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Noticias Judiciales TSJ Cantabria
Updated: 3 days 18 hours ago

Dos medios de comunicación indemnizarán con 7.800 euros a un premiado de la lotería por difundir datos sobre su persona

Thu, 03/16/2017 - 23:00

Desvelaron su profesión, estado civil, nombre de pila y lugar de residencia, por lo que vulneraron el derecho a la intimidad personal del demandante

 

Santander, 17 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a dos medios de comunicación que desvelaron la profesión, el estado civil, el nombre y el lugar de residencia de una persona que había sido premiada en el sorteo de la Primitiva.

 

El tribunal de apelación rechaza de este modo el recurso presentado por uno de los medios de comunicación y confirma la condena: el recurrente –editor de un periódico en papel y de su versión digital- deberá indemnizar al demandante con 6.000 euros, y el otro medio –una radio local que no recurrió- deberá pagarle 1.800 euros.

 

El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander entendió en su momento que había existido una vulneración del derecho fundamental de la intimidad personal y familiar del demandante. Ahora, la Audiencia confirma esta apreciación.

 

Datos revelados

 

Según relatan ambas sentencias –la de instancia y la de apelación- dos días después de conocerse que el premio de la Primitiva había caído en Cantabria, el programa local de radio demandado informó sobre la población donde se había vendido el boleto y sobre la profesión de quien lo había adquirido.

 

Además, el locutor del programa añadió a esta información un juego de palabras con el que daba a entender el nombre de pila del premiado.

 

Dos días más tarde, el periódico demandado y su versión digital publicaron una información en la que se informaba de la profesión, del nombre de pila, de la población de procedencia, de la edad aproximada  y del estado civil del premiado.

 

Al día siguiente, el mismo medio recuerda su profesión en otra noticia y mes y medio después retoma el asunto y publica una información en la que vuelve a recordarse el premio y la profesión del premiado, además de una apreciación acerca de su deseo de permanecer en el anonimato.

 

No es indispensable que consten nombre y apellidos

 

En su sentencia, el juez de instancia afirmaba que “es un hecho de relevancia pública claramente noticiable” que un importante premio de la Primitiva tocara en Cantabria.

 

Sin embargo, añadía que “los datos personales que identifican o permiten identificar al premiado, por el carácter anónimo del mismo y por la falta de aportación de elementos informativos adicionales a la noticia, carecen de relevancia pública”.

 

“Se trata de datos irrelevantes para la opinión pública o le interés general referidos a una persona privada sin proyección ni interés público y que claramente se refieren al ámbito de la intimidad”, añadía el magistrado en su sentencia.

 

A su juicio, la identidad del premiado quedó revelada desde el mismo momento en que se indicó su profesión y dieron su nombre de pila, “datos que conjuntamente son suficientes para que en una ciudad como Santander la identidad del premiado pase a ser de inmediato conocimiento público”.

 

“No es indispensable que la noticia haga referencia a personas perfectamente identificadas por su nombre y apellidos, bastando que se hagan constar datos, circunstancias o detalles que hagan fácilmente identificables al sujeto”, remarcaba en su resolución.

 

Colisión entre el derecho a la información y a la intimidad

 

Por su parte, la Audiencia coincide con el juez en subrayar que el hecho tenía relevancia pública, “pues es obvio que la ostenta una noticia que hace mención al premio más importante concedido hasta entonces a un billete de Lotería Primitiva en Cantabria”.

 

Sin embargo, entiende que al analizar la colisión entre el derecho a la información y a la intimidad, hay que poner el acento en “si para satisfacer el precitado interés público resultaba necesario difundir datos personales de los premiados que permitan, en un ámbito social determinado (como es el de esta comunidad autónoma, que no alcanza los 600.000 habitantes) su precisa identificación”.

 

“La prevalencia del derecho a la información se revela ahora de escasa importancia”, señala el tribunal, que entiende que “ninguna relación existe entre la información difundida y su profesión que permita considerar que pudiera tener interés por su proyección pública, ni siquiera para satisfacer la curiosidad que, en el caso, se revela de menor importancia o intensidad en su colisión con el derecho a la intimidad”.

 

Pérdida de seguridad personal que requiere ser indemnizada

 

En su demanda, el premiado reclamaba una indemnización de 20.000 euros. Sin embargo, el juez de instancia –y ahora la Audiencia lo confirma- redujo a 7.800 euros este derecho.

 

La intromisión al derecho a la intimidad en este caso se traduce, según definió el juez de instancia, en una “pérdida de seguridad personal y familiar al darse a conocer a terceros el enorme incremento patrimonial experimentado”.

 

Esta situación le generó un “estado de intranquilidad, desasosiego y preocupación”, si bien entendió el magistrado que “no hay razones bastantes como para imputar causalmente la baja laborar del demandante a esa situación”.

 

Por ello, valorando la gran difusión en la provincia de los medios demandados y teniendo en cuenta que “la gravedad de la intromisión es superior en el caso del periódico escrito y digital tanto por contenido y explícita alusión al nombre, como por permanencia y reiteración”, entiende el juez que la indemnización debe fijarse en 6.000 euros para éste y 1.800 euros para el programa de radio.

 

 

 

 

Categories: Jurisprudencia

Cuatro meses de prisión por tratar de abandonar a su bebé recién nacido en la recepción de la Residencia Cantabria

Thu, 03/16/2017 - 23:00

Santander, 17 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro meses y quince días de prisión a una mujer que trató de abandonar a su bebé en la recepción de la Residencia Cantabria.

 

El tribunal estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que le condenó a nueve meses de cárcel al considerar que el delito había sido consumado, reconociéndole la circunstancia atenuante analógica de estado de necesidad.

 

Según reproduce la sentencia de la Audiencia, la mujer, de nacionalidad extranjera y que se encontraba en situación irregular en nuestro país, acudió a la recepción de la Residencia y depositó una bolsa de deporte, manifestando a una empleada del centro que más tarde pasaría a recogerla.

 

Entonces, la empleada del hospital fue tras de la acusada con el fin de que ésta retirara la bolsa, dado que tiene prohibido custodiar objeto alguno, la retuvo y la llevó hasta el mostrador.

 

Al comprobar el estado en el que la acusada se encontraba, le facilitó una silla y agua. En ese momento, se oyeron unos “maullidos” procedentes de la bolsa, que se estaba cerrada, por lo que la empleada procedió a abrirla y a descubrir en su interior un recién nacido envuelto en una manta.

 

La mujer dio aviso a los servicios de emergencia y a la policía. Madre e hijo fueron atendidos en el hospital y el parte de urgencia detalló que el parto se había producido una hora antes.

 

Durante el ingreso de la mujer en el hospital, ésta inició los trámites para dar el bebé en adopción. También se identificó a la madre de la acusada, residente en España.

 

El juez consideró estos hechos un delito de abandono temporal de un menor, por lo que le condenó a una pena de nueve meses de cárcel.

 

Ahora la Audiencia confirma la existencia de tal delito, da validez al “minucioso, verosímil y contundente” testimonio de los testigos y rechaza la circunstancia atenuante esgrimida por la acusada.

 

Sin embargo, sí acoge el tribunal la alegación acerca del grado de consumación del delito. Mientras que el juez entendió que el mismo se había producido, la Audiencia estima la tesis de la defensa de que el delito fue intentado.

 

No concurre estado de necesidad

 

Finalmente, la Audiencia no acoge la petición de que sea considerada la eximente de estado de necesidad, ya que “la situación de soledad y desamparo que se alega no consta acreditada”, pues la madre de la acusada también se encontraba en España.

 

Tampoco se admite que la mujer no conociera los medios de asistencia en España pues, nuevamente, su madre se encontraba residiendo en nuestro país tiempo antes “y no podía ignorar la existencia de los medios de auxilio social”.

 

Por último, recuerda la Audiencia que la eximente de estado de necesidad opera cuando es necesario llevar a cabo la realización del mal que el delito supone con la finalidad de librarse del mal que amenaza al actor, siendo preciso que no exista otro remedio razonable y asequible.

 

En este caso, “el mal a evitar no era otro que la situación de grave penuria y residencia irregular en que se encontraba la acusada, con directa repercusión sobre su hijo recién nacido”.

 

“Pero el abandono del menor en las condiciones en que se materializó –continúa el tribunal- no tiene posibilidad de comparación con una situación irregular o un estado de penuria económica, al existir recursos sociales para evitar el daño que la escasez de recursos puede comportar”.

 

Si bien ni el juez de instancia ni ahora la Audiencia aprecian un estado de necesidad que exima a la mujer de responsabilidad penal, a la hora de determinar la pena el magistrado del Juzgado de lo Penal sí que tuvo en cuenta la circunstancia atenuante analógica de estado de necesidad, apreciación que también comparte el tribunal de apelación.

 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Categories: Jurisprudencia

Tareas socioeducativas a una menor que sustrajo una cadena de oro con el sistema del “abrazo cariñoso”

Thu, 03/16/2017 - 23:00

Santander, 17 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una medida de nueve meses de tareas socioeducativas a una joven de diecisiete años que, en compañía de otra mujer mayor de edad, sustrajo una cadena de oro a un hombre al que se arrimó y abrazó.

 

De esta manera el tribunal de apelación rechaza el recurso presentado por la defensa de la joven y confirma la sentencia dictada por la titular del Juzgado de Menores de Santander.

 

En su resolución, la magistrada de instancia ponía de manifiesto que la joven, casada y con un hijo, subsiste de los ingresos que obtiene de “actividades marginales”, no sabe leer ni escribir y “no realiza introspección ni autocrítica, no existiendo voluntad de cambio personal”.

 

La sala ha dado credibilidad a la declaración de la víctima, que fue “firme, contundente, precisa y exhaustiva”, y al reconocimiento que el hombre hizo de la joven como una de las dos personas que se le acercaron.

 

Frente a ello, la “mera negación del hecho por la menor no introduce dudas que permitan acudir al principio in dubio pro reo, pues la sala, al igual que la magistrada de Menores, no tiene ninguna duda de que la recurrente es autora del hecho”.

 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Categories: Jurisprudencia

Siete años de prisión por agredir con un cuchillo de cocina a dos hombres en una discoteca de Torrelavega

Tue, 03/14/2017 - 23:00

Tras mantener una discusión con uno de ellos, salió del local, compró un cuchillo en un bazar y regresó al lugar donde se produjeron las agresiones, una considerada delito de homicidio intentado y otra un delito de lesiones

 

Santander, 15 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete años de prisión a un hombre por agredir con un cuchillo de cocina a otras dos personas cuando se encontraban en una discoteca de Torrelavega.

 

Pese a que el procesado manifestó en el juicio que no tenía intención de matar a nadie, el tribunal sí ha constatado dolo homicida en su actuación y le ha condenado como autor de dos delitos: uno de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones con medio peligroso para la vida.

 

Además de la condena a siete años de cárcel, el acusado deberá indemnizar a sus víctimas en 22.000 euros.

 

El tribunal decide absolver a los otros dos hombres, a los que se les venía acusando de faltas de lesiones por las heridas que le produjeron al acusado mientras se defendían de sus ataques. El propio ministerio fiscal decidió retirar en el juicio la acusación ejercida contra ellos.

 

La discusión inicial le llevó a un bazar a comprar un cuchillo

 

La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, relata cómo en febrero de 2015, cuando el acusado se encontraba en el interior de una discoteca de Torrelavega, inició una discusión con el dueño de la misma.

 

La discusión derivó en un forcejeo en el que medió otro hombre, quien logró expulsar del local al acusado.

 

Éste, “enojado por la agresión sufrida y teniendo sus facultades intelectivas y volitivas levemente disminuidas por mor de la cocaína y las bebidas alcohólicas que había estado ingiriendo”, acudió a un bazar cercano, donde compró un cuchillo de cocina con una hoja de diez centímetros.

 

Portando el cuchillo regresó a la discoteca. Allí, “guiado por la intención de poner fin a la vida” de quien anteriormente le había echado del local “o, en todo caso, asumiendo la alta probabilidad de que eso ocurriera”, le asestó varias puñaladas, causándole varias heridas en las manos y un corte en el cuello.

 

Alertado por los gritos, el dueño del local acudió en socorro del agredido abalanzándose sobre el imputado, que le dio una puñalada en la mano y otra en la sien.

 

Entonces, el hombre que primero había sido agredido, huyó del local y en la vía pública se desplomó a causa de las lesiones, circunstancia que el agresor aprovechó para asestarle nuevamente varias puñaladas en un brazo.

 

Como consecuencia de estos actos, las dos víctimas presentan heridas, uno en la mano, brazo y cuello, con secuelas en forma de problemas funcionales en un dedo y cicatrices; y el otro en el rostro y el hombro, con secuelas en forma de cicatrices y  limitación de la movilidad del citado hombro.

 

Reconoció los hechos

 

Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos, si bien añadió que “no era su intención matar a nadie”. Sin embargo, la Audiencia sí aprecia dolo de matar.

 

Según explica en su sentencia, “el procesado, aunque fuera con dolo eventual, no intentó sólo lesionar a su víctima, sino que intentó matarlo, como se desprende del lugar de elección para tajear, y de los sucesivos pinchazos que de forma reiterada y en dos momentos diferentes le produjo”.

 

“La zona de elección para atacar con el cuchillo (el cuello, que es zona vital), la intensidad del ataque –repetido (varios golpes), premeditado (como se desprende de acudir a comprar el cuchillo) y reiterado (ataque que se produce tanto dentro como luego fuera)- revelan que la intención que tuvo el procesado fue la de matar”, señala el tribunal.

 

Y añade: “En todo caso, si esa no fue su intención inmediata, sí que pudo prever que cortándole en el cuello podía matarlo, pues el cuello es una zona vital”.

 

Al segundo hombre, el acusado atacó con el cuchillo causándole lesiones en el hombro y heridas incisas en el rostro y un dedo de la mano derecha.

 

Por tanto, además del delito de homicidio en grado de tentativa por los hechos antes descritos, la Audiencia también le condena por otro delito de lesiones con medio peligroso para la vida.

 

A la hora de establecer la pena, el tribunal ha aplicado una circunstancia atenuante, como es la de intoxicación leve como consecuencia de las bebidas alcohólicas y la cocaína que había ingerido a lo largo de aquella noche.

 

Categories: Jurisprudencia

Prisión y multa para un funcionario que cobraba comisiones por gestionar ayudas a ganaderos y agricultores

Mon, 03/13/2017 - 23:00

Según se ha probado, “se aprovechaba conscientemente” de la edad de los solicitantes, de su desconocimiento absoluto del procedimiento y del temor racional de que no pagar al funcionario les haría perder las subvenciones

 

Santander, 14 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria condenará a dos años de prisión, cinco de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 3.000 euros a un funcionario, responsable de una oficina comarcal de la zona central de Cantabria, por cobrar comisiones a ganaderos y agricultores por la tramitación de ayudas.

 

En una vista celebrada esta mañana, el acusado se ha conformado con la condena por un delito continuado de cohecho y ha reconocido que desde el año 2003 hasta 2011 cobró una comisión bajo pretexto de que la tramitación de los expedientes era “complicada” y le suponía “un sobreesfuerzo laboral”.

 

Según relata el escrito del fiscal, que se reproducirá en la sentencia al tratarse de una conformidad, el ahora condenado “se aprovechaba conscientemente bien de la edad de los solicitantes o de su desconocimiento absoluto del procedimiento y del temor racional de los afectados de que no aceptar la reclamación económica les podría suponer la pérdida de las ayuntas económicas”.

 

A lo largo de los años, el funcionario, que era técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y responsable de la Oficina Comarcal de Toranzo, solicitó a distintos agricultores y ganaderos compensaciones de alrededor de 3.000 euros –en el caso de los expedientes de primera instalación- o de unas cuatro mensualidades –cuando se tramitaba el ceses anticipado de actividad.

 

En una ocasión, tramitado el expediente y concedida la ayuda, el solicitante falleció y el acusado acudió al puesto de trabajo de la hija de aquel a reclamarle la compensación por el trabajo realizado. No consta que recibiera cantidad alguna.

 

La suma de las cantidades recibidas indebidamente asciende a 15.886 euros, montante que el acusado ya ha consignado judicialmente y que le ha permitido atenuar su condena, al concurrir la circunstancia de reparación del daño. Esas cuantías se entregarán a los cuantificados en ejecución de sentencia.

 

Además, también se ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

 

La sentencia, que se dictará en los próximos días en los términos fijados hoy en la conformidad, es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

 

 

 

Categories: Jurisprudencia

Prisión por entrar por la fuerza en la vivienda de su exmujer, llevarse objetos de valor y cambiar la cerradura

Mon, 03/13/2017 - 23:00

Santander, 14 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a dos años de prisión y multa de 1.296 euros a un hombre que rompió una ventana de la que había sido su vivienda para acceder a ella, llevarse objetos de valor y cambiar todas las cerraduras con el fin de impedir que su exmujer utilizara la casa, que le había sido adjudicada por sentencia de divorcio.

 

El Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander le condenó por un delito de robo con fuerza en casa habitada y por otro de violencia de género en su modalidad de coacciones para impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

 

Además, también resultó condenada por el primero de los delitos su actual pareja, que le acompañó y participó en la apropiación de varias obras de arte, por lo que ha sido merecedora de una pena de dos años de cárcel.

 

La pareja deberá indemnizar conjuntamente en 4.835 euros a la exmujer del condenado por el valor de los objetos extraídos.

 

Contra la sentencia del juzgado, ambos condenados presentaron recurso de apelación, que ha sido ahora desestimado por la Audiencia Provincial de Cantabria, por lo que ya no cabe recurso alguno.

 

 

 

 

Se apoderaron de varias obras de arte

 

La resolución relata cómo el hombre, aprovechando que su exesposa le había comunicado que temporalmente se trasladaba a Francia junto a sus hijos, se dirigió, acompañado de su actual pareja, a la que había sido la vivienda familiar.

 

Ambos, “puestos de común acuerdo y con intención de obtener un ilícito enriquecimiento”, entraron en la vivienda fracturando el cristal de una ventana y se apoderaron de una estatua de piedra verde, una pintura al óleo, una talla de madera del siglo XVII y un icono ruso del siglo XIX, efectos que el padre de su exesposa le había regalado a ésta.

 

Además, “con la intención de impedir que su exmujer pudiera ejercer su derecho de utilizar la vivienda” que le había sido atribuido por sentencia de divorcio, el ahora condenado cambió todas las cerraduras de la vivienda y del garaje.

 

La Audiencia ha desechado el testimonio exculpatorio del acusado, quien argumentó que necesitaba recuperar unos documentos personales que se encontraban en la vivienda.

 

Además de incurrir en “evidentes contradicciones”, es una razón que no expuso desde el primer momento y, concluye el tribunal, “existen otros mecanismos legales para poder recuperar, de ser cierto, efectos personales sin violentar la propiedad ajena”.

Categories: Jurisprudencia

Multa al joven que sobrevivió al accidente en el puerto de Laredo por prestar su vehículo a un amigo sin carnet

Sun, 03/12/2017 - 23:00

Santander, 13 de marzo de 2017.-

 

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Laredo ha condenado hoy a una multa de 1.440 euros al joven que el pasado 12 de febrero sobrevivió a un accidente cuando su vehículo quedó sumergido en el mar a consecuencia de la errónea conducción de un amigo que carecía de carnet y al que el acusado había prestado el vehículo.

 

En una comparecencia con presencia del fiscal celebrada esta mañana en el Juzgado, el joven ha reconocido los hechos y se ha conformado con la petición de condena del ministerio público, que ha rebajado su calificación inicial de dieciocho meses de multa a doce por un delito contra la seguridad vial.

 

Las familias de los dos jóvenes fallecidos en el siniestro han renunciado a reclamación alguna.

 

Según relata la sentencia, en la madrugada del pasado 12 de febrero el joven llegó al espigón del recinto portuario de Laredo en compañía de otros dos jóvenes en el vehículo que él mismo conducía.

 

Una vez allí, “y sabedor de la carencia de aptitud y falta de licencia para conducir” de uno de sus acompañantes, “le dejó su asiento con la finalidad de enseñarle el manejo del coche”.

 

Así, realizaron algunas maniobras, hasta que advirtieron la presencia de un vehículo de la Guardia Civil, momento en que el joven que estaba al volante “decide parar el vehículo y, debido a su impericia, no combina adecuadamente el movimiento de los pedales, perdiendo el control y precipitándose al mar”.

 

El coche quedó sumergido bajo el agua y el acusado logró salir con dificultad. Los otros dos jóvenes quedaron atrapados en el mismo, por lo que fallecieron de asfixia por inmersión.

 

Según recoge la sentencia, el acusado, que resultó herido leve, “intentó sacar a las otras dos personas, no lográndolo por la oscuridad del lugar y la mar”.

 

Al tratarse de una sentencia dictada con la conformidad del acusado, es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Categories: Jurisprudencia

Un fontanero deberá pagar 494.723 euros por las graves lesiones que ocasionó la explosión de una caldera

Thu, 03/09/2017 - 23:00

La explosión causó lesiones graves a los moradores de la vivienda, uno de las cuales perdió las extremidades inferiores y tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta

 

 

Santander, 10 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al pago de una indemnización de 494.723 euros a un fontanero por la explosión de una caldera que carecía de dispositivos de seguridad.

 

En una resolución que resuelve el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander, la Audiencia eleva la indemnización que deberán percibir los lesionados.

 

Inicialmente, el Juzgado condenó al instalador al pago de 275.028 euros, además de una pena de dos años de prisión y otra de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de fontanero o instalador de calefacciones por un periodo de cuatro años, condenas que no han sido recurridas.

 

Según el relato de hechos de la sentencia, el acusado había instalado un sistema de calefacción central en la vivienda de los afectados en 1998. Años después, modificó la instalación para colocar una paila en el hogar de leña, con el fin de aprovechar la fuente de calor de la chimenea para calentar los radiadores.

 

 

 

 

Sin válvulas de seguridad

 

En esta nueva instalación, el acusado no dispuso de regulación de temperatura ni de sistema alguno de expansión. Tampoco modificó los sistemas preexistentes de alivio de la sobrepresión ni los diámetros de las tuberías.

 

“Puede afirmarse que la actuación profesional del acusado faltó a las más mínimas normas de cuidado exigibles e infringió la legislación de seguridad sobre este tipo de instalaciones”, explica la sentencia.

 

Tras llevar a cabo esta modificación, en enero de 2003 tuvo lugar una explosión en la caldera, que produjo graves lesiones físicas y psíquicas a los moradores de la vivienda.

 

A la mujer, que tuvo que ser sometida a tratamiento médico y quirúrgico durante varios meses, le quedan como secuelas la amputación de las extremidades inferiores, cicatrices de quemaduras, graves secuelas estéticas y un trastorno depresivo reactivo. Actualmente, tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta y requiere de asistencia para sus quehaceres habituales.

 

También sufrió heridas el dueño de la vivienda que requirieron varios meses de curación. Como secuelas, le han quedado problemas psíquicos que han derivado en su posterior incapacidad laboral.

 

La explosión produjo además daños en la vivienda que han sido tasados en 104.319 euros.

 

Por todo ello, la Audiencia dispone una indemnización de 377.568 euros para la mujer; 12.835 euros para el hombre; 32.585 euros por los daños materiales que deberá pagar a ambos; y 71.735 euros para la aseguradora que adelantó parte de la indemnización por los daños en la vivienda.

 

Esta sentencia es firme, por lo que no cabe recurso alguno contra la misma.

 

Categories: Jurisprudencia

Rebaja el precio de un vehículo porque retirar el software de Volkswagen le hará perder potencia y consumir más

Wed, 03/08/2017 - 23:00

Santander, 9 de marzo de 2017.-

 

El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha estimado parcialmente la demanda de la compradora de un vehículo Audi que porta un software de Volkswagen y ha rebajado el precio del coche un diez por ciento.

 

En una sentencia notificada recientemente, el juez rechaza resolver el contrato, tal y como pedía la demandante, pero sí reconoce una rebaja del precio del vehículo dado que la retirada del software supondrá una pérdida de potencia y mayor consumo de gasolina.

 

Para apoyar tal afirmación, el magistrado se basa en el informe del perito judicial, quien afirmó que subsanar el software conlleva que el turismo “queda afectado en su funcionamiento, aunque de forma mínima y no perceptible para un conductor normal”.

 

Según el citado perito, la solución ofrecida por Volkswagen para corregir el software “parece ser correcta” de cara a las emisiones de gases contaminantes, sin embargo “no parece ser la correcta” de cara a la operativa del motor.

 

“La potencia en el momento de alcanzar el par motor se ve reducida en un cuatro por ciento, lo que provoca que al tratar de exigir las máximas prestaciones, por circunstancias de la carretera o una maniobra, el vehículo se vea penalizado en consumo”, explica la sentencia.

 

Así, continúa la resolución, “tras la intervención de corrección, el vehículo puede ver reducida su potencia a 134 CV de los 140 CV originales, con el consiguiente consumo extra”.

 

 

Informes periciales contradictorios

 

En su demanda, la compradora del vehículo solicitaba la resolución del contrato y la devolución del precio abonado, previa deducción de la depreciación que hubiera sufrido el coche desde su adquisición, en 2013.

 

Su vehículo tiene manipulado el sistema de medición de la emisión de gases de óxidos de nitrógeno. Al igual que otros del grupo Volkswagen, porta un software que diferencia las emisiones contaminantes cuando se miden en el banco de pruebas y cuando se miden en el tráfico real.

 

Conocida la existencia de este software, el fabricante inició una campaña de subsanación de esta manipulación, y la autoridad alemana responsable de homologación de vehículos certificó que tras la intervención propuesta por Volkswagen no se producen variaciones en la potencia y el par máximo.

 

En el mismo sentido se pronunció el perito del concesionario demandado, que dictaminó que “la implementación de las medidas propuestas no provocará alteración alguna respecto a los valores registrados en homologación, particularmente en par máximo, potencia máxima, consumo de CO2 ni el resto de emisiones reguladas”.

 

Frente a tales argumentos, el perito judicial sí advierte una afección, si bien de “mínimas consecuencias” que, como señala la sentencia, “no priva al vehículo adquirido del fin al que está destinado, ni condiciona su uso de forma que permita al comprador resolver el contrato”.

 

 

No cabe resolver el contrato

 

En esta línea, recuerda el magistrado que para declarar la nulidad del contrato la conducta insidiosa del vendedor debe ser “grave” y “dirigida a captar la voluntad contractual del comprador”.

 

“Y en este caso –añade-, es claro que la manipulación en la medición de la emisión de gases realizada maliciosamente estaba destinada únicamente a burlar el sistema administrativo diseñado para su control, pero no como estrategia comercial de venta”.

 

“En esta causa no obra ninguna prueba de que la demandante, de 83 años al momento de la adquisición, comprara el automóvil persuadida por el bajo nivel de emisiones de óxido de nitrógeno que ofrecía el vehículo”, abunda.

 

La demandante solicitaba exclusivamente resolver el contrato y la devolución del importe pagado por el vehículo, pretensión que no ha sido acogida por el juez.

 

Sin embargo, tal y como éste explica en su sentencia, puede de oficio adaptar tal pretensión estableciendo una rebaja en el precio.

 

En este sentido, entiende el magistrado que si la potencia se ve reducida en un cuatro por ciento en el momento de alcanzar el par motor, en ese porcentaje debe reducirse también el precio de venta.

 

Y además, dado que tal pérdida de potencia puede ocasionar un plus en el consumo, por este perjuicio se puede fijar otro porcentaje alzado del seis por ciento que también debe reducirse del precio abonado.

 

Por tanto, el juez fija en 2.389 euros el importe que la concesionaria debe abonar a la compradora del vehículo, lo que representa el diez por ciento del precio pagado por ésta cuando lo adquirió.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria. 

Categories: Jurisprudencia

La juez aprecia dolo en el conductor que provocó la muerte de otro al circular en sentido contrario por la A-67

Wed, 03/08/2017 - 23:00

Santander, 9 de marzo de 2017.-

 

La juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega ha apreciado dolo en la actuación del conductor que el pasado verano circulaba bajo los efectos del alcohol en sentido contrario por la A-67, actuación que culminó con la colisión frontal con otro vehículo cuyo conductor falleció.

 

En un auto dictado recientemente, la juez ha estimado el recurso de reforma presentado por la familia del fallecido contra el auto que imputó al conductor por homicidio imprudente.

 

La resolución acoge ahora las razones esgrimidas por la acusación particular, que considera que la actitud del imputado no fue imprudente, sino que en la misma existió dolo.

 

Por tanto, la causa ya no se sigue por homicidio imprudente, sino por homicidio doloso, lo que conlleva que el procedimiento continúe por el previsto en la Ley del Tribunal del Jurado.

 

Se aprecia intencionalidad

 

Entiende la juez que sí ha existido intencionalidad en el investigado, dado que se ha acreditado de modo indiciario que fue advertido por varios conductores de que circulaba en sentido contrario.

 

“Esa conducción mantenida pese a las advertencias sin duda deriva de la decisión personal del investigado y a la apreciación de intencionalidad en su actuar”, señala el auto, que alude a una resolución del Tribunal Supremo en la que se juzgaba un hecho similar al ahora investigado.

 

“En ningún momento quiso descartar el peligro, pese a recibir advertencias de otros conductores. Continuó su marcha –sigue el auto-, que si consideraba que no era segura, pues había poca luz, debió poner todos los medios a su alcance para evitarlo”.

 

Por tanto, “al continuar con su conducción reflejó el gran desprecio hacia la vida de los otros conductores, que debe ser entendido como ‘dolo o intención de autor’, y que culminó con la muerte de otra persona con el carácter de homicidio doloso”.

 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

Categories: Jurisprudencia

Tres años y nueve meses de prisión por abusar continuadamente de su vecina menor de edad

Tue, 03/07/2017 - 23:00

El condenado regalaba a la menor objetos de gran valor para conseguir que ésta acudiera voluntariamente a su casa

 

Santander, 8 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un hombre a tres años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de su vecina, una niña que en el momento en que comenzaron los actos tenía cinco años de edad.

 

En una sentencia que ha sido notificada hoy, el tribunal ha creído el testimonio de la menor, que sufrió abusos por parte de su vecino hasta que tuvo diez años.

 

Según el relato de hechos, entre los años 2005 y 2010 y “en numerosas ocasiones”, el acusado realizó sobre la menor “actos lúbricos” aprovechando que la niña se encontraba en su vivienda o bien en una caseta que el hombre había instalado en el jardín.

 

La Audiencia considera que cometió un delito de abuso sexual, no así de agresión –tal y como solicitaban tanto el ministerio público como la acusación particular- dado que “no se ha probado que la menor opusiera resistencia física o protestara, llorara o gritara”.

 

Por el contrario, entiende el tribunal que era “habitual que volviera a casa del acusado, toda vez que éste le había regalos diversos para contentarla”, como consolas, teléfonos móviles o un ordenador portátil.

 

No fue hasta que la menor comenzó a estudiar en el colegio cuestiones de sexualidad, cuando comenzó a hablar con amigas y con un primo, cuando concluyó que lo que su vecino le hacía no era correcto. No contó nada a sus padres hasta un año después.

 

Por todo ello, la Audiencia le considera autor de un delito continuado de abusos sexuales a menor de trece años, y le condena a la pena de prisión, a la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima durante seis años y al pago de una indemnización de 6.000 euros.

 

La declaración de la menor, prueba de cargo

 

En su sentencia, la Audiencia explica que ha “alzaprimado” la declaración de la menor sobre el resto de las pruebas dado que declaró de forma “firme y coherente”.

 

“Si todo respondiera a fabulaciones infantiles, lo lógico es que contándolo a terceras personas incurriera en contradicciones, fisuras lógicas o exageraciones. No ha sido así –continúa la sentencia-, y lo que ha contado a todos los testigos se corresponde punto por punto a lo que la niña relató en el plenario”.

 

Junto a ello, la sala valora el dictamen de los psicólogos, que pudieron hacer el test de credibilidad a la menor y este dio como resultado que su declaración era creíble.

 

“Aunque no se constituye en prueba directa de cargo, ineluctablemente contribuye a reforzar las apreciaciones de la sala y, como prueba indiciaria, corrobora periféricamente la declaración de la víctima”, señala el tribunal en su sentencia.

 

Así, tanto los peritos judiciales como los del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales “son contestes en que la niña les hizo un relato muy extenso y coherente y subrayan la  credibilidad de tal relato, sin apreciar motivaciones espurias o presiones de terceros”.

 

Por el contrario, en la declaración del acusado llama la atención, según la Audiencia, la “fijación” de éste con la niña.

 

“No es lógico que un señor de entre 57 y 62 años esté largos espacios de tiempo con una niña vecina de tal corta edad o que fuera siempre a buscarla al colegio para llevársela a su casa”, señala la sentencia, que alude a que el propio hijo del acusado manifestó en el plenario que no lo veía normal.

 

Junto a ello, señala el tribunal que en su declaración incurrió en “varias contradicciones palmarias”.

 

Por todo ello, se muestra la sala “firmemente convencida” de que el acusado “efectuó tocamientos y actos lascivos” en la persona de la niña que “cada vez fueron a más: primero, aprovechando actos de aseo de la misma, luego desnudándola, hasta terminar acariciando y besando la zona genital de la chica o masturbándose sobre ella”.

 

Por el contrario, “no aparece suficientemente claro” que el acusado incurriera en violencia física o intimidación, lo que transformaría el delito en agresión sexual, en vez de abusos.

 

“Una niña de cinco, seis, siete o más años no va voluntariamente a una casa donde su morador la pega, la agrede, la coacciona o la intimida. La niña –continúa la sentencia- no era llevada a la casa del procesado, iba ella sola, y la razón de tal asistencia la explicó ella misma: el procesado le regalaba todo aquello que su padre no le regalaba”.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación.

Categories: Jurisprudencia

Condenado a casi tres años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer

Thu, 03/02/2017 - 23:00

Santander, 3 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años, once meses y veintinueve días de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una mujer, a la que realizó tocamientos en los genitales.

 

En una reciente sentencia, el tribunal llega al “razonable, pleno y absoluto convencimiento” de que los hechos sucedieron tal y como relató la víctima en el juicio, principal prueba de cargo que la Audiencia ha acogido dado que tiene “plena credibilidad y verosimilitud”.

 

Según relata la resolución, en la madrugada del 21 de agosto la mujer salía de un pub cuando fue abordada por el ahora condenado, que le pidió un cigarro. Ante la negativa de ella, el hombre le espetó: “Tía buena, dame un beso, follamos en tu casa o en la mía”.

 

La mujer le contestó que le dejara en paz y continuó su marcha pero el hombre la siguió y se abalanzó sobre ella, cayendo los dos al suelo.

 

Durante un “intenso forcejeo”, el hombre le tocó las nalgas, le besó en el cuello e incluso le desabrochó el pantalón y le introdujo la mano, tocándole los genitales.

 

Para defenderse del hombre, la mujer le pegó un fuerte mordisco en el pómulo que obligo al acusado a apartarse momentáneamente, circunstancia que la víctima aprovechó para huir.

 

Por estos hechos, la Audiencia considera al hombre autor de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y le impone una condena de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con la mujer durante cinco años, libertad vigilada con posterioridad a su salida de prisión durante otros cinco años, e indemnización de 9.542 euros a la víctima, por las lesiones físicas y psicológicas sufridas.

 

A la hora de fijar la pena, la Audiencia ha reconocido la existencia de una circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que el hombre “pese a sus escasos medios económicos” ha consignado en sede judicial 8.500 euros a favor de la mujer.

 

 

“Plena credibilidad” de la víctima

 

En su sentencia, la Audiencia señala que “aparece con meridiana claridad” que los hechos constituyen un delito de agresión sexual, conclusión a la que llega por la declaración de la víctima, por la prueba documental –la grabación de unas imágenes tomadas por la cámara de un hotel cercano a los hechos- y por el informe pericial.

 

“La principal prueba de cargo, la declaración de la víctima, ha sido suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia que amparaba al procesado”, afirma el tribunal.

 

Y es que “ha ofrecido un relato de hechos claro, coherente, convincente, que permite otorgarle plena credibilidad y verosimilitud, pues siempre y en todo momento ha dicho lo mismo, sin variar mínimamente su versión de los hechos, sin contradicciones y sin fisuras lógicas de clase alguna”.

 

Por el contrario, la sala advierte distintas versiones del acusado “que ante la contundencia de los hechos en contra, ha reconocido abiertamente en el acto del juicio que ha mentido a sus amigos, a su familia y en su inicial declaración judicial”.

 

 

No se condena por agresión con acceso carnal

 

Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular solicitaron que los hechos fueran considerados agresión sexual con acceso carnal, ya que entendieron que el hombre introdujo un dedo en la vagina de la mujer.

 

Sin embargo, la Audiencia tiene dudas acerca de que este acceso tuviera lugar.

 

“La forma en que se han desarrollado los hechos y la posterior conducta de la víctima impide dar por probado a la sala que hubiera existido introducción del dedo en la vagina”, señala la sentencia.

 

Y continúa: “Sin negar que los hechos efectivamente se hayan producido en la forma descrita por la víctima, es lo cierto que la sala alberga dudas acerca de lo realmente ocurrido, ya que en las primeras manifestaciones de la víctima no se hizo mención alguna a dicho hecho tan relevante”.

 

Junto a la declaración de la mujer, la Audiencia da validez a las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de un hotel cercano a los hechos, prueba de corroboración periférica que si bien no recoge un hecho delictivo sí han permitido identificar indiciariamente al autor de los hechos.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Categories: Jurisprudencia

Archivada la causa sobre el desarrollo urbanístico en la zona de Santa Catalina de Castro Urdiales

Wed, 03/01/2017 - 23:00

Santander, 2 de marzo de 2017.-

 

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales ha archivado la causa  por el desarrollo urbanístico en la zona de Santa Catalina que se seguía contra varios concejales y promotores inmobiliarios, así como contra el que fuera presidente de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU) en 2005, cuando se convalidó el Plan Parcial de la zona.

 

En dos autos, notificados recientemente, la magistrada concluye que “no existen indicios de criminalidad contra ninguno de los investigados en este procedimiento, y ello porque no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa”.

 

En una primera resolución, fechada el 27 de febrero, la juez estima el recurso de reforma presentado por la representación legal del que fuera presidente de la CROTU, al considerar que “no existe indicio de criminalidad alguna”.

 

En este sentido, rechaza la comisión de un delito de prevaricación urbanística “dado que como presidente de la CROTU se limitó a informar de las deficiencias advertidas en la tramitación del plan parcial y a sugerir la vía de acción contra las mismas”.

 

Ni tampoco por cohecho, “dado que al parecer esta infracción penal se investigaría por la compra de un vehículo por su parte al administrador de una mercantil –también investigado- de cuya operación comercial no hay indicio alguno de que el presidente de la CROTU haya correspondido con alguna actuación en el ámbito de su cargo”.

 

En una segunda resolución, dictada el mismo día, la titular del Juzgado nº 2 de Castro acoge la petición del ministerio fiscal, quien solicitó el archivo de las actuaciones al entender que no concurren indicios de infracción penal.

 

Contra ambas resoluciones cabe la presentación de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

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Confirmada la exclusión de una cuadrilla en el sorteo de permisos de caza en Saja por tener dos sancionados

Tue, 02/28/2017 - 23:00

Santander, 1 de marzo de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la exclusión de una cuadrilla en el sorteo de permisos de caza de jabalí en la reserva de Saja ya que dos de sus miembros se encontraban inhabilitados.

 

De esta forma, el tribunal confirma la decisión de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de no contar con esta cuadrilla en el proceso de asignación de los permisos para la temporada 2015/2016.

 

En su recurso, la cuadrilla alegaba que en el momento en que solicitaron participar en el sorteo todos sus miembros poseían la licencia, dado que las sanciones de inhabilitación por un año se produjeron meses después.

 

Además, añaden que una vez que fueron impuestas, fueron recurridas y la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC estimó la medida cautelar de suspensión de la sanción.

 

Por su parte, el gobierno regional responde que las sanciones sí estaban vigentes en el momento en que tuvo lugar el sorteo, ya que no fue hasta meses después que el tribunal suspendió de manera cautelar las mismas.

 

Por tanto, explica el ejecutivo que la exclusión en el sorteo de la cuadrilla se debió a que, al estar inhabilitados dos de sus miembros, la misma no alcanzaba el número mínimo de 25 miembros que es preciso para participar en el proceso.

 

En el mismo sentido se pronuncia la Sala en su sentencia, que confirma que dos de los miembros de la cuadrilla incumplían el requisito de la licencia de caza porque estaban inhabilitados, por lo menos entre el periodo que discurrió desde que les fue impuesta la sanción y hasta que se accedió a suspender la misma.

 

Entiende el tribunal que la inhabilitación justifica su baja en la cuadrilla, y “en tanto la cuadrilla no alcanza el número mínimo de cazadores exigido, al faltar dos de ellos, la exclusión de la participación en el sorteo y permisos de caza de jabalí es procedente”.

 

Finalmente, añade la Sala que el pasado mes de diciembre dictó sentencias en las que confirmó la sanción de multa, retirada de licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el plazo de un año a cada uno de los dos miembros de la cuadrilla, “lo que viene a confirmar el correcto proceder de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza”.

 

Contra esta sentencia cabe la interposición de recurso de casación única y exclusivamente en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional objetivo.

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El TSJC no entra a resolver el segundo recurso contra el PGOU de Santander por pérdida sobrevenida de objeto

Tue, 02/28/2017 - 23:00

Santander, 1 de marzo de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado la pérdida sobrevenida de objeto del recurso promovido por la comunidad de propietarios Zoco Gran Santander contra el Plan General de Ordenación Urbana de la capital cántabra.

 

En una reciente sentencia, explica el tribunal que la anulación del PGOU por el Supremo en noviembre pasado y la publicación de su sentencia el 27 de enero “comporta la expulsión del ordenamiento jurídico” del instrumento urbanístico de Santander.

 

“Carece de sentido pronunciarse sobre la legalidad de unas determinaciones concretas de un instrumento de planteamiento que ya ha sido declarado nulo por sentencia firme en su totalidad”, añade el TSJC.

 

Tras la resolución del Tribunal Supremo, tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento –partes demandadas- solicitaron el archivo del recurso.

 

Sin embargo, el Zoco Gran Santander –demandante- pidió a la Sala que se pronunciara en sentencia entrando a valorar sus motivos contra el PGOU “ante el esfuerzo realizado por la comunidad de propietarios y el riesgo de que las determinaciones urbanísticas persistan en un futuro plan que pueda aprobarse”, indica la sentencia.

 

Pero la Sala rechaza esta petición, al considerar que “resultan carentes de interés los motivos particulares”, tales como la determinación del área específica 26-B del Zoco o la calificación de una determinada finca, “pues los efectos generales de tal anulación hacen que resulte innecesario un replanteamiento ante la nulidad absoluta que el reglamento acusa con independencia del defecto invalidante –procedimental o formal- detectado”.

 

Contra este sentencia solo cabe interponer recurso de casación única y exclusivamente en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional objetivo.

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Prisión por prestar su cuenta bancaria para recibir una transferencia fraudulenta a cambio de una comisión

Tue, 02/28/2017 - 23:00

Santander, 1 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a cuatro meses de prisión a un hombre que prestó su cuenta bancaria a desconocidos para actuar como intermediador en una estafa informática.

 

Según declaró probado el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, cuya sentencia ha sido ahora confirmada, el acusado se había concertado previamente con personas desconocidas para abrir una cuenta y recibir en la misma cantidades provenientes de diferentes entidades y titulares.

 

Luego, el hombre debía enviar el dinero a la cuenta de aquellos, a cambio de una comisión del diez por ciento.

 

El ahora condenado fue identificado después de que la titular de una cuenta bancaria advirtiera una transferencia por importe de 2.071 euros que ella no había realizado, y cuyo destino era la cuenta del acusado.

 

La mujer alertó a su banco, y éste hizo lo mismo con el banco de destino, que canceló la cuenta del hombre e impidió que éste pudiera sacar el dinero transferido.

 

En su declaración ante el juez, el hombre argumentó que creía que su actuación era lícita.

 

Reconoció haber recibido un contrato de mediación y aceptó que le fueran ingresadas en su cuenta determinadas sumas de dinero, comprometiéndose a extraerlas en metálico y reexpedirlas, previa deducción de un diez por ciento en concepto de comisión.

 

Sin embargo, la Audiencia rechaza sus argumentos y, por ende, desestima su recurso de apelación.

 

Señala, en este sentido, que el acusado reconoció en juicio que conoce el mundo de la mediación mercantil, por lo que “necesariamente, ante lo excesivo de la comisión y la propia mecánica de detraer de la cantidad ingresada en su cuenta ese porcentaje, hubo de representarse el origen ilícito de los fondos que se le transferían”.

 

“Tal origen ilícito es el único que podría explicar las desproporcionadas ganancias por actos en principio nimios, intrascendentes y carentes de valor”, relata la sentencia.

 

Entiende el tribunal que es “indudable que podía haber conocido perfectamente la ilicitud de su intermediación y que si voluntariamente permaneció en la pretendida situación de ignorancia fue porque ello le era indiferente para su propósito de obtención de un dinero rápido, fácil y relevante”.

 

Por todo ello, decide la Audiencia desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia del Juzgado de lo Penal, que condenó al hombre como cooperador necesario de un delito de estafa informática en grado de tentativa, y que ahora ya es firme.

Categories: Jurisprudencia

El Racing de Santander debe abonar 83.834 euros al letrado que le asistió entre los años 2012 y 2013

Mon, 02/27/2017 - 23:00

Santander, 28 de febrero de 2017.-

 

El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander ha estimado parcialmente la demanda del abogado del Real Racing Club de Santander durante los años 2012 y 2013 y ha condenado a la entidad deportiva a que le abone un total de 83.834 euros en concepto de minuta.

 

En una sentencia notificada hoy, el juez reduce la pretensión del letrado, quien inicialmente solicitaba un montante de 356.916 euros y posteriormente dejó en 122.350 euros.

 

La resolución detalla los distintos conceptos por los que el letrado reclamaba el pago al Racing, al tiempo que explica las razones de la entidad para rechazarlas.

 

Fundamentalmente, el club argumenta que el abogado era el secretario y asesor jurídico del consejo de administración y, “a la postre, gestor de facto del club”.

 

Además, añade la entidad que durante el periodo de 18 meses al que se refiere su reclamación, cobró cerca de 290.000 euros, y entabló procedimientos administrativos y judiciales diversos “absolutamente innecesarios y temerarios, cuando no totalmente antieconómicos”.

 

Sin embargo, el juez rechaza la idea de que el letrado “fuera un administrador de facto de la sociedad demandada”, ya que “por mucha relevancia” que su opinión tuviera en el consejo de administración, “era el consejo y no él quien administraba la sociedad y tomaba las decisiones correspondientes”.

 

Además, señala el magistrado que hay que distinguir dos tipos de funciones desempeñadas por el demandante: la de secretario del consejo y la de letrado que prestó servicios profesionales.

 

“El demandante por los servicios profesionales que como letrado ha realizado para la entidad demandada al margen de su labor de secretario y asesor del consejo tiene derecho a obtener la correspondiente retribución al existir un contrato de arrendamiento de servicios que así lo justifica”, señala la sentencia.

 

En este sentido, repasa uno por uno los conceptos reclamados y estima que sí le son debidos, entre otros, los honorarios reclamados por la solicitud de cese de la administración concursal, la oposición a la convocatoria de las juntas o la asistencia a la comisión seguimiento del convenio con el Gobierno de Cantabria por el que el Racing recibía una subvención de dos millones de euros anuales.

 

En total, la cantidad que el club deberá abonar al letrado en concepto de honorarios asciende a 83.834 euros.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

 

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Un año y diez meses de prisión por duplicar entradas para una fiesta de Nochevieja

Mon, 02/27/2017 - 23:00

El aforo máximo de la sala era de 800 personas pero acudieron 881 y el evento resultó deficitario para el organizador 

 

Santander, 28 de febrero de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y diez meses de prisión y multa de 1.800 euros a un hombre que falsificó entradas para la fiesta de Nochevieja de 2012 que se celebró en una sala de Santander.

 

El tribunal resuelve de este modo el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que consideró al hombre responsable de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa.

 

Además, el hombre debe indemnizar con 3.645 euros al promotor, quien organizó una fiesta para 800 personas y el 31 de diciembre de 2012 se encontró con un aforo de 881, por lo que el evento resultó deficitario.

 

Según relata la sentencia, el promotor encargó al acusado la venta de doscientas entradas para el cotillón de Nochevieja, acordando una comisión de cinco euros por cada entrada que éste vendiera.

 

Sin embargo, el acusado “con intención de injusto enriquecimiento, sin autorización del promotor del evento, procedió a reproducir dichas entradas acudiendo para ello, al menos, a un taller de imprenta”.

 

Posteriormente, devolvió los talonarios originales al promotor del evento y vendió a terceras personas un total de 81 entradas simuladas, por las que obtuvo 3.645 euros.

 

En su sentencia, la Audiencia explica cómo “alteró en las copias el color y la numeración consecutiva, con el fin de evitar que su engaño fuera perceptible”.

 

En este punto, rechaza la alegación del condenado, cuya defensa aduce en su recurso de apelación que no existe estafa pues los hechos no produjeron un engaño a quienes adquirieron las entradas.

 

“El recurrente está engañando, en primer lugar, a los organizadores, al vender unas entradas no legítimas y hacer propio el dinero así obtenido y, por otro, a los adquirientes de las mismas, quienes confían en que están comprando entradas originales y, sin embargo, resultan no serlo”, añade el tribunal.

 

Por último, en alusión al delito de falsedad documental, señala la Audiencia que si bien las entradas simuladas “no resultan completamente idénticas a las originales por una leve diferencia en la impresión de la numeración de cada una de ellas”, “eran perfectamente confundibles con las auténticas”.

 

“Su apariencia era similar a éstas, siendo plenamente aptas para perpetrar el engaño”, añade el tribunal que entiende, por tanto, que “todo ello conlleva un lucro para quien ejecuta dicha actuación y el correlativo empobrecimiento para el perjudicado”.

 

La sentencia, que confirma la dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3, es firme, y contra la misma no cabe recurso.

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Prisión e inhabilitación para trabajar con animales a un ganadero que pateó a una perra

Mon, 02/27/2017 - 23:00

Santander, 28 de febrero de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a tres meses de prisión y un año de inhabilitación para trabajar con animales a un ganadero que dio una patada a una perra, causándole lesiones en la mandíbula y el hocico.

 

El tribunal de apelación ha estimado parcialmente el recurso presentado por el hombre, a quien el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander condenó a cinco meses de cárcel e inhabilitación para su profesión durante un año y medio.

 

Para reducir la condena, la Audiencia ha tenido en cuenta, por un lado, que el perro se encontraba suelto y, por otro, la profesión del condenado, que es ganadero.

 

No obstante, el tribunal sí ha confirmado la indemnización que deberá abonar al dueño del perro y que asciende a 145 euros.

 

Según relata la sentencia, el hombre, “con ánimo de menoscabar la integridad física de la perra de raza pastor del pirineo, la golpeó en la cara, causándole lesiones consistentes en fractura cerrada del maxilar superior izquierdo a nivel del primer molar, así como varias fracturas en los senos nasales”.

 

En su defensa, el hombre alegó la existencia de un ataque previo por parte del perro, por lo que él se zafó del animal con varias patadas.

 

Sin embargo, la Audiencia afirma que la existencia o no de tal agresión previa “no justifica la entidad del golpe para quitarse al animal, ya que podría haber causado la muerte al animal, como ratifica el veterinario en su pericial”.

 

En este sentido, recuerda el tribunal este informe, en el que se constata que “los senos nasales son imposibles de reparar, se quedan ‘como puede, quedaría una sinusitis crónica”.

 

Por eso, explica la Audiencia que “el hecho de que sólo haya sido visitada una vez” –alegación hecha por el ganadero para rechazar la existencia de un menoscabo grave del animal-,  “se justifica por la propia veterinaria, donde refiere que no existe tratamiento para la lesión de los senos al indicar que son imposibles de reparar”.

 

Sin embargo, el tribunal sí da cabida a la alegación de la defensa acerca de la desproporción de la pena, “siendo el acusado ganadero y este su medio de vida”.

 

En este sentido, explica la sentencia que “dadas las circunstancias del can, que se encontraba suelto, procedería la imposición de la pena en su grado mínimo e incluso la aplicación de circunstancias atenuantes”.

 

Se debe valorar, continúa la resolución, tanto el daño producido al animal como que éste se encontraba suelto y la profesión del acusado, y por tanto su medio de vida.

 

Por todo ello, entiende la Audiencia que es “más proporcionada” una condena de tres meses de prisión e inhabilitación especial de un año para ejercicio de profesión relacionada con animales.

 

La sentencia es firme.

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Prisión y multa por ganarse la confianza de su tía nonagenaria para apropiarse de sus bienes

Sun, 02/19/2017 - 23:00

Cuando la residencia geriátrica reclamó las facturas impagadas a la acusada, responsable de la anciana ante el centro, ésta desapareció

 

 

Santander, 20 de febrero de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y medio de cárcel a una mujer por estafar a su tía nonagenaria, a quien prometió que cuidaría hasta su fallecimiento, logrando de esta forma que la anciana modificara su testamento y le diera plenos poderes sobre sus bienes.

 

En apenas unos meses, el patrimonio de la anciana mermó, pasando de más de 50.000 euros en el verano de 2011 a apenas 142 euros en la primavera de 2012.

 

A partir de ese momento, la pensión que recibía la mujer no pudo sufragar la totalidad de las cuotas de la residencia geriátrica en la que residía y cuando la acusada, responsable de la anciana, fue requerida por los impagos ésta desapareció.

 

En una sentencia notificada hoy, el tribunal considera acreditado que “la acusada se aprovechó de la situación de debilidad y soledad en la que se encontraba la anciana, dada su avanzada edad muy próxima a los cien años, y su situación personal, ingresada en una residencia de ancianos y sin familiares directos encargados de su asistencia”.

 

Esta situación, a juicio de la Audiencia, “le restaba capacidad crítica ante las artimañas usadas por la acusada, comprometiéndose a cuidar de ella y de sus bienes, llegando a confiar en ella de modo total la gestión de sus propiedades e incluso de su persona”.

 

Como consecuencia de esta confianza, la mujer despatrimonializó a la anciana, hasta el punto de que el coste de la residencia fue sufragado hasta la muerte de la nonagenaria, en 2015, con la beneficencia de la fundación titular del centro geriátrico.

 

Por eso, la Audiencia considera a la acusada autora de un delito de estafa y la condena a un año y medio de prisión, al pago de una multa de 900 euros y a que indemnice con 43.310 euros a los herederos de la anciana.

 

Logró obtener su total confianza

 

La sentencia describe cómo la acusada, residente en Málaga, se desplazó en la primavera de 2011 a Cantabria, donde vivía su tía nonagenaria, que se encontraba ingresada en una residencia.

 

El patrimonio de la anciana en aquel momento consistía en la mitad de una vivienda, la mitad de unas fincas rústicas y un depósito a plazo fijo de 18.000 euros.

 

Además, percibía una pensión de viudedad de 547 euros. Por su estancia y manutención en la residencia, la mujer pagaba 1.240 euros.

 

Desde la llegada de la acusada a Cantabria, ésta, “aprovechándose de la situación de debilidad derivada de la avanzada edad de la anciana y con promesas de que la atendería y le prestaría todo tipo de cuidados  hasta su fallecimiento, logró obtener su total confianza hasta el punto de que esta señora atendiera a cuantos requerimientos le hizo para satisfacer su propósito de lograr un beneficio económico”.

 

En este sentido, relata la resolución que la acusada logró convencer a la anciana para que figurara ella como responsable ante el centro geriátrico en lugar de otra sobrina que venía desempeñando este papel tiempo atrás.

 

También consiguió aparecer como autorizada en las cuentas bancarias de la anciana, y consiguió que ésta otorgara ante notario un poder especial a su favor para proceder a la venta de su vivienda y de sus terrenos.

 

Finalmente, en enero de 2012 y como “consecuencia de las maquinaciones descritas”, la tía de la acusada otorgó testamento a su favor, a quien instituyó heredera universal.

 

En uso de tales poderes, la acusada efectuó varias retiradas de efectivo, así como varias transferencias, una de ellas para la adquisición de un vehículo.

 

“A resultas de todas estas disposiciones económicas, la anciana perdió todo su patrimonio, no restándole otros ingresos que los derivados de la pensión, con la que no pudo sino sufragar parcialmente el importe de la residencia”, añade el relato de hechos de la sentencia.

 

“Una vez agotado el dinero –continúa la resolución-, la acusada abandonó Cantabria y regresó a Málaga, despreocupándose en absoluto de la suerte de su tía, destantendiéndola y no respondiendo a las llamadas que por los responsables de la residencia le fueron reiteradamente realizadas”.

 

Engaño acreditado

 

La Audiencia de Cantabria considera acreditado que “ha habido engaño, consistente en las artimañas usadas por la acusada con su tía, que aprovechándose de su situación derivada de su ancianidad manipuló su voluntad y logró ganarse su total confianza”.

 

Para ello, toma como pruebas las declaraciones de los testigos en el juicio: el director del centro, una trabajadora social e incluso una vecina de la anciana, que explicó como la mujer le reprochó la conducta de su sobrina y se lamentó de haber confiado en ella.

 

Además, según explica la sentencia, el relato de hechos no ha sido negado por la acusada, que los ha reconocido, si bien se limitó a aducir que tales disposiciones dinerarias “las realizó para pagar deudas de la anciana y gastos de las propiedades”.

 

Sin embargo, el tribunal señala que no se ha aportado “prueba ninguna de la que pudiera derivarse de que este había sido el fin de las disposiciones”.

 

Por todo ello, la Audiencia condena a la acusada por ser responsable de un delito de estafa, aplicando el tipo agravado que prevé mayor condena cuando los hechos revistan “especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en la que deje a la perjudicada”.

 

“Teniendo en cuenta la naturaleza del hecho y atendiendo a las circunstancias concretas de la acusada, así como el importe de lo defraudado, se entiende ponderada una pena de un año y seis meses de prisión”, señala la sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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