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Updated: 1 day 21 hours ago

El TSJCLM dicta auto de apertura de juicio oral contra el magistrado Fernando Presencia por presunta prevaricación judicial

Fri, 04/07/2017 - 11:35

El procedimiento se inició desde la Fiscalía de Castilla-La Mancha con la interposición de una querella como consecuencia de la actuación del magistrado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales al frente del juzgado del que es titular, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina (Toledo).

La querella del Ministerio Fiscal motivó la incoación por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM de las Diligencias Previas 23/2016, con fecha 27 de septiembre de 2016.

Una vez que el magistrado-instructor designado para este procedimiento ha practicado todas las diligencias de investigación pertinentes y solicitadas, a la vista del resultado de las mismas, ha resuelto a través de auto, de fecha 13 de febrero de 2017, continuar la tramitación de la causa contra Fernando Presencia Crespo por un presunto delito de prevaricación judicial del artículo 446.3 del Código Penal. Resolución que ha sido confirmada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM en auto de fecha 24 de marzo de 2017.

Tras esta resolución y una vez formulado el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado auto, con fecha 27 de febrero de 2017, por el que se acuerda la apertura de juicio oral contra Fernando Presencia Crespo, al que el Ministerio Fiscal acusa de un delito de prevaricación judicial.

Según recoge el auto de apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación contra Fernando Presencia Crespo señala que el magistrado durante la tramitación en su juzgado de unas Diligencias Previas abiertas por delito de estafa en las que aparecía como investigado una persona, “con la que mantenía una relación estrecha e intensa de amistad que trascendía del mero conocimiento personal”, el 26 de febrero de 2014 tras la diligencia de toma de declaración al investigado, Fernando Presencia “procedió a dictar un auto oral de sobreseimiento provisional en relación con el delito de estafa en presencia del propio investigado”.

Según el fiscal, el magistrado dictó dicha resolución “insólita y anómala en cuanto carente de toda cobertura legal, además de prematura en ese estadio procesal, sin oír a las partes y sin esperar al resultado de la práctica de diligencias ya acordadas … que devenían en indispensables, si cabe aún más, a la vista de la declaración del propio investigado”, diligencias de investigación tales como varias pruebas documentales solicitadas a una entidad bancaria, o la práctica de una prueba pericial caligráfica que tendría que haber sido acordada por el magistrado.

Señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación que “la referida resolución oral no fue documentada de forma escrita hasta el 18 de agosto de 2015, diecisiete meses después de su dictado”. Resolución que fue recurrida tanto por el fiscal como por la acusación particular y revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Toledo.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal ha solicitado para el magistrado en su escrito de calificación provisional una pena de 18 meses de multa, y la inhabilitación especial por el tiempo de 15 años para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta.

Vistos los hechos reseñados, el magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM considera los mismos indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación judicial y procede acordar la apertura de juicio oral contra el magistrado.

En el auto de la Sala Civil y Penal se acuerda además comunicar esta resolución y la anterior referida a la continuación del procedimiento contra Fernando Presencia Crespo al Consejo General del Poder Judicial a los efectos de los artículos 383 y 384 de la LOPJ, esto es la suspensión provisional de funciones del citado magistrado. Comunicación al CGPJ que ya ha sido cursada por el cauce correspondiente.

Contra la resolución dictada por el instructor de la causa no cabe recurso alguno.

 

Categories: Jurisprudencia

El TSJCLM confirma la denegación de suspender de forma cautelar el acuerdo para ampliar el espacio protegido de la Laguna de El Hito

Tue, 04/04/2017 - 22:00

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, con fecha 9 de febrero de 2016, desestima el recurso de reposición interpuesto por la Administración General del Estado contra el Auto en el que se denegaba la solicitud de medida cautelar para la suspensión del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, de fecha 28 de julio de 2015, por el que se inicia el procedimiento para la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 “Laguna de El Hito” y de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, que afecta a la construcción del proyectado Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC), en el término municipal de Villar de Cañas ( Cuenca).

La resolución dictada, que confirma el anterior auto (de fecha 22 de diciembre de 2015), no es firme y cabe interponer contra la misma Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

Vistos los motivos aducidos por el recurrente contra los argumentos de la resolución inicial, expresa la Sala que el Auto recurrido partía de la consideración de que no se habría justificado que existiera una necesidad inminente, en relación con la cuestión relativa a la seguridad nuclear. Entiende la Sala que sobre la base, como presupuesto, de que no constaba justificada una situación de urgencia o afectación inminente a la seguridad nuclear, la valoración de los posibles perjuicios debía quedar circunscrita al ámbito económico, procediendo a continuación a pondera los intereses en conflicto identificados, el económico frente al ambiental.

Reitera el Auto que la resolución recurrida tomaba en consideración los anteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con la selección del emplazamiento del ATC, pero concluía que lo resuelto allí no podría ser trasladable al supuesto ahora analizado. Señala la Sala que los perjuicios aducidos en que se fundamenta la solicitud de medidas cautelares derivarían de un régimen legal de protección provisional que no había desplegado sus efectos en el momento en que se dictaron aquellas resoluciones del Tribunal Supremo.

La Sala afirma que, como expresaba el Auto recurrido, la adopción de la medida cautelar fundada en la apariencia de buen derecho, según doctrina reiterada de la propia Sala, exigiría que la nulidad de la actuación administrativa recurrida se apreciara de manera evidente, de un simple vistazo, sin necesidad de realizar un análisis pormenorizado de la cuestión de fondo, pues éste quedaría reservado para la decisión que hubiera de adoptarse en el procedimiento principal a través de sentencia.

La Sala expresa, por último, que la alegación relativa a la supuesta invasión competencial por parte de la Comunidad Autónoma implicaría una alegación no fundada en el riesgo de perjuicio por la mora procesal sino en la concurrencia de la apariencia de buen derecho, a la que resultaría aplicable la citada doctrina. Y aclara que el criterio aplicable, en cuanto a la suspensión, en el ámbito del conflicto de competencias que puede plantearse ante el Tribunal Constitucional, regulado en los artículos 164 y 165 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en el que la suspensión es automática), es distinto del que procedería aplicar en el ámbito de la revisión contencioso administrativa, previsto en los artículos 129 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El procedimiento principal, al margen de la denegación de la medida cautelar, sigue tramitándose en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM.

 

Categories: Jurisprudencia

El TSJCLM suspende el decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha que amplía el espacio protegido de la Laguna de El Hito

Tue, 03/14/2017 - 08:10

La Sección 1ª de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con fecha 8 de marzo de 2017, ha dictado auto por el que acuerda suspender la ejecutividad del Decreto 57/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 4 de octubre de 2016, por el que se amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realiza la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria.

Dicha suspensión había sido solicitada por la Administración General del Estado después de que en el recurso contencioso-administrativo que se tramita en la Sala se incluyera también este decreto.

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, por Sentencia de fecha 16 de diciembre de 2016, por la que se suspendía cautelarmente el acuerdo de 28 de julio de 2015 del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que dio inicio al procedimiento para ampliar el espacio protegido de la Laguna de El Hito, entiende la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM que el posterior Decreto 57/2016 que resuelve lo acordado por la administración autonómica en julio de 2015 también está afectado por dicha suspensión cautelar.

Todo ello atendiendo a la ponderación de intereses que hizo el Tribunal Supremo en la Sentencia de diciembre de 2016, en los que prevalece preservar la adecuada gestión de los residuos radiactivos en orden a una mejor seguridad nuclear, hasta en tanto se resuelva el recurso principal por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM.

El auto no es firme, y contra el mismo cabe interponer recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM en el plazo de cinco días.

 

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