisional para que pueda reabrirse en el caso de que la perjudicada sea localizada.

Los hechos trascendieron cuando se difundió una conversación telefónica supuestamente grabada por la anestesista, conversación en la que era presionada para que renunciara a la plaza.

La jueza comunica su decisiónde archivar las diligencias a la policía judicial, para que siga investigando.

Categories: Jurisprudencia

Un jurado considera culpable al anciano que asfixió a su mujer en su casa de Valencia en 2016

Fri, 03/03/2017 - 13:10

Un jurado popular declaró ayer culpable al anciano juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia por matar a su mujer en el domicilio que ambos compartían en la capital.

Los miembros del jurado apreciaron las agravantes de parentesco y de género, y se mostraron contrarios a la concesión del indulto. Por su parte, el Ministerio Fiscal mantuvo la petición de pena de 15 años de prisión.

Los hechos sucedieron en febrero de 2016 en el domicilio en el que residía el matrimonio en Valencia, cuando la pareja inició una discusión. El hombre cogió del cuello a su mujer, de 71 años de edad y con dificultad para moverse a causa de una enfermedad, y apretó hasta que la asfixió.

Categories: Jurisprudencia

Mercantil 3 de Valencia aprueba el plan de liquidación de Escayolas Taysa, en concurso de acreedores

Thu, 03/02/2017 - 10:00

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha acordado aprobar y dar publicidad al plan de liquidación de la empresa Escayolas Taysa, S.L., en concurso de acreedores.

El administrador concursal presentó el plan de liquidación en septiembre de 2016, sobre el que alegó la empresa demandante.

Ahora, Mercantil 3 aprueba el plan de liquidación y advierte que los bienes embargados se enajenarán libres de carga y que la adjudicación tendrá lugar libre de toda carga, real o no real.

El Juzgado además ordena la formación de la sección 6ª de calificación.

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El juez solicita un informe al administrador concursal sobre el estadio Rico Pérez de Alicante antes de aprobar su venta

Wed, 03/01/2017 - 11:00

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante ha solicitado un informe sobre el estadio de fútbol Rico Pérez al administrador concursal que tramita el concurso de la empresa Aligestión Integral, propietaria del recinto. El juez pide este informe como paso previo a la adjudicación de este bien.

El plazo para la presentación de ofertas por el estadio finalizó ayer, sin que se presentara ninguna propuesta que mejorara la realizada por el Instituto Valenciano de Finanzas en la subasta electrónica.

El IVF ofertó 3.750.000 de euros por el estadio, cantidad inferior al 70% del valor de tasación del recinto deportivo del Hércules C.F., por lo que el Juzgado, en aplicación del artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ofreció entonces a Aligestión la posibilidad de buscar otro comprador.

Expirado el plazo otorgado por el Juzgado, no ha habido ningún oferente, motivo por el que el magistrado ha requerido al administrador concursal un informe antes de decidir sobre la adjudicación definitiva del estadio.

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La Audiencia de Castellón condena a tres años de prisión a un policía local de Onda por traficar con cocaína

Tue, 02/28/2017 - 11:48

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un policía local de Onda a tres años de prisión por traficar con drogas, especialmente cocaína.

La sentencia, fruto de una conformidad entre las partes, le considera autor de un delito contra la salud pública.

La Sala también condena a una pena de un año y medio por el mismo delito a la esposa del agente que, según los hechos probados, era la encargada de vender la cocaína al 'menudeo' entre los consumidores.

Por último, junto al policía y a su mujer, la Audiencia impone tres años de prisión a otro hombre, encargado de abastecer de cocaína al agente, por un delito contra la salud pública.

Los hechos sucedieron en 2013 cuando, a partir de la investigación del Grupo EODA de la Guardia Civil, se determinó que el matrimonio se dedicaba a la venta de cocaína al menudeo, abastecidos por el tercer condenado.

Durante la investigación, los agentes realizaron registros domiciliarios en las casas de los acusados en la localidad de Onda, donde localizaron más de 175 gramos de cocaína y utensilios para tratarlas y preparar las papelinas para su distribución.

Además, el agente municipal guardaba en casa más de 5.700 euros y otros 120 euros en la taquilla personal de su puesto de trabajo, procedentes de la venta de sustancias estupefacientes.

Categories: Jurisprudencia

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