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Updated: 1 day 11 hours ago

La Audiencia de Alicante condena a cinco personas por vender droga con el método de “telecoca”

Thu, 04/27/2017 - 14:00

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de dos y tres años de prisión a cinco personas que vendían droga a través del método conocido como “telecoca”. La sentencia, de conformidad entre la defensa de los acusados y el Fiscal, les considera autores de un delito contra la salud pública y condena a dos de ellos a una pena de tres años y un día de prisión, y una multa de 4.000 euros. Las otras tres personas han sido condenadas a dos años de cárcel y una multa de 2.000 euros.

Los hechos sucedieron entre los años 2014 y 2015 cuando los condenados, con lazos familiares entre ellos, se dedicaron a la venta de cocaína mediante procedimiento conocido como “telecoca”, esto es, recibiendo los pedidos en sus teléfonos móviles y concertando citas y lugares para la entrega.

Durante la entrada y registro a la vivienda de cuatro de los condenados, los agentes se incautaron de cerca de ocho gramos de cocaína y más de 50 gramos de cannabis, además de diversas cantidades de dinero procedente de la venta de droga.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Castellón anula las escuchas y absuelve a dos acusados de atracar una joyería en Onda

Thu, 04/27/2017 - 12:56

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a dos hombres juzgados por atracar una joyería en la localidad de Onda en febrero de 2010.

La Sala condena a seis meses de prisión por un delito de receptación a una mujer que, dos meses después del atraco, acudió a una tienda de compra y venta de oro en Castellón, donde vendió parte del botín robado.

El Tribunal absuelve a los dos acusados tras anular las escuchas telefónicas solicitadas por la Guardia Civil y autorizadas por el juez instructor, debido a la ilicitud de las mismas.

Según recoge la sentencia, ni en el oficio de la Benemérita solicitándolas, ni en el auto del juez en el que las autoriza, se aludía a los indicios que incriminaban a los entonces sospechosos, y únicamente se hablaba de sospechas, sin concretar en qué consistían.

Tras citar abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la resolución concluye que “nos encontramos ante un supuesto de insuficiencia de motivación de la resolución judicial, por absoluta carencia de fundamento fáctico justificativo de la medida”, y decreta la nulidad de las escuchas . De este modo, todas las diligencias practicadas y la investigación realizada a continuación de las escuchas, se declararon nulas.

La Sala condena a seis meses de prisión por un delito de receptación a la tercera de los acusados, una mujer que en el juicio reconoció que vendió las joyas pese a que sabía que eran robadas. La mujer confesó la venta pese a que al principio del juicio fue informada de la nulidad de las escuchas que han llevado a los magistrados a absolver a los otros dos acusados.

Los hechos sucedieron en 2010 cuando dos hombres entraron una joyería de Onda y pidieron a la empleada que les mostrara cadenas para un regalo de comunión. Cuando la joyera abrió la caja fuerte para buscar el material, los dos ladrones la encañonaron, la ataron de pies y manos, la amordazaron y le taparon los ojos. En ese momento entró una tercera persona en la tienda, y entre los tres, se llevaron joyas y otros objetos de valor.

Dos meses después, la condenada vendió en una tienda de “compro oro” de Castellón un anillo y una pulsera de oro, y un colgante con cabeza de faraón, por valor de 900 euros. Las alhajas eran parte del botín robado en la joyería de Onda.

Categories: Jurisprudencia

La jueza del 'caso IVAM' pregunta al director del museo por el acceso que los trabajadores investigados tienen a los documentos pedidos por la UDEF

Thu, 04/27/2017 - 12:50

La jueza del 'caso IVAM' ha pedido al director del museo, José Miguel García Cortés, información sobre los tres investigados que siguen trabajando en la pinacoteca y el acceso que éstos tienen a la documentación que necesita la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para investigar las irregularidades supuestamente cometidas por la exdirectora, Consuelo Císcar, y sus colaboradores a quienes se les imputan delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

En una providencia, notificada a las partes, la magistrada de refuerzo de Instrucción 21 reclama al máximo responsable del IVAM que precise si Raquel Gutiérrez, técnico de Exposiciones y Acción Exterior; Jorge García Vallés, técnico de Actividades Culturales y Ángeles Valiente, Jefa del Departamento de Desarrollo, “estan encargados de la custodia o remisión de la documentación requerida por la UDEF”. La instructora quiere saber también si “tienen acceso” a dicha información, circunstancia ésta que les permitiría tener conocimiento de las pesquisas de la Policía por un cauce extrapocesal, es decir, antes de que el resultado de las mismas sea comunicado al juez, al fiscal y a los abogados.

Según se desprenden de la instrucción, los tres investigados por los que pregunta ahora la jueza formaban parte del equipo de confianza de Císcar cuando ésta estaba al frente del Museo, trabajaron para promocionar la carrera artística de su hijo, Rafael Blasco Císcar, Rablaci, también imputado, y siguen en activo en el IVAM como personal laboral interino.

En su resolución, la jueza recuerda que fue el director actual del Instituto Valenciano de Arte Moderno el que solicitó al Juzgado información sobre la situación procesal de los tres trabajadores “para que en su caso se pudiesen adoptar las medidas oportunas”.

García Cortés fue informado de que Gutiérrez, García y Valiente están investigados en una causa abierta por prevaricación, malversación y falsedad.

La instructora recuerda que “una de las áreas de investigación desarrolladas por la UDEF se centra en la licitación del transporte y el montaje y desmontaje de las exposición del IVAM en el extranjero, así como la promoción de la carrera artística y profesional” del hijo de la ex directora, “haciendo uso de los medios personales y materiales del IVAM”.

A este respecto, señala que “para el desarrollo de tales pesquisas” los investigadores necesitan pedir documentación “tanto al departamento de Acción Exterior como al Departamento de Desarrollo, en los que prestan sus servicios los investigados referidos”.

La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía se dirige contra Císcar, su hijo y otras ocho personas. Además del uso de los medios del museo para la promoción artística del hijo de la exdirectora, se investigan irregularidades en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones por los que se habrían pagado importantes sobrecostes.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Alicante condena a un hombre que intentó vender un gas prohibido por su nocividad para la capa de ozono

Wed, 04/26/2017 - 12:19

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a tres meses de prisión y a una multa de 1.080 euros a un hombre que intentó vender una bombona de 12 kilos de un gas refrigerante, altamente perjudicial para la capa de ozono y cuyo uso y comercio en estado puro se encuentra prohibido en la Unión Europea.

La Sala le considera culpable de un delito de comercialización ilegal de sustancia destructora del ozono. Además, la sentencia, fruto de una conformidad entre la defensa del acusado y el Ministerio Fiscal, le inhabilita para trabajar como frigorista durante tres años.

Los hechos sucedieron en mayo de 2014 cuando el condenado puso a la venta en una página web de anuncios una botella de 12 kilos de gas virgen HCFC o clorodifluorometano, que es un gas fluorado altamente nocivo para la capa de ozono. El hombre, que guardaba en casa la bombona desde el año 2006, cuando trabajaba en el mantenimiento de equipos de climatización, fue interceptado por la Policía cuando intentaba cerrar la venta del producto en las inmediaciones de un centro comercial de Alicante.

Categories: Jurisprudencia

Condenadas tres personas por contrabando de piezas expoliadas en yacimientos arqueológicos de Egipto

Tue, 04/25/2017 - 10:35

El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha condenado a un año de prisión a tres hombres de nacionalidad egipcia que introdujeron en España obras arqueológicas expoliadas de excavaciones ilegales de su país a través del Puerto de Valencia. El juez les considera autores de un delito de contrabando y, además de la pena de cárcel, les impone una multa de 500.000 euros.

Durante la vista, los tres condenados reconocieron los hechos y se conformaron con el año de cárcel solicitado por el Ministerio Público. La sentencia absuelve a un anticuario contra el que el fiscal no formuló acusación.

Los hechos sucedieron en 2014 cuando los ahora condenados, coordinados con otro grupo de personas encargado del expolio en Egipto, organizaron la entrada en España de piezas arqueológicas robadas en excavaciones ilegales desde este país. Lo hacían con el propósito de venderlas “con evidente ánimo de lucro”.

El cargamento viajó en un buque con bandera de Luxemburgo, desde el Puerto de Alejandría, con destino Barcelona, y escala en el Puerto de Valencia.

Para el transporte, colocaron las piezas en el interior de jarrones de cerámica de gran tamaño que, a su vez, embalaron en 182 cajas e introdujeron en un contenedor. Cuando el barco llegó al Puerto de Valencia, los agentes de la Guardia Civil detectaron una anomalía en la carga, por lo que intervinieron el contenedor. Allí, localizaron 36 piezas arqueológicas, de figuras humanas, de animales, ánforas pequeñas, vasijas y cofres de madera. Las piezas estaban ocultas y sin declarar en la aduana.

Las figuras se llevaron al Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, donde los peritos determinaron la autenticidad de 25 de las 36 unidades intervenidas. Su valor de tasación oscila entre los 214.000 y 253.000 euros.

Al mismo tiempo, la embajada egipcia confirmó que las piezas fueron saqueadas de las zonas arqueológicas de Saqqara y Mit Rahina, y que todas pertenecían a dinastías del Antiguo Egipto.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Valencia condena a 12 años de prisión a la mujer que encargó una agresión con ácido a un hombre por celos

Thu, 04/20/2017 - 14:30

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 12 años de prisión a la mujer que encargó a un conocido que lanzara ácido a la cara a un hombre, del que tenía celos ya que había sido pareja y seguía siendo amigo de una mujer de la que ella estaba enamorada.

La Sala la considera inductora de un delito de lesiones causantes de inutilidad de miembro principal. La sentencia también condena a 12 años de prisión al autor material de los hechos, que confundió al objetivo del encargo y lanzó ácido a la cara a un joven que no tenía nada que ver con la inductora, al que dejó ciego.

Los otros dos condenados, cómplices de los hechos, han sido penados con cinco y cuatro años y medio de prisión. Además, los cuatro sentenciados deberán indemnizar con más de 380.000 euros a la víctima.

Los hechos sucedieron en 2014 cuando la mujer le contó al responsable del gimnasio clandestino al que acudía en Silla, que un hombre la había violado y que quería contratar a alguien para que le agrediera físicamente y le “jodiera la vida”.

Según el relato de hechos probados, la condenada no había sido violada, sino que sentía celos del hombre porque éste había sido pareja de una chica, con la que seguía manteniendo contacto, de la que la promotora de la agresión estaba enamorada.

El amigo del gimnasio aceptó participar en la agresión, para lo que buscó dos cómplices. La inductora le pagó 2.000 euros por el trabajo, le facilitó una foto de la víctima y le contó que lo podían encontrar en un pub de Valencia. Los tres condenados fueron hasta la zona indicada por la mujer y localizaron a tres jóvenes en una terraza, uno de los cuales tenía un parecido físico con la foto facilitada por la inductora.

El autor de los hechos le lanzó a la cara un vaso lleno de ácido sulfúrico al confundir al joven con la persona que debía ser su objetivo. La víctima perdió la visión total del ojo izquierdo y parcial del derecho. Además, sufrió quemaduras de tercer grado en la cara y el cuello, y problemas psicológicos, entre otras lesiones.

Categories: Jurisprudencia

Condenado a 18 años de prisión por matar a su pareja tras golpearla con un palo con clavos de metal y una llave inglesa

Thu, 04/20/2017 - 13:20

La Audiencia de Alicante ha condenado a 18 años de prisión a un hombre que en 2015 mató a su pareja sentimental de una paliza, en la que, además de puñetazos y patadas, usó para agredirla un palo de madera con clavos de metal en los extremos.

La Sección Séptima, con sede en Elche, le considera autor e un delito de asesinato, después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad. La sentencia aprecia la agravante de parentesco y las atenuantes de confesión y de actuar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. El hombre deberá indemnizar con 150.000 euros a los familiares de la víctima.

Los hechos sucedieron en noviembre de 2015 en una vivienda abandonada de la partida El Altet de Elche, donde la pareja discutió. Durante la disputa, el hombre propinó a la mujer varias patadas y puñetazos. Posteriormente, cogió un palo de madera con clavos y le clavó las puntas metálicas hasta diez veces en las piernas. Por último, la agredió con una llave inglesa de 20 centímetros, con la que la golpeó en repetidas ocasiones. La mujer murió en el acto por shock politraumático.

Tras el asesinato, el condenado, que había consumido alcohol durante las horas previas a los hechos, salió de la vivienda abandonada para pedir ayuda, y confesó los hechos a la Policía.

Categories: Jurisprudencia

Condenada por utilizar sus dos tiendas para blanquear el dinero de Emarsa obtenido ilícitamente por su marido, exalto cargo de la Generalitat Valenciana

Wed, 04/19/2017 - 11:50

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha condenado a cuatro meses de prisión y a una multa de 62.000 euros a la mujer de Ignacio Bernácer, ex jefe de explotaciones de la EPSAR, por permitir que éste ingresara en sus cuentas bancarias parte del dinero público que detrajo ilícitamente de la Empresa Metropolita de Aguas Residuales (EMARSA).

Se trata de una sentencia de conformidad tras el pacto alcanzado por la Fiscalía y la acusada. El juez se limita a comprobar que la calificación jurídica de los hechos es correcta y que la pena solicitada se ajusta a Derecho.

El juicio rápido de conformidad por esta pieza separada del “caso Emarsa” se celebró ayer. La mujer del exalto cargo de la Conselleria de Agricultura reconoció los hechos y se declaró culpable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Admitió que en las cuentas bancarias que utilizaba para sus dos negocios, una frutería y un taller de tapicería, permitió que “se realizasen de forma continuada ingresos en efectivo procedentes de una actividad ilícita, los cuales se fueron mezclando con los procedentes de su actividad profesional, encubriéndose así su origen delictivo”. Y lo hizo “sin adoptar ningún tipo de cautela tendente a esclarecer el origen de los fondos que iban siendo inyectados” en tales cuentas.

El importe total de ingresos de fondos ilegales que tuvieron entrada en las cuentas en las que participa la acusada como titular o cotitular fue superior a los 93.000 euros.

Su confesión le ha permitido beneficiarse de una reducción de un tercio en la pena de seis meses de cárcel y 93.000 euros de multa que inicialmente solicitó el Ministerio Público.

El juez acepta también la petición de la Fiscalía para que la pena de prisión le sea sustituida por la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad durante 120 días.

La sentencia recuerda que el marido de la condenada, está acusado por su presunta participación en la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial en la pieza principal del “caso Emarsa” cuyo juicio está previsto para el 2 de mayo.

Estos hechos, que él ha reconocido en un escrito presentado ante el Tribunal que ha de juzgarle y por los que ha pagado 400.000 euros para reparar parcialmente el daño causado, se remontan a los años 2004 a 2010. Según la Fiscalía, se produjo un desvío de fondos públicos por parte de los gestores de Emarsa. En estos hechos habría particpado Bernácer como jefe de departamento de explotaciones de la EPSAR, entidad pública que, junto a la EMSHI, transfirió fondos públicos a la primera para la gestión y explotación de la estación depuradora de Pinedo (Valencia).

La sentencia recoge los escritos de las acusaciones, según los cuales “los gestores de la empresa pública, concertados con otra personas físicas y jurídicas, diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar distintas partidas de los presupuestos de la EPSAR, organismo público dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, con los que financiaba el coste de la explotación de la EDAR de Pinedo, cuya gestión correspondía a Emarsa”.

Lo hicieron, según las acusaciones, “con la única finalidad de apropiarse de la diferencia existente entre el valor real de los servicios incluidos en dichas partidas y el coste con el que estaban siendo financiados. Recibidos los fondos públicos y deducido de lo satisfecho el valor del coste real del servicio prestado por otra empresa no investigada, los acusados hacían suyos los fondos públicos detraídos, principalmente, en efectivo, bien mediante la retirada de los mismos por ventanilla bien mediante el empleo de distintas tarjetas bancarias asociadas a las cuentas beneficiarias de los fondos públicos”.

Categories: Jurisprudencia

Condenado a cuatro años y medio de cárcel el médico del Clínico de Valencia que sacó medicamentos con la tarjeta de un familiar

Wed, 04/19/2017 - 11:40

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un médico del Hospital Clínico que falsificó recetas para sacar medicamentos del Servicio de Farmacia del centro sanitario a nombre de un familiar, incluso cuando éste ya había fallecido. El Tribunal le considera culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial, en concurso con un delito de estafa a la Administración.

La sentencia, dictada después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad, le impone una multa de 6.765 euros y le inhabilita para ejercer cargo público durante cuatro años. Además, el facultativo deberá indemnizar a la Generalitat Valenciana con cerca de 7.000 euros, precio estimado de los medicamentos que obtuvo con el SIP de su tío.

Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando el condenado sacó hasta 14 cajas del medicamento “Revatio” de la unidad de Farmacia del Clínico, con la tarjeta sanitaria de su familiar. Según la sentencia, el médico, jefe de sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, hizo creer al responsable de Farmacia del centro sanitario que su familiar necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar, por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de 2009.

De este modo, el médico sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío, aquejado de una enfermedad pulmonar.

De hecho, y según el relato de hechos probados, el familiar enfermo sufría una patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el “Revatio” estaba contraindicada. El tío del condenado falleció en septiembre de 2010, pero él no comunicó la muerte, y sacó cinco cajas más del mismo fármaco hasta abril de 2011.

En el juicio explicó que estas últimas dosis eran para su padre que, según aseguró, tenía también una dolencia pulmonar. El precio de cada caja de “Revatio”, medicamento también indicado para tratar la disfunción eréctil, estaba valorado en 500 euros.

La sentencia considera que no ha quedado probado el uso que el jefe de Urgencias del Clínico dio al fármaco que consiguió irregularmente, pero descarta que su intención fuera tratar con dichas pastillas a sus familiares.

La sentencia explica que cuando en una receta oficial consta algo incierto y el destino de la medicación no es el tratamiento del enfermo cuya patología se usa como excusa “para generar la apariencia necesaria para conseguir que el servicio de Farmacia expida la medicación”, quien se responsabiliza de la prescripción como médico “incurre en una falsa narración de los hechos relevantes del documento, es decir, en falsedad”.

El magistrado presidente del Tribunal del Jurado considera que en este caso la falsedad la comete un funcionario público que actúa dentro de sus funciones al rellenar el documento.

Por último, concreta que la actuación del acusado responde a un delito de estafa a la Administración Pública, ya que el engaño al responsable de Farmacia provocó un perjuicio patrimonial para las arcas públicas, en el importe de los medicamentos suministrados.

 

Categories: Jurisprudencia

El TSJ de la Comunidad Valenciana rechaza suspender por la vía de urgencia la decisión de la Conselleria de revertir la concesión del área de salud de Alzira a Ribera Salud

Tue, 04/18/2017 - 13:40

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la petición de Ribera Salud para suspender por la vía de urgencia las normas aprobadas por la Generalitat Valenciana para recuperar la gestión del departamento de salud de Alzira.

La Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 5ª), que tramita el recurso interpuesto por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud II contra las normas aprobadas por la Consellería de Sanidad para revertir la concesión que expira en marzo del próximo año, considera que no existen “circunstancias de especial urgencia” ni daños irreversibles que justifiquen una medida tan excepcional como la suspensión del acto administrativo sin escuchar a la administración demandada.

El Tribunal rechaza así la suspensión de dichas normas como medida cautelarísima pese a que la empresa recurrente alegaba “gravísimos e inminentes daños” para reclamar que la decisión de Sanidad se suspendiera en un plazo máximo de dos días y sin escuchar a la Abogacía de la Generalitat.

En su auto, la Sala explica que “en el presente caso, la parte recurrente estima de aplicación este precepto no obstante, no se aprecian de sus alegaciones en relación con la naturaleza del acto administrativo objeto de impugnación la concurrencia de condiciones que hagan aconsejable tal medida cuya naturaleza excepcional nace del propio hecho de la adopción de la medida inaudita parte por lo que debe reservarse para casos en los que la urgencia se derive de la naturaleza del acto, de la irreversibilidad de la situación y de la urgencia implícita en todas estas características, circunstancias que no son de apreciar en el presente caso”.

Por tal motivo, el TSJCV acuerda tramitar por la vía ordinaria la petición de suspensión cautelar de la resolución administrativa en tanto se resuelve el fondo del asunto.

Categories: Jurisprudencia

Condenado el jefe de sala de un bingo por quedarse con dinero de la recaudación

Tue, 04/18/2017 - 11:10

La Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año y nueve meses de prisión al jefe de sala de un bingo de Elda que se quedó con cerca de 44.000 euros procedentes de la recaudación diaria, y de la caja. La Sala le considera culpable de un delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de dilaciones indebidas. Además, el condenado deberá indemnizar al bingo con más de 44.000 euros.

Los hechos sucedieron en 2011 cuando el condenado trabajaba como jefe de sala en un bingo de Elda. El hombre se encargaba de llevar la recaudación del establecimiento a un buzón de ingresos de una oficina bancaria. Para ello, metía el dinero en efectivo en una bolsa de plástico, junto a una nota con el importe para que, posteriormente, los empleados del banco ingresaran la cantidad en la cuenta del bingo. Según el relato de hechos probados, entre el 3 y el 16 de noviembre, el condenado no depositó la bolsa en el buzón, y se quedó con más de 35.000 euros. Días después, el empleado sufrió un infarto, por lo que dejó de trabajar, momento que la empresa aprovechó para comprobar los fondos de caja del bingo, y averiguó que faltaban más de 9.000 euros de caja, que estaban a cargo del condenado.

 

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El TSJCV confirma 15 años de prisión para el hombre que mató a un vecino porque le molestaban los ladridos de sus perros

Tue, 04/18/2017 - 11:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a 15 años de prisión al hombre que mató a su vecino en Benicarló porque le molestaban los ladridos de sus perros. El TSJ confirma así la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Castellón en noviembre de 2016 por un delito de asesinato, tras un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

Los hechos sucedieron en agosto de 2014 en una finca de Benicarló, en la que dos matrimonios estaban enemistados por las molestias y ruidos de los perros de una de las parejas. El día del suceso, la pareja del agresor escuchó a sus vecinos entrar en el portal; salió a su encuentro y abordó en el descansillo a su vecina a la que recriminó las molestias que le ocasionaban los ladridos de sus perros. El acusado, que había visto salir a su mujer, escuchó desde casa la discusión, cogió una escopeta y salió de la vivienda. En la escalera se topó con su vecino y le pegó un tiro en la cabeza. El hombre murió en el acto.

En su resolución, la Sala desestima el recurso presentado por el acusado contra la sentencia de la Audiencia, pero estima parcialmente el presentado por la acusación y la Fiscalía en el que se solicitaba que no se apreciara la atenuante de dilaciones indebidas. El TSJ revoca por tanto la sentencia, pero solo en lo relativo a la estimación de esta atenuante, y no modifica la pena de prisión de 15 años.

 

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Penal 8 de Valencia absuelve al exgerente de EPSAR por contratar cinco personas sin el informe de Conselleria de Hacienda

Wed, 04/12/2017 - 12:50

El Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha absuelto al exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR, José Juan Morenilla, acusado de un delito de prevaricación administrativa, por contratar a cinco trabajadores sin el informe previo de la Conselleria de Hacienda.

En la sentencia, el juez reconoce que Morenilla “gestionó una empresa pública como si se tratara de una empresa privada”, pero no considera injusta ni arbitraria la contratación de las cinco personas ya que “fue adoptada por el acusado no inspirada en meras intenciones torticeras o intereses espurios, sino por el contrario pensando únicamente en la mejora de la gestión de la empresa, justificándose por causas organizativas”.

La resolución añade que las contrataciones no tenían la intención de “enchufar” a personas con vinculaciones personales, y no considera acreditada ninguna relación personal o familiar con el gerente de la empresa, “siendo todas ellas personas con suficiente capacitación académica y experiencia profesional para los cargos”.

Los hechos sucedieron entre los años 2006 a 2008 cuando el entonces gerente de la empresa pública EPSAR contrató a cinco personas para los departamentos de Proyectos y Obras, Contratación y Jurídico, Asesoría, Gestión e Informática, sin recabar el preceptivo informe previo de la Dirección General de Presupuesto de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

El Fiscal solicitaba para José Juan Morenilla, que también está acusado en la pieza principal del caso Emarsa por las irregularidades en la gestión de la Depuradora de Pinedo, una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Categories: Jurisprudencia

El juez mantiene en libertad al investigado por el crimen de la viuda del presidente de la CAM

Thu, 04/06/2017 - 12:33

El juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha confirmado la libertad para el investigado por el crimen de la viuda del presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que salió de prisión tras pagar la fianza de 150.000 euros que le fue impuesta.

El instructor confirma también las medidas cautelares dictadas en su auto del 20 de marzo, en el que se obliga al yerno de la fallecida a comparecer semanalmente ante el juzgado y se le prohíbe salir del país y acceder a las instalaciones de la empresa Novocar, concesionario de coches en el que se produjo el crimen.

El juez rechaza así los recursos de reforma interpuestos por la Fiscalía y la acusación particular contra su decisión de excarcelar al sospechoso ya que entiende que no han argumentado suficientemente la necesidad de modificar esas medidas.

El instructor añade que no hay contradicción entre su decisión de encarcelar al presunto autor del crimen tras su detención porque fue “fruto precisamente del carácter inicial de la imputación” y la posterior decisión por la que el investigado podía eludir la prisión si pagaba una fianza, “basada en una nueva valoración de las circunstancias concretas del caso, tanto personales del investigado como del estadio de desarrollo y avance del procedimiento”.

En su resolución, el juez rechaza la petición del Ministerio Fiscal, que solicitaba que el investigado no pudiera comunicarse con los trabajadores del concesionario de coches, ni personalmente, ni a través de terceras personas. A este respecto, el instructor considera que la prohibición de acceso a la empresa es “bastante y proporcionada”, para evitar cualquier “presión que pudiera derivarse de la presencia del investigado como superior directivo de la empresa sobre sus trabajadores”.

El titular de Instrucción 7 de Alicante, no aprecia riesgo de reiteración delictiva. Por eso, desestima también la petición del hijo de la víctima y cuñado del investigado, que ejerce la acusación particular, para que el investigado no pudiera acercarse a su vivienda. El instructor explica que la convivencia en una misma finca, con parcelas valladas independientes, de los dos cuñados, puede generar una “extraordinaria penosidad”, pero no evidencia “una situación objetiva de riesgo” que justifique la adopción de la medida. Añade que la medida solicitada no evitaría la posibilidad de encuentros accidentales ya que “continuaría produciéndose una convivencia próxima”.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Valencia condena a una inquilina que dañó el piso en el que vivía cuando el dueño la echó por impago

Thu, 04/06/2017 - 11:00

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una multa de 1.260 euros a la inquilina de un piso de alquiler que rompió de forma intencionada instalaciones y objetos antes de abandonarlo por impago de la renta.

La Sala, que confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia, la considera responsable de un delito de daños y le obliga a indemnizar a la propietaria de la vivienda con 929 euros, cifra en la que se tasaron los daños causado en la vivienda, que quedó, según recoge la resolución, en unas “penosas condiciones de habitabilidad”.

Los hechos sucedieron en 2015 cuando la condenada, que llevaba varios meses sin pagar la mensualidad y otros gastos, se vio obligada a abandonar el inmueble, en el que vivía alquilada desde el año 2012 en Valencia. Antes de dejar la casa, partió cuatro puertas de acceso a las habitaciones y rompió dos sillas y un canapé de láminas lumbares de una cama.

La vivienda también presentaba daños en la cerradura de la puerta de entrada, en los interruptores de la luz, persianas, espejos, mamparas y muebles, pero la sentencia no considera probado que fueran causados por la condenada de forma intencionada, sino que responden a un uso negligente de la vivienda.

La Sala, además, rechaza la pretensión de la condena de que la fianza, que no le fue devuelta, sea considerada una deuda de la propietaria de la vivienda.

A este respecto, la sentencia señala que “no es la deuda declarada en la sentencia recurrida la única que pudiera ostentar la perjudicada frente a la acusada ni ha sido, ni podía ser, objeto de este procedimiento determinar si todavía se mantenía vigente la obligación de la perjudicada de devolver la fianza o tal obligación ya se ha extinguido por haberse aplicado al pago de otra deuda pendiente”.

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El juez imputa delitos de corrupción y organización criminal a los 5 detenidos por el amaño de partidos del equipo de fútbol de Elda

Wed, 04/05/2017 - 16:00

El Juzgado de Instrucción número 1 de Elda (Alicante), en funciones de guardia, ha tomado hoy declaración a cinco personas vinculadas al Club Deportivo Eldense, detenidas por su relación con una organización internacional dedicada al amaño de partidos de fútbol para la obtención de beneficios económicos a través de apuestas deportivas.

El magistrado ha acordado la libertad de los cinco arrestados (dos jugadores de este club, de segunda división B; dos entrenadores -un español y un italiano- y el representante del grupo inversor, también italiano), a quienes imputa un delito de corrupción entre particulares y otro de pertenencia a organización criminal.

Los cinco mantienen la condición de investigados. El juez les impone medidas cautelares: los tres españoles tienen prohibido salir del territorio nacional; los dos italianos, no pueden salir de la Unión Europea.

Además, al responsable del grupo inversor que gestiona el equipo eldense se le impone la obligación de comparecer en el Juzgado dos veces al mes.

En su comparecencia ante el instructor, los dos jugadores y el entrenador español del equipo de fútbol de Elda se han acogido a su derecho a no declarar.

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El juez impone fianzas de hasta 6.000 euros a los detenidos por robar combustible en oleoductos

Wed, 04/05/2017 - 11:50

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), que investiga el robo organizado de combustible en oleoductos en varias provincias de España, ha impuesto fianzas de 6.000 euros para dos de los detenidos en la causa. Para un tercer arrestado, el juez ha establecido una fianza de 3.000 euros.

Los investigados, a los que se les imputan los delitos de estragos, integración en grupo criminal y robo con fuerza con la agravante de hidrocarburos, tienen diez días para hacer frente a estas fianzas. En caso contrario, ingresarán en prisión.

Para otros tres detenidos, el juez ha decretado libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte y obligación de comparecencia periódica ante el juzgado.

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La Audiencia de Castellón condena a tres años de prisión a un hombre que agredió a otro por hacerle un saludo nazi

Tue, 04/04/2017 - 09:30

La Sección Primera de la Audiencia de Castellón ha condenado a tres años de prisión a un hombre que le pegó un puñetazo en la boca a otro y le rompió cuatro dientes.

La Sala le considera culpable de un delito de lesiones, aprecia la la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone además la obligación de indemnizar a la víctima con 4.250 euros.

Los hechos sucedieron el día de Navidad de 2013 en las inmediaciones de una discoteca de La Vall d’uxò cuando el condenado fue a comprar hielo a una gasolinera cercana al establecimiento y encontró a un conocido.

Éste le saludó con una extensión de brazo al estilo nazi. El hombre le advirtió de que no lo volviera a hacer, le dio un puñetazo en la boca y le tiró al suelo. Como consecuencia del golpe le rompió cuatro dientes.

El agredido necesitó tratamiento odontológico para reconstruir la dentadura, que le costó más de 3.000 euros.

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El juez condena al “cerebro” del 'caso Emarsa' y a otros dos empresarios por delitos contra la hacienda pública y falsedad

Mon, 04/03/2017 - 13:37

El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha condenado a dos años de prisión al considerado “cerebro” del 'caso Emarsa', Jorge I. R. , y a otros dos empresarios, por simular una operación comercial para la exportación de 10.000 taxis a Pakistán. La sentencia impone además para cada uno de los acusados una multa de 300.000 euros.

Según recoge la sentencia, por esta operación Jorge I. R. percibió 600.000 euros por unos trabajos de asesoramiento e intermediación que no llegó a realizar. A su vez, los empresarios se dedujeron ese gasto para aminorar su cuota a Hacienda, para lo que se sirvieron de una red formada por varias empresas interpuestas.

El juez considera a Jorge I. R. cooperador necesario de un delito contra la Hacienda Pública y autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En cuanto a los otros dos empresarios condenados, les considera autores de un delito contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil.

El titular de Penal 2 absuelve a un cuarto empresario que también estaba acusado en la causa.

En cuanto a la responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar a Hacienda con cerca de 198.000 euros más intereses, que corresponden a la cuota defraudada en el ejercicio 2008.

La de Penal 2 es la primera condena para Jorge I. R.en una de las piezas separadas del “caso Emarsa”. La pieza principal, en la que se investigan las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo, comenzará a juzgarse el próximo dos de mayo en la Sección 1ª de la Audiencia de Valencia.

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El TSJCV desestima los recursos de Pablo Crespo y Álvaro Pérez, condenados en el Caso Gürtel, y les mantiene en prisión provisional

Mon, 04/03/2017 - 12:39

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por Pablo Crespo y Álvaro Pérez contra la prisión provisional que acordó la Sala tras ser condenados a 13 años y 3 meses de prisión y 12 años y tres meses de prisión.

El Tribunal les consideró culpables de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho en el caso Gürtel por las adjudicaciones irregulares de la Generalitat Valenciana al grupo Correa para el montaje del expositor de la Comunidad en Fitur en las ediciones de 2005 a 2009.

Tras la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos condenados, sin esperar a que el Supremo resuelva los recursos interpuestos. El Tribunal tomó esta decisión conforme al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar riesgo de fuga por la gravedad de las condenas y por los otros procedimientos en los que están incursos.

Los magistrados consideran que persisten los motivos por los que se acordó la prisión provisional en febrero y rechazan la comparación que Crespo y Pérez hacen de su situación con la de otros condenados en casos mediáticos como Iñaki Urdangarín en el “caso Noos”, Rodrigo Rato y Miguel Blesa en el caso de las tarjetas black o el conocido como Madoff español.

 

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