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Noticias Judiciales TSJ Cantabria
Updated: 15 hours 23 min ago

Cinco años y tres meses a un directivo de SODERCAN por falsificar órdenes de pago para apropiarse de 667.000 €

Tue, 06/20/2017 - 22:00

El tribunal ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño y analógica de confesión, y la agravante de prevalerse de cargo público

 

 

Santander, 21 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a un directivo de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) por falsificar durante más de cinco años órdenes de pago que le permitieron apropiarse de una cifra superior a 667.000 euros.

 

En una sentencia conocida hoy y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Audiencia de Cantabria le considera autor de un delito de apropiación indebida agravada en concurso con otro delito de falsificación documental cometida por funcionario público.

 

Por ello, además de la pena de prisión el tribunal le condena a una multa de 3.510 euros y le inhabilita para empleo o cargo público durante un periodo de cinco años, además de fijar una indemnización que deberá abonar a SODERCAN del importe del dinero sustraído.

 

La esposa del acusado, que reconoció en juicio ser responsable a título lucrativo, deberá responder solidariamente con su esposo de parte de esa indemnización, hasta la cuantía de 236.698 euros.

 

A la hora de determinar la condena, los magistrados han tenido en cuenta la circunstancia agravante de prevalerse de cargo público y las atenuantes de reparación del daño –ha consignado en el juzgado en torno a los 200.000 euros- y analógica de confesión, dado que durante la instrucción aportó algunos datos que facilitaron la averiguación de los hechos.

 

 

Era director general de desarrollo internacional

 

La resolución relata cómo este directivo –que entró a trabajar en SODERCAN en 1998 y ocupó distintos puestos hasta convertirse en 2013 en director general de creación de empresas y desarrollo internacional- “aprovechando esos cargos de confianza y las amplias atribuciones que le fueron conferidas” detrajo para su uso personal un total de 667.370 euros.

 

“Con evidente ánimo de obtener un ilícito beneficio, ideó un plan para distraer y hacer propios fondos de la sociedad”, explica la sentencia, que constata un “claro perjuicio” para SODERCAN pues las cantidades apropiadas, que procedían de subvenciones de la Comisión Europea, tuvieron que ser compensadas con fondos de la entidad.

 

El acusado confeccionó entre diciembre de 2007 y julio de 2013 veintisiete órdenes de pago ficticias, igual que las que emitía habitualmente para transferir fondos a empresas proveedoras y que firmaba como responsable.

 

Cuentas en el extranjero

 

Mediante estas órdenes de pago, que no respondían a ninguna transacción real, logró que le transfirieran un total de 667.370 euros que fueron a parar a distintas cuentas en el extranjero, algunas de las cuales estaban a nombre de sociedades pantalla y otras a nombre terceras personas que, según la sentencia, no se ha acreditado que conocieran el origen ilícito de los fondos.

 

Posteriormente, el acusado transfería los fondos a una cuenta corriente en España de la que era titular, para disponer del dinero en su propio beneficio.

 

Parte de ese dinero era, a su vez, transferido a una cuenta corriente española de su esposa, sin que conste, según la sentencia, que ella “tuviese conocimiento concreto del origen de los fondos que recibía de su marido”, si bien “se benefició de los mismos”.

 

Gracias a estas cantidades, “la familia logró financiarse la adquisición de una vivienda, un ciclomotor, dos motocicletas y un barco”. Además, tenían dos vehículos de alta gama y “lograron disfrutar de un nivel de vida que era inaccesible con las nóminas de ambos”, añade la sentencia, que recuerda cómo la defensa de la esposa mostró su conformidad en juicio a considerarla responsable a título lucrativo.

 

Categories: Jurisprudencia

Privan de la patria potestad a un padre que no ha tenido contacto con su hijo en los últimos ocho años

Mon, 06/12/2017 - 22:00

Los progenitores se divorciaron cuanto el niño tenía 16 meses y éste no ve a su padre desde los dos años

 

 

Santander, 13 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha privado de la patria potestad a un padre que en los últimos ocho años no ha mantenido contacto con su hijo, de once años en la actualidad.

 

El hombre tampoco venía abonando puntual y voluntariamente la pensión de alimentos que en su día se fijó en el proceso de divorcio, por lo que fue condenado penalmente como autor de un delito de abandono de familia.

 

En una sentencia que revoca la del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega, cuya juez no accedió a la petición de la madre, la Audiencia de Cantabria entiende que se dan las circunstancias para modificar las medidas acordadas en sentencia y que otorgaba la patria potestad a ambos progenitores.

 

“La total desatención personal que supone la falta de trato alguno entre un padre y su hijo durante su primera infancia, unido a la desatención patrimonial, únicamente corregida recurriendo a la vía ejecutiva, revelan objetivamente un grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”, señala el tribunal en su sentencia.

 

Tal incumplimiento justifica, según la Audiencia, privar de la patria potestad a este padre.

 

Con esta medida, “además de reducir el riesgo de conflicto entre progenitores, asegura al niño una estabilidad y seguridad que ha de redundar en su beneficio y viene a formalizar una situación que de hecho es la que ha venido sucediendo la mayor parte de su vida”, señala la Audiencia, que considera que el interés del menor es el que justifica esta decisión.

 

Por el contrario, la juez de instancia no accedió a la petición de la madre al considerar que la privación de la patria potestad “reviste un carácter excepcional” y que debe basarse en “circunstancias extremas”.

 

Tras escuchar versiones contradictorias de los dos progenitores acerca de los motivos por los que no ha existido contacto entre el padre y su hijo, la magistrada entendió que no existían motivos para establecer la privación de la patria potestad.

 

Sí que accedió a modificar el régimen de visitas que por sentencia se había establecido en fines de semana alternos y mitad de vacaciones, y optó por otro progresivo con intervención del punto de encuentro familiar.

 

Pero la Audiencia de Cantabria, aplicando la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que considera que “resulta incompatible mantener la potestad y, sin embargo, no ejercer en beneficio del hijo ninguno de los deberes inherentes a la misma”, decide revocar la sentencia y estimar la demanda de la progenitora.

 

La sentencia de la Audiencia no es firme y contra la misma caben los recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal ante el Tribunal Supremo.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Cantabria confirma una multa de 1.200 euros y cinco años de alejamiento por stalking

Sun, 06/11/2017 - 22:00

La mujer tuvo que cambiar de domicilio por el seguimiento del que estaba siendo objeto y será indemnizada con 2.000 euros por daño moral

 

 

Santander, 12 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a un hombre por acosar a una compañera de trabajo, a la que sometió a una “persecución obsesiva” durante cinco meses, hasta que la mujer decidió denunciarle y solicitar una medida de alejamiento, que consiguió.

 

El tribunal desestima así el recurso de apelación que el condenado presentó contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que en septiembre del pasado año le consideró autor de un delito de stalking o acoso ilegítimo.

 

Se trata de una nueva figura penal introducida en la última reforma con la que se trata de dar respuesta a conductas de gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas.

 

El juez le impuso por este delito una pena de multa de 1.200 euros, le prohibió aproximarse o comunicar con la mujer durante un periodo de cinco años y le obligó a indemnizarla con 2.000 euros “por ser patente el daño moral causado como consecuencia de la inquietud, el temor y el acoso sufrido”, tal y como afirmó en su sentencia.

 

Según el relato de hechos, el hombre había trabado una amistad con su compañera de trabajo y posteriormente pretendió una relación amorosa con ella.

 

Sin embargo, tras la negativa de la mujer, el hombre comenzó a dejarle, regalos, fotografías y flores en el vehículo de ella o incluso en su domicilio.

 

Además, le enviaba numerosos mensajes telefónicos que ella no contestaba y si lo hacía era para pedir que la dejara en paz.

 

Ante la situación de continuo seguimiento, la mujer cambió de domicilio a otra localidad y, finalmente, denunció los hechos solicitando una orden de protección que le fue concedida.

 

Un testimonio contundente

 

En la sentencia del Juzgado, el magistrado subrayaba que el propio encausado reconoce los hechos “sino en su totalidad sí en su mayor parte”, y consideraba la declaración de la víctima “clara y contundente” a la hora de relatar la situación de acoso.

 

En el mismo sentido se pronuncia ahora la Audiencia, que al resolver el recurso del condenado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal se refiere al testimonio de la denunciante como “contundente y sin fisuras”, corroborado por regalos, notas, fotografías y flores, así como el contenido de los mensajes telefónicos remitidos.

 

Según el tribunal, todo ello “acredita que el recurrente no aceptó la ruptura definitiva de la amistad e inicia un control, seguimiento, labor de vigilancia y reiteración de mensajes, lo que constituye un acoso y persecución obsesiva que constituye el delito por el que viene condenado”.

 

En cuanto a la responsabilidad civil, la Audiencia Provincial confirma la misma, ya que “de la propia dinámica de los hechos se infiere un daño moral para la víctima”.

 

En este sentido, señala el tribunal que se aprecia “miedo y desasosiego” que le impidió desarrollar “con tranquilidad una vida laboral ni personal, viéndose menoscabada gravemente su libertad teniendo que ponerlo en conocimiento de sus superiores e incluso pedir una orden de alejamiento para poder retomar su vida cotidiana sin temores y con libertad”.

 

La sentencia es firme.

Categories: Jurisprudencia

Indemniza con 66.000 euros a una clienta por no pedir a tiempo pensión compensatoria en un divorcio

Wed, 06/07/2017 - 22:00

La Audiencia de Cantabria estima como “muy probable” la concesión de esta pensión si se hubiera podido presentar a tiempo, por lo que accede a reconocer la indemnización

 

 

Santander, 8 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a un abogado que deberá indemnizar con 66.000 euros a una clienta por no pedir a tiempo una pensión compensatoria en un juicio de divorcio.

 

De este modo el tribunal de apelación respalda la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander y desestima el recurso presentado por la demandante, quien valoraba los perjuicios sufridos por la actuación de su abogado en 403.200 euros.


En una sentencia que ya es firme –las partes no han presentado recurso ante el Tribunal Supremo-, la Audiencia de Cantabria reconoce la “falta de diligencia profesional” del abogado al tiempo que entiende como “muy probable” la concesión de la pensión si ésta se hubiera presentado a tiempo.

 

La mujer, que contaba con 57 años de edad, había dedicado su vida matrimonial al cuidado de la familia y tenía trabajos esporádicos como limpiadora del hogar, contrató los servicios del abogado al recibir la demanda de divorcio de su esposo.

 

Su abogado contestó a la misma con una demanda reconvencional en la que se solicitaba una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales para la esposa, pero el Juzgado lo desestimó por haberla presentado fuera de plazo.

 

Posteriormente, la sentencia de divorcio no concedió la pensión interesada, como tampoco lo hizo la resolución dictada por la propia Audiencia Provincial al resolver el recurso de apelación, razonando precisamente que su estimación requería haber solicitado demanda reconvencional.

 

La mujer entendió, por tanto, que teniendo en cuenta su edad, su esperanza de vida y la suma reclamada como pensión, el perjuicio sufrido ascendía a más de 400.000 euros.

 

Por su parte, el abogado demandado alegó que había sido su clienta quien le había informado erróneamente de la fecha en la que había sido emplazada al procedimiento.

 

Además entendía que no existía daño, porque la inadmisión no le impedía solicitar la pensión mediante una demanda autónoma, y que no estaba probado que tuviera derecho a la pensión compensatoria pretendida al no existir desequilibrio patrimonial entre los esposos.

 

“Negligencia inexcusable”

 

Pero ni el juez de instancia ni la Audiencia atienden a estas alegaciones y reconocen, en primer lugar, la responsabilidad civil del abogado.

 

A juicio del titular del Juzgado de Primera Instancia nº 10, la responsabilidad del abogado “es indudable” y su actuación “no es conforme a la diligencia profesional mínimamente exigible”.

 

“No comprobar de forma fehaciente qué día comienza el cómputo de un plazo tan esencial como el de la contestación a la demanda cuando tiene la posibilidad efectiva de hacerlo y tiempo suficiente para ello, y limitarse a dar por buena la información verbal de su cliente resulta de una negligencia inexcusable”, señala en su sentencia.

 

En segundo lugar, tanto el magistrado de instancia como la Audiencia de Cantabria descartan que la mujer pudiera solicitar la pensión compensatoria en otro juicio.

 

En este sentido, explica el tribunal de apelación en su sentencia que la pensión compensatoria es una medida definitiva del juicio de separación o de divorcio, no una medida provisional o independiente que pueda solicitarse en un juicio autónomo.

 

Por ello, la mujer “sufrió una pérdida de oportunidad y un daño irremediable”, como describe la sentencia de instancia, que debe ser indemnizado.

 

La Audiencia señala en este punto que es “muy probable” que se hubiera concedido la pensión compensatoria si se hubiera presentado ya que, entre otros motivos, se trataba de un matrimonio de más de 35 años en el que la mujer se había dedicado al cuidado de los hijos, sin ingresos propios y sin cotización en un futuro cercano para acceder a una pensión de jubilación.

 

Estas circunstancias llevan al tribunal a considerar ajustada la indemnización que fija el juez de instancia y que se basa en el desequilibrio patrimonial de los cónyuges, atemperado por la atribución temporal de la vivienda a la mujer y la posterior alternancia de la misma, así como por el aumento de la capacidad económica de la esposa cuando se produzca la división de la sociedad de gananciales, que aún se encuentra pendiente.

Categories: Jurisprudencia

Cuatro años y cuatro meses de prisión por golpear y robar en la calle a dos mujeres

Wed, 06/07/2017 - 22:00

En su defensa pedía una atenuación de la pena por considerar que la condena era desproporcionada y porque era toxicómano, peticiones que la Audiencia de Cantabria no ha atendido

 

 

Santander, 8 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión a un joven como autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación por golpear y robar el bolso a dos mujeres que se encontraban caminando por calles poco transitadas en Castro Urdiales.

 

En una sentencia notificada hoy, el tribunal de apelación desestima el recurso presentado por el condenado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que le consideró el autor de esos dos robos y le absolvió de un tercer hecho similar del que se le venía acusando.

 

Los hechos probados describen cómo el condenado –entonces de veinte años de edad- sobre las dos de la tarde de un día de noviembre de 2012 se aproximó a una mujer que paseaba en compañía de su nieta y, aprovechando que por el lugar no transitaba persona o vehículo alguno, la golpeó, forcejeó con ella y logró tirarla al suelo.

 

Seguidamente, se hizo con el bolso de la mujer que se encontraba colgado en la silla del bebé.

 

Tres días después, sobre las diez de la noche el hombre asaltó a otra mujer en la puerta de su domicilio, en un lugar solitario, donde no había ninguna otra persona o vehículo.

 

El hombre le propinó un puñetazo en la cara por lo que la mujer cayó al suelo, y tras forcejear con ella consiguió hacerse con su bolso y huir.

 

Por el contrario, el juez de instancia consideró no acreditado que esta misma persona fuera la autora del robo con violencia que sufrió otra mujer en esos días en una calle de Castro Urdiales.

 

Cree desproporcionada la pena

 

En su recurso, la representación legal del condenado solicitaba la atenuación de la condena al entender que existe una “desproporción manifiesta” entre el ilícito cometido y la respuesta penal.

 

Sin embargo, la Audiencia rechaza tal argumento pues considera que en ambos hechos “el acusado desplegó una importante violencia frente a sus dos víctimas, a las que llegó a tirar al suelo y causar lesiones”.

 

“El acusado, que contaba tan solo con veinte años de edad, eligió como víctimas a dos mujeres que le doblaban e incluso triplicaban la edad”, señala el tribunal, que recuerda que, tal y como explicó una de ellas, la fuerza empleada fue tal que la tiró al suelo a ella y también a la sillita en la que iba su nieta.

 

Lo mismo describió la segunda víctima, quien afirmó que el fuerte puñetazo que le propinó en el rostro la hizo caer al suelo.

 

“Tal modo de proceder en modo alguno permite aplicar el tipo atenuado que invoca la defensa, no pudiendo afirmarse que el acusado desplegara una violencia que merezca ser calificada como de menor entidad”, añade el tribunal.

 

Alteración mental


La segunda de las alegaciones del recurso interesaba que se apreciara otra atenuante, la de alteración mental por la supuesta toxicomanía que padecía el acusado.

 

El tribunal rechaza nuevamente esta petición.

 

Explica en su sentencia que cuando sucedieron los hechos el acusado estaba siguiendo un tratamiento de desintoxicación, y que el inicio del consumo de estupefacientes se había producido tan solo un año antes, por lo que concluye que “no existe prueba alguna de que a consecuencia del mismo el acusado sufriera ningún tipo de deterioro cognitivo que justifique la apreciación de la atenuación invocada”.

 

Por todo ello, el tribunal confirma la condena a cuatro años y cuatro meses de cárcel, pena en la que el juez de instancia tuvo en cuenta como circunstancia atenuante la de dilaciones indebidas, al tratarse de hechos sucedidos en 2012.

 

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Categories: Jurisprudencia

Tres años y ocho meses de prisión por tratar de embarcar en el ferry de Santander con 19 kilos de cannabis

Tue, 06/06/2017 - 22:00

Santander, 7 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a tres años y ocho meses de prisión a un hombre que fue detenido en el puerto de Santander el pasado mes de octubre cuando pretendía embarcar en el ferry con destino a Portsmouth, Reino Unido, con 19,2 kilos de cannabis.

 

El hombre llevaba la droga oculta en el doble fondo de unos muebles que había recogido en El Molar (Madrid) y que transportaba en una furgoneta de su propiedad.

 

El Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander le condenó el pasado mes de abril como autor de un delito contra la salud pública y ahora la Audiencia confirma esta decisión, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

 

El hombre permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde su detención.

 

24 paquetes de marihuana

 

Según relata la sentencia, algunos de los muebles que el hombre transportaba en la furgoneta tenían un doble fondo, en cuyo interior se encontraron 24 paquetes de cogollos secos de marihuana envasados al vacío, con un valor en el mercado ilícito de 29.899 euros.

 

En su defensa, el hombre alegó desconocer la existencia de la droga y afirmó que había sido contratado para realizar el porte de unos muebles por un sueldo de 900 libras, del que debía descontar el precio del ferry y la estancia.

 

Sin embargo, ni el juez de instancia ni el tribunal de apelación han creído su versión.

 

Señala la sentencia de la Audiencia, que las circunstancias en las que tuvo lugar la entrega de la mercancía, en plena calle, es un modo de proceder “extraño e impropio” del sector de las empresas de transportes, al tiempo que destaca que el acusado “no presentaba ningún documento justificativo” del servicio, y que la furgoneta había sido comprada y puesta a su nombre por el titular de la mercancía.

 

Además, sobre el sueldo que el acusado dijo haber recibido, considera el tribunal que si efectivamente debía descontar los gastos ocasionados por el transporte “convertiría tal negocio en antieconómico”.

 

Por todo ello, “la sala llega a la racional conclusión de que el acusado no era ajeno al verdadero contenido del transporte”.

 

“Es contrario a la más elemental lógica y a los dictados de la experiencia que una persona que no consta acreditado que se dedicara profesionalmente al sector del transporte acepte realizar un porte de tal naturaleza, sin ningún tipo de garantías acerca de su contenido, a cambio de un precio que apenas cubre el coste de los gastos de dicho transporte”, señala.

 

Finalmente, la Audiencia alude a la comisión del delito por dolo eventual y recuerda que “quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito actuar en que voluntariamente participa”.

 

Por tanto, el tribunal considera que existen pruebas de cargo para afirmar que el acusado “conoció o en el peor de los casos estuvo en disposición de conocer que transportaba la sustancia ilícita, de ahí que deba ser considerado responsable del delito por el que fue condenado”.

 

 

Categories: Jurisprudencia

Sanción de 6.300 euros a un cazador por viajar con el arma desenfundada, llevar munición prohibida y emplear focos

Tue, 06/06/2017 - 22:00

Santander, 7 de junio de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado las sanciones impuestas por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación a un cazador que viajaba de noche en un vehículo con el arma desenfundada, llevaba munición prohibida y, además, empleaba focos para alumbrar a las piezas.

 

El tribunal también ha confirmado la sanción a otro cazador que viajaba en el mismo vehículo por el uso de los focos, si bien ha anulado la que el Gobierno regional le impuso por llevar munición prohibida, ya que considera que tal infracción muy grave la comete el propietario del arma, que no era este cazador sino el anterior.

 

En sendas sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da respuesta a los recursos planteados por los dos cazadores contra las sanciones impuestas a raíz de la denuncia de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil que les sorprendieron de noche en la subida al puerto de San Glorio.

 

El tribunal ha considerado que ambos se encontraban realizando “una acción cinegética prohibida” y para llegar a tal conclusión pone en valor la “contundencia probatoria” de la denuncia y la posterior declaración de los agentes del SEPRONA.

 

Al primero, el propietario del arma, la administración lo sancionó con 6.310 euros y con la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para su obtención por un periodo de tres años, al considerarle autor de dos infracciones muy graves –llevar munición prohibida y emplear focos- y otra grave –llevar el arma desenfundada. Ahora el tribunal ha confirmado estas sanciones.

 

Al segundo, que viajaba junto al anterior en el vehículo, la Consejería de Medio Rural sancionó por dos infracciones muy graves –las mismas que atribuyó al anterior- con 6.010 euros y también la retirada de la licencia y la inhabilitación para su obtención durante el mismo periodo, tres años.

 

Sin embargo, en este segundo caso la Sala ha anulado una de las infracciones muy graves –la de llevar munición prohibida-, por lo que finalmente deberá pagar 3.005 euros, perderá su licencia de caza y no podrá obtenerla hasta dentro de un año y medio.

 

Cazar no es sólo disparar un arma

 

En sus sentencias, al Sala subraya la “contundencia probatoria” de la declaración de los agentes del SEPRONA, que en juicio ratificaron su denuncia en la que describieron cómo los dos sancionados utilizaban el foco desde el vehículo mientras subían el puerto de San Glorio “con barridos en todas las direcciones”.

 

Asimismo, dijeron que al darles el alto, los pasajeros del vehículo manifestaron “estar dando una vuelta” y que “en ningún momento adujeron la búsqueda de la res enferma” a la que se refieren los dos hombres en sus respectivos recursos para explicar el uso de las luces.

 

Además, señala la Sala que “la utilización del foco mediante barridos potentes de luz mientras subía el vehículo el puerto de San Glorio denota la acción de cazar y no la búsqueda de res alguna, máxime cuando en el vehículo se encontraron los elementos precisos para llevar a cabo la acción de cazar”.

 

En este punto, el tribunal explica que el acto de cazar va más allá de la acción de disparar pues “se considera acción de caza el uso de armas, artes y otros medios para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales como piezas de caza con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura”.

 

“El no haber cobrado ninguna pieza o no llegar a disparar el arma no impide reconocer que una persona pudiera estar cazando, como ha ocurrido en el supuesto de autos”, añaden las sentencias.

 

La sanción por munición prohibida para quien la utiliza

 

Finalmente, en relación a la sanción por llevar munición prohibida que apareció tirada en el interior del vehículo, el tribunal tiene dudas de que pueda sancionarse “a los que participaban en la acción de caza sin tener pleno conocimiento de la tenencia de dicho cartucho”.

 

“De dicha infracción muy grave no puede hacerse responsable a alguien que no estaba, en principio, en circunstancias de utilizar la escopeta porque pertenecía a otra persona que era el dueño del automóvil”, explica.

 

Sin embargo, sí confirma la sanción al propietario del arma por llevar munición prohibida, pues “no hay duda de que la infracción la comete el propietario del arma, aunque no fuese hallado en su poder el cartucho, pues entendemos que se deshizo del cartucho prohibido al ver que los agentes les hacían señales para que se detuvieran”.

 

Estas sentencias no son firmes y contra las mismas cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Categories: Jurisprudencia

Condenados un jefe de obra y un contratista por la muerte de un trabajador mientras encofraba

Tue, 06/06/2017 - 22:00

El trabajador se clavó una varilla de ferralla que carecía de seta de protección al caer de una escalera de mano al suelo

 

Santander, 7 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a 22 meses de prisión y multa de 1.260 euros a un jefe de obra y al gerente de una empresa contratista por la muerte de un trabajador que se clavó una varilla de ferralla cuando cayó al suelo desde una escalera de mano al tratar de colocar un encofrado.

 

En su sentencia, el tribunal de apelación rechaza los recursos presentados por ambos condenados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que les consideró autores de un delito contra los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave.

 

Señala la Audiencia en su sentencia que “hicieron total dejadez de sus obligaciones de forma muy grave, dejando a los trabajadores de la obra totalmente desprotegidos”.

 

Los dos hombres deberán hacer frente conjuntamente a una indemnización de 121.763 euros para la esposa del trabajador fallecido y de 11.051 euros para su hija.

 

El juez de instancia absolvió a la redactora del plan de seguridad y salud que venía siendo acusada por los mismos delitos que los ahora condenados, al considerar que el responsable de la seguridad de la obra era el director de la misma.

 

A la hora de determinar las penas, la sentencia reconoce la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar en 2009.

 

Una depuradora en San Felices de Buelna

 

Según relata la resolución, el trabajador se encontraba en las obras de construcción de una depuradora que la Consejería de Medio Ambiente promovía en San Felices de Buelna.

 

Cuando estaba subido a una escalera de mano tratando de montar un cajón de madera sobre un muro para verter el hormigón, perdió el equilibrio y cayó al suelo, clavándose una varilla de ferralla que no tenía protección alguna.

 

Según el juez de instancia, la causa del accidente fue doble: la maniobra del operario que era “inadecuada” y la varilla de ferralla carecía de seta de protección.

 

Explica en su resolución que la empresa del trabajador optó por escaleras de mano para realizar los enconfrados en vez de plataformas –el plan de seguridad aludía a los dos medios- opción que resultó “insegura y peligrosa”.

 

Además, “se omitió la elemental protección de las varillas salientes que en toda obra engendran un riesgo para las personas que trabajan en la misma, medida de protección que se encontraba prevista por medio de la colocación de las setas citadas o del doblado de las varillas”.

 

De todo ello, el juez primero y la Audiencia Provincial después, responsabilizan al director de la obra y al gerente de la empresa contratista en la que trabajaba el hombre fallecido.

 

Según explica la sentencia, entre las obligaciones del director de obra “se encontraba la de revisar el plan de seguridad y salud, aplicarlo en cada tarea y vigilar el cumplimiento de las medidas previstas”.

 

Mientras que el gerente de la empresa “es el encargado de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra y está legalmente obligado a suministrar a sus trabajadores todos los elementos que garantices su integridad física”.

 

Encofrado, una actividad per se peligrosa

 

La Audiencia Provincial respalda todos los argumentos del juez de instancia y rechaza los recursos de apelación presentados por los condenados.

 

Considera que gerente de la empresa en la que trabajaba el fallecido estaba obligado a facilitar las medidas de seguridad “precisas para la actividad de encofrado, una actividad per se especialmente peligrosa” y que conocía las circunstancias en las que se trabajaba “dada la asiduidad de las visitas a la obra”.

 

“Los acusados hicieron total dejadez de sus obligaciones de forma muy grave, dejando a los trabajadores de la obra totalmente desprotegidos a la hora de hacer sus tareas, procediendo sólo después de la trágica muerte del trabajador a llevar a cabo las reuniones de prevención de riesgos en la obra y a colocar posteriormente al suceso los tapones o setas de protección”, añade el tribunal.

 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Categories: Jurisprudencia

Diez meses de prisión y 10.000 euros de multa por cultivar 93 plantas de marihuana

Mon, 06/05/2017 - 22:00

Señala la Audiencia que deberían haber justificado el “exacto cumplimiento de los requisitos y condiciones del consumo compartido atípico”, tales como las necesidades diarias de consumo de cada socio

 

 

Santander, 6 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a diez meses de prisión y al pago de una multa de 10.000 euros a dos hombres a los que se les intervinieron 93 plantas de marihuana cultivadas en una nave abandonada de Santillana del Mar.

 

Los dos condenados alegaron que los destinatarios la marihuana cultivada eran los miembros de la Asociación Terapéutica de Ayuda Cannabica Cántabra, de la que forman parte.

 

Sin embargo, la magistrada del Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander, que dictó la sentencia en primera instancia, consideró que no se había acreditado este hecho.

 

En la misma línea, la Audiencia, en una resolución que resuelve el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado, señala que  “deberían haber justificado el exacto cumplimiento de los requisitos y condiciones jurisprudencialmente exigibles y que hacen del consumo compartido un acto atípico”.

 

Entiende, en este sentido, que “el hecho de exigir un riguroso control del número de socios y de las necesidades diarias de consumo de cada uno de ellos” no es, tal y como consideraron los condenados, una “exigencia diabólica”.

 

“Era a los acusados a los que habría correspondido probar que el cultivo no trascendía a terceros ajenos a la asociación, para lo cual habría sido fundamental conocer con exactitud los datos anteriormente indicados, a fin de determinar si la cantidad incautada era la precisa para el consumo inmediato de aquellos o superior”, señala la sentencia.

 

Y sigue: “De otra manera, y es lo que aquí ha ocurrido, se presume que las plantas de marihuana cultivadas estaban destinadas a promover, facilitar o favorecer el consumo o difusión a terceros”.

 

Finalmente, alude la Audiencia a la “hipotética” ilegalidad de la actuación de la guardia civil al registrar la nave sin autorización judicial, tal y como alegaron los apelantes.

 

En este punto, la resolución precisa que el lugar donde se llevó a cabo el registro es “una nave abandonada, no existiendo en ella signos o indicios de que estuviera habitada o constituyera morada, de manera que la inviolabilidad del domicilio no se habría conculcado por la intervención de los agentes, amparada por su función de investigación y persecución de los delitos”.


Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

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Condenan a una notaria por no informar en una compraventa de las cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas

Mon, 06/05/2017 - 22:00

Santander, 6 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena al pago de una indemnización de 43.436 euros a una notaria por no informar durante una compraventa de la existencia de cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas que fueron adquiridas por los ahora demandantes.

 

En una sentencia que aún no es firme –la notaria ha recurrido ante el Tribunal Supremo-, el órgano de apelación respalda la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Santander que estimó parcialmente la demanda de los compradores.

 

Entendió el juez de instancia que la notaria “no cumplió de manera diligente con sus obligaciones al no haber advertido expresamente a los compradores de la existencia de unas afecciones fiscales y de un aplazamiento del pago de la deuda que gravaban la finca y que constaban en la nota registral solicitada por la propia notaria”.

 

Sin embargo, el magistrado no estimó totalmente la demanda por considerar que la notaria es responsable de no advertir de las cargas que sí aparecían en la nota registral que ella misma había solicitado para preparar la operación de compraventa, pero no de otras responsabilidades de pago que no figuraban en el documento.

 

“El comprador confía en el notario”

 

En este sentido también se pronuncia la Audiencia. En su sentencia el tribunal constata la “efectiva responsabilidad civil” de la notaria, por cuanto en las escrituras de compraventa “omitió y no informó” de las cargas por afección fiscal que pesaban sobre las fincas adquiridas.

 

Entiende la Audiencia que “las partes que acuden a la notaría, especialmente el comprador, confían en que el notario les informará adecuadamente de las cargas que pesan sobre el inmueble objeto de compraventa”.

 

“Es indudable –continúa el tribunal- que el hecho de que el notario no dejara constancia de las afecciones fiscales al tiempo de autorizar la escritura de compraventa ocasionó un grave perjuicio a los compradores”.

 

Y añade que no puede negarse “un nexo de causalidad” entre la conducta de omitir las cargas y el “detrimento patrimonial” que sufre el comprador que ha de pagar.

 

Finalmente, confirma la Audiencia que la responsabilidad civil debe circunscribirse a las cargas que figuraban en la nota registral, “sin que las causadas por escrituras posteriores fuesen conocidas por la notaria demandada”. 

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Multa e indemnización por destrozar el establecimiento del que iba a ser desahuciado

Thu, 06/01/2017 - 22:00

El acusado alegó que quiso retirar todo lo que él había instalado en el local, que se encontraba en un “pésimo estado” cuando lo arrendó

 

 

Santander, 2 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una multa de 1.800 euros y al pago de una indemnización de 98.000 euros a un hombre que destrozó el local que tenía arrendado cuando supo que debía abandonarlo por un desahucio.


En una sentencia que ya es firme -el condenado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, el tribunal confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander que le consideró autor de un delito de daños.

 

El relato de hechos describe cómo el hombre, previamente a que se llevara a cabo el lanzamiento por parte de la comisión judicial, desmontó el tejado de un comedor, las terrazas, los aseos y la cocina, tiró tabiques, arrancó las instalaciones eléctricas, los radiadores y canalones, e hizo agujeros y rayones en el suelo.

 

Todas estas acciones causaron unos daños que han sido valorados en 98.300 euros, el importe de la indemnización que el condenado deberá abonar al propietario del establecimiento.


En su defensa, adujo que su única intervención consistió en la retirada del mobiliario que había instalado en el local para explotar su negocio, y que cuando recibió el establecimiento éste se encontraba “en pésimo estado”.

 

Sin embargo, el tribunal alude a unas fotografías “evidenciadoras de los destrozos” ocasionados y añade que éstos “no se corresponden con la alegada retirada de los muebles por él usados en la explotación de su actividad, o a la retirada de los equipos separables del local”.

 

Señala la sentencia que la acción del acusado se corresponde con “un auténtico desmantelamiento de las instalaciones del local, con eliminación de elementos estructurales”, lo que “excede con mucho lo pretendido”.

 

A juicio del tribunal, tales desperfectos “por su naturaleza y gravedad evidencian un propósito malintencionado de dañar a la propiedad arrendadora”.

 

 

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Prisión y multa de 400.000 euros por ocultar a Hacienda la venta de dos inmuebles para eludir el pago del IVA

Wed, 05/31/2017 - 22:00

Realizó dos ventas por un valor de 2,6 millones de euros y debió pagar 337.000 euros en concepto de IVA

 

 

Santander, 1 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 400.000 euros a un promotor inmobiliario por vender dos inmuebles y ocultarlo a la hacienda pública con el fin de eludir el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

 

En una sentencia que ya es firme –el condenado no ha recurrido ante el Tribunal Supremo-, estima parcialmente su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander en el sentido de reconocer la existencia de una atenuante de dilaciones indebidas, que rebaja la condena de tres a dos años de prisión.

 

Por el contrario, el tribunal confirma la multa de 400.000 euros porque “se ajusta a la gravedad de los hechos”, así como la indemnización de 337.000 euros que el hombre y su empresa deberán abonar a la Agencia Tributaria por las cuotas no abonadas correspondientes al IVA.

 

Además de la pena de cárcel, de la multa y de la indemnización, se inhabilita al condenado a ejercer la administración o gestión de sociedades mercantiles durante dos años, y se le priva de obtener subvenciones públicas y de gozar de beneficios fiscales o de la seguridad social durante cuatro años.

 

Decía no tener voluntad de defraudar

 

La resolución relata cómo el acusado “ocultó y no declaró” en el ejercicio tributario de 2009 dos ventas de inmuebles por valor de 2.655.000 euros que hubieran supuesto el pago de 337.000 euros en concepto de IVA, por lo que le considera autor de un delito contra la hacienda pública.

 

En su defensa, el ya condenado afirmó carecer de conocimientos tributarios y dijo que no tenía voluntad de defraudar al fisco.

 

A ello la Audiencia responde que “no es necesario acreditar un especial ánimo de defraudar, sino que bastarán para el dolo las exigencias generales del deber de tributar, de la capacidad de acción y de la falta de pago de lo debido”.

 

En este caso, continúa el tribunal, “ha quedado plenamente acreditada la existencia del ánimo defraudatorio”.

 

Subraya la sentencia que el acusado “ha ido ofreciendo versiones absolutamente divergentes” a lo largo de la investigación y en el juicio, desde su afirmación inicial de que sí había declarado el IVA hasta que no declaró porque “no tenía dinero ni para comer”.

 

Ya en el acto del juicio, el ahora condenado “modificó sustancialmente su testimonio” y dijo que al no haber recibido dinero alguno porque el banco aplicó el importe ingresado por la compradora al pago de otras deudas pensó que no debía declarar por la operación.

 

Era plenamente consciente de que debió declararlo

 

Sin embargo, el tribunal considera que de la prueba testifical practicada en el juicio se desprende que el acusado “era plenamente consciente” de que  tenía la obligación de declarar el IVA.

 

Asimismo, responde a la supuesta falta de liquidez señalando que “el delito no se comete por no pagar puntualmente la correspondiente cuota tributaria, sino por no haber incluido en sus autoliquidaciones las dos operaciones” de compraventa, “ocultando al erario público la percepción de dichas cantidades”.

 

Junto a ello, la sentencia señala que el ánimo defraudatorio se evidencia en que no sólo no declaró el IVA devengado por dichas operaciones, sino que además no las declaró en otro modelo, el de relaciones con terceros.

 

Por tanto, concluye la Audiencia que “lo que pretendía el acusado era evitar que la hacienda pública tuviera conocimiento de la existencia de tales operaciones, y con ello la elusión del pago del IVA devengado con las mismas, que superaba los 400.000 euros”.

 

Por último, en respuesta a la alegación del condenado de que carecía de formación en materia tributaria, entiende el tribunal que habida cuenta de su “dilatada experiencia profesional -14 años como promotor- necesariamente tenía un amplio conocimiento del funcionamiento del mundo de los negocios y de las obligaciones derivadas de las transacciones económicas generadas por su actividad”.

 

“De ello se infiere, una vez más, la voluntariedad de su acción y el ánimo defraudatorio que le guiaba”, concluye la sentencia.

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17 meses de prisión por hacerse pasar por policía para obtener la grabación de una cámara de seguridad

Mon, 05/29/2017 - 22:00

Santander, 30 de mayo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena de 17 meses de prisión a un hombre que se hizo pasar por policía nacional para pedir la entrega de las grabaciones que unas cámaras de seguridad habían hecho días atrás en un centro comercial.

 

El hombre, que exhibió una placa que guardaba muchas semejanzas con una original, se presentó el 26 de diciembre de 2015 en un centro comercial, contactó con el vigilante de seguridad y logró que éste le entregara las cintas que las cámaras habían grabado el día de Nochebuena.

 

En una sentencia que ya es firme –el condenado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, la Audiencia desestima el recurso de apelación que el hombre presentó contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que le había condenado como autor de un delito de usurpación de funciones públicas.

 

Según el tribunal, “las declaraciones testificales, que se han visto corroboradas por la documental, específicamente por la placa exhibida, constituyen prueba más que suficiente de los hechos que han sido presupuesto de la condena”.

 

En este sentido, se refiere la Audiencia al testimonio del vigilante de seguridad, quien “de modo persistente” ha declarado cómo el hombre le hizo creer que era policía al mostrarle una placa “susceptible por su semejanza con las originales policiales de hacer creer a quien se le exhiba, sobre todo si se hace a cierta distancia y de forma rápida, que es la propia de un funcionario del cuerpo nacional de policía”.

 

Finalmente, el tribunal analiza si la actuación del acusado cumplió los requisitos del delito de usurpación de funciones públicas y concluye que así fue.

 

“No sólo se identificó el recurrente como funcionario de la policía nacional, sino que actuó como si efectivamente ejercitara dicha función pública exigiendo la entrega de unas grabaciones para la investigación de un hecho delictivo, función que es propia de la condición policial”, señala la sentencia.

 

Y finaliza: “Su conducta sobre la cual no hay duda razonable ninguna reúne los elementos del tipo penal y la condena ha de ser mantenida”.

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Un administrador indemniza con 9.600 euros a una comunidad por no formalizar una solicitud de ayudas

Wed, 05/24/2017 - 22:00

La obra se ejecutó pero la comunidad de propietarios ya no pudo beneficiarse de las ayudas porque el Gobierno regional les había dado por desistidos

 

 

Santander, 25 de mayo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a un hombre que actuaba como administrador de fincas a indemnizar con 9.600 euros a una comunidad de propietarios de Torrelavega por no tramitar adecuadamente una solicitud de ayudas para el cambio de ascensor.

 

En una sentencia que ya es firme –el demandado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, la Audiencia desestima el recurso de apelación del condenado contra la sentencia del Juzgado de Refuerzo de Torrelavega que en marzo del pasado año atendió a la reclamación de la comunidad de vecinos.

 

En una junta celebrada en septiembre de 2012, los vecinos acordaron solicitar unas ayudas para la sustitución del ascensor acogiéndose al plan de rehabilitación de edificios vigente esa anualidad y encargaron al administrador su tramitación.

 

En diciembre de ese mismo año, éste presentó la solicitud de las ayudas en nombre de la comunidad y un mes después el Gobierno de Cantabria le requirió para que aportara nuevos documentos.

 

Pero el demandado no respondió al requerimiento y tampoco informó a los vecinos de que debían hacerlo, por lo que la administración le tuvo por desistido en septiembre de 2013. Nuevamente, el demandado no informó a la comunidad.

 

Un año más tarde, en octubre de 2014, comenzaron las obras de sustitución del ascensor.

 

En ese momento, los vecinos tampoco pudieron acogerse a las ayudas que la Consejería de Obras Públicas convocó en noviembre de ese mismo año, porque cuando la convocatoria se hizo pública la obra ya estaba terminada.

 

Actuación negligente

 

Según la sentencia de instancia, la actuación del administrador supuso “una negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones” que produjo una lesión para la comunidad, como es la pérdida de las subvenciones.

 

“La única responsable de la pérdida de la subvención fue la demandada, que no cumplió con sus obligaciones derivadas del contrato de administración, causando un perjuicio a la demandante que se cuantifica en la cantidad de 9.608 euros”, añade.

 

En su sentencia de apelación, la Audiencia señala que la comunidad “estaba en condiciones de obtener las ayudas previstas en caso de solicitarlas y aportar correctamente la documentación requerida”, que alcanzaba hasta un cuarenta por ciento del presupuesto de cada vecino, con una cuantía máxima de 5.000 euros por vivienda.

 

“Dado que se trataba de una actuación de accesibilidad afectante a elementos comunes, puede afirmarse que la subvención habría podido obtenerse y por ese importe máximo, siendo de destacar que el demandado no ha acreditado dato alguno que permita otro pronóstico”, señala el tribunal.

 

Por todo ello, considera la Audiencia que “el incumplimiento por el demandado de sus obligaciones produjo, en adecuada relación causal, un daño a la comunidad consistente en la pérdida de dicha subvención, lo que le obliga a indemnizar ese daño”.

 

 

Categories: Jurisprudencia

Absuelto de estafa un hombre que vendió una fíbula por un precio mayor de su valor al no haber engaño

Wed, 05/24/2017 - 22:00

La Audiencia de Cantabria considera que no se ha acreditado que la versión del vendedor sea un engaño, por lo que no cabe hablar de estafa

 

 

Santander, 25 de mayo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a un hombre que venía siendo acusado de un delito de estafa por vender una fíbula de oro de estilo orientalizante a un precio mayor de su valor real.

 

En una sentencia dictada recientemente, el tribunal considera que no se ha podido probar la existencia de engaño en el vendedor, ya que no se ha acreditado que el hombre se inventara su versión.

 

El hombre defendió en el juicio que la pieza fue traída de Egipto por su abuelo y que su padre se la regaló a mediados de los años ochenta.

 

Con este argumento, el hombre vendió la pieza al querellante por un precio de 72.000 euros, cuando el informe pericial que se ha realizado en la fase de instrucción tasa la misma en 5.988 euros, ya que se trata de un falso histórico o una recreación artística de finales del siglo XIX.

 

La venta tuvo lugar en junio de 2004 y la querella fue presentada casi cuatro años después, sin que conste, según explica la sentencia, que el comprador pidiera explicación alguna al vendedor.

 

“Sí consta –añade la resolución- que durante dicho periodo el querellante intentó vender la fíbula a terceros sin conseguirlo”.

 

Tras escuchar a ambas partes en el juicio y a los testigos que comparecieron en la vista, la Audiencia concluye que “no existe elemento probatorio alguno que sirva para acreditar que el querellado haya mentido al afirmar que la fíbula se encontrara en su poder desde 1985 y que de buena fe creyera que la había traído su abuelo de Egipto”.

 

“No pudiendo acreditarse este hecho, no hay base alguna para sostener la existencia de engaño”, añade.

 

 

El ministerio fiscal retiró la acusación

 

Tras la práctica de la prueba en el juicio, el ministerio fiscal, que acusaba al hombre de un delito de estafa, decidió retirar la acusación.

 

Por el contrario, la acusación particular que ejercía el querellante solicitó una condena de tres años de prisión, multa e indemnización en la cantidad de 72.000 euros, el precio que años atrás había pagado por la pieza.

 

Sin embargo, el tribunal no ha encontrado indicios de un delito de estafa al no concurrir un requisito fundamental, como es el engaño.

 

“La sala no han llegado al razonable, pleno y absoluto convencimiento con el grado de certeza exigible en materia penal, de que los hechos anteriormente declarados probados sean constitutivos de un delito de estafa”, señala la sentencia.

 

En este sentido, explica el tribunal que “no existe engaño alguno al exigirse que este engaño sea suficiente e idóneo para engañar a cualquier persona medianamente avisada, negando virtualidad al engaño cuando éste pudo ser evitado con una mínima diligencia por parte de la víctima”.

 

Y en este punto, recuerda cómo “resulta inverosímil” la versión del comprador de que fue el mismo día en que se redactó el documento de compraventa cuando el querellado se presentó en el establecimiento del querellante a última hora de la tarde sin haber mediado conversación previa, que no hubiera regateo o que el comprador tuviera allí mismo todo el dinero en metálico.

 

Además, califica la Audiencia de “sorprendente por no decir inveraz” que también se encontrara en el establecimiento un arqueólogo titulado, quien en el juicio manifestó que el querellante le había pedido días antes que estuviera presente.

 

Por tanto, entiende el tribunal que tanto el comprador como el vendedor habían hablado antes sobre la pieza y que aquél había manifestado interés por adquirir la misma.

 

“El querellante no dice la verdad cuando afirma que no había habido contacto previo alguno”, señala la sentencia.

 

Asimismo, entiende el tribunal que no se ha acreditado que, tal y como alega el querellante, la fíbula no se encontraba en poder del querellado desde el año 1985 sino que la había adquirido recientemente como una reproducción y la vendió a sabiendas de que no era auténtica.

 

En este punto, la sentencia señala que no se ha acreditado esa reciente adquisición porque no se ha practicado ni propuesto prueba alguna para ello.

 

No existe elemento probatorio

 

Sobre la testifical de un hombre que dijo que había adquirido esa fíbula en una feria de Chicago como una réplica y que luego la había vendido, argumenta el tribunal que “siendo una réplica o falso histórico como evidentemente es, no puede descartarse que existan varias iguales o parecidas”, por lo que no se ha acreditado que la fíbula que el testigo compró en Estados Unidos sea la misma que el querellado vendió al querellante.

 

Por todo ello, concluye la Audiencia que “no existe elemento probatorio” para afirmar que el vendedor mintió, por lo que “no pudiendo acreditarse este hecho, no hay base alguna para sostener la existencia de engaño”.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

 

 

Categories: Jurisprudencia

Privan del uso de su vivienda durante tres meses por los ruidos de los inquilinos a la propiedad vecina

Tue, 05/23/2017 - 22:00

Ahora la Audiencia Provincial de Cantabria le impide usar su vivienda para cualquier fin durante tres meses, “tiempo ajustado a la gravedad y persistencia de la actividad intolerablemente lesiva y perjudicial” para la vecina

 

 

Santander, 24 de mayo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha privado a un propietario del uso de su vivienda durante tres meses por los ruidos de sus ocupantes.

 

Esta vivienda venía siendo utilizada como establecimiento hotelero sin autorización, por lo que ya ha sido sancionada en dos ocasiones por la Consejería de Turismo y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander le ha ordenado la clausura inmediata de actividad.

 

Ahora, la Audiencia de Cantabria estima parcialmente la demanda de la propietaria del inmueble de al lado al considerar que los ruidos de los clientes que ocupan el inmueble del demandante “exceden lo tolerable”, por lo que le priva de utilizarlo para cualquier fin durante un periodo de tres meses.

 

El tribunal ha tenido en cuenta que se trata de un “tiempo  ajustado a la gravedad y persistencia de la actividad intolerable lesiva y perjudicial” para los intereses de la demandante.

 

En una sentencia que ya es firme –el demandado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, la Audiencia de Cantabria decide dar la razón a la vecina, si bien limita el tiempo de privación del uso de la vivienda a tres meses, y no al tiempo que el propietario tarde en obtener los permisos para uso hotelero, tal y como pedía la vecina.

 

 

Argumenta que no tiene obligación de insonorizar

 

En su demanda, la propietaria del inmueble colindante solicitaba que se privara de la vivienda a su propietario hasta que no obtuviera las autorizaciones administrativas que le habiliten para aprovechar la misma como establecimiento hotelero y por considerar que tal actividad le causa ruidos y molestias que tiene obligación de soportar.

 

Frente a ello, el demandado aducía que ambas viviendas –que forman un único edificio- se construyeron conforme a la legalidad vigente sin que tenga obligación de dotar a la suya de un sistema de insonorización especial, al tiempo que argumentaba que la carencia de licencia para uso hotelero no es causa suficiente para privarle de su uso.

 

En primera instancia, las tesis del demandado prosperaron ya que el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander desestimó la petición de la mujer.

 

Entendió el juez de instancia que la protección jurídica frente a inmisiones como el ruido –injerencias de carácter indirecto, material y positivo en la propiedad ajena-  pasa por obligar a cesar la actividad molesta, ejecutar obras de acondicionamiento para evitar las molestias o resarcir por los daños causados.

 

El juez de instancia entendió “desproporcionada” la medida pedida

 

A su juicio, la privación de la posesión de la finca por un tiempo indefinido no cabe en este supuesto, y de ser posible “sólo cabría acordarse bajo un plazo temporal concreto y no supeditarlo a una resolución administrativa indeterminada”, dado que “tal posibilidad implicaría una expropiación interina de las facultades del derecho de propiedad”.

 

Para el juez de instancia, ya existe una sentencia que ordena la clausura inmediata de la actividad de hostelería en tanto no disponga de autorización, lo que supone “el cese de la inmisión ilegal denunciada en el presente juicio”.

“Es claro que ha desaparecido el motivo que podría justificar la desproporcionada medida de privación de la posesión por tiempo indefinido pretendida en el presente juicio”, argumentaba.

 

La Audiencia fija en tres meses la privación de uso

 

El tribunal de apelación sí estima la petición de la vecina, si bien lo hace parcialmente.

 

Recuerda la sala que la Ley de Propiedad Horizontal contempla la posibilidad de iniciar una acción de cesación contra el propietario que realice actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, previo requerimiento al propietario molesto de que cese en tales actitudes.

 

En este caso, se trata de un edificio con dos únicas viviendas, la de la demandante y la del demandado, por lo que es de aplicación la citada legislación, ya demás la demandante intentó sin resultado un acto de conciliación para comprobar y corregir los defectos de insonorización que denunciaba, por lo que el requisito de requerimiento previo existe.

 

Además, en el inmueble del demandado se está desarrollando una actividad “claramente ilícita” y “molesta”, elementos que conducen a la Audiencia a disponer la cesación definitiva de la actividad hostelera hasta que no se obtengan las autorizaciones así como la privación del derecho al uso de la vivienda por tres meses.

 

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Absueltos de tráfico de cocaína porque la incautación de la droga se realizó sin autorización en el camarote de un velero

Tue, 05/23/2017 - 14:30

Santander, 23 de mayo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a seis personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes y que en agosto de 2013 se encontraban en Portimao (Portugal), donde la policía lusa se incautó de 260 fardos de cocaína alojados en el interior del camarote de un velero.

 

En una sentencia que ha sido notificada recientemente, el tribunal anula la diligencia de entrada y registro en la embarcación, dado que el mandato que los agentes tenían excluía la entrada en las zonas utilizadas como domicilio y la incautación de la droga se realizó precisamente en el interior de un camarote.

 

Según relata la resolución, “dicho registro fue practicado por los agentes sin contar con la correspondiente autorización judicial, excediéndose respecto al mandato o autorización que les había sido concedido”.

 

Por tanto, “la imposibilidad de valorar la incautación efectuada”, junto con la “ausencia de sustancias estupefacientes en los registros domiciliarios practicados en España y la ausencia de otras pruebas concluyentes de dicha actividad”, llevan al tribunal a dictar una sentencia absolutoria.

 

Investigación iniciada en Santander

 

La operación contra los ahora absueltos fue iniciada en Cantabria por la Guardia Civil, que tuvo conocimiento de la existencia de una o varias personas que se venían dedicando a la compra de sustancias que habitualmente sirven para adulterar cocaína.

 

Ante estas sospechas, los agentes obtuvieron autorización judicial para intervenir las comunicaciones de ciertos números de teléfono que facilitaban a las empresas de mensajería que transportaban dichas sustancias.

 

El seguimiento de esas comunicaciones les llevó a conocer que dos de los acusados esperaban la llegada de un velero con sustancias estupefacientes en su interior y que probablemente arribaría en costas portuguesas.

 

Fue entonces cuando los agentes españoles se ponen en contacto con los portugueses para ofrecerles tal información así como la descripción de esos dos acusados, que estaban siendo investigados en España y que se dirigían en sendos vehículos hacia Portimao para recibir al velero.

 

El 2 de agosto de 2013, cuando llegaron a la citada localidad los dos acusados, en la costa se encontraba fondeando un velero, del que salieron otras dos personas –también acusadas- a bordo de una embarcación auxiliar que llegó hasta la playa.

 

Detenidos en el arenal

 

Una vez en el arenal, las cuatro personas entraron en contacto, momento en que fueron detenidas. Acto seguido la policía portuaria procedió al abordaje del velero, donde encontró a otro hombre, también acusado.

 

Tras practicarse una primera inspección por parte de la policía portuaria y desplazar el barco hasta el puerto, los agentes de la policía judicial portuguesa procedieron al registro de la embarcación.

 

Fue en tal actuación cuando se encontraron, alojados en el interior del camarote de proa que servía de alojamiento y dormitorio, un total de 260 fardos o paquetes de cocaína.

 

Anulada tal diligencia y ante la inexistencia de otras pruebas concluyentes, la Audiencia de Cantabria absuelve a los acusados de los delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal de los que venían siendo acusados.

 

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación.

Categories: Jurisprudencia

El secretario general de Podemos Cantabria no vulneró el honor del responsable de Sodercan al criticar su gestión

Mon, 05/22/2017 - 22:00

Considera que Revuelta “se limitó poco más que a hacerse eco” del informe de Intervención, “muy crítico con la gestión de Blanco en Sodercan”

Recuerda que el Parlamento de Cantabria solicitó el cese de Blanco y constata una opinión pública “absolutamente convencida de que su gestión pasada había sido irregular, gravemente perjudicial y absolutamente reprobable”

 

 

Santander, 23 de mayo de 2017.-

 

El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander ha desestimado la demanda presentada por el consejero delegado de la empresa pública Sodercan, Salvador Blanco, contra el secretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, por las declaraciones que éste vertió acerca de su gestión en un programa radiofónico en septiembre del pasado año.

Entendía el demandante que las declaraciones de Revuelta eran “inciertas” y perjudicaban su honor y prestigio profesional, además de imputarle conductas delictivas.

Sin embargo, el juez considera que Revuelta no vulneró el derecho al honor de Blanco, ya que sus manifestaciones estaban salvaguardadas por su libertad de expresión.

En una sentencia conocida hoy, concluye el magistrado que “ninguna de las expresiones que para el demandante fueron especialmente ofensivas resultan desproporcionadas, ni gratuitamente insultantes o calumniosas”.

En esta línea, considera el magistrado que “calificar la gestión del demandante como afectada por irregularidades y corrupciones son opiniones y expresiones perfectamente lógicas y razonables, y que no exceden de un derecho de crítica”.

Además, recuerda la actividad parlamentaria en torno a la figura de Blanco en el pasado año –dos proposiciones no de ley para reprobar su nombramiento y solicitar su cese- así como el informe de Intervención del Gobierno de Cantabria, “muy crítico” con la gestión de Blanco al frente de Sodercan en una etapa anterior.

“En realidad, en su declaración radiofónica el demandado se limitó poco más que a hacerse eco de dicho informe”, añade la sentencia. 

Motivos de la demanda

En su escrito de demanda, Blanco señalaba que las declaraciones del secretario general de Podemos en el programa La Ventana de la Cadena Ser del pasado 8 de septiembre “iban más allá de la crítica a su actividad profesional actual, pues le llegaba a imputar la comisión de conductas delictivas en dicho ámbito, tales como derrochar fondos públicos, amañar concursos en su propio beneficio y robar”.

Entendía que Revuelta le había descalificado “de forma injuriosa e innecesaria” y que tales imputaciones habían tenido un “importante impacto mediático en Santander”, dada la audiencia del programa radiofónico.

Indudable interés público

Sin embargo, el magistrado no acoge estos argumentos y, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en casos similares, recuerda que tanto el demandante como el demandado “eran personas de indudable relevancia pública en el ámbito político regional”.

Añade que Revuelta no interviene en la entrevista a título personal sino que lo hace en su específica condición de secretario general de Podemos, al tiempo que todas las referencias que hace sobre Blanco lo fueron en su condición de consejero delegado, “y no sobre ninguna cuestión personal o privada del demandante”.

Junto a ello, subraya la sentencia que el contenido de la entrevista tenía en esas fechas “un indudable interés público”, derivado de ser Sodercan una sociedad de titularidad pública, y de que en esas fechas la gestión de Blanco como consejero delegado de la misma en una etapa anterior “era una cuestión de viva actualidad política”.

Recuerda, en este sentido, el magistrado las dos proposiciones no de ley que en 2016 aprobó el pleno del Parlamento de Cantabria sobre la figura de Blanco: una reprobar su nombramiento y la segunda para pedir su cese.

El informe de Intervención era “muy crítico”

“Es indiscutible que en esa fecha –la de la entrevista- existía una opinión pública absolutamente convencida de que su gestión pasada en Sodercan había sido irregular, gravemente perjudicial para los intereses económicos públicos y absolutamente reprobable”, señala la sentencia.

Y continúa: “Y tal estado de opinión no tuvo solamente reflejo en los medios de comunicación, sino también de forma tan contundente como reiterada en la cámara legislativa de esta región, hasta el punto de haber aprobado la cámara su solicitud de cese por no considerarle idóneo para repetir su cargo en Sodercan”.

En este sentido, explica el juez cómo ese estado de opinión “no fue creado de una forma caprichosa, artificial ni temeraria, ni desde luego por el demandado”, sino que se apoyó en el citado informe de Intervención que califica de “muy crítico” con la gestión de Blanco en el pasado.

Finalmente, constata el magistrado la “ausencia de acusaciones de delitos, de insultos o incluso de excesos verbales reprobables, injustificados o desproporcionados”.

“Y es que aplicando el criterio jurisprudencial de prevalencia reforzada de la libertad de expresión frente al derecho al honor cuando afecta a personas que ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia pública, ninguna de las expresiones que para el demandante fueron especialmente ofensivas resultan desproporcionadas, ni gratuitamente insultantes o calumniosas”, concluye.

Por todo ello, desestima el juez la demanda del consejero delegado de Sodercan, en una sentencia que no es firme y contra la que cabe presentar recurso de apelación.

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Prisión, multa e indemnización por utilizar una firma falsa de su madre para comprar tres vehículos

Sun, 05/21/2017 - 22:00

Santander, 22 de mayo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a trece meses de prisión, multa de 1.620 euros e indemnización de 51.137 euros a un hombre por comprar tres vehículos concertando contratos de financiación en los que figuraba su madre como titular o avalista.

 

Para lograr que tales operaciones llegaran a buen fin, el hombre utilizaba una firma falsa de su madre, titular de la cuenta corriente contra la que se pasarían los recibos.

 

En su sentencia, el tribunal ha tenido en cuenta a la hora de determinar la condena el hecho de que el condenado padece una alteración mental, con afectación leve de su capacidad intelectiva, así como la existencia de dilaciones indebidas, pues los hechos se remontan a 2008.

 

Por todo ello, ha declarado al hombre autor de un delito continuado de estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que ha absuelto a otro hombre que venía siendo acusado como coautor de tales delitos al no poder probar su participación en los hechos.

 

Compró tres vehículos en seis días

 

Según la sentencia de la Audiencia, el hombre concertó tres contratos de financiación con Banco Cetelem, FCE Bank y RCI Banque para la adquisición de un Volkswagen Golf, un Ford Focus y un Nissan 350Z, operaciones que fueron realizadas los días 4, 6 y 9 de junio de 2008.

 

Todas ellas figuraban a cargo de una cuenta corriente titular de la madre del condenado y en la que éste constaba como autorizado.

 

Uno de los contratos se celebró a nombre de la mujer, mientras que los otros dos lo fueron a nombre de su hijo, con la progenitora como avalista.

 

Los tres contratos fueron aprobados y los coches vendidos y entregados al acusado, quien los puso a su nombre y dispuso de ellos en todo momento.

 

Los créditos fueron prácticamente impagados en su totalidad, por lo que el hombre debe 31.938 euros a Cetelem, 24.177 a FCE Bank y 19.199 a RCI Banque.

 

Una firma falsa y una fotocopia del DNI compulsada

 

Para lograr que las empresas financieras le concedieran los préstamos y que la compra efectivamente se realizara, el condenado aportaba una fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de su madre, toda la documentación contractual rellenada y la firma falsa de ésta. No se ha podido probar quién fue el autor de la rúbrica.

 

En este punto, explica la Audiencia que no se ha probado que la persona que también aparecía acusada por estos hechos fuera quien realizara la firma de la madre del condenado.

 

El hombre siempre negó su participación y además el tribunal no encuentra “ganancia” o “aprovechamiento” alguno por su parte.

 

“No hay pruebas de que fuera él quien urdiera el plan junto al condenado, no hay pruebas de que fuera él quien falsificara las firmas de la madre del condenado, no hay pruebas de que se beneficiara de alguna forma de la estafa urdida por aquél”, concluye la Audiencia.

 

Destruyó dos de los vehículos y cobró por los siniestros

 

Por el contrario, el tribunal sí considera probado que el acusado “aparentando una solvencia de la que carecía y utilizando engaño consistente en hacer creer a los vendedores que su madre le avalaba –o que incluso era la compradora de uno de los vehículos-, logró que las financieras le prestaran el dinero necesario para tales compras”.

 

Y continúa: “Obteniendo de facto la entrega de los vehículos, que rápidamente fueron dispuestos por él, y dos de ellos destruidos para cobrar los importes de los siniestros”.

 

En cuanto a la firma, señalan los magistrados que “no sabemos si fue él quien materialmente firmó en los contratos, pero sí que las firmas eran notoriamente falsas y que fue él quien intervino en los contratos y se benefició del engaño”.

 

Por todo ello, la Audiencia le condena ahora a trece meses de prisión, a una multa de 1.620 euros y a que indemnice a dos de las financieras por los importes no satisfechos. La tercera le demandó por la vía civil para reclamar las cantidades debidas y no percibidas.

 

Esta sentencia es firme ya que contra la misma no se ha presentado recurso alguno.

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El Tribunal Supremo inadmite una querella contra el ministro de Fomento en relación con el Centro Botín de Santander

Thu, 05/18/2017 - 09:30

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado auto de inadmisión a trámite y archivo de la querella presentada por la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria contra el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, por varios delitos de corrupción en actuaciones públicas en relación al Centro Botín de Santander, al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de ilícito penal alguno.

Para el Supremo, es patente que se ha pretendido, “al dirigir la querella añadiendo y encabezando al hoy Ministro, atraer la competencia de esta Sala, con la pretensión de apertura de una "causa general" a toda una actuación administrativa, con fundamento en inconcretas afirmaciones donde no se aporta ni el más elemental principio o indicio de prueba contra el aforado”, por lo que, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede la inadmisión de la querella.

El alto tribunal se pronuncia exclusivamente sobre De la Serna por su condición de aforado ante la Sala, y declara su falta de competencia respecto al resto de personas incluidas en la querella.

La Plataforma, como acción popular, presentó querella contra el hoy ministro y ex alcalde de Santander Iñigo de la Serna, y todos los miembros del patronato de la Fundación Marcelino Botín Sáez de Sautuola y López, el expresidente del Gobierno de Cantabria y actual presidente, la exvicepresidenta, el expresidente de Puertos del Estado y los ex presidentes de la Autoridad Portuaria de Santander, a los que imputaba delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, contra los recursos naturales y medio ambiente, contra el patrimonio cultural e histórico, ordenación del territorio y urbanismo, y daños, por los procedimientos administrativos y actos conexos desarrollados en la construcción del centro cultural en el Muelle Albareda de Santander.

El Supremo indica que la querella “no aporta en relación con los delitos imputados ni el más elemental principio de prueba, indicio o sugerencia”. Sobre el delito de prevaricación, el tribunal señala que no se ha acreditado su realización y añade que, en cualquier caso, “no podría un Tribunal penal arrogarse competencias sobre el control de la función administrativa, en cuya sede quedarían residenciadas las ilegalidades ordinarias y no extravagantes como consecuencia del principio de ‘última ratio’ y del carácter fragmentario y subsidiario del Derecho Penal, que solo debe entrar en juego ante las irregularidades más graves y formas de lesión más intensas e insoportables del bien jurídico cuando antes hubieran fracasado otros sectores del ordenamiento jurídico”.

Insiste la Sala en que no se trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública, por la jurisdicción penal a través del delito de prevaricación, “sino de sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria”.

Respecto al tráfico de influencias y los otros delitos, “tampoco se aporta principio alguno de prueba de que el aforado hubiere ejercitado fuerza moral, presión psicológica o influencia indebida, prevaliéndose del ejercicio de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con funcionario o autoridad para conseguir cualquier resolución que le pudiera generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”.

“Y es que en realidad -añade el auto- los hechos descritos en la querella tachan indiscriminadamente no sólo de ilegal sino de penalmente relevante toda una actuación administrativa lo que les ha llevado a interponer, como señala el Ministerio Fiscal, denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria y procedimientos contenciosos frente al Decreto 17/12, de 12 de abril”, resueltos por sentencia en la que se concluye que no existe irregularidad alguna y que todas las alegaciones de nulidad debían desestimarse.

Y sobre la paralización de las obras, desestimada por la jurisdicción contencioso-administrativa, la Sala indica que se trata de una actuación administrativa con la previsión de trámites de información pública y posibilidades de recurso, “es decir de mecanismos hábiles para corregir eventuales desviaciones de la legalidad”.

 

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