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Updated: 1 day 11 hours ago

El TSJCLM dicta auto de apertura de juicio oral contra el magistrado Fernando Presencia por presunta prevaricación judicial

Fri, 04/07/2017 - 11:35

El procedimiento se inició desde la Fiscalía de Castilla-La Mancha con la interposición de una querella como consecuencia de la actuación del magistrado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales al frente del juzgado del que es titular, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina (Toledo).

La querella del Ministerio Fiscal motivó la incoación por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM de las Diligencias Previas 23/2016, con fecha 27 de septiembre de 2016.

Una vez que el magistrado-instructor designado para este procedimiento ha practicado todas las diligencias de investigación pertinentes y solicitadas, a la vista del resultado de las mismas, ha resuelto a través de auto, de fecha 13 de febrero de 2017, continuar la tramitación de la causa contra Fernando Presencia Crespo por un presunto delito de prevaricación judicial del artículo 446.3 del Código Penal. Resolución que ha sido confirmada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM en auto de fecha 24 de marzo de 2017.

Tras esta resolución y una vez formulado el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado auto, con fecha 27 de febrero de 2017, por el que se acuerda la apertura de juicio oral contra Fernando Presencia Crespo, al que el Ministerio Fiscal acusa de un delito de prevaricación judicial.

Según recoge el auto de apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación contra Fernando Presencia Crespo señala que el magistrado durante la tramitación en su juzgado de unas Diligencias Previas abiertas por delito de estafa en las que aparecía como investigado una persona, “con la que mantenía una relación estrecha e intensa de amistad que trascendía del mero conocimiento personal”, el 26 de febrero de 2014 tras la diligencia de toma de declaración al investigado, Fernando Presencia “procedió a dictar un auto oral de sobreseimiento provisional en relación con el delito de estafa en presencia del propio investigado”.

Según el fiscal, el magistrado dictó dicha resolución “insólita y anómala en cuanto carente de toda cobertura legal, además de prematura en ese estadio procesal, sin oír a las partes y sin esperar al resultado de la práctica de diligencias ya acordadas … que devenían en indispensables, si cabe aún más, a la vista de la declaración del propio investigado”, diligencias de investigación tales como varias pruebas documentales solicitadas a una entidad bancaria, o la práctica de una prueba pericial caligráfica que tendría que haber sido acordada por el magistrado.

Señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación que “la referida resolución oral no fue documentada de forma escrita hasta el 18 de agosto de 2015, diecisiete meses después de su dictado”. Resolución que fue recurrida tanto por el fiscal como por la acusación particular y revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Toledo.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal ha solicitado para el magistrado en su escrito de calificación provisional una pena de 18 meses de multa, y la inhabilitación especial por el tiempo de 15 años para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta.

Vistos los hechos reseñados, el magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM considera los mismos indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación judicial y procede acordar la apertura de juicio oral contra el magistrado.

En el auto de la Sala Civil y Penal se acuerda además comunicar esta resolución y la anterior referida a la continuación del procedimiento contra Fernando Presencia Crespo al Consejo General del Poder Judicial a los efectos de los artículos 383 y 384 de la LOPJ, esto es la suspensión provisional de funciones del citado magistrado. Comunicación al CGPJ que ya ha sido cursada por el cauce correspondiente.

Contra la resolución dictada por el instructor de la causa no cabe recurso alguno.

 

Categories: Jurisprudencia

El TSJCLM confirma la denegación de suspender de forma cautelar el acuerdo para ampliar el espacio protegido de la Laguna de El Hito

Tue, 04/04/2017 - 22:00

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, con fecha 9 de febrero de 2016, desestima el recurso de reposición interpuesto por la Administración General del Estado contra el Auto en el que se denegaba la solicitud de medida cautelar para la suspensión del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, de fecha 28 de julio de 2015, por el que se inicia el procedimiento para la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 “Laguna de El Hito” y de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, que afecta a la construcción del proyectado Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC), en el término municipal de Villar de Cañas ( Cuenca).

La resolución dictada, que confirma el anterior auto (de fecha 22 de diciembre de 2015), no es firme y cabe interponer contra la misma Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

Vistos los motivos aducidos por el recurrente contra los argumentos de la resolución inicial, expresa la Sala que el Auto recurrido partía de la consideración de que no se habría justificado que existiera una necesidad inminente, en relación con la cuestión relativa a la seguridad nuclear. Entiende la Sala que sobre la base, como presupuesto, de que no constaba justificada una situación de urgencia o afectación inminente a la seguridad nuclear, la valoración de los posibles perjuicios debía quedar circunscrita al ámbito económico, procediendo a continuación a pondera los intereses en conflicto identificados, el económico frente al ambiental.

Reitera el Auto que la resolución recurrida tomaba en consideración los anteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con la selección del emplazamiento del ATC, pero concluía que lo resuelto allí no podría ser trasladable al supuesto ahora analizado. Señala la Sala que los perjuicios aducidos en que se fundamenta la solicitud de medidas cautelares derivarían de un régimen legal de protección provisional que no había desplegado sus efectos en el momento en que se dictaron aquellas resoluciones del Tribunal Supremo.

La Sala afirma que, como expresaba el Auto recurrido, la adopción de la medida cautelar fundada en la apariencia de buen derecho, según doctrina reiterada de la propia Sala, exigiría que la nulidad de la actuación administrativa recurrida se apreciara de manera evidente, de un simple vistazo, sin necesidad de realizar un análisis pormenorizado de la cuestión de fondo, pues éste quedaría reservado para la decisión que hubiera de adoptarse en el procedimiento principal a través de sentencia.

La Sala expresa, por último, que la alegación relativa a la supuesta invasión competencial por parte de la Comunidad Autónoma implicaría una alegación no fundada en el riesgo de perjuicio por la mora procesal sino en la concurrencia de la apariencia de buen derecho, a la que resultaría aplicable la citada doctrina. Y aclara que el criterio aplicable, en cuanto a la suspensión, en el ámbito del conflicto de competencias que puede plantearse ante el Tribunal Constitucional, regulado en los artículos 164 y 165 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en el que la suspensión es automática), es distinto del que procedería aplicar en el ámbito de la revisión contencioso administrativa, previsto en los artículos 129 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El procedimiento principal, al margen de la denegación de la medida cautelar, sigue tramitándose en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM.

 

Categories: Jurisprudencia

El TSJCLM suspende el decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha que amplía el espacio protegido de la Laguna de El Hito

Tue, 03/14/2017 - 08:10

La Sección 1ª de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con fecha 8 de marzo de 2017, ha dictado auto por el que acuerda suspender la ejecutividad del Decreto 57/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 4 de octubre de 2016, por el que se amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realiza la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria.

Dicha suspensión había sido solicitada por la Administración General del Estado después de que en el recurso contencioso-administrativo que se tramita en la Sala se incluyera también este decreto.

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, por Sentencia de fecha 16 de diciembre de 2016, por la que se suspendía cautelarmente el acuerdo de 28 de julio de 2015 del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que dio inicio al procedimiento para ampliar el espacio protegido de la Laguna de El Hito, entiende la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM que el posterior Decreto 57/2016 que resuelve lo acordado por la administración autonómica en julio de 2015 también está afectado por dicha suspensión cautelar.

Todo ello atendiendo a la ponderación de intereses que hizo el Tribunal Supremo en la Sentencia de diciembre de 2016, en los que prevalece preservar la adecuada gestión de los residuos radiactivos en orden a una mejor seguridad nuclear, hasta en tanto se resuelva el recurso principal por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM.

El auto no es firme, y contra el mismo cabe interponer recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM en el plazo de cinco días.

 

Categories: Jurisprudencia

Un juzgado de Talavera de la Reina dicta una orden de detención contra Fernando Presencia para poder tomarle declaración como querellado en un procedimiento abierto por injurias y calumnias, denuncia falsa y fraude procesal

Wed, 02/01/2017 - 20:00

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Talavera de la Reina ha dictado una orden de detención contra Fernando Presencia Crespo para proceder a tomarle declaración en calidad de investigado como consecuencia de la apertura de las Diligencias Previas 432/2016, motivadas por la querella presentada contra él por Ángel Demetrio de la Cruz Andrade por injurias y calumnias, denuncia falsa y fraude procesal. De la Cruz Andrade ejerce como Jefe de la Sección de la Fiscalía en Talavera de la Reina.

El juzgado ha tomado esta decisión después de citar a Fernando Presencia a declarar como querellado-investigado hasta en 3 ocasiones, los pasados días 29 de noviembre, 21 de diciembre y 31 de enero, sin que en ninguna de esas fechas compareciera ante la jueza instructora.

Además de las 3 citaciones, también se produjo, con fecha 20 de diciembre de 2016, un apercibimiento de la jueza responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Talavera de la Reina, en el que instaba a Fernando Presencia su obligación de comparecer.

En cada día anterior a las 2 primeras citaciones se han presentado en el Decanato de los Juzgados de Talavera de la Reina, por parte de la representación legal de Fernando Presencia, escritos en nada relacionados con el objeto motivo del procedimiento judicial abierto por la interposición de la querella, sin que en ningún caso, la jueza instructora haya podido resolver peticiones de aplazamiento de la comparecencia de Presencia Crespo al no haberse producido las mismas.

Con respecto a la tercera citación, la de fecha 31 de enero, el Juzgado no ha tenido constancia de escrito de la representación legal del investigado solicitando el aplazamiento de la comparecencia.

La orden de detención dictada ayer por el Juzgado que instruye el procedimiento fue oficiada a la Comisaría de Policía Nacional de Talavera de la Reina, habiéndose producido a última hora de esta mañana la comparecencia voluntaria en dependencias policiales de Fernando Presencia, acompañado de su representante legal.

Posteriormente y acompañado de un agente del Cuerpo Nacional de Policía, Fernando Presencia ha accedido a las dependencias de los Juzgados de Talavera de la Reina, y ante la Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 ha solicitado un procedimiento de habeas corpus alegando detención ilegal, solicitud que ha sido inadmitida a través de un Auto por no concurrir los requisitos formales para la admisión del procedimiento.

A continuación la jueza instructora de las Diligencias Previas 432/2016 como consecuencia de la querella antes citada, ha procedido a tomarle declaración en calidad de querellado-investigado, habiéndose acogido Presencia Crespo a su derecho a no declarar.

Una vez realizados los trámites procesales oportunos, Fernando Presencia ha quedado en libertad de forma inmediata.

Los hechos objeto de la querella se investigan en el juzgado de Talavera de la Reina por haberse producido presuntamente fuera de las funciones jurisdiccionales de Fernando Presencia.

Fernando Presencia Crespo se encuentra suspendido provisionalmente de funciones como consecuencia de la apertura de juicio oral por prevaricación judicial en el procedimiento DP 13/2015 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM. En dicho procedimiento, y una vez celebrado juicio, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM dictó sentencia condenatoria, en mayo de 2016, estando pendiente de resolverse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Cabe recordar que durante la tramitación de aquel procedimiento, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM se vio obligada a decretar la busca y presentación de Fernando Presencia para poder notificarle la citación como acusado al juicio, después de reiterados intentos de notificación personal al mismo y sin éxito.

El magistrado ha sido objeto además de varias sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo General del Poder Judicial, motivadas por infracciones cometidas durante su función como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina.

Categories: Jurisprudencia

El TS suspende cautelarmente el proyecto del Gobierno de Castilla-La Mancha que afectaba al almacén de combustible nuclear en Villar de Cañas

Wed, 01/18/2017 - 14:32

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 28 de julio de 2015, que dio inicio a una ampliación del Espacio Protegido Laguna del Hito, que afectaba a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y de residuos de alta actividad en Villar de Cañas, cuyo emplazamiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011.

El Supremo considera que, en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto, es más atendible el de proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretende una pronta y correcta gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Administración General del Estado contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que habían denegado la medida cautelar de suspensión del acuerdo del Gobierno castellano-manchego por el que se inició el procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del Hito y la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de La Laguna del Hito. La Sala III revoca esos autos y decreta la suspensión cautelar, lo que comunicará al Gobierno de Castilla-La Mancha "para su inmediato cumplimiento".

El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Ernesto Peces Morate, no comparte con el TSJ de Castilla-La Mancha que la premura que impulsa la petición de suspensión cautelar formulada por el abogado del Estado sea fundamentalmente económica, "sino que se alega y razona que dicho perjuicio está en el entorpecimiento a la gestión de los residuos radioactivos y, por consiguiente, el debilitamiento de la seguridad nuclear, con lo que se daña un servicio público esencial. Éste es el interés en conflicto que ha de tenerse en cuenta frente a la protección de una determinada zona como hábitat de unas aves", indica la sentencia.

La perturbación que a esos intereses públicos se puedan causar es lo que el TSJ castellano-manchego debió haber sometido al juicio de ponderación, "lo que no hizo, al limitarse a comparar el interés general en la protección ambiental con un cuantioso perjuicio económico, que no pasa de ser contable frente al inaplazable de proteger a una o varias especies animales del riesgo de desaparición, sin tener en cuenta que con una pronta y correcta gestión de los residuos radioactivos se está amparando a todas las especies animales y al medio en general".

"Si efectuamos un correcto juicio de ponderación entre los intereses enfrentados, nos parece prevalente preservar la adecuada gestión de los residuos radioactivos en orden a una mejor seguridad nuclear, mientras se sustancia el pleito, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para las aves y la modificación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales", establece el Supremo.

Respecto de las alternativas a que se refieren las resoluciones del TSJ de Castilla-La Mancha, el Supremo no las comparte. Así, sobre la existencia de otros mecanismos legales para velar por la seguridad nuclear, cual sería la declaración de la existencia de razones imperiosas de interés

público de primer orden, contemplada en los artículos 19.3 y 46.5 y 6 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la sentencia indica que "es cierto que en uno y otro precepto se establece que los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, que sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de esos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden".

"Ahora bien —añade el Supremo-- en el caso sometido al enjuiciamiento del Tribunal de instancia no existe un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que impida la actuación relativa al Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, sino de un acuerdo en el que se decide iniciar un procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido y la Modificación del Plan de Ordenación que, de aprobarse, podría generar la mentada contradicción o incompatibilidad".

"Tampoco nos parece que pueda señalarse como alternativa a la suspensión cautelar del acuerdo de incoación del procedimiento de ampliación del espacio protegido la construcción en las centrales nucleares de Almacenes Temporales Individualizados, pues éstos no se han considerado en las sentencias ya dictadas por esta Sala del Tribunal Supremo una alternativa al Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad, y por ello en dichas sentencias esta Sala del Tribunal Supremo declaró ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la designación del emplazamiento para el Almacén Centralizado Temporal de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca)".

 

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