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Updated: 1 day 13 hours ago

El TSJC respalda la delimitación establecida para nuevas farmacias y desestima otro recurso contra la orden de Sanidad

Thu, 04/20/2017 - 22:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo reitera que el concepto de “zona farmacéutica” cumple con la exigencia legal de determinar el área en la que se instalarán las nuevas oficinas de farmacia

 

 

Santander, 24 de abril de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha vuelto a respaldar el criterio de delimitación geográfica –a denominada “zona farmacéutica”- que la Consejería de Sanidad realizó en su orden de 2015 al convocar el concurso de méritos que dará lugar a la autorización de nuevas oficinas de farmacia en la región.

 

En esta ocasión, el tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado contra la convocatoria porque en ella se incluía una nueva oficina de farmacia en la “zona farmacéutica” de Noja.

 

El pasado siete de abril se dio a conocer la decisión de la Sala –en el mismo sentido- que resolvía un recurso relativo a la zona de Santillana del Mar.

Además, se están tramitando otros seis procedimientos que afectan a la autorización de nuevas oficinas de farmacia en los municipios de Suances, Castro Urdiales, Piélagos y Miengo.

 

Delimitar la localidad en la que irá la nueva oficina

 

En el actual recurso, el demandante aludía a una imprecisa y errónea información para calcular las nuevas autorizaciones, un indebido cómputo de la población no empadronada y, finalmente, falta de concreción de la nueva oficina en el municipio de Noja.

 

En su sentencia, dada a conocer hoy, la Sala, responde a los dos primeros argumentos señalando que los datos utilizados para la convocatoria son oficiales, mientras que los ofrecidos por el recurrente no tienen base documental y no se pueden contrastar.

 

Además, “ni siquiera se ha intentado prueba pericial”, señala la sentencia, que considera que no se ha probado “ni error en los datos de población utilizados por la administración ni en cuanto al alegado desfase de los mismos”.

 

Opción libre de la administración acordar la ubicación

 

Acto seguido, la Sala responde al tercero de los motivos del recurso, el de la falta de concreción del lugar donde debe abrirse la nueva oficina de farmacia de Noja.

 

“Es opción libre de la administración la de acordar la ubicación de la nueva oficina, partiendo de que dé cobertura a varios núcleos de población, en una población que carezca de oficina de farmacia y cuente con el mayor número de habitantes”, señala.

 

Además, recuerda que “la delimitación del conjunto de la zona no excluye ninguna de las posibles ubicaciones”, al tiempo que –como ya hiciera la Sala en la anterior sentencia- señala que no se puede comparar la situación de Piélagos –donde se abrirán cinco nuevas farmacias y una de ellas se define concretamente donde se instalará- con la de la citada Noja –donde se ha empleado el criterio de “zona farmacéutica” y sólo se abrirá una nueva oficina.

 

Por tanto, concluye la Sala que la orden de Sanidad que convoca el concurso de méritos para la apertura de nuevas farmacias “no vulnera el citado precepto –la exigencia de determinar la zona- al delimitar la nueva oficina en poblaciones pequeñas como la contemplada y donde solo existe una oficina de farmacia por la zona farmacéutica”.

 

Y continúa la Sala: “Lo que a su vez permite una lectura de la ley autonómica compatible con los principios comunitarios de libertad de establecimiento y empresa”.

 

Contra esta sentencia cabe recurso de casación, siempre y cuando concurra algún supuesto de interés casacional objetivo.

Categories: Jurisprudencia

Condenado a 19 años y 5 meses de cárcel por agredir a su pareja y abocarla a arrojarse por la ventana

Mon, 04/17/2017 - 22:00

Deberá indemnizar a la mujer en 792.700 euros y al hijo en común en 18.900 euros

 

Además de la pena de prisión, la Audiencia le condena a alejamiento y prohibición de comunicación tanto con la expareja como con el hijo de ambos y le priva de la patria potestad

 

 

Santander, 18 de abril de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 19 años y 5 meses de prisión a un hombre por violencia hacia su pareja, quien en uno de los episodios de agresión se arrojó por una ventana para huir de él.

 

El tribunal le considera autor de un delito de maltrato habitual en concurso con dos delitos de maltrato de obra, dos de amenazas y un delito de lesiones causantes de una grave enfermedad, por lo que además de la pena de prisión, le ha condenado a alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la mujer durante 36 años y del hijo en común hasta que éste alcance la mayoría de edad.

 

La sentencia, dada a conocer hoy, establece además la pena de privación de la patria potestad respecto del menor.

 

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia ha fijado una indemnización de 792.702 euros para la mujer, que como consecuencia de los hechos más graves sufre una paraplejia, y de 18.900 euros para el hijo de ambos, por el trastorno psicológico que padeció al presenciar estos hechos.

 

Para fijar las penas, la Audiencia ha considerado la atenuante de embriaguez y la agravante de parentesco en los delitos de amenazas y lesiones que se derivan de los hechos más graves, así como la agravante de parentesco en el delito de amenazas cometido en otro de los episodios considerados probados.

 

Por el contrario, el tribunal ha rechazado considerar la atenuante de reparación del daño pues la consignación el mismo día del juicio de 30.000 euros por parte del padre del acusado es “irrelevante” y “tardía”, dado el tiempo transcurrido desde los hechos y la cuantía de la indemnización por todos reconocida.

 

“Conducta altamente agresiva”

 

En su sentencia, la Audiencia describe la conducta del acusado hacia su pareja a lo largo de los años en que mantuvieron una relación como “altamente agresiva y violenta, tanto física como verbal, agrediéndola físicamente de forma reiterada y sometiéndola a continuas vejaciones y humillaciones”.

 

Además, añade el tribunal que tal actitud se desplegaba “en la mayoría de las ocasiones en el domicilio familiar y en ocasiones en presencia del hijo menor de la pareja”, por lo que lograba “alterar la paz social y familiar y crear en la mujer una continua situación de desasosiego”.

 

La resolución describe hasta cuatro situaciones violentas entre marzo de 2011 y mayo de 2015, fecha en la que tuvo lugar la última agresión, cuando la mujer huyó del hombre arrojándose por la ventana.

 

Así, en la primera de las situaciones el acusado abandonó a su pareja en un descampado, de noche, estando ésta embarazada, tras haberla insultado y golpeado en el abdomen.

 

Meses después, cuando el bebé tenía mes y medio de vida, la sacó de la cama, la arrastró por el salón y la golpeó en el rostro.

 

En otra ocasión, la obligó a ponerse de rodillas y a sostener varios platos en la cabeza, advirtiéndole que la próxima vez se los tiraba a la cabeza. Acto seguido, la llevó al cuarto de baño y le metió la cabeza dentro del inodoro, diciéndole que la iba a ahogar.

 

Convencida de que acabaría con su vida

 

Los hechos más graves se produjeron en mayo de 2015, cuando el acusado llegó a la vivienda sobre la una y media de la madrugada tras haber ingerido alcohol y, según la Audiencia, con sus facultades “moderadamente” afectadas.

 

El hombre sacó a la mujer de la cama, en la que dormía junto con el hijo de ambos, la arrastró y comenzó a golpearle por todo el cuerpo. Ella trató de escapar por las escaleras pero él se lo evitó, propinándole más golpes por todo el cuerpo y reiteradamente en la cabeza.

 

Durante toda la secuencia, el tribunal ha considerado acreditado que estuvo presente el menor –de tres años y medio en ese momento-, quien “se aferraba a su madre pidiéndole al acusado que no la matara”.

 

En esta situación, la mujer “en el convencimiento de que el acusado iba a acabar con su vida, se subió a la ventana de la habitación y saltó por ella al exterior, al ser dicha forma de huida la única vía de escape que el acusado le dejó”.

 

Tras ello, el acusado bajó al jardín de la vivienda, donde la mujer se encontraba tendida, y continuó dándole patadas y golpes por todo el cuerpo, arrastrándola por el suelo y diciéndole en todo momento que la iba a matar, todo ello mientras el hijo abrazaba a su madre.

 

Finalmente, el agresor entró en el domicilio, subió a la habitación desde la que mujer se había arrojado, bajó la persiana y se echó a dormir, dejando a su pareja y al niño en el exterior de la vivienda.

 

Entonces, la mujer pidió a su hijo que le trajera una manta y el teléfono móvil, tras lo cual pudo llamar a la guardia civil.

 

Paraplejia completa

 

Como consecuencia de la caída, de los golpes y del arrastre, la mujer sufrió contusiones, erosiones y una fractura-luxación vertebral que ha derivado en una paraplejia completa con parálisis total y anestesia de miembros inferiores.

 

Como consecuencia de la lesión, tiene un grado de discapacidad del 75 por ciento, presenta una pérdida de la autonomía personal grave, precisa de ayuda de tercera persona y ha debido adecuar su vivienda y el vehículo.

 

La Audiencia cuantifica la indemnización que debe recibir la mujer en 792.702 euros, en los que se incluyen el tiempo de curación –un total de 410 días- las secuelas, los daños morales y el perjuicio estético.

 

Por su parte, el menor sufrió un trastorno de estrés agudo por el que recibió tratamiento psicológico. Si bien en la actualidad no presenta secuela, señala la sentencia que es preciso que continúe un seguimiento médico, dada la naturaleza del suceso y su corta edad.

 

Por el daño moral y el tratamiento psicológico, el tribunal entiende que el acusado debe indemnizar a su hijo en 18.900 euros.

 

“Extrema violencia” aconseja privar de la patria potestad

 

Además, le priva de la patria potestad. Razona el tribunal que “habida cuenta de la extrema violencia desplegada por el acusado frente a su pareja en presencia del hijo menor de ambos, que tenía poco más de tres años y medio de edad, el mantenimiento de la patria potestad tendría un prolongado efecto negativo en el desarrollo del menor”.

 

“La conducta protagonizada por el acusado a presencia de su hijo menor supone uno de los más graves incumplimientos de los deberes inherentes a la patria potestad, lo que no sólo justifica, sino además aconseja que se acuerde la privación de la misma, con la finalidad de evitarle al menor daños irreparables en su desarrollo”, añade.

 

Junto a ello, la condena por las lesiones producidas en la mujer en mayo de 2015 lleva aparejada la pena de condena de alejamiento y prohibición de comunicar con el menor hasta que éste alcance la mayoría de edad.

 

El testimonio de la víctima supera todos los filtros

 

En su sentencia, la Audiencia Provincial afirma que el testimonio de la mujer “supera sobradamente todos los filtros para constituir prueba de cargo suficiente”, dado que desde el inicio de la causa ha mantenido un relato “persistente, coherente, plenamente creíble y plagado de detalles”.

 

Y a ello se suma la “suficiente corroboración periférica”, a la vista de lo declarado por el resto de los testigos, del contenido de los informes médicos y demás informes periciales, y de la prueba documental.

 

Por el contrario, el acusado “pese a negar los hechos sí reconoció la existencia de numerosas disputas verbales, así como vejaciones y humillaciones verbales y gestuales hacia su pareja”.

 

Además, el relato del acusado de lo sucedido en la madrugada de mayo de 2015 afirmando que pensó que la mujer le tomaba el pelo al decirle que no se podía levantar tras la caída “pugna contra las normas de la lógica”.

 

“Es francamente difícil conciliar el supuesto nerviosismo que afirma sintió en dicho momento con el hecho de que en tal estado de nervios decidiera, como así ha relatado, subir a su habitación, bajar incluso la persiana y acostarse a dormir, dejando a su pareja e hijo de muy corta edad en plena noche, solos y desamparados en el jardín. Su versión –continúa la sentencia- carece de toda credibilidad”.

 

En este punto y en relación a la embriaguez que padecía, explica la Audiencia en su sentencia que si bien ingirió una “importante cantidad” de alcohol, el hecho de que estuviera acostumbrado a hacerlo “tuvo que tener efectos sobre la tolerancia del mismo”, puesto que “para la ejecución de los hechos que llevó a cabo en dicha madrugada se precisaba una coordinación motora importante, incompatible con una grave afectación etílica”.

 

Las lesiones fruto de la caída le son imputables

 

Señala el tribunal que “todas y cada una de las lesiones” que la mujer sufrió en la madrugada de 2015 “le son imputables al acusado a título de dolo”.

 

Y es que entiende la Audiencia que tal dolo se debe tanto por “haber creado con su actuar precedente un claro riesgo para la integridad física de la víctima”  como por “la conducta activa y altamente intimidatoria y violenta del mismo, tanto en el interior del domicilio como una vez que la víctima yacía inmóvil en el jardín”.

 

“Resulta incuestionable que fue el acusado quien con su actuación previa, altamente agresiva e intimidatoria, creó la situación de peligro”, por lo que es “incontestable su relación de causalidad directa e inmediata” con las lesiones sufridas por su pareja, explica el tribunal.

 

En todo caso, “el acusado actuó cuanto menos con dolo eventual al impedir a su pareja abandonar la vivienda por las vías ordinarias, siendo evidente para cualquiera que en esa situación de angustia por escapar y evadirse de la amenaza que se cernía sobre la mujer, ésta podría realizar cualquier acción que le permitiera huir aun a riesgo de su propia integridad”.

 

La arrastró y pudo agravar las lesiones

 

Junto a lo anterior, la Audiencia recuerda cómo la conducta “altamente activa” del acusado tras la caída de su pareja -“lejos de auxiliar a la víctima o cuanto menos de deponer su conducta violenta, salió a su encuentro y continuó agrediéndola”-, “fue susceptible cuanto menos de agravar las lesiones y determinar que la lesión medular se hiciera irreversible”.

 

En este sentido, alude a las explicaciones dadas por las peritos forenses en juicio, que manifestaron que la fractura vertebral se pudo deber a la caída pero que la luxación vertebral “muy probablemente se produjera no a consecuencia de la caída sino de la movilización de que la lesionada fue objeto”.

 

Por todos estos hechos que han sido acreditados, el tribunal ha considerado al acusado autor de un delito de lesiones agravadas, un delito de maltrato habitual, dos de maltrato de obra y otros dos de amenazas.

 

Por el primero de ellos, con la agravante de parentesco y la atenuante de embriaguez, la pena asciende a once años de cárcel, alejamiento y prohibición de comunicación con la mujer durante doce años y con su hijo hasta que éste sea mayor de edad, así como la privación de la patria potestad.

 

Por el delito de maltrato habitual, le condena a tres años de cárcel y alejamiento y prohibición de comunicación con su expareja y su hijo durante ocho años.

 

Por los dos delitos de maltrato de obra, la pena impuesta asciende a un año y nueve meses de cárcel, y alejamiento y prohibición de comunicación con la mujer durante nueve años.

 

Y, finalmente, por los dos delitos de amenazas, con la circunstancia agravante de parentesco, le condena a tres años y ocho meses de prisión, y alejamiento y prohibición de comunicación con su expareja durante siete años y medio.

 

Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Categories: Jurisprudencia

Confirmada la anulación de la orden de clausura de la planta de asfaltado de COPSESA

Tue, 04/11/2017 - 22:00

Santander, 12 de abril de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso contra la sentencia del Juzgado nº 3 de Santander que anuló el decreto del Ayuntamiento de Camargo que ordenaba la clausura de la actividad de la planta de asfaltado de COPSESA.

 

En línea con la posición mantenida hace unos días, el tribunal entiende que la licencia de la planta sigue vigente y que, por tanto, no era necesaria la legalización de las modificaciones que ha sufrido en los últimos años y que el Ayuntamiento exigía, con el apercibimiento de que de no hacerlo cerraría la planta.

 

Consecuencia de aquel requerimiento -que fue anulado por el juzgado y confirmada hace unos días esta decisión por la Sala- el consistorio ordenó el cierre, decreto que entonces el juzgado de instancia y ahora el órgano de apelación también han anulado.

 

Explica en su sentencia la Sala que “la anulación del requerimiento conlleva, sin más, la desestimación de la presente apelación, al ser la resolución combatida en este procedimiento –la orden de cierre- consecuencia del anterior –la exigencia a COPSESA de que legalizara las modificaciones habidas en la planta”.

 

Junto a ello, explica el tribunal que el decreto municipal que ordena la clausura aludía, además, al requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente a la Dirección General de Innovación e Industria para que suspendiera las actividades industriales en la planta.

 

En este sentido, señala la Sala que la resolución de suspensión finalmente adoptada fue posteriormente anulada en sede administrativa y, después, en judicial, ya que el propio tribunal declaró la improcedencia de la suspensión de actividad.

 

El control ambiental

 

Recuerda la sentencia que “el fundamento de la clausura descansaba en la asunción por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la necesidad de Declaración de Impacto Ambiental, y la ausencia, comunicada al Ayuntamiento, habilitaba el cese de la actividad”. Sin embargo, “este escenario cambió con la revocación de la resolución de la Consejería”.

 

“Sea cual sea la técnica ambiental, ésta es competencia de la administración autonómica, limitándose la competencia local a comprobar si la licencia mantenía o no su vigencia”, añade la sentencia.

 

Y concluye: “Todo ello sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Medio Amiente, la que deba pronunciarse sobre si procede una concreta técnica ambiental”.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Categories: Jurisprudencia

Un hombre deberá indemnizar a su exmujer por el trabajo doméstico que ella desempeñó durante la convivencia

Tue, 04/11/2017 - 22:00

Santander, 12 de abril de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha reconocido a una mujer el derecho a recibir una indemnización de 23.628 euros de manos de su exmarido por el trabajo doméstico que desempeñó durante el periodo de convivencia.

 

El tribunal de apelación confirma de este modo la sentencia dictada el pasado año por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Castro Urdiales, que estimó la demanda de la exesposa. El exmarido recurrió esta decisión y ahora la Audiencia Provincial ha desestimado su pretensión.

 

La pareja, que se había casado en régimen de separación de bienes, se separó legalmente pero en enero de 2007 reanudó la convivencia, que duró hasta que en mayo de 2013 se dictó sentencia de divorcio.

 

Explica la Audiencia en su sentencia que durante ese segundo periodo de convivencia la mujer abandonó su trabajo para dedicarse en exclusiva a las labores del hogar, “haciendo posible que el marido prescindiera del servicio doméstico remunerado que hubo de contratar cuando estaban separados”.

 

Entiende el tribunal que el hombre ha resultado “beneficiado” por esta situación, “ya que el cónyuge que se ha dedicado a trabajar fuera del hogar familiar ha podido con sus ingresos aumentar su patrimonio personal, mientras que el otro ha dedicado su tiempo y esfuerzo a la atención de la familia, no viendo beneficiada su posición económica al final del régimen de separación de bienes”.

 

Por ello, la indemnización ahora fijada “viene a compensar el tiempo efectivamente dedicado al trabajo en el hogar” y es que, como recuerda la Audiencia, el fundamento de esta indemnización, que es compatible con una pensión compensatoria, “es la previa contribución en especie –el trabajo doméstico- por parte de uno de los cónyuges al levantamiento de las cargas familiares”.

 

La separación de bienes subsiste cuando hay reconciliación

 

Explica la Audiencia que en los supuestos de reconciliación de los cónyuges separados judicialmente subsiste la separación de bienes y añade que este régimen “no exime a ninguno de los cónyuges del deber de contribuir al levantamiento de las cargas familiares”.

 

“Puede contribuirse con el trabajo doméstico, no siendo necesario, por tanto, que ambos cónyuges aporten dinero u otros bienes para sufragar las cargas del matrimonio. El trabajo para la casa –continúa la sentencia- es considerado como una forma de aportación a los gastos comunes”.

 

Es más, añade el tribunal, el trabajo para la casa “no sólo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen”.

 

Por tanto, entiende la Audiencia que la exmujer tiene derecho a percibir una indemnización, cuya cuantía, fijada por el juzgado de instancia, califica de “correcta”.

 

Para su liquidación se ha tenido en cuenta el salario mínimo interprofesional reducido en un cincuenta por ciento -dado que “el trabajo prestado también redundó en la satisfacción de las necesidades propias de la actora”-, así como el periodo de convivencia -desde que se dejó sin efecto la separación hasta que se dictó la sentencia de divorcio.

 

Contra esta sentencia cabe recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo y por infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

 

Categories: Jurisprudencia

Inhabilitados dos exconcejales de Castro Urdiales por contratar de forma continuada a la misma empresa

Mon, 04/10/2017 - 22:00

La Audiencia de Cantabria absuelve a la veterinaria municipal que valoró las ofertas que se presentaron al concurso del servicio de desratización

 

Santander, 11 de abril de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a los exconcejales de Castro Urdiales Elisa Dopico y José Miguel Rodríguez López a cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público al considerarles autores de un delito continuado de prevaricación.

 

Entiende el tribunal que Dopico favoreció a un compañero de partido, administrador único de la empresa Trapur, encargándole de manera fraccionada y durante varios años todos los servicios de desratización y desinfección en el municipio, cuando debían ser objeto de un único contrato.

 

Tiempo después Rodríguez López asumió las competencias de Dopico y continuó actuando del mismo modo.

 

Además, la Audiencia condena a la exconcejal a seis meses de prisión y multa de 950 euros por un delito de cohecho, dado que considera probado que recibió un cheque de mil euros de manos del empresario beneficiado como compensación por los encargos que el ayuntamiento hacía a su empresa.

 

Por el contrario, el tribunal ha absuelto a la veterinaria municipal del delito de prevaricación del que venía siendo acusada.

 

Considera el tribunal que la técnico municipal, que valoró las empresas que se presentaron al concurso para la adjudicación del servicio de desratización, no tenía por qué conocer que la experiencia de Trapur –que pasó de estar en el quinto puesto al primero al valorarse las mejoras- se debía a que había sido objeto de una contratación irregular mantenida en el tiempo.

 

Junto a ello, la Audiencia absuelve a Dopico y a Rodríguez López del delito de tráfico de influencias, “al no existir indicios de que en la concesión del servicio de desratización a Trapur hubieran ejercido presión o de alguna manera hubieran afectado la imparcialidad y libertad del funcionario”.

 

En la determinación de las penas, el tribunal ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas rebajándolas en un grado. Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Encargos continuados a Trapur

 

La resolución explica cómo la concejala de Sanidad en 2003, Elisa Dopico, “valiéndose de su cargo y con ánimo de beneficiar económicamente a su compañero de partido” y también administrador de Trapur dio orden a los funcionarios de su departamento para que encargaran a esta empresa todos los servicios de desratización que se precisaran como consecuencia de los avisos que los ciudadanos hacían llegar al consistorio.

 

En ese periodo, estaba vigente un contrato con otra empresa para la realización de esos servicios, contrato que Dopico decidió resolver a finales de 2003 sin que en el juicio pudiera dar “una explicación creíble y verosímil de las razones” de esta decisión.

 

Así, desde su llegada a la Concejalía de Sanidad adjudicó a Trapur “de manera fraccionada y para eludir el procedimiento administrativo de contratación” los servicios de desinfección, servicios que eran ejecutados incluso antes de que la junta de gobierno local los aprobara.

 

De este modo actuó durante los años 2003 y 2004, en los que Trapur facturó al Ayuntamiento de Castro Urdiales 17.314 y 105.814 euros, respectivamente.

 

Como contraprestación a estos encargos, la Audiencia considera probado que Dopico recibió un cheque de mil euros de manos del empresario beneficiado.

 

En 2005, Rodríguez López asumió las competencias de Sanidad y “a sabiendas” de que se estaban fraccionando los servicios de desinfección y desratización “para evitar el procedimiento de contratación administrativa” siguió adjudicándolos a Trapur.

 

En ese ejercicio, la empresa beneficiada obtuvo 140.732 euros del consistorio castrense.

 

Inicio del procedimiento legal

 

En mayo de 2005 se inició en el Ayuntamiento el procedimiento administrativo de contratación legalmente previsto y en noviembre de ese año se aprobó el pliego de cláusulas y se convocó en concurso.

 

En diciembre, la mesa de contratación dio cuenta de las ocho propuestas presentadas, entre las que se encontraba Trapur, que quedó posicionada en quinto lugar.

 

La mesa acordó entonces por unanimidad solicitar informe a la técnico municipal de Sanidad en el que se valoraran los proyectos y las mejoras.

 

La funcionaria valoró las mismas y, según afirmó en el juicio, “nadie le presionó ni le dijo lo que tenía que poner”. “Únicamente, el concejal Rodríguez López le ayudó a calcular los puntos a asignar a las ofertas económicas”.

 

Como consecuencia de esta valoración, Trapur quedó en primer lugar, y  resultó adjudicataria del servicio, por un importe anual de 110.000 euros y una duración de dos años. Ninguna otra empresa impugnó el resultado.

 

No hay prueba de cargo suficiente

 

A juicio de la Audiencia, Trapur “tenía todas las de perder, pues había cuatro empresas por encima de ella con ofertas económicas más rentables”.

 

“Sólo a través de la puntuación de las mejoras propuestas podía posicionarse en primer lugar”, añade el tribunal, que considera “más que sospechoso” que finalmente se adjudicara el servicio “a la empresa a la que de forma irregular y desde el año 2003 se le ha venido adjudicando sistemáticamente los servicios de desratización”.

 

Sin embargo, entiende la Audiencia que “no se ha practicado prueba de cargo suficiente que permita estimar acreditado, sin ningún género de dudas” que la funcionaria que elaboró el informe en el que Trapur quedó en primer lugar conociera, por ejemplo, que lo que ella valoró como mejora a favor de Trapur era un servicio que ya estaba contratado a otra empresa.

 

Como tampoco considera el tribunal que se haya acreditado que la funcionaria supiera que el conocimiento que Trapur tenía de la zona y su experiencia “lo fuera a través de una contratación irregular mantenida en el tiempo”.

 

Y es que, añade, la funcionaria “comenzó a prestar servicios para el Ayuntamiento de Castro Urdiales en mayo de 2005”.

 

Junto a ello, recuerda la Audiencia que su informe tampoco era vinculante y que la adjudicación a Trapur fue una decisión de la junta de gobierno local, decisión que no fue impugnada por ninguna de las siete empresas restantes.

 

 

Categories: Jurisprudencia

COPSESA no debe tramitar una nueva licencia para su planta de asfaltado de Igollo de Camargo

Sun, 04/09/2017 - 22:00

Santander, 10 de abril de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Camargo contra la sentencia que anuló la resolución municipal que exigía a COPSESA tramitar una nueva licencia para su planta de asfaltado de Igollo de Camargo.

 

En una sentencia notificada recientemente, el tribunal confirma la resolución dictada por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, que en octubre de 2015 decidió estimar el recurso de COPSESA contra la decisión del Ayuntamiento de exigirle la legalización de las modificaciones introducidas en la licencia que obtuvo en los años ochenta, dado que, a juicio del consistorio, la planta había pasado de móvil a fija.

 

En su resolución, el Ayuntamiento de Camargo daba dos meses a COPSESA para tramitar el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental ante la Consejería de Medio Ambiente para obtener una nueva licencia, con apercibimiento de clausura de la actividad si no se llevaba a cabo.

 

Sin embargo, COPSESA recurrió la resolución municipal y entonces la juez y ahora la Sala le han dado la razón, al considerar que no se ha acreditado que la planta haya cambiado de naturaleza, pasando de ser portátil a fija.

 

No obstante, esta sentencia cuenta con un voto particular del magistrado presidente de la Sala, quien entiende que la licencia de apertura y actividad de la planta “no cubre la evolución durante más de treinta años del conjunto de las instalaciones”.

 

A su juicio, a lo largo de este tiempo se han realizado obras para ampliar el conjunto de la instalación al margen de lo que es en sí misma la planta portátil, lo que “revela la deriva a fija del conjunto de la instalación”.

 

No se ha acreditado el cambio de naturaleza de la planta

 

En su sentencia, la Sala alude a las afirmaciones de los técnicos municipales acerca de que las modificaciones realizadas en la planta han privado a la instalación de su carácter portátil, y, señala, sin embargo, que no han explicado suficientemente por qué tales modificaciones implican un cambio en la naturaleza de la planta.

 

Frente a ello, la Sala entiende que “el hecho de que (la planta) no se haya movido del lugar desde que se le concedió licencia de actividad en 1980 no es un cambio respecto del ámbito habilitante de dicha licencia, pues ésta no se dio para una actividad provisional ni se condicionó a plazo alguno”.

 

“Es más –añade el tribunal- sería el cambio de ubicación lo que hubiera podido tenerse por una modificación sujeta a nuevo control y nueva licencia, pues las condiciones medioambientales del nuevo lugar podrían conducir a la exigencia de nuevas medidas de prevención y seguridad ambiental”.

 

Además, sobre la cimentación de la planta –a la que alude el informe municipal- explica la Sala que tal y como señaló el perito judicial, el hecho de que la misma se encuentre anclada “no implica que no sea una planta portátil”, ya que todas las plantas portátiles tienen cimentación “porque en caso contrario serían inviables”.

 

Junto a ello, destaca la Sala que al técnico municipal no le consta que desde que el año 2013, fecha en que COPSESA compró la planta, se hayan hecho modificaciones, por lo que “puede presumirse que si se autorizó el traspaso sin exigir nuevos controles es que la planta era la misma, sin modificaciones sustanciales”.

 

También se refiere la Sala a las declaraciones del representante de la empresa que construyó la planta, quien afirmó que sigue siendo portátil, y del técnico de la comunidad autónoma, quien señaló que los técnicos que han visitado la planta han informado de que no se han producido cambios en la misma.

 

Finalmente, el tribunal alude al cambio que en 1986 tuvo lugar en la planta, que pasó de un sistema de proceso continuo a otro discontinuo, lo que, según el técnico de la comunidad autónoma, es una mejora técnica.

 

“En definitiva, amén de que esa mejora técnica no es el motivo de la resolución de alcaldía de referencia, no se ha justificado por la administración que sea una modificación sustancial por afectar a elementos con potencial riesgo para el medio ambiente”.

 

En cuanto al aumento de potencia y de producción, aspectos que “en modo alguno se ha probado que impliquen la transformación en fija de la planta”, indica la Sala que de las explicaciones del perito judicial y del técnico de la comunidad autónoma se infiere que la licencia de obras de 1986 respondía a la instalación de un filtro de mangas “cuyo destino no era el aumento de producción, sino minimizar las emisiones”.

 

Por tanto, concluye el tribunal que la decisión judicial de entender que la legalización no estaba justificada es “acertada”.

 

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Categories: Jurisprudencia

Desestimado el primer recurso contra la orden de Sanidad que en 2015 convocó la apertura de nuevas farmacias

Thu, 04/06/2017 - 22:00

Se tramitan otros siete recursos más que afectan a la autorización de farmacias en Noja, Suances, Castro Urdiales, Piélagos o Miengo

 

Santander, 7 de abril de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dictado la primera sentencia sobre la orden de la Consejería de Sanidad que en 2015 convocó el concurso de méritos para la autorización de nuevas oficinas de farmacia en la región.

 

El tribunal ha decidido desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado contra la convocatoria, que la consideraba nula por incluir una nueva oficina de farmacia en la “zona farmacéutica” de Santillana del Mar.

 

Junto a este recurso, la sala tramita otros siete que afectan a la autorización de nuevas oficinas de farmacia en municipios como Noja, Suances, Castro Urdiales, Piélagos o Miengo.

 

Delimitar la localidad en la que irá la nueva oficina

 

Argumentaba el demandante que, teniendo en cuenta la población censada, las plazas turísticas y las viviendas de segunda residencia en Santillana del Mar, es posible abrir una nueva oficina de acuerdo a la Ley de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, pero delimitando el lugar donde debe ubicarse más allá del concepto “zona farmacéutica”.

 

Alegaba el demandante que Sanidad debería haber fijado la nueva farmacia en la localidad de Viveda, donde, a su juicio, hay un elevado número de plazas turísticas y se concentra gran parte de la población.

 

El demandante solicitaba que se aplicara el mismo criterio que la administración sanitaria había empleado en el municipio de Piélagos, donde se convoca la apertura de cinco farmacias y se especifica que una de ellas se abrirá en la localidad de Boo.

 

Por el contrario, el Gobierno de Cantabria respondía a estas afirmaciones señalando que la exigencia de la citada ley de delimitar el lugar donde se abrirán las nuevas farmacias se cumple en esta orden: o bien al fijar la zona farmacéutica, como ocurre en la mayoría de los casos; o bien al indicar el establecimiento de la farmacia en una localidad concreta, como se hace en el caso de Piélagos.

 

En este sentido, explicaba el Ejecutivo en su respuesta que este segundo criterio se debe a que en este municipio se abren cinco nuevas oficinas y que sólo una de ellas se especifica que sea en la localidad de Boo, dado el elevado número de plazas turísticas.

 

Por el contrario, argumentaba el Gobierno, en la zona farmacéutica de Santillana del Mar –combatida en este recurso contencioso-administrativo- sólo se convoca una nueva oficina de farmacia y, además, la concentración de plazas turísticas se produce en la propia Santillana.

 

Además, añade el Ejecutivo que al delimitar la “zona farmacéutica” de Santillana del Mar no se excluye la localidad de Viveda que pide el recurrente.

 

La orden cumple con las necesidades de atención farmacéutica

 

Ante esta discrepancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que las razones esgrimidas por el Gobierno “se adecúan más a las necesidades de atención farmacéutica” de accesibilidad, equidad y suficiencia.

 

Y ello, teniendo en cuenta “las circunstancias concretas que concurren en esta localidad, donde la población turística se concentra precisamente en Santillana”, tal y como confirmó la prueba practicada por el propio perito del recurrente, en contra del argumento esgrimido por éste.

 

Por tanto, entiende el tribunal que “no se vulnera el citado precepto –la exigencia de determinar la zona- al delimitar la nueva oficina en poblaciones pequeñas como la contemplada y donde solo existe una oficina de farmacia por la zona farmacéutica”.

 

“Lo que a su vez  -concluye la Sala- permite una lectura de la ley autonómica compatible con los principios comunitarios de libertad de establecimiento y empresa”.

 

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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El Gobierno de Cantabria deberá subvencionar la contratación de una desempleada por el Ayuntamiento de Castro

Tue, 04/04/2017 - 22:00

La mujer fue contratada una primera vez sin ser demandante de empleo, pero a los tres días el Ayuntamiento resolvió el contrato

 

 

Santander, 5 de abril de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria que en enero del pasado año revocó una subvención otorgada al Ayuntamiento de Castro Urdiales para la contratación de personas desempleadas en el año 2015.

 

El ejecutivo regional acordó retirar la subvención concedida para una trabajadora porque el consistorio castreño había contratado a la misma persona en dos ocasiones bajo la misma convocatoria de subvenciones.

 

Estas ayudas se destinan a las corporaciones locales de Cantabria para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social, subvenciones que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

 

Según la orden que las regula, las personas seleccionadas –que deben estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo- son contratadas para un único periodo de seis meses, por lo que no se puede contratar a quienes ya han disfrutado de un contrato de hasta seis meses en virtud de esta convocatoria.

 

Contrato resuelto

 

El motivo por el que el Gobierno de Cantabria decidió revocar la subvención al Ayuntamiento de Castro Urdiales es que la trabajadora fue contratada dos veces.

 

El 14 de febrero de 2015 lo hizo por primera vez, cuando la mujer no estaba inscrita como demandante de empleo el día anterior a la contratación, tal y como exigía la orden.

 

Al constatar tal circunstancia, el consistorio resolvió el contrato el 16 de febrero.

 

Posteriormente, tras no poder cubrir la plaza por renuncia de los restantes aprobados, el Ayuntamiento convocó de nuevo la plaza y resultó adjudicada a la misma persona, a la que se contrató el 6 de marzo de 2015, previa comprobación del cumplimiento del requisito de inscripción como demandante de empleo.

 

Revocar la subvención resulta desproporcionado

 

En una sentencia notificada recientemente, la Sala señala que lo relevante en este asunto es saber si la actuación del Ayuntamiento “frustra el sentido y la finalidad del límite de una única contratación a la misma persona”.

 

Entiende el tribunal que el objetivo de la subvención es promover la contratación de personas desempleadas y que con el límite de que sólo se puede contratar a una persona una única vez “se trata de impedir que una sola persona desempleada se beneficie de esa posibilidad de empleo, de promover, en definitiva, la igualdad de posibilidades”.

 

Es así como explica la Sala que debe interpretarse la orden, “evitando entendimientos formalistas que conduzcan a una negación desproporcionada de la subvención, desconectada de dicho fin”.

 

“En este caso, la Sala entiende que la revocación de la subvención desborda el cauce de la proporcionalidad”, señala la sentencia.

 

Y describe dos datos “relevantes”, como que el primer contrato duró tres días –sábado, domingo, y lunes, “lo cual no es en absoluto baladí, pues es fácil convenir que en tal brevedad temporal impide afirmar que la trabajadora se benefició de la contratación a efectos de encontrar empleo”.

 

Y junto a ello, que la trabajadora no fue contratada de nuevo “de forma automática”, lo que “denota que no hubo preterición de otras personas desempleadas ni se hurtó a nadie la posibilidad de acceso al empleo”.

 

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

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Absuelto el portero de un club de alterne en el que se prostituían mujeres brasileñas en situación irregular

Tue, 04/04/2017 - 22:00

La Audiencia de Cantabria no considera probado que el portero conociera que las mujeres habían sido traídas ilegalmente a España ni que colaborase en su explotación laboral

 

 

Santander, 5 de abril de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto al portero de un club de alterne en el que se prostituían mujeres brasileñas que se encontraban en situación irregular en nuestro país.

 

En una sentencia notificada recientemente, el tribunal considera que no se ha probado que el hombre conociera que las mujeres habían sido traídas ilegalmente a España ni que “colaborase activamente en el mantenimiento de una situación de explotación laboral”.

 

El hasta ahora acusado trabajaba como portero en el club de alterne propiedad de un hombre condenado como autor de un delito de detención ilegal en concurso con otro de determinación y explotación a la prostitución en grado de tentativa.

 

El dueño tenía otro local en el que la policía judicial llevó a cabo un control de extranjería, fecha en la que el acusado se encontraba ocasionalmente desempeñando la labor de portero, dado que el titular ese día libraba.

 

En tal control, la policía comprobó que allí se prostituían mujeres de nacionalidad brasileña que se encontraban en situación irregular en nuestro país y que, tal y como manifestaron, se prostituían voluntariamente.

 

Cuando tuvo lugar el juicio, en el que se condenó al propietario de los clubes, el acusado se encontraba en busca y captura, por lo que ha sido ahora –un año después- cuando se le ha juzgado.

 

El ministerio fiscal solicitaba una condena para él de siete meses de cárcel, al considerarle autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

 

Sin embargo, la Audiencia de Cantabria afirma en su sentencia que “únicamente ha quedado acreditada” la presencia del hombre en el exterior del local el día en que tuvo lugar el control de extranjería, que las mujeres manifestaron que se prostituían libremente y que ninguna identificó al acusado como encargado del club.

 

“De lo expuesto se concluye que no concurre prueba suficiente para poder tener por probado que el acusado conocía que las súbditas brasileñas habían sido traídas ilegalmente a España, ni que colaborase activamente en el mantenimiento de una situación de explotación laboral”, finaliza la sentencia.

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Una compañía de seguros deberá indemnizar a la familia de un asegurado que falleció de cirrosis hepática

Tue, 04/04/2017 - 22:00

La Audiencia de Cantabria considera que no le era exigible informar de la dolencia que había padecido años atrás y que no precisaba tratamiento

 

 

Santander, 5 de abril de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una compañía de seguros a abonar 7.500 euros a los familiares de un asegurado que falleció de cirrosis hepática.

 

El tribunal revoca de esta manera la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Castro Urdiales, que rechazó la demanda presentada por la familia.

 

Años antes de suscribir la póliza, el asegurado había sido intervenido en dos ocasiones ya que padecía la enfermedad de Madelung, una dolencia en muchos casos relacionada con el consumo crónico de alcohol.

 

Cuando se adhirió al seguro de vida –ocho años después de las citadas intervenciones-, respondió a un cuestionario en el que se le preguntó si se encontraba bien de salud, si había ingresado en algún centro hospitalario o había estado de baja durante el último año, o si padecía alguna minusvalía o limitación sensorial.

 

Seis años más tarde, el asegurado ingresó en el hospital y un día después falleció por parada cardiaca. Según el perito judicial, sufrió un fallo multiorgánico debido a complicaciones que aparecen en la fase evolucionada de la cirrosis hepática.

 

En su sentencia, la Audiencia de Cantabria detalla que el hombre mantenía una “relación patológica” con el consumo de alcohol, pero añade que “no puede establecerse la existencia de un diagnóstico de cirrosis hepática con anterioridad a la adhesión al seguro”.

 

En este sentido, apunta el tribunal a que la primera fecha cierta en que se constata que padece una “hepatopatía crónica” es un año antes de su fallecimiento.

 

Por tanto, la Audiencia considera que “no se ha llegado a demostrar incumplimiento alguno” del asegurado a la hora de informar, dado que no se ha acreditado que “tuviera conocimiento alguno acerca de la cirrosis hepática diagnosticada años después de la celebración del contrato y que determinó su fallecimiento”.

 

Además, tampoco “le era exigible, y menos desde la óptica de un cuestionario tan simple como el que se le presentó, que hiciera referencia a dolencias crónicas como la enfermedad de Madelung, tratada años atrás, respecto de la que no consta que presentara síntomas de gravedad o precisara de algún tratamiento específico” en el momento en que suscribió la póliza.

 

Ha quedado “indemostrado que el asegurado se comportara con dolo o culpa grave al responder el cuestionario de salud”, concluye la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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Una madre no podrá ver ni contactar con su hijo durante un año por las lesiones que le produjo al abofetearle

Mon, 04/03/2017 - 12:00
  • La Audiencia reprocha a los padres –que ya no mantienen relación afectiva- la instrumentalización que hacen del menor en el conflicto que mantienen y la desprotección que sufre el chico

Santander, 22 de julio de 2015.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a una mujer que no podrá ver ni contactar con su hijo de trece años  de edad durante un año por las lesiones que le produjo en el rostro  al propinarle varias bofetadas.

La mujer, que además deberá cumplir una pena de treinta días de trabajos en beneficio de la comunidad, fue condenada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander por ser autora de un delito de violencia doméstica.

Según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, la madre, tras mantener una discusión con su hijo, le propinó varias bofetadas en la cara causándole erosiones en la ceja, el pómulo derecho y base nasal derecha.

Dos días después, le contó lo sucedido a su padre y éste le llevó a urgencias. Como consecuencia de estos hechos, intervinieron los servicios de protección del menor, quedando éste bajo tutela del Servicio Cántabro de Servicios Sociales.

En su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado, la madre alegaba que el menor sufre dermatitis crónica y que, además, según los informes sociales aportados al procedimiento, tiene “tendencia a mentir, rechazo a las normas y a control”.

La mujer alegó que se había producido una discusión entre ambos y que “fue el niño quien le amenazó a ella, pero ella no le pegó”.

Sin embargo, señala la Audiencia que los informes médicos reflejan “lesiones apreciables externamente” que no se deben a la dermatitis atópica del menor, y se responde al argumento esgrimido por la madre acerca de la tendencia a mentir del menor a la que aluden los informes.

“Lo que se desprende de tales informes es el nocivo ambiente en el que el menor ha estado siendo criado, la incapacidad de los progenitores para educar a su hijo, la existencia de disputas entre ellos pese a que hayan cesado su convivencia, la instrumentalización del menor en el conflicto de pareja de sus padres y la desprotección del mismo”, concluye la sentencia.

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Prisión provisional incondicional para el acusado de agredir a su pareja, la madre de ésta y su padrastro en Torrelavega

Thu, 03/23/2017 - 23:00

Santander, 24 de marzo de 2017.-

 

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega, con competencias en Violencia de Género, ha acordado esta mañana prisión provisional incondicional para el joven acusado de agredir a su pareja, la madre de ésta y su padrastro.

 

Tras tomarle declaración, el juez ha dictado un auto sobre la situación personal del presunto agresor.

 

Además, antes de que el joven pasara a disposición del magistrado, también han declarado en sede judicial dos de las víctimas -la pareja del investigado y su madre-, y un testigo presencial de los hechos que tuvieron lugar la noche del pasado miércoles en Torrelavega.

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Cinco años de libertad vigilada a un hombre que sufrió un trastorno delirante y atacó con un hacha a su vecino

Wed, 03/22/2017 - 23:00

Santander, 23 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha impuesto una medida de seguridad de cinco años de libertad vigilada a un hombre que, en el curso de la fase aguda de un trastorno delirante, se dirigió a la casa de su vecino y le atacó con un hacha, seccionándole toda la musculatura de un muslo.

 

Entiende el tribunal que si bien el acusado es autor de un delito de lesiones con medio peligroso, concurre la eximente completa de alteración psíquica.

 

Por ello, le absuelve del delito pero le impone una medida de seguridad de libertad vigilada que consiste en la prohibición de acercarse y comunicar con la víctima, y en seguir un tratamiento médico.

 

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, relata cómo el acusado se dirigió a la vivienda del vecino que vive justo encima de él y, con el pretexto de que había una fuga de agua, logró que le abriera la puerta.

 

En ese momento, el hombre portaba un palo de un metro de largo en el que había incrustado un cuchillo de 19 centímetros de hoja de doble filo, arma con la que le pinchó a la altura del muslo izquierdo, lo que provocó que el vecino cayera al suelo de la cocina.

 

Entonces, se inició un forcejeo entre ambos, en el que la víctima trataba de desarmar al acusado, que continuaba portando el arma.

 

Los vecinos, alertados por los gritos de auxilio, avisaron al hijo del agresor, quien llegó a la casa del vecino y aporreó la puerta, que se encontraba cerrada.

 

Fue entonces cuando el agresor cesó en el ataque y él mismo abrió la puerta. Padre e hijo abandonaron el lugar.

 

Según constató la Audiencia, en el curso de los hechos el acusado padecía un “trastorno delirante persistente que anulaba completamente sus facultades volitivas e intelectivas”.

 

 

Se descarta el dolo homicida


Durante el juicio, el ministerio fiscal calificó los hechos como un delito de lesiones. No así la acusación particular, quien solicitó una condena acorde con un delito de asesinato por alevosía en grado de tentativa.

 

Sin embargo, la Audiencia no acoge esta petición pues no aprecia dolo homicida, al dirigirse el ataque a un órgano no vital, como es el muslo.

 

Además, el corte, que le provocó una sección completa de la musculatura, no le afectó a vasos importantes y, como afirmaron los peritos, no existió riesgo vital para el lesionado.

 

Junto a ello, el ánimo de lesionarle pero no matarle se evidencia, según el tribunal, en la actitud mantenida por el acusado tras suceder los hechos.

 

En este sentido, relata la sentencia cómo el acusado, “pese a tener a la víctima en el suelo y a su merced, estando además la puerta del domicilio cerrada, lo que impedía el acceso al mismo por parte de terceros que pudieran auxiliarle, voluntariamente depuso su actitud, abrió la puerta a su hijo y ambos abandonaron el lugar”.

 

Por otro lado, descarta el tribunal que en la agresión el acusado empleara un cuchillo de cocina, tal y como denunció el agredido, quien dijo que con el mismo le había pinchado en el cuello y varias veces en el brazo mientras él le sujetaba la lanza.

 

Según la Audiencia, el cuchillo caería al suelo junto a la mesa de la cocina en el transcurso del forcejeo, y es que no se han encontrado restos de sangre “compatibles con dicha agresión”.

 

Además, “ni en los partes de urgencias ni en los informes médico forenses del lesionado se hace constar que sufriera lesión alguna en el costado ni en el cuello que pudiera corroborar la agresión con dicho cuchillo”.

 

 

Trastorno en fase aguda

 

Según los médicos forenses, el trastorno que el acusado padecía en el momento de los hechos se encontraba en fase aguda y como consecuencia del mismo “tenía la percepción alterada y con ello el juicio de la realidad, percibiendo ruidos y sonidos de forma peculiar”.

 

Además, dos letrados declararon el en el juicio que con anterioridad a los hechos habían sido consultados por el acusado porque, según les dijo, su vecino provocaba unos “ruidos insoportables por la división de ultrasonidos, ruidos que nadie más que él escuchaba”.

 

Según explica la sentencia, el acusado tenía “la firme convicción de que su vecino poseía en su casa un aparato que emitía sonidos, así como que desde hacía días lo manipulaba con la finalidad de perjudicarle y alterarle el sueño”.

 

 

Secuelas que pueden evolucionar en artrosis

 

El acusado deberá indemnizar a la víctima con 36.396 euros por los 57 días en los que estuvo ingresado, el tiempo de recuperación y rehabilitación, y las secuelas que le han quedado.


En este sentido, explica la resolución que la víctima sufre una “muy ligera limitación” en la movilidad de la muñeca, limitación de la cadera que altera su marcha y le produce dolor, e inestabilidad en la rodilla, dolencias ambas que pueden evolucionar en artrosis. Además, padece trastorno por estrés postraumático.

 

No ingresará en centro cerrado

 

La acusación particular también solicitó que, en el caso de que le fuera reconocida la eximente completa de alteración psíquica, el acusado cumpliera medida de seguridad en centro cerrado. Sin embargo, el tribunal ha optado por una medida de libertad vigilada con obligación de seguir tratamiento médico externo.

 

Explica la sentencia que el agresor carece de antecedentes psiquiátricos y que una vez que le fue diagnosticado el trastorno se le instauró un tratamiento con buena evolución, “hasta el punto de haber remitido la sintomatología alucinatoria”.

 

Además, ningún perito habló en el juicio de la necesidad de proceder a su internamiento.

 

“Habida cuenta su patología y su buena evolución clínica se estima suficiente la imposición al mismo de la medida de seguridad no privativa de libertad consistente en libertad vigilada”, concluye la Audiencia.

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Declarado nulo el acuerdo del Consorcio de Piscinas que resolvía el contrato de obra pública

Tue, 03/21/2017 - 23:00

El Juzgado de lo Contencioso nº 1 ya declaró resuelto el contrato en sentencia firme en noviembre pasado, y la Sala explica que no es posible resoluciones de contrato diferentes sobre la misma concesión

 

El efecto vinculante de la cosa juzgada hace que sea la resolución del Juzgado la que se debe tener en cuenta

 

 

Santander, 22 de marzo de 2017.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso de la mercantil Gestión de Piscinas contra el acuerdo del Consorcio de Infraestructuras Deportivas que resolvió el contrato de concesión de obra pública en marzo de 2015.

 

En una sentencia notificada recientemente, la Sala explica que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander dictó el pasado mes de febrero una sentencia, que es firme, en la que se declaró la resolución del contrato y la indemnización que el Consorcio deberá abonar a la mercantil adjudicataria.

 

Por tanto, razona la Sala que “no es posible resoluciones de contrato diferentes sobre la misma concesión de obra pública”, y que el “efecto vinculante o prejudicial de la cosa juzgada hace que esa resolución –la del Juzgado nº 1- sea la que haya de ser tenida en cuenta”.

 

En octubre de 2010 la mercantil Gestión de Piscinas y el Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria suscribieron un contrato de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de instalaciones de uso deportivo en Colindres, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente.

 

Dos años después, el Gobierno de Cantabria resolvió el convenio de colaboración con el Consorcio a través del cual éste iba a financiar las obras, por lo que en diciembre de 2013 la adjudicataria solicita la resolución del contrato.

 

El Consorcio desestima entonces esta petición por silencio administrativo y entonces Gestión de Piscinas lo recurre ante el Juzgado de lo Contencioso, pleito que concluye con la declaración de que el contrato queda resuelto y con la condena al Consorcio a que abone 2.297.050 euros a la adjudicataria.

 

Tras la petición de resolución de contrato a instancias de Gestión de Piscinas, el Consorcio acuerda incoar de oficio otro procedimiento que deriva en el acuerdo de marzo de 2015 por el que el propio Consorcio resuelve el contrato.

 

Este acuerdo fue recurrido por Gestión de Piscinas y ahora la Sala declara su nulidad. 

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Multa a dos presos hospitalizados en Valdecilla por destrozos en las habitaciones

Tue, 03/21/2017 - 23:00

La Audiencia confirma la condena a multa e indemnización por los daños producidos en la instalación eléctrica, en la sanitaria y en el mobiliario

 

Santander, 22 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia de Cantabria ha confirmado la condena a dos hombres que se encontraban ingresados en sendas habitaciones de la unidad penitenciaria del Hospital de Valdecilla por los destrozos que ocasionaron en la instalación eléctrica, en la instalación de agua sanitaria y en el mobiliario.

 

Según relata la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander, los dos hombres se encontraban ingresados en dos habitaciones de la unidad penitenciaria, cuando empezaron a causar destrozos “mientras se animaban entre sí”.

 

Por estos hechos, calificados como delito leve de daños, el juez les condenó a cada uno de ellos a una multa de 240 euros y a una indemnización de 247 y 271 euros respectivamente, que deberán abonar al Servicio Cántabro de Salud.


En su resolución, la Audiencia rechaza el recurso de apelación presentado por los dos condenados al constatar que “ha habido prueba suficiente”.

 

En este punto, alude el tribunal a la declaración del policía nacional que “expresamente describió cual fue la conducta de ambos acusados y los destrozos que definitivamente ocasionaron”.

 

Por último, el tribunal no toma en consideración la petición de uno de ellos de que le sea tenida en cuenta una “descompensación psiquiátrica” para la reducción de la pena, y es que, según explica la sentencia, no se ha acreditado tal afectación, “que está huérfana de prueba”.

 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Categories: Jurisprudencia

Dos años y un mes de prisión por apoderarse de la recaudación del comedor de un colegio

Mon, 03/20/2017 - 23:00

Santander, 21 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a dos años y un mes de prisión a una mujer por apoderarse de la recaudación de comedor y material escolar que el director de un colegio de primaria guardaba en su despacho.

 

La mujer  actuó en connivencia de sus dos hermanas, que también han resultado condenadas a quince y doce meses de cárcel, respectivamente.

 

En su resolución, el tribunal de apelación respalda la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander, que consideró a las tres mujeres autoras de un delito de hurto.

 

A la hora de establecer la pena para cada una de ellas, la juez tuvo en cuenta la circunstancia agravante de multirreincidencia de una de las hermanas, que ya había sido condenada en cuatro ocasiones anteriores por delitos de hurto.

 

También le aplicó la circunstancia agravante de reincidencia a otra de las mujeres, condenada en una ocasión anterior por el mismo delito.

 

Según relata la sentencia, las tres hermanas se dirigieron al colegio Los Puentes de Colindres, donde una de ellas –la que había sido condenada en una ocasión anterior por hurto- contactó con el director del centro para que éste le enseñara las instalaciones con el pretexto de que estaba interesada en matricular allí a sus hijos.

 

Entonces, otra de las hermanas –la que ya ha sido condenada en otras cuatro ocasiones anteriores- aprovechó que ambos salían del despacho de dirección para entrar en el mismo y apoderarse de 1.762 euros, correspondientes a la recaudación de comedor y material escolar, que se encontraban en un cajón.

 

Seguidamente, ambas acusadas se dirigieron a la salida del colegio, donde les esperaba un vehículo conducido por su hermana, preparada para emprender la huida.

 

La mujer que hurtó la recaudación logró introducirse el coche, no así la que había tratado con el director, ya que éste, al percatarse de que había sido víctima de una sustracción ilícita, salió tras ella y la alcanzó.

 

No obstante, la mujer logró zafarse y huir en el coche que le esperaba para salir del lugar a gran velocidad.

 

Por estos hechos, el Juzgado las condenó a dos años y un día, quince meses y doce meses de prisión, así como a una indemnización de 1.762 euros que deberán abonar conjuntamente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, titular del dinero recaudado y sustraído.

 

 

Prueba indiciaria suficiente

 

En su sentencia, la Audiencia Provincial rechaza el recurso de apelación presentado por las tres mujeres, al constatar que “ha habido prueba indiciaria más que suficiente de su participación en el delito”.

 

Además de la identificación que el director realizó de una de las mujeres –la que se dirigió a él para pedirle información sobre el centro-, el tribunal alude al accidente que poco rato después sufrieron las tres a bordo del turismo que ha sido identificado por los testigos que las vieron huir.

 

Tras el accidente, una de las ocupantes del vehículo fue llevada al hospital en posesión de una cartera que contenía un total de 1.050 euros en billetes de cincuenta euros.

 

“Que la suma no sea absolutamente coincidente con la que faltó no es obstáculo para entender que fueron ellas las autoras, dado que bien pudo haberse desprendido del resto o esconderlo en el tiempo que medió entre la fuga y su ingreso en el hospital”, señala la sentencia.

 

“Estaban en posesión de un dinero del que no pudieron dar razón, viajaban en el vehículo empleado para el apoderamiento en el momento inmediato al de ocurrencia del hecho y en una zona muy próxima al del lugar donde había sucedido, y una de ellas fue plenamente reconocida por el testigo director del centro educativo”, señala la sentencia.

 

Por tanto, entiende la Audiencia que se puede “concluir sin dudas razonables que las acusadas son las autoras de los hechos”.

 

La sentencia del tribunal es firme y contra la misma ya no cabe recurso alguno.

Categories: Jurisprudencia

Dos medios de comunicación indemnizarán con 7.800 euros a un premiado de la lotería por difundir datos sobre su persona

Thu, 03/16/2017 - 23:00

Desvelaron su profesión, estado civil, nombre de pila y lugar de residencia, por lo que vulneraron el derecho a la intimidad personal del demandante

 

Santander, 17 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a dos medios de comunicación que desvelaron la profesión, el estado civil, el nombre y el lugar de residencia de una persona que había sido premiada en el sorteo de la Primitiva.

 

El tribunal de apelación rechaza de este modo el recurso presentado por uno de los medios de comunicación y confirma la condena: el recurrente –editor de un periódico en papel y de su versión digital- deberá indemnizar al demandante con 6.000 euros, y el otro medio –una radio local que no recurrió- deberá pagarle 1.800 euros.

 

El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander entendió en su momento que había existido una vulneración del derecho fundamental de la intimidad personal y familiar del demandante. Ahora, la Audiencia confirma esta apreciación.

 

Datos revelados

 

Según relatan ambas sentencias –la de instancia y la de apelación- dos días después de conocerse que el premio de la Primitiva había caído en Cantabria, el programa local de radio demandado informó sobre la población donde se había vendido el boleto y sobre la profesión de quien lo había adquirido.

 

Además, el locutor del programa añadió a esta información un juego de palabras con el que daba a entender el nombre de pila del premiado.

 

Dos días más tarde, el periódico demandado y su versión digital publicaron una información en la que se informaba de la profesión, del nombre de pila, de la población de procedencia, de la edad aproximada  y del estado civil del premiado.

 

Al día siguiente, el mismo medio recuerda su profesión en otra noticia y mes y medio después retoma el asunto y publica una información en la que vuelve a recordarse el premio y la profesión del premiado, además de una apreciación acerca de su deseo de permanecer en el anonimato.

 

No es indispensable que consten nombre y apellidos

 

En su sentencia, el juez de instancia afirmaba que “es un hecho de relevancia pública claramente noticiable” que un importante premio de la Primitiva tocara en Cantabria.

 

Sin embargo, añadía que “los datos personales que identifican o permiten identificar al premiado, por el carácter anónimo del mismo y por la falta de aportación de elementos informativos adicionales a la noticia, carecen de relevancia pública”.

 

“Se trata de datos irrelevantes para la opinión pública o le interés general referidos a una persona privada sin proyección ni interés público y que claramente se refieren al ámbito de la intimidad”, añadía el magistrado en su sentencia.

 

A su juicio, la identidad del premiado quedó revelada desde el mismo momento en que se indicó su profesión y dieron su nombre de pila, “datos que conjuntamente son suficientes para que en una ciudad como Santander la identidad del premiado pase a ser de inmediato conocimiento público”.

 

“No es indispensable que la noticia haga referencia a personas perfectamente identificadas por su nombre y apellidos, bastando que se hagan constar datos, circunstancias o detalles que hagan fácilmente identificables al sujeto”, remarcaba en su resolución.

 

Colisión entre el derecho a la información y a la intimidad

 

Por su parte, la Audiencia coincide con el juez en subrayar que el hecho tenía relevancia pública, “pues es obvio que la ostenta una noticia que hace mención al premio más importante concedido hasta entonces a un billete de Lotería Primitiva en Cantabria”.

 

Sin embargo, entiende que al analizar la colisión entre el derecho a la información y a la intimidad, hay que poner el acento en “si para satisfacer el precitado interés público resultaba necesario difundir datos personales de los premiados que permitan, en un ámbito social determinado (como es el de esta comunidad autónoma, que no alcanza los 600.000 habitantes) su precisa identificación”.

 

“La prevalencia del derecho a la información se revela ahora de escasa importancia”, señala el tribunal, que entiende que “ninguna relación existe entre la información difundida y su profesión que permita considerar que pudiera tener interés por su proyección pública, ni siquiera para satisfacer la curiosidad que, en el caso, se revela de menor importancia o intensidad en su colisión con el derecho a la intimidad”.

 

Pérdida de seguridad personal que requiere ser indemnizada

 

En su demanda, el premiado reclamaba una indemnización de 20.000 euros. Sin embargo, el juez de instancia –y ahora la Audiencia lo confirma- redujo a 7.800 euros este derecho.

 

La intromisión al derecho a la intimidad en este caso se traduce, según definió el juez de instancia, en una “pérdida de seguridad personal y familiar al darse a conocer a terceros el enorme incremento patrimonial experimentado”.

 

Esta situación le generó un “estado de intranquilidad, desasosiego y preocupación”, si bien entendió el magistrado que “no hay razones bastantes como para imputar causalmente la baja laborar del demandante a esa situación”.

 

Por ello, valorando la gran difusión en la provincia de los medios demandados y teniendo en cuenta que “la gravedad de la intromisión es superior en el caso del periódico escrito y digital tanto por contenido y explícita alusión al nombre, como por permanencia y reiteración”, entiende el juez que la indemnización debe fijarse en 6.000 euros para éste y 1.800 euros para el programa de radio.

 

 

 

 

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Cuatro meses de prisión por tratar de abandonar a su bebé recién nacido en la recepción de la Residencia Cantabria

Thu, 03/16/2017 - 23:00

Santander, 17 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro meses y quince días de prisión a una mujer que trató de abandonar a su bebé en la recepción de la Residencia Cantabria.

 

El tribunal estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, que le condenó a nueve meses de cárcel al considerar que el delito había sido consumado, reconociéndole la circunstancia atenuante analógica de estado de necesidad.

 

Según reproduce la sentencia de la Audiencia, la mujer, de nacionalidad extranjera y que se encontraba en situación irregular en nuestro país, acudió a la recepción de la Residencia y depositó una bolsa de deporte, manifestando a una empleada del centro que más tarde pasaría a recogerla.

 

Entonces, la empleada del hospital fue tras de la acusada con el fin de que ésta retirara la bolsa, dado que tiene prohibido custodiar objeto alguno, la retuvo y la llevó hasta el mostrador.

 

Al comprobar el estado en el que la acusada se encontraba, le facilitó una silla y agua. En ese momento, se oyeron unos “maullidos” procedentes de la bolsa, que se estaba cerrada, por lo que la empleada procedió a abrirla y a descubrir en su interior un recién nacido envuelto en una manta.

 

La mujer dio aviso a los servicios de emergencia y a la policía. Madre e hijo fueron atendidos en el hospital y el parte de urgencia detalló que el parto se había producido una hora antes.

 

Durante el ingreso de la mujer en el hospital, ésta inició los trámites para dar el bebé en adopción. También se identificó a la madre de la acusada, residente en España.

 

El juez consideró estos hechos un delito de abandono temporal de un menor, por lo que le condenó a una pena de nueve meses de cárcel.

 

Ahora la Audiencia confirma la existencia de tal delito, da validez al “minucioso, verosímil y contundente” testimonio de los testigos y rechaza la circunstancia atenuante esgrimida por la acusada.

 

Sin embargo, sí acoge el tribunal la alegación acerca del grado de consumación del delito. Mientras que el juez entendió que el mismo se había producido, la Audiencia estima la tesis de la defensa de que el delito fue intentado.

 

No concurre estado de necesidad

 

Finalmente, la Audiencia no acoge la petición de que sea considerada la eximente de estado de necesidad, ya que “la situación de soledad y desamparo que se alega no consta acreditada”, pues la madre de la acusada también se encontraba en España.

 

Tampoco se admite que la mujer no conociera los medios de asistencia en España pues, nuevamente, su madre se encontraba residiendo en nuestro país tiempo antes “y no podía ignorar la existencia de los medios de auxilio social”.

 

Por último, recuerda la Audiencia que la eximente de estado de necesidad opera cuando es necesario llevar a cabo la realización del mal que el delito supone con la finalidad de librarse del mal que amenaza al actor, siendo preciso que no exista otro remedio razonable y asequible.

 

En este caso, “el mal a evitar no era otro que la situación de grave penuria y residencia irregular en que se encontraba la acusada, con directa repercusión sobre su hijo recién nacido”.

 

“Pero el abandono del menor en las condiciones en que se materializó –continúa el tribunal- no tiene posibilidad de comparación con una situación irregular o un estado de penuria económica, al existir recursos sociales para evitar el daño que la escasez de recursos puede comportar”.

 

Si bien ni el juez de instancia ni ahora la Audiencia aprecian un estado de necesidad que exima a la mujer de responsabilidad penal, a la hora de determinar la pena el magistrado del Juzgado de lo Penal sí que tuvo en cuenta la circunstancia atenuante analógica de estado de necesidad, apreciación que también comparte el tribunal de apelación.

 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

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Tareas socioeducativas a una menor que sustrajo una cadena de oro con el sistema del “abrazo cariñoso”

Thu, 03/16/2017 - 23:00

Santander, 17 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una medida de nueve meses de tareas socioeducativas a una joven de diecisiete años que, en compañía de otra mujer mayor de edad, sustrajo una cadena de oro a un hombre al que se arrimó y abrazó.

 

De esta manera el tribunal de apelación rechaza el recurso presentado por la defensa de la joven y confirma la sentencia dictada por la titular del Juzgado de Menores de Santander.

 

En su resolución, la magistrada de instancia ponía de manifiesto que la joven, casada y con un hijo, subsiste de los ingresos que obtiene de “actividades marginales”, no sabe leer ni escribir y “no realiza introspección ni autocrítica, no existiendo voluntad de cambio personal”.

 

La sala ha dado credibilidad a la declaración de la víctima, que fue “firme, contundente, precisa y exhaustiva”, y al reconocimiento que el hombre hizo de la joven como una de las dos personas que se le acercaron.

 

Frente a ello, la “mera negación del hecho por la menor no introduce dudas que permitan acudir al principio in dubio pro reo, pues la sala, al igual que la magistrada de Menores, no tiene ninguna duda de que la recurrente es autora del hecho”.

 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

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Siete años de prisión por agredir con un cuchillo de cocina a dos hombres en una discoteca de Torrelavega

Tue, 03/14/2017 - 23:00

Tras mantener una discusión con uno de ellos, salió del local, compró un cuchillo en un bazar y regresó al lugar donde se produjeron las agresiones, una considerada delito de homicidio intentado y otra un delito de lesiones

 

Santander, 15 de marzo de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete años de prisión a un hombre por agredir con un cuchillo de cocina a otras dos personas cuando se encontraban en una discoteca de Torrelavega.

 

Pese a que el procesado manifestó en el juicio que no tenía intención de matar a nadie, el tribunal sí ha constatado dolo homicida en su actuación y le ha condenado como autor de dos delitos: uno de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones con medio peligroso para la vida.

 

Además de la condena a siete años de cárcel, el acusado deberá indemnizar a sus víctimas en 22.000 euros.

 

El tribunal decide absolver a los otros dos hombres, a los que se les venía acusando de faltas de lesiones por las heridas que le produjeron al acusado mientras se defendían de sus ataques. El propio ministerio fiscal decidió retirar en el juicio la acusación ejercida contra ellos.

 

La discusión inicial le llevó a un bazar a comprar un cuchillo

 

La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, relata cómo en febrero de 2015, cuando el acusado se encontraba en el interior de una discoteca de Torrelavega, inició una discusión con el dueño de la misma.

 

La discusión derivó en un forcejeo en el que medió otro hombre, quien logró expulsar del local al acusado.

 

Éste, “enojado por la agresión sufrida y teniendo sus facultades intelectivas y volitivas levemente disminuidas por mor de la cocaína y las bebidas alcohólicas que había estado ingiriendo”, acudió a un bazar cercano, donde compró un cuchillo de cocina con una hoja de diez centímetros.

 

Portando el cuchillo regresó a la discoteca. Allí, “guiado por la intención de poner fin a la vida” de quien anteriormente le había echado del local “o, en todo caso, asumiendo la alta probabilidad de que eso ocurriera”, le asestó varias puñaladas, causándole varias heridas en las manos y un corte en el cuello.

 

Alertado por los gritos, el dueño del local acudió en socorro del agredido abalanzándose sobre el imputado, que le dio una puñalada en la mano y otra en la sien.

 

Entonces, el hombre que primero había sido agredido, huyó del local y en la vía pública se desplomó a causa de las lesiones, circunstancia que el agresor aprovechó para asestarle nuevamente varias puñaladas en un brazo.

 

Como consecuencia de estos actos, las dos víctimas presentan heridas, uno en la mano, brazo y cuello, con secuelas en forma de problemas funcionales en un dedo y cicatrices; y el otro en el rostro y el hombro, con secuelas en forma de cicatrices y  limitación de la movilidad del citado hombro.

 

Reconoció los hechos

 

Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos, si bien añadió que “no era su intención matar a nadie”. Sin embargo, la Audiencia sí aprecia dolo de matar.

 

Según explica en su sentencia, “el procesado, aunque fuera con dolo eventual, no intentó sólo lesionar a su víctima, sino que intentó matarlo, como se desprende del lugar de elección para tajear, y de los sucesivos pinchazos que de forma reiterada y en dos momentos diferentes le produjo”.

 

“La zona de elección para atacar con el cuchillo (el cuello, que es zona vital), la intensidad del ataque –repetido (varios golpes), premeditado (como se desprende de acudir a comprar el cuchillo) y reiterado (ataque que se produce tanto dentro como luego fuera)- revelan que la intención que tuvo el procesado fue la de matar”, señala el tribunal.

 

Y añade: “En todo caso, si esa no fue su intención inmediata, sí que pudo prever que cortándole en el cuello podía matarlo, pues el cuello es una zona vital”.

 

Al segundo hombre, el acusado atacó con el cuchillo causándole lesiones en el hombro y heridas incisas en el rostro y un dedo de la mano derecha.

 

Por tanto, además del delito de homicidio en grado de tentativa por los hechos antes descritos, la Audiencia también le condena por otro delito de lesiones con medio peligroso para la vida.

 

A la hora de establecer la pena, el tribunal ha aplicado una circunstancia atenuante, como es la de intoxicación leve como consecuencia de las bebidas alcohólicas y la cocaína que había ingerido a lo largo de aquella noche.

 

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