TSJ Castilla y León

Subscribe to TSJ Castilla y León feed
Noticias Judiciales TSJ Castilla y León
Updated: 4 days 4 hours ago

El jurado declara al acusado culpable de haber causado intencionadamente la muerte de la peregrina estadounidense

Wed, 04/05/2017 - 13:20

El jurado ha dado lectura este miércoles en la Audiencia Provincial de León al veredicto conforme al cual se declara al acusado Miguel Ángel M. B. culpable (mayoría de 8 votos contra uno) de haber causado intencionadamente la muerte de Denise Pikka Thiem de forma sorpresiva y sin que la víctima pudiera advertirlo o se pudiera defender.

El jurado declara además al acusado culpable, por unanimidad, de haber sustraído y hecho suyos, con ánimo de lucro, objetos de la víctima.

El Jurado declara no probado y, por lo tanto, rechaza que el acusado, en el momento de cometer los hechos, padeciese una grave enfermedad psíquica que anulase totalmente, limitase gravemente o afectase ligeramente sus normales capacidades de conocimiento y voluntad.

Finalmente, el jurado emite por una unanimidad su criterio contrario a que se pida en la sentencia el indulto para el acusado.

Categories: Jurisprudencia

El TSJCyL reconoce el derecho a la carrera profesional del personal sanitario interino de larga duración

Mon, 04/03/2017 - 07:00

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha confirmado el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Valladolid que reconoce el derecho del personal sanitario estatutario interino de larga duración a participar en los procedimientos convocados para el reconocimiento del grado correspondiente de carrera profesional.

Como antecedentes a la resolución dictada ahora por la Sala, cabe recordar que la misma ya se pronunció en abril de 2014 indicando que la Gerencia Regional de Salud estaba obligada a convocar el oportuno procedimiento para el reconocimiento del grado de carrera profesional a los profesionales sanitarios correspondiente al año 2010, que había quedado suspendido por decisión de la Administración.

Como consecuencia de dicha resolución de 2014 y en ejecución de la misma, la Administración convocó en 2015 los procedimientos correspondientes a cada uno de los grados profesionales, pero no permitió participar en los mismos al personal estatutario interino al no ser personal estatutario fijo, considerando que sólo éstos tenían derecho a la carrera profesional.

La sentencia dictada ahora por la Sala resuelve la controversia al reconocer al personal interino de larga duración el derecho a participar en los respectivos procedimientos convocados.

La Sala viene aplicando una doctrina que va en la línea de la declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reconocer derechos al personal interino de larga duración.

Categories: Jurisprudencia

Un juzgado condena al Ayuntamiento de Burgos a devolver el impuesto de plusvalías a un ciudadano que vendió un inmueble con pérdidas

Fri, 03/31/2017 - 11:44

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Burgos ha estimado el recurso interpuesto por un ciudadano que vendió un inmueble en menos precio del que lo compró contra el Ayuntamiento de Burgos por el cobro del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (impuesto de plusvalías). El Juzgado ha anulado la autoliquidación presentada en su día por el recurrente y ha condenado al Ayuntamiento a devolver lo cobrado ya que dicha liquidación es contraria a derecho.

El Juzgado ha aceptado la alegación del demandante respecto a que no se ha producido el hecho imponible del impuesto autoliquidado ya que ha existido una pérdida de valor del inmueble desde su adquisición hasta su transmisión. En este sentido, el recurrente alegó que el hecho imponible del impuesto exige un incremento real del valor del terreno de manera que, cuando ese incremento no se produce, no se puede liquidar el citado impuesto.

Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, el demandante ha acreditado suficientemente que en el periodo de tiempo que transcurre entre el momento en el que adquiere el inmueble (julio de 2007) y el que se vende (enero de 2016), no ha existido ningún incremento del valor del terreno.

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos no ha aportado, según la resolución, ninguna prueba de la que pueda deducirse, de manera objetiva, que se ha producido un incremento real del valor del terreno en dicho periodo más allá de la consideración general del terreno en que se ubica, que ha venido gozando de una mayor dotación de usos.

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció el pasado mes de febrero sobre el impuesto de las plusvalías declarándolo nulo en los casos en que se “somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor”.

El TC ha dictado una segunda resolución hace unos días en este mismo sentido en la que insiste en que “en ningún caso se puede establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.

Categories: Jurisprudencia

El TSJCyL considera que el horario de Religión en Primaria fijado por la Junta se ajusta a derecho

Fri, 03/31/2017 - 08:51

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCyL ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPRECE) contra el decreto de la Junta de Castilla y León que establece el currículo y regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la comunidad, al considerar que la regulación contenida en el mismo respecto de la asignatura de Religión no vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa, ni la Ley Orgánica 2/2006 de Educación -modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)-, ni tampoco el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.

La Sala entiende que la LOMCE no establece el horario para una asignatura como Religión, sino que corresponde a cada comunidad determinar la carga horaria de esta asignatura en el ejercicio de sus competencias, lo que supone admitir que su regulación y, por tanto, su horario puedan ser diferentes en cada comunidad.

La Sala cree que con la regulación contenida en el decreto impugnado, la comunidad ha fijado la carga horaria de la asignatura respetando su tratamiento en “condiciones equiparables” a las demás, lo que no supone que deban ser idénticas como señala el Tribunal Supremo.

El concepto “condiciones equiparables”, según esta jurisprudencia del Supremo, es un concepto jurídico indeterminado que debe ser integrado por el resto de la normativa y que no cabe asimilar únicamente al horario, sino que requiere un análisis conjunto y global de todas condiciones de la asignatura, pues no significa que el horario de la asignatura deba ser “equiparable” al de las demás específicas.

Por otro lado, la Sala señala que no se acredita, y tampoco se alega, que el horario establecido no permita impartir la asignatura en las mismas condiciones que las demás específicas, ni que sea insuficiente para su impartición. Así mismo, no se aprecia que el horario fijado sea irrelevante o no sea reconocible en el conjunto de las específicas.

Categories: Jurisprudencia

El TSJCyL desestima el recurso contra la modificación del PGOU de Valladolid que permitía la construcción del nuevo complejo ferroviario

Thu, 03/30/2017 - 11:13

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCyL ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Ecologistas en Acción contra la Orden FYM/213/2015, de 4 de marzo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el Área Homogénea 5 “Páramo de San Isidro” mediante sentencia de fecha 29 de marzo de 2017.

La Sala estima que no se ha incurrido en desviación de poder porque el principal motivo por el que resultó anulada la Orden FOM/1840/2008, de 6 de octubre, en virtud de la sentencia de 14 de febrero de 2013, fue la ausencia de la necesaria Evaluación de Impacto Ambiental previa a la aprobación definitiva de la Modificación por ella operada, situación que en el presente supuesto no concurre, pues se ha efectuado esa evaluación.

Además, en segundo término, el otro motivo de anulación fundamentado en la sentencia citada hacía referencia a que no se justificaba en la Memoria de aquella MPGOU, que es donde ha de establecerse, la necesidad de ampliar el suelo urbanizable delimitado del Plan General con un nuevo sector de uso predominantemente residencial para atender necesidades que lo justifiquen, algo aquí no sucede porque sí se aprecia la motivación necesaria: en la ciudad de Valladolid se está desarrollando la denominada “Operación ferroviaria” que, con el objetivo final de lograr la transformación e integración de la red arterial ferroviaria y de llevar a cabo la operación urbanística que para la ciudad dicha transformación conlleva, implica la realización de una serie de actuaciones coordinadas y conjuntas para el desarrollo de las obras derivadas de la Red Arterial Ferroviaria (R.A.F.) de Valladolid, mediante Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid con fecha 6 de noviembre de 2002, que recoge entre sus estipulaciones la obligación del Ayuntamiento de Valladolid de aportar libres de cargas los terrenos necesarios para la construcción del Nuevo Complejo Ferroviario (NCF) en la variante Este.

La Sala señala además que las obras de los nuevos talleres en el complejo ferroviario, amparadas por el correspondiente Proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial ferroviaria, se encuentran prácticamente ejecutadas, estando previsto el traslado de los actuales talleres a los nuevos en el Área Homogénea 5 a lo largo de este año (año en el que se redacta la memoria).

La finalidad de la modificación no es tanto obtener la reclasificación de suelo urbanizable residencial sino la de conseguir la obtención de suelo de equipamiento para llevar a cabo el nuevo complejo ferroviario, completando las determinaciones de ordenación general exigibles para el suelo urbanizable, lo que además compagina con un dato fáctico cual es que de la totalidad de la superficie a la que afecta la modificación (1.593.278,38 m2) la mayor parte se desglosa como Sistema General de Equipamiento y de Espacios Libres, destinando a Sistema General de equipamiento EQ63 una superficie de 727.740,95 m2, siendo precisamente el SG EQ63 el contemplado para albergar el denominado Nuevo Complejo Ferroviario, y destinando 658.334,39 m2 para el Sector 53- para el que se establece el uso global “Residencial”.

Categories: Jurisprudencia

El TSJ de Castilla y León confirma la sentencia que da razón a una maestra embarazada que no tomó posesión como interina

Wed, 03/29/2017 - 10:20

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCyL ha confirmado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Valladolid, que declaraba la nulidad de una resolución de la Dirección Provincial de Educación de Burgos por la que se acordaba no formalizar contrato de interinidad para sustituciones en el cuerpo de Maestros del curso 2015/2016 a una aspirante en situación de embarazo.

La sentencia parte del hecho de que no nos encontramos ante un proceso específico de enfermedad de lumbalgia ordinaria, sino que -como recogen todos los partes médicos de baja y de confirmación- se trata de una lumbalgia durante el embarazo, por lo que dicha baja médica se ha realizado contemplando el embarazo.

La sentencia señala que ha de entenderse que, para que la mujer no sufra discriminación alguna por dicha situación de embarazo, todas las consecuencias perjudiciales para ella, derivadas de este proceso biológico, deberán ser proscritas. Por ello, según la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2001, la no toma de posesión en un puesto de interinidad como funcionaria supone una discriminación basada en el sexo, que hace a la mujer de “peor condición que a los varones”.

La Sala entiende, por tanto, que la condición de embarazada es la que ha impedido a la aspirante acceder al régimen funcionarial, en condición de interina en el cuerpo de Maestros para el inicio del curso 2015/2016. Para evitar la discriminación, se deben producir la plenitud de efectos propios del nombramiento como funcionaria, sin perjuicio de su ulterior baja por enfermedad.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Provincial de León condena a 21 años de prisión al autor material del crimen de Roberto Larralde

Tue, 03/21/2017 - 15:38

La Audiencia Provincial de León ha condenado a José Ramón V.M. como autor criminalmente responsable en grado de consumación, de un delito de asesinato, con alevosía, concurriendo la circunstancia agravante de precio, recompensa o promesa, a la pena de 20 años de prisión. Además, ha sido condenado a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres, hermanos e hijos del fallecido en una distancia inferior a doscientos metros y durante un tiempo de 22 años. También ha sido condenado como autor de un delito de tenencia ilícita de armas a la pena de un año de prisión.

La Audiencia ha condenado igualmente al acusado Julio L.D. como autor criminalmente responsable en grado de consumación de un delito de asesinato, con alevosía, a la pena de 18 años de prisión. Además, ha sido condenado a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres, hermanos e hijos del fallecido en una distancia inferior a 200 metros y durante un tiempo de 20 años.

La Audiencia también ha condenado a la acusada Miriam C.J. como autora criminalmente responsable en grado de consumación de un delito de asesinato con alevosía, concurriendo la circunstancia agravante mixta de parentesco, a la pena de 17 años y siete meses de prisión. Además, ha sido condenada a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres y hermanos del fallecido en una distancia inferior a 200 metros y durante un tiempo de 19 años. Además, la audiencia ha resuelto la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos menores.

La Audiencia ha condenado así mismo al acusado Froilán A.S. como autor criminalmente responsable en grado de consumación de un delito de asesinato, con alevosía, a la pena de 15 de prisión. Además, ha sido condenado a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres y hermanos del fallecido en una distancia inferior a 200s metros y durante un tiempo de 17 años.

Por su parte, el acusado Antonio G.R. ha sido condenado, como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, concurriendo la circunstancia atenuante de confesión, a la pena de un año de prisión.

El acusado Adrián M.R. ha sido condenado, como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, concurriendo la circunstancia atenuante de confesión, a la pena de un año de prisión.

La Audiencia ha absuelto al acusado Carlos H.R.C. del delito de asesinato por el que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables, y dejando sin efecto cuantas medidas se hubiesen acordado en relación con el mismo.

Los acusados José Ramón V.M., Julio L.D., Miriam C.J. y Froilán A.S. indemnizarán conjunta y solidariamente a cada uno de los dos hijos del fallecido en la persona de su representante legal, en la cantidad de 145.519 euros y a cada uno de los padres del fallecido en la cantidad de 12.653 euros.

Categories: Jurisprudencia

El TSJ de Castilla y León reduce la superficie de explotación de la mina de Borobia (Soria)

Fri, 03/17/2017 - 14:38

La Sala Contencioso-administrativo del TSJCyL, con sede en Burgos, ha estimación parcialmente el recurso interpuesto por la comunidad autónoma de Aragón contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León de 17 de septiembre de 2013 por la que se desestima el requerimiento previo formulado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón contra la Resolución de 4 de junio de 2013 de la citada Dirección General de Energía y Minas por la que se otorga a Magnesitas y Dolomías de Borobia, S.L. la concesión directa de la explotación San Pablo nº 1373 para recursos de magnesita en Borobia (Soria) con una superficie de 16 cuadrículas mineras.

Por lo tanto, de la mencionada resolución de 4 de junio de 2013, la Sala ha anulado el extremo relativo a que la concesión lo es “con una superficie de 16 cuadrículas mineras”, por no ser conforme a derecho, para en su lugar disponer que el otorgamiento de la concesión directa de la explotación denominada “San Pablo” nº 1373 para recursos de magnesita lo es para “la superficie de las seis cuadrículas mineras a que se refiere la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en su apartado de 1.Actividad evaluada”.

La Sala ha tomado esta decisión porque el proyecto de concesión minera está sujeto a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y esa declaración no se realizó sobre las 16 cuadrículas mineras sino sobre seis.
En los fundamentos jurídicos decimotercero a decimoctavo de la resolución se explica todo lo relativo al impacto ambiental. En el vigesimosegundo, puede consultarse la decisión de otorgar la concesión directa de la explotación para seis cuadrículas en lugar de las 16 previstas.

 

Categories: Jurisprudencia

El TSJCyL anula parcialmente un concurso de méritos de 2014 para la provisión de algunas plazas de funcionarios

Fri, 03/17/2017 - 12:47

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, al conocer el recurso de apelación número 561/2016, ha procedido a la anulación de la resolución de 5 de diciembre de 2014 de la Junta de Castilla y León mediante la que se convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al Personal Funcionario de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 pertenecientes a los Cuerpos Superior, de Gestión, Administrativo y Auxiliar y de otros Cuerpos y Escalas de la Administración especial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos.

La razón esencial de dicha sentencia es la de entender que, como principio general, la Administración se encuentra obligada a convocar todos los puestos de trabajo vacantes. La excepción a dicho principio general de convocatoria solo puede ser válida si se justifican motivadamente las causas por las que no se procede, dentro de lo que constituya el ámbito de la convocatoria, a la no provisión de determinados puestos.

En la referida sentencia se analizan los criterios que fueron esgrimidos por la Administración para justificar la provisión efectuada, criterios que solo se contenían en el preámbulo de la resolución de convocatoria, sin que se justificase en el expediente en concretos informes que lo apoyaran, como es exigible, aunque en el curso del procedimiento judicial se ha intentado completar dichas omisiones.

Esta justificación del preámbulo se ha estimado insuficiente, en cuanto solo se contenían fórmulas genéricas que tanto podían llevar a una solución como a la contraria. Por otro lado, la prueba practicada en el procedimiento corroboró que en la práctica tampoco se siguieron los propios criterios establecidos, lo que era demostrativo de la inconsistencia de los mismos.


No obstante la declaración de nulidad de la convocatoria, se ha efectuado con carácter parcial, manteniendo los actos de provisión ya realizados en ejecución de aquella, para evitar los perjuicios que derivarían de no respetar situaciones ya consolidadas, lo que obliga a la Administración a la provisión de los puestos no convocados, siguiendo los criterios establecidos en la propia sentencia.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de un magistrado que discrepa del criterio mayoritario de la Sala, particularmente en lo expuesto en el fundamento de derecho cuarto y siguientes.

En concreto, el magistrado señala que “no se puede partir, como dogma, de un principio general que obligue a la Administración a sacar todos los puestos vacantes a concurso, sino más bien de la existencia de una potestad de autoorganización cuyo ejercicio exige motivar el ámbito objetivo del concurso que convoca, según resulta del artículo 50.1, que ya no contempla este tipo de concursos como una excepción, y del artículo 81.1, citado ahora como pauta interpretativa, aun cuando aquí no sea de aplicación”.

Categories: Jurisprudencia

Un juzgado de Burgos archiva la investigación por maltrato a una joven en varias sesiones de exorcismo

Tue, 03/14/2017 - 14:52

El Juzgado de Instrucción 2 de Burgos ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba los delitos de malos tratos físicos y psíquicos, amenazas, coacciones y contra la integridad moral presuntamente cometidos en el ámbito familiar y en varias sesiones de exorcismo por una profesora de religión, un catequista, un sacerdote y unos padres contra una joven cuando era menor de edad.

La jueza señala, en un auto con fecha 10 de marzo, que “siguen sin existir indicios racionales de criminalidad suficientes de la comisión de los delitos imputados a los investigados tras realizar las diligencias de prueba ordenadas por la Audiencia Provincial en el auto de 13 de abril de 2015”. Pruebas que se completaron en su totalidad, excepto el informe de credibilidad del equipo psicosocial, “dada la negativa de la joven a ser reconocida y la imposibilidad manifestada por la perito de elaborar dicho informe prescindiendo de tal reconocimiento”.

El 7 de julio de 2016, la joven compareció en el Juzgado para prestar declaración en relación con el escrito de renuncia presentado el 27 de mayo de 2015 y aclarar su contenido. En la comparecencia, la joven manifestó que se acogía a su derecho a no declarar y presentó un nuevo escrito en el que se ratificaba en este sentido. Así, expuso que “su deseo de no declarar era voluntario y no sometido a ninguna presión” y explicó que “en el momento de su primera declaración en el Juzgado no veía las cosas como eran en realidad y que la versión que se ajusta más a la realidad es la que daba en el escrito que aportaba ese día y en el de mayo de 2015”.

Por otro lado, el informe médico forense del 27 de febrero de 2017 concluye que “no existe información objetiva alguna que permita dudar de la voluntariedad de la joven al realizar el manuscrito y llevar a cabo la comparecencia de mayo de 2015”. Además, dicho informe señala que “no hay datos para admitir un empeoramiento o agravación del estado de la joven por consecuencia de la práctica de los exorcismos, ni se constata la aparición de nuevas alteraciones que podrían ser consideradas como lesión psíquica”.

Primer archivo

La jueza ha recordado que en la resolución de sobreseimiento provisional dictada el 6 de octubre de 2015, revocada posteriormente por la Audiencia Provincial, se efectuaba un examen de la prueba practicada hasta ese momento y se llegaba a la conclusión que procedía dicho archivo.

Según la resolución, “la única prueba de cargo existente era la declaración de la víctima, quien el 27 de mayo de 2015 efectuó una comparecencia en este Juzgado manifestando que renunciaba a las acciones civiles y penales que le pudieran corresponder derivadas de las presentes actuaciones”, aportando un escrito el mismo sentido.

“La denunciante no mantenía su declaración inicial, ni en instrucción ni en el acto del juicio, de abrirse el mismo, acogiéndose previsiblemente a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no concurriendo tampoco, en caso de llegar a declarar en juicio, los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado para dictarse sentencia condenatoria basada únicamente en la declaración de la víctima”, señala el auto.

Categories: Jurisprudencia

El Tribunal Supremo avala la nueva autorización ambiental de la planta residuos de Ólvega (Soria)

Mon, 03/13/2017 - 10:30

La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la asociación Ecologistas en Acción Burgos contra la sentencia del TSJ de Castilla y León que consideró ajustada a derecho la orden de 10 de julio de 2014 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se concedió a la entidad Distiller, S.A., autorización ambiental para el proyecto de instalación de planta de gestión, tratamiento y recuperación de residuos en el término municipal de Ólvega (Soria).

El Supremo destaca que la nulidad decretada tanto por el TSJ castellanoleonés como por el Supremo de una autorización ambiental anterior, de 2009, otorgada por la Consejería autonómica de Medio Ambiente a la misma entidad para la planta de Ólvega, no tiene incidencia alguna en la que ahora han estudiado, que es de 10 de julio de 2014. Y ello es así porque la nueva orden “es consecuencia de un nuevo e íntegro proyecto, para el que se solicita el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada, y no de una modificación de la anterior e inicial autorización de 24 de noviembre de 2009”, que había sido anulada.

“En relación con este nuevo e íntegro proyecto se aprobó el correspondiente Estudio de impacto ambiental, mediante Resolución de 30 de mayo de 2014 (Expediente 39/08 EIA), constando, igualmente, Informe de compatibilidad urbanística del nuevo proyecto en relación con la normativa urbanística de aplicación, emitido en fecha de 23 de mayo de 2013. A mayor abundamiento, por el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León se elaboró Propuesta de Resolución de Autorización Ambiental Integrada que sería concedida por la Orden impugnada de 10 de julio de 2014”, indica el TS.

 

Categories: Jurisprudencia

Confirmada la validez de contratos swap firmados por la Real Fundación Hospital de la Reina de León con el Banco Santander Central

Thu, 03/09/2017 - 08:05

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que rechazó la demanda interpuesta por la Real Fundación Hospital de la Reina contra el Banco Santander Central solicitando la nulidad de los contratos de confirmación de permuta financiera de tipo de interés que firmó en 2006 y 2007 con dicha entidad bancaria. La sentencia recurrida consideró que la acción para anular el primero de los contratos había caducado por el transcurso de más de cuatro años entre la fecha de su cancelación anticipada (20 abril 2007) y la de presentación de la demanda (17 de mayo de 2012).

En relación con el vicio de consentimiento, concluyó que la Real Fundación conocía los riesgos o posibles efectos negativos de los productos contratados, incluido su coste de cancelación. El Tribunal Supremo comparte ese fallo y afirma que desde el 20 de abril de 2007 que se produce la primera liquidación negativa de intereses, por importe de 134.551 euros, la demandante conocía la operativa comercial del producto y sus efectos nocivos, por lo que transcurrieron más de cuatro años hasta que interpuso la demanda, motivo por el que de acuerdo con el artículo 1301 del Código Civil debe confirmarse la caducidad de la acción de anulabilidad por error.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala Primera no entra a valorar el resto de los motivos alegados por la Real Fundación para demostrar la existencia de error en la contratación de los swap que la Audiencia Provincial rechazó en la sentencia que ha sido confirmada ahora por el Tribunal Supremo.

 

Categories: Jurisprudencia

Un juzgado de Segovia encausa a seis directivos de Caja Segovia

Tue, 03/07/2017 - 11:00

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 y de lo Mercantil de Segovia ha dictado un auto por el que acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado respecto de seis directivos de la desaparecida entidad “Caja Segovia”. Por lo tanto, el juzgado ha dispuesto mediante esta resolución (antes conocida como auto de imputación) la continuación del procedimiento hacia la siguiente fase procesal que es la apertura de juicio oral.

Los hechos que indiciariamente podrían tener relevancia penal por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida se hallan relatados en el fundamento jurídico primero de la resolución. En síntesis, seis directivos de “Caja Segovia” habrían diseñado en su exclusivo beneficio, siempre presuntamente y con absoluto respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia de los investigados, un plan de prejubilaciones con abuso de las funciones sociales que tenían encomendadas y en perjuicio de la entidad, por un importe superior a 17 millones de euros con cargo al ejercicio de 2010 y garantizado mediante la suscripción de pólizas de seguros con la compañía “Caser”.

Por otra parte, en el auto se deniegan las diligencias de investigación solicitadas por la representación procesal de “Fundación Caja Segovia”, toda vez que la Audiencia Provincial de Segovia ha ordenado que sólo se practiquen aquellas diligencias de investigación que sean rigurosamente imprescindibles para determinar los hechos indiciariamente punibles y la determinación de sus autores, y las solicitadas no lo son.  

Este auto se dicta en cumplimiento de lo ordenado por la Audiencia Provincial de Segovia el pasado 27 de enero, que revocó el sobreseimiento libre acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2. Dicho archivo, apoyado por la Fiscalía Provincial de Segovia, fue dictado antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitiera la sentencia (700/2016, de 9 de septiembre, recurso de casación núm. 41/2016) que enjuició las prejubilaciones de los directivos de “Novacaixa Galicia”, resolución que ha sido principalmente tomada en consideración por la Audiencia Provincial de Segovia para revocar el sobreseimiento.

Contra este auto cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días hábiles y/o recurso de apelación (directa o subsidiaria) ante la Audiencia Provincial de Segovia en el plazo de cinco días hábiles.

Categories: Jurisprudencia

El juzgado inadmite la demanda para el cambio de nombre de San Leonardo de Yagüe

Mon, 02/27/2017 - 12:23

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha dictado sentencia por la que inadmite la demanda interpuesta por el letrado Eduardo Ranz Alonso contra el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe al considerar que el mismo no tiene ninguna vinculación con dicho municipio y carece de legitimación activa, es decir, no acredita un interés legítimo que fundamente sus peticiones.

El Juzgado analiza también qué habría ocurrido de no haberse estimado esta falta de legitimación y concluye que se habría desestimado la demanda.

En relación con el nombre del municipio, está amparado por el art. 15.2 de la Ley de Memoria Histórica ya que el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 2016 no contenía ninguna exaltación de la sublevación militar, guerra civil o represión de la dictadura, sino que obedecía a la acción llevada a cabo por Juan Yagüe en su pueblo.

Respecto a la elaboración de un catálogo de vestigios y retirada de escudos u otros objetos o menciones, la sentencia declara que no se ha aportado prueba de su existencia por la actora por lo que estas peticiones han sido igualmente desestimadas.

La sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia, condena en costas al abogado Eduardo Ranz.

Categories: Jurisprudencia

El TS ordena al Estado a devolver 405.451 euros a la Comunidad de Castilla y León por incumplimientos del derecho de la UE

Thu, 02/23/2017 - 16:00

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha obligado al Estado a devolver 405.451,62 euros a la Comunidad Autónoma de Castilla y León al anular en parte el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de junio de 2015 que estableció en 810.903,26 euros la repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea contra dicha comunidad. Dicha repercusión, aprobaba en el acuerdo impugnado, se realizó como consecuencia de la corrección financiera impuesta por la Comisión Europea a España por importe de 3 millones de euros en el procedimiento de cierre del Programa Operativo de Fomento del Empleo Objetivo 1 por defectos en los controles realizados por organismos de Castilla y León sobre operaciones que habían sido objeto de cofinanciación en el citado Programa Operativo.

En su demanda, el gobierno autonómico solicitó que se declarara nulo de pleno derecho o, subsidiariamente anulable, el acuerdo recurrido con devolución del dinero, más los intereses legales correspondientes, alegando que por su parte no había existido incumplimiento del derecho europeo y que la responsabilidad había que atribuirla a organismos de la Administración del Estado que no pusieron a disposición la documentación para el control que tenía que realizar la Intervención General de Castilla y León. Además, argumentó que se había incurrido en vicio de nulidad de pleno derecho o en su defecto de anulabilidad, al no haber dado traslado ni intervención a dicha administración en el procedimiento de corrección financiera seguido por la Comisión Europea; motivo que rechaza la Sala.

Sobre los incumplimientos, el Tribunal Supremo afirma en su sentencia que en este caso hubo responsabilidad tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como del Estado, que admite explícitamente la suya, pero no comparte la conclusión a la que llegó el acuerdo impugnado sobre la inexistencia de elementos que permitieran establecer la parte de responsabilidad imputable a cada uno. Por parte de la administración estatal, la Sala indica tres incumplimientos: pese a disponer de la función de coordinación no exigió que se hicieran los controles complementarios desde el 16 de agosto de 2010 y el 9 de julio de 2013, en que se inició el procedimiento de corrección; continuó con su actitud pasiva durante el mismo al no comunicar el inicio del expediente de corrección financiera a esta comunidad autónoma y, por último, tampoco hizo presente a la Intervención General autonómica la pertinencia de realizar aquellos controles complementarios. Por parte de la comunidad autónoma, señala que aunque es cierto que la información definitiva para realizar la declaración parcial de cierre del Programa Operativo de Fomento del Empleo Objetivo 1 se puso a disposición de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con un plazo muy escaso para realizar sus controles, no puede ignorarse que la propia Intervención General del Estado indicaba que se podían realizar trabajos adicionales o complementarios con posterioridad.

Pese a ello, considera que hay una mayor intensidad causal en la falta de actuación de la Administración General del Estado, "lo que no excluye pero sí minora el alcance del incumplimiento de las obligaciones de control que correspondían a la administración autonómica recurrente", motivo por el que acuerda fijar la repercusión para la misma en el 25% de la cantidad a que ascendió la corrección financiera. En consecuencia, decide anular el acto administrativo y ordena que la repercusión se reduzca a 405.451,62 euros, con la correspondiente reducción de lo liquidado por los intereses cargados cuando se hizo efectiva la repercusión.

Categories: Jurisprudencia

El TSJ de Castilla y León anula el decreto de centros de atención a personas mayores

Fri, 02/03/2017 - 10:00

La Sala de lo Contencioso administrativo del TSJCyL ha declarado nulo de pleno derecho el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León por su defectuosa calidad normativa al carecer de la imprescindible memoria económica.

Además, la Sala anula dicho decreto porque determinados preceptos adolecen de indefinición frente a la pormenorizada regulación contenida en el Decreto 147/2001 -al que deroga el impugnado- sobre personal mínimo, personal técnico, número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional, etc.

La Sala cree que no se justifica por qué el Decreto 2/2016 no regula aspectos esenciales que el anterior decreto sí regulaba.

 

Categories: Jurisprudencia

El TSJCyL confirma que la Diputación de León debe indemnizar a un medio al que no adjudicó publicidad institucional

Thu, 02/02/2017 - 11:00

La Sala Contencioso administrativo del TSJCyL con sede en Valladolid ha confirmado la resolución dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de León en la que se fija una indemnización de 160.676,78 euros a favor de Servicios Generales de Comunicación y Gestión S.L., empresa editora de "ileón.com", al reconocer la existencia de una actuación por parte de la Diputación Provincial de León constitutiva de vía de hecho por discriminación en la adjudicación de la publicidad institucional en el periodo comprendido entre enero de 2011 y la interposición del recurso.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de León condena a un banco a devolver al cliente los importes indebidos derivados de la cláusula suelo

Fri, 01/27/2017 - 12:00

La Audiencia Provincial de León ha dictado la primera sentencia que aplica la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que implica el efecto restitutorio en relación con el pago de importes indebidos derivados de la cláusula suelo.

La Audiencia condena a Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. a la devolución al cliente de las cantidades cobradas desde 2007 sin aplicación del límite mínimo y de los intereses legales desde cada cobro indebido.

La Sala entiende que la doctrina del TJUE resulta vinculante para los tribunales españoles por lo que procede considerar que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor.

Por ello, la Audiencia cree que la declaración judicial del carácter abusivo de la cláusula suelo debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

Categories: Jurisprudencia

Confirmadas las condenas a prisión a tres acusados de fabricar billetes falsos de 50 euros en Villamuriel de Cerrato (Palencia)

Thu, 01/19/2017 - 15:16

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 8 años de prisión y multa de 7.000 euros impuesta a dos hombres por fabricar billetes falsos de 50 euros en Villamuriel de Cerrato (Palencia). La sentencia mantiene la pena de 4 años de prisión a un tercero como cómplice del delito de fabricación de moneda falsa. Se desestiman los recursos de casación interpuestos por los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia que se confirma en todos sus extremos.

Para el Tribunal Supremo, consta fehacientemente acreditado que los billetes confeccionados por los acusados eran aptos para inducir a error al ciudadano medio, ya que presentaban características físicas de apariencia y tamaño análogas a las verdaderas y, en su versión más elaborada, simulaban las inserciones holográficas mediante papel laminado adherido por termocontacto, y también figura la marca de agua impresa en el reverso mediante un útil de escritura. Al haberse verificado probatoriamente la idoneidad de los billetes falsos para generar el error en el ciudadano medio, subraya la sentencia, queda excluida la modalidad de la tentativa, habida cuenta que la consumación del delito no requiere que fueran distribuidos a terceros, una vez que se acredita que éste era el destino final del dinero falso.

La Sala recuerda que tiene declarado que el delito se consuma aunque los ejemplares falsos no sean perfectos, siempre que puedan suscitar efectivo error en el tráfico, pues la falsedad se dirige a toda clase de personas y no sólo a los expertos.

Categories: Jurisprudencia

El TSJCyL condena a Muface a abonar a un paciente con hepatitis C el gasto de su tratamiento durante 24 semanas

Thu, 01/19/2017 - 15:10

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia en la que se condena a Muface al reintegro del gasto de farmacia durante 24 semanas del tratamiento con los medicamentos necesarios para un paciente con hepatitis C.

La Sala entiende que el tratamiento debe ajustarse a esos plazos, según el criterio de las doctoras que trataban al enfermo y por las circunstancias concretas que concurrían, frente a las 12 semanas de tratamiento que con carácter general se contempla en la estrategia terapéutica de priorización para el uso de antivirales de acción directa para tratar la hepatitis crónica por virus C en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

La Sala dicta la resolución atendiendo a las guías clínicas existentes, sin que la Administración hubiera acreditado que el criterio de las facultativas fuera erróneo e irracional, no pudiendo prevalecer razones de ahorro económico para justificar la denegación de un tratamiento cuando ello puede incidir decisivamente en el derecho fundamental garantizado en el artículo 15 de la Constitución Española, como sucedería en este caso.

 

Categories: Jurisprudencia
- Dejar un mensaje al Webmaster sobre la página, realizar aportaciones, documentos, informar de enlaces rotos, etc -