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Noticias Judiciales TSJ Canarias
Updated: 3 days 18 hours ago

Internada en un psiquiátrico penitenciario una madre que apuñaló a sus dos hijos de 3 y 5 años porque creía que estaban poseídos por el diablo

Thu, 03/09/2017 - 13:00

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a una mujer de dos delitos de homicidio en grado de tentativa sobre sus dos hijos menores y ordena su internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por un plazo máximo de 15 años.

La sentencia relata que la madre, sobre la 1:30 de la madrugada del 24 de junio de 2015 y tras haber estado en observación por motivos psiquiátricos en el Hospital de Lanzarote durante siete horas, volvió al domicilio familiar y asestó varias puñaladas en brazos y cuello a sus dos hijos –de 5 y 3 años de edad- al tiempo que gritaba “hay que acabar con él, es el diablo, hay que matarlo”, sin conseguir su propósito. Posteriormente, la acusada se asestó a sí misma varias puñaladas con el mismo cuchillo en varias partes de su cuerpo y se postró en la cama aferrándose a una imagen de acero de una virgen que apretó fuertemente contra su pecho, permaneciendo así varios minutos, hasta la llegada de los agentes de la Guardia Civil.

En el momento de los hechos –señala la sentencia- la acusada tenía absolutamente anuladas sus capacidades volitivas e intelectivas al padecer un brote psicótico concretado en un delirio que condicionaba sus actos y que le provocó la ausencia de juicio.

Categories: Jurisprudencia

Condenados por dejar morir a su bebé recién nacido

Tue, 03/07/2017 - 15:20

La Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a unos padres a 15 años de prisión cada uno por dejar morir a su hija recién nacida en la localidad de Vecindario (Gran Canaria).

El jurado afirmó como probado que el 1 de mayo de 2015 la acusada, cuyo embarazo era declarado de “alto riesgo”, rompió aguas en su domicilio tal y como habían decidido que fuera su parto, sin asistencia médica ni conocimientos al respecto.

La niña nació y los padres decidieron no cortarle el cordón umbilical, no se procedió a la aspiración de las secreciones ni a la reanimación neonatal, no le dieron ningún alimento a lo largo del día ni la abrigaron. Los acusados, que iban observando como la respiración de la recién nacida era cada vez más tenue a medida que pasaban las horas, que apenas se movía, ni lloraba, y que su vida corría peligro, continuaron sin prestarle los auxilios mínimos necesarios, conscientes de que si continuaban con su actitud pasiva se produciría la muerte de la niña.

Los acusados "dejaron pasar el tiempo" hasta que el fallecimiento se produjo y que "no fue hasta las 12.05 del día 2 de mayo de 2015, cuando estaban totalmente seguros del fallecimiento del bebé, cuando acudieron al Centro de Salud de Vecindario", finaliza la sentencia.

Categories: Jurisprudencia

38 años de prisión por quemar viva con gasolina a su expareja en de Santa Cruz de La Palma (Tenerife)

Fri, 02/24/2017 - 10:20

La Audiencia Provincial de Tenerife ha condenado a un hombre a 38 años de prisión por quemar viva a su expareja sentimental, de 27 años, hasta causarle la muerte. El Tribunal del Jurado declaró culpable al acusado, que el 10 de julio de 2015 se dirigió a la tienda donde trabajaba su exmujer, en la localidad de Santa Cruz de La Palma, y con la intención de acabar con su vida, la roció con gasolina y prendió fuego, causándole quemaduras en el 95% de su cuerpo y provocándole la muerte.

El tribunal le impone 25 años de prisión por delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y por razón de género. Asimismo, le impone 12 años de prisión por delito de incendio con riesgo para la vida o integridad de las personas. En total, 38 años. Además, deberá pagar 300.000 euros en concepto de indemnizaciones a los padres de la víctima.

Categories: Jurisprudencia

El Tribunal Supremo concluye la investigación al diputado canario Casimiro Curbelo

Tue, 02/21/2017 - 11:40

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Luciano Varela ha dictado un auto que concluye la investigación al diputado autonómico canario del Grupo Mixto (elegido por la Agrupación Socialista Gomera) Casimiro Curbelo Curbelo y abre la fase preparatoria de juicio oral, por un incidente con policías nacionales en la madrugada del 14 de julio de 2011 en el complejo Azca de Madrid, que según el instructor puede ser provisionalmente calificado como delito de resistencia grave en concurso con falta de lesiones leves, según los artículos 550, 551.1 y 617.1, todos del Código Penal vigente en el momento de los hechos.

La Sala II asumió la competencia del caso por auto del pasado 18 de noviembre, en virtud del artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que la responsabilidad penal de los parlamentarios autonómicos canarios será exigible ante el Supremo cuando se trate de hechos ocurridos fuera de dicha comunidad autónoma (en este caso, Madrid). El Supremo abrió la causa a raíz de recibir, el pasado mes de agosto, una exposición razonada de un Juzgado de Instrucción de Madrid, asumiendo la competencia únicamente en relación a Casimiro Curbelo. En el momento de los hechos (julio de 2011) éste último era senador del PSOE de Canarias y presidente del Cabildo de La Gomera, e iba acompañado de un hijo y de otro hombre.

Según el auto del magistrado Varela, de las diligencias previas instruidas se deriva como hecho específicamente atribuido al aforado el siguiente: Casimiro Curbelo, en compañía de personas a las que no atañe esta resolución, requirió el 14 de julio de 2011 el auxilio de unos agentes policiales para que llevaran a cabo una intervención a raíz de los hechos que a tal efecto comunicaron a dichos agentes.

“Ante lo que estimaron indebida denegación del auxilio, el aforado se dirigió a ellos con expresiones en las que, entre otras, tildaba a los agentes de terroristas, y de ilegal la detención que los agentes llevaban a cabo de uno de los que acompañaban al aforado. Al tiempo el aforado hacia proclamación de su condición, en aquellas fechas, de senador anunciándoles que iba a "acabar con sus carreras". En el curso de esos hechos el aforado golpeó con su mano al agente del CPN nº 100396, llegando a abalanzarse sobre él y causándole lesiones consistentes en eritema en zona anterior de ambos antebrazos, zona latero-cervical anterior izquierda y dorso de mano izquierda que curó en un día sin tratamiento médico necesario.”, añade el auto.

En la fase de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción de Madrid, fue oído el aforado, junto a otros imputados, así como diversos testigos. En concreto los agentes policiales que intervinieron en los hechos objeto de aquella tramitación.

El magistrado instructor en el Supremo, Luciano Varela, da ahora un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o, en su caso, soliciten el sobreseimiento, o, excepcionalmente, pidan diligencias complementarias.

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18 años de cárcel por decapitar a su madre octogenaria

Mon, 02/20/2017 - 14:00

La Sección I de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 18 años de prisión a un hombre por la decapitación y muerte de su madre. El acusado, vecino de la capital grancanaria, fue declarado culpable por un jurado popular de haber decapitado a su madre a hachazos tras dormirla con ansiolíticos el 26 de junio de 2014.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, el procesado decidió a principios de 2014 acabar con la vida de su madre, una mujer de 86 años, enfermada de alzhéimer, a la que cuidaba en la casa del barrio de El Secadero donde ambos vivían.

La sentencia señala que el procesado presenta un cuadro de disforia de género y un trastorno de la personalidad antisocial, pero también estableció que eso no redujo en nada sus facultades de conocimiento y voluntad, como así se constató en todos los informes psicológicos y forenses.

Categories: Jurisprudencia

Cinco años de prisión para una mujer por intento de homicidio a la amante de su marido en la isla de La Graciosa, Las Palmas

Thu, 02/09/2017 - 11:00

La Audiencia Provincial de las Palmas ha condenado a cinco años de prisión a una mujer como autora de un delito de homicidio en grado de tentativa en la isla de La Graciosa.

La sentencia de la Sección Segunda declara probado que la noche del 27 de octubre de 2014 procesada acudió al lugar de trabajo de la víctima –que mantenía una relación sentimental con su marido-y la siguió hasta la plaza de la iglesia, donde “con ánimo de acabar con su vida” sacó del bolso cuchillo y le asestó hasta siete puñaladas.

Además, el tribunal la condena a una indemnización de 5.993 por lesiones sufridas y secuelas.

Categories: Jurisprudencia

El Tribunal Supremo confirma la indemnización de un periódico canario a un hombre por acusarle de la violación de una niña

Tue, 02/07/2017 - 15:30

La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al diario “La Opinión de Tenerife” a pagar una indemnización de 50.000 euros a un hombre por vulneración de su derecho al honor y a su propia imagen, al señalar en sus titulares que había violado a una niña de 3 años, hija de su novia, que posteriormente falleció, suceso ocurrido en Arona (Tenerife) en noviembre de 2009.

El Supremo, como ha hecho en una reciente sentencia que condena al diario “ABC” por el mismo casos, indica que los demandados de “La Opinión de Tenerife” no actuaron con la diligencia exigible para cumplir con la obligación de transmitir una información veraz, “resultando en concreto responsables del desproporcionado tratamiento que dieron a la noticia en sus titulares, innecesariamente ofensivos por contundentes y poco diligentes”. “Lo determinante para apreciar en este caso la intromisión ilegítima en el honor y para no amparar la conducta de los demandados en el ámbito de su libertad de información es que los artículos publicados los días 26 y 27 de noviembre de 2009 se introdujeron mediante unos titulares que no dejaban duda alguna ni en cuanto a que la niña había sido víctima de un delito contra la libertad sexual y de otro de lesiones, pues tanto en la portada como en las páginas interiores de ambos artículos se emplearon reiteradamente en la titulación de la noticia expresiones alusivas a su violación, y en la portada de la primera noticia se habló también de que había sido «quemada», ni en cuanto a la autoría del demandante, único detenido por dichos hechos, tratándose de conclusiones rotundas, inequívocas, carentes de la menor lógica y proporción a tenor de los datos a disposición del periodista en ese momento”, señala el Supremo.

En este último sentido, mientras que al menos en el cuerpo de la noticia del día 26 sí se hizo mención, siquiera de pasada, al dato de que la niña no había podido ser examinada por el médico forense, por el contrario en la titulación de la noticia se prescindió de la cautela que imponía la existencia de versiones notoriamente contradictorias (se sabía que hasta la propia madre de la menor respaldaba la versión de su compañero sentimental) en cuanto al propio origen violento y criminal de las lesiones que sufría la menor fallecida (incluidas las de tipo sexual) y se obvió la importancia de la falta de dictamen forense que corroborara mediante datos objetivos la versión inicial para, por el contrario, presentar al detenido como culpable de delitos tan graves como el de violación, término además que se empleó con reiteración.

En suma, es evidente que no podía hacerse responsable al informador del resultado de la investigación y de que por datos obtenidos durante el curso de la misma se demostraran erróneas las conclusiones policiales, a su vez basadas en datos médicos iniciales también erróneos. “Pero sí que debe hacerse responsable al periodista y al medio demandados del tratamiento que dieron a la noticia mediante sus titulares, pues lo verdaderamente determinante en el juicio de ponderación, lo que impide el amparo de la libertad de información, es el hecho acreditado de que cuando se publicó la información litigiosa los propios datos obtenidos de las fuentes consultadas y mencionadas en el cuerpo de la noticia permitían deducir que la causa de las lesiones no estaba en absoluto clara y, por consiguiente, menos aún su autoría”, dice la Sala.

 

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Las Palmas archiva una ejecución hipotecaria tras declarar la nulidad de la cláusula suelo y la devolución retroactiva

Mon, 01/30/2017 - 09:45

Un auto de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 26 de enero de 2016 ha decretado el sobreseimiento de un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se ha declarado nula la cláusula suelo y la devolución de las cantidades indebidamente abonadas. Asimismo, ésta se tendrá que producir desde la fecha de la suscripción del contrato, por no cumplir la demanda de ejecución con los requisitos de exigiblidad y liquidez de la deuda.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2014 señala que dos de los requisitos que ha cumplir una demanda de ejecución hipotecaria y que deben ser controlados por el juez de oficio y pueden ser alegados por el ejecutado en su oposición a la ejecución son la exigibilidad y la liquidez de la deuda.

La sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en dos autos de 19 y 26 de enero de 2017, entiende que la consecuencia en el procedimiento hipotecario de la declaración de nulidad de la cláusula suelo y de la consiguiente declaración de que la devolución de las cantidades indebidamente abonadas habrá de producirse desde la fecha de la suscripción del contrato, es el archivo y sobreseimiento del procedimiento de ejecución.

El tribunal señala dos causas para determinar el sobreseimiento de la ejecución:

1º. Porque “en todos los casos” la obligación de retrotraerse en la vida del préstamo hipotecario y determinar nuevamente el importe de la deuda, aplicando sobre el principal el interés remuneratorio correcto, y con compensación de las cantidades indebidamente cobradas en exceso durante la vida del préstamo por efecto de la cláusula suelo, conlleva que en la fecha de presentación de la demanda de ejecución hipotecaria “la deuda no era líquida”.

2º. Porque “en muchos casos” la obligación de retrotraerse en la vida del préstamo hipotecario y determinar nuevamente el importe de la deuda, aplicando sobre el principal el interés remuneratorio correcto, y con compensación de las cantidades indebidamente cobradas en exceso durante la vida del préstamo por efecto de la cláusula suelo, conllevará que en la fecha de presentación de la demanda de ejecución hipotecaria “la deuda no fuera exigible”, pudiendo incluso suceder que en esa fecha ”el ahora ejecutado en realidad era acreedor y el banco o entidad financiera aquí ejecutante era el deudor”, al ser mayor la suma debida por el banco al cliente por la indebida aplicación de la cláusula suelo que la suma debida por el cliente al banco por el impago de unas pocas cuotas.

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El TSJ de Canarias reconoce el acceso a la prestación por maternidad en caso de gestación subrogada

Thu, 01/19/2017 - 08:00

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha pronunciado por primera vez sobre las prestaciones por maternidad en caso de gestación subrogada. La sentencia de la Sala Social recoge el caso de un matrimonio homosexual, en el que uno de los cónyuges solicitó el abono de las prestaciones por maternidad, tras la inscripción registral de una menor nacida en San Francisco, previo contrato de gestación por sustitución, figura jurídica regulada y válida en el Estado de California.

Por parte de la Entidad Gestora (INSS) se denegaron las prestaciones entre otras razones, al entender que la actual regulación legal de la maternidad no incluye los supuestos de nacimientos derivados de maternidad subrogada, al tratarse de una figura prohibida en nuestro país.

La sentencia de instancia estimó la demanda y reconoció el derecho a las prestaciones reclamadas. El INSS recurrió en suplicación la sentencia, que ha dado lugar a la primera sentencia dictada por esta Sala en esta materia. La resolución del TSJ Canarias reconoce las prestaciones reclamadas primando el interés superior de la menor y la inscripción registral válida de la misma que no fue impugnada.

El art.133 bis de la LGSS que considera "situaciones protegidas la maternidad, la adopción y el acogimiento..." no da una definición de qué se entiende por lo primero (maternidad); lo que obliga a remitirnos al concepto general de estado o cualidad de madre, que no exige ineludiblemente el previo hecho del parto de esa madre, aunque éste sea el primer supuesto, de ahí que se le parigualen la adopción y el acogimiento, si bien como situaciones distintas y claramente diferenciadas de dicha maternidad biológica.

Pueden distinguirse dos situaciones protegibles, relacionadas con la llegada del menor al núcleo familiar:

- La de parto, como causa de suspensión del contrato de trabajo, que sólo corresponde a la madre que físicamente ha gestado y ha dado a luz un/a hijo/a.
- Y la situación sin parto de progenitores que , en el grado y condición que corresponda, también se ven afectados por esa nueva configuración familiar pero desde otra perspectiva y relación con el sujeto que la motiva.

En el presente caso, estaríamos en el segundo supuesto, y la condición de progenitor viene otorgada porque así figura en el Registro Civil en su condición de sujeto que ha obtenido esa posición por virtud de una filiación conseguida mediante gestación por sustitución. Dicho reconocimiento, no es novedoso pues Junto a las anteriores, y como situaciones ajenas, pero claramente asimiladas por el legislador a la maternidad por nacimiento de un hijo, pero con un tratamiento específico, se encuentra la adopción y el acogimiento familiar, como figuras que generan derecho a la suspensión del contrato de trabajo, en donde ambos progenitores podrán disfrutar del periodo de suspensión, simultánea o sucesivamente.

La adopción de un lado y sobre todo, el acogimiento en sus dos modalidades reguladas (temporal o permanente), son figuras protegidas y tributarias de la prestación de maternidad que evidencian como la citada prestación tiene como finalidad, además de la protección de la madre, también y de forma prevalente, la del interés superior del menor, que debe llevar a respetar su derecho a disfrutar plenamente de su vida familiar y privada, siendo ello un principio de orden público que debe inspirar las decisiones judiciales que afecten a menores, como es el caso, tal y como se establece en el texto de la Convención de los derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 .

Desde el precepto regulador de la prestación de maternidad, y en la medida que el demandante y su pareja no han acudido a la adopción o al acogimiento (art. 133 bis LGSS) para establecer la relación familiar con su hija, podría entenderse, en principio, que no les resulta de aplicación el régimen que pretende atribuirse; pero ello, en virtud del citado interés superior de la menor se salva acudiendo a la aplicación analógica y extensiva del precepto analizado, al entender que la posición del demandante es similar a la que, también como progenitores, ocupan aquéllos que se hallan en supuestos de adopción o acogimiento familiar y cubriendo de igual manera la finalidad de protección de la menor, porque aunque la maternidad derivada de la condición de progenitor inscrito como tal en el Registro Civil y en virtud de una gestación subrogada no está contemplada en la LGSS, los supuestos guardan semejanza, en tanto en cuanto la posición que ocupan los progenitores en uno y otro caso respecto del nacido, adoptado o acogido es la misma en el marco de las relaciones laborales y familiares en las que están inmersos.

Esta similitud permitiría integrar una laguna legal por la identidad que se ofrece desde el momento en que se trata de dar protección por maternidad a quien ostenta la condición de progenitor de una menor por título jurídico diferente a la adopción o acogimiento pero idóneo por haber sido inscrito en el Registro Civil la filiación entre la menor y el actor.

Lo anterior no debe sorprendernos pues no es la primera vez que se reconocen prestaciones de seguridad Social derivadas de situaciones jurídicas no reconocidas en nuestro derecho interno, o incluso delictivas. Tal es el caso del derecho al percibo de pensión de viudedad (aunque prorrateada), en supuestos derivados de bigamia o poligamia, cuando los matrimonios fueron celebrados en país extranjero en el que tal instituto cuenta con regulación expresa y por tanto se celebraron al amparo de la ley extranjera.

 

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Condenado a siete años de prisión por golpear a un joven y dejarle parapléjico en Las Palmas

Wed, 01/18/2017 - 12:00

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a siete años de prisión a un individuo por dejar parapléjico a un estudiante a causa de un golpe. El tribunal le considera autor responsable de un delito de lesiones con agravante de alevosía y atenuante de embriaguez, por lo que además, tendrá que abonar 17.025 euros por los días de incapacidad de la víctima y 1.100.000 euros por las secuelas, incluidos los daños morales.

El suceso ocurrió el 7 de diciembre de 2014 cuando el procesado propinó a la víctima –de 18 años- un puñetazo en la cara y cayó al suelo, golpeándose la parte posterior de su cabeza contra el pavimento y dejándole en estado vegetativo.

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El Tribunal Supremo condena a cuatro años y medio de cárcel a técnicos del ayuntamiento de Arrecife y a un empresario

Wed, 01/11/2017 - 11:30

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y 6 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación absoluta al interventor del ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) C.F.S.M., al responsable de la Oficina Técnica de dicho constistorio J.R.A.A. y al empresario J.D.H.H., por delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación (y además delito de falsificación en documento mercantil en el caso del último de los acusados citados).

Ello supone una reducción respecto a los 5 años y 3 meses de prisión que impuso a cada uno de los tres la Audiencia Provincial de Las Palmas en enero de 2016, una modificación que viene impuesta por la aplicación al caso del nuevo artículo 77 del Código Penal, que establece las penas cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro, sin que la suma pueda exceder de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito.

 

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Condenado a tres años y medio de cárcel por intentar distribuir 145,4 kilos de hachís traídos a bordo de una patera en Las Palmas

Fri, 12/16/2016 - 12:23

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a tres años y seis meses de cárcel a S.A.H. por un delito consumado contra la salud pública por tráfico de 145,4 kilos de hachís traídos a bordo de una patera.  Asimismo, deberá pagar una primera multa de 400.000 euros y una segunda de 233.850 euros. El tribunal absuelve a los otros dos acusados A.A. y A. L.P, uno de ellos, su pareja sentimental.

La sentencia declara probado que S.A.H. acudió a la playa de Castillo de Romeral la noche del 11 de julio de 2013 para descargar una serie de fardos de hachís que había encargado a sus contactos en Marruecos para su distribución en la isla.

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Condenado a cinco años por maltrato habitual e intento de asesinato a su expareja

Fri, 12/02/2016 - 15:00

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un hombre a la pena de cinco años de cárcel e internamiento en un centro psiquiátrico como responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de maltrato habitual a su exmujer. La sentencia declara probado que la mañana del 25 de enero de 2015 el procesado acudió a la vivienda familiar y, aprovechando que la víctima se encontraba dormida, “con el claro propósito de acabar con su vida, se dirigió a ella de forma sorpresiva e inesperada, y empezó a golpear su cabeza de forma reiterada con un objeto contundente”, al tiempo que la insultaba. Posteriormente, la intentó asfixiar.

La sentencia señala que el acusado tenía gravemente afectadas sus capacidades psíquicas debido a la demencia senil que padece y deberá indemnizar a la víctima con 1.625 euros por las lesiones sufridas.

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