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Updated: 16 hours 23 min ago

El Tribunal Supremo confirma la pena impuesta a un monitor de un colegio de Mallorca por abusos sexuales a dos niñas pequeñas

Wed, 06/14/2017 - 11:20

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 años de cárcel impuesta al monitor de un colegio de Mallorca por abusos sexuales a dos niñas menores de 4 años a las que realizó tocamientos entre abril y mayo de 2011. El Supremo desestima íntegramente el recurso del acusado que tendrá que pagar además 2.000 euros a cada una de las víctimas, con responsabilidad civil subsidiaria del centro escolar “Aula Balear”, que no recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que ahora se ratifica.

El alto tribunal indica que el tribunal de instancia se ha acomodado a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia en sus conclusiones ya que todos los indicios apuntaban en la misma dirección que los testimonios de referencia, prestados por una monitora del mismo centro escolar y los padres de las menores. En este caso, en el juicio no pudo valorarse el testimonio de las niñas por la mala calidad de la grabación que se realizó a las mismas en su comparecencia en el Juzgado, como prueba preconstituida, y un informe pericial desaconsejó que se les sometiera a nuevos interrogatorios, por lo que no fueron citadas a la vista oral.

Sin embargo, el Supremo recuerda que la ausencia de prueba directa sobre los hechos declarados probados no impide acudir a la prueba indiciaria. “Y en ese sentido, las declaraciones de los testigos, tal como son recogidas en la sentencia, que las examina de modo expreso y detallado, aportan indicios muy significativos, que son corroborados en ese mismo sentido por las declaraciones de los testigos de referencia”, añaden los magistrados.

Así sucede con el testimonio de la monitora citada, que trabajaba en el mismo centro y prestaba sus servicios en la época de los hechos en la llamada sala de “dormilones”, donde los niños pasaban el tiempo de la siesta y ocurrieron los hechos. Ella no vio directamente la ejecución de los actos de contenido lúbrico, pero sí testificó cómo el acusado tapaba y ponía la mano debajo de una de las víctimas; que en una ocasión, después de estar con la niña, al levantarse, la testigo le vio con una erección y el pantalón desabrochado; que en otra ocasión, después de estar la niña con el acusado, aquella se levantó con el pantalón medio bajado y las braguitas también. Y que en ocasiones, el acusado al levantarse se abrochaba el pantalón o se veía un bulto en el pantalón.

La testifical de la monitora es coincidente con la de otra testigo que también vio al acusado, que describe cómo él tapaba a la niña con la manta y se tapaba él también; que esta niña al principio dormía bien, pero que luego se negaba a dormir y que cuando el acusado se acercaba a ella se ponía a llorar, le pedía a la testigo que durmiera con ella y que no la dejara sola.

El tribunal tuvo en cuenta también la declaración de la madre de la niña que, como testigo directo, describió las irritaciones vaginales de la niña, que tenían lugar durante la semana y desaparecían el fin de semana, y volvían a aparecer al comenzar el colegio. Y como testigo de referencia relató lo que le dijo a ella su hija describiendo de forma espontánea los tocamientos que le hacía el acusado, lo que motivó su queja al colegio y la denuncia de los hechos.

También como testigo de referencia declaró una técnico del Consell Insular, correspondiente a la Unidad de Valoración y Tratamiento del Abuso Sexual Infantil, que elaboró un informe psicológico sobre la niña, que relató lo que la menor le contó, coincidente con lo dicho a sus padres. En dicho informe, por otro lado, no se aprecia capacidad de la menor para simular la realidad del relato.

“Todos los indicios, pues, apuntan en la misma dirección que el testimonio de referencia, por lo que la conclusión fáctica del Tribunal de instancia se acomoda a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia”, resume el Supremo.

Y respecto de la otra menor, el Tribunal valora la declaración de su padre, que, como testigo de referencia, describe cómo la menor, de forma espontánea y accidental le refirió los tocamientos de los que la hacía objeto el recurrente, y como elementos que avalan la declaración del testigo de referencia, se señala que tanto la ocasión en la que ocurren los hechos, durante la siesta de las niñas, como la forma en que ocurrieron, tal como ésta los describe a su padre, presentan serias similitudes con los hechos que se le atribuyen al recurrente en relación con la otra niña. Se tiene en cuenta en este caso además la declaración del propio acusado, que reconoció que hacia masajes a la niña por debajo de la manta.

Y se valoró también como prueba el informe psicológico, ratificado y aclarado en el juicio oral por la técnico del Consell, del que destaca la similitud de los términos empleados por ambas menores; que se mostraba esquiva y alterada al hablar de los hechos; y que, aunque los negó, también lo hizo respecto de otros hechos relacionados con su padre cuya realidad no se discutía.

Por lo tanto, destaca el Supremo, el testimonio de referencia, al que es lícito acudir dada la imposibilidad de oír al testigo directo, no aparece como el único elemento probatorio valorable, sino que viene acompañado de otros que corroboran su contenido.

El Supremo aprovecha la sentencia para destacar que en este caso se procedió de forma inconveniente a alguna exploración de las menores en sede policial, ya que la protección del interés de las menores aconseja no someterlas a más interrogatorios de los imprescindibles. Añade que la primera exploración a las niñas debe ser realizada ya en sede judicial, ya que solo en ella es posible preconstituir la prueba para el juicio correspondiente. Y en este caso la exploración en sede judicial tuvo lugar transcurridos cerca de tres años de la fecha de los hechos denunciados, lo cual, dada la edad de las menores supone un retraso que debió ser evitado.

 

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El juez abre juicio oral contra el expresidente balear Jaume Mata por delito de prevaricación

Tue, 06/13/2017 - 12:00

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado un auto en el que decreta la apertura de juicio oral contra el expresidente balear Jaume Matas y el empresario Miguel Romero por un delito de prevaricación y otro de fraude a la Administración.

El juez ha ordenado formar piezas de responsabilidades pecuniarias requiriendo a cada uno de los acusados para que preste fianza en cuantía de ciento catorce mil setenta y dos euros bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo de 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir la suma fijada.

Por otra parte, el Juez ha decretado el sobreseimiento provisional respecto del exdirector general de Deportes, José Luis Ballester.

En esta pieza separada, la número 13 de la macro causa, la investigación se ha centrado en la contratación de la campaña de publicidad del Mundial de Ciclismo en pista celebrado en el velódromo Palma Arena el año 2007.

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El Supremo anula la sanción impuesta a un mando de la Guardia Civil de Formentera que rechazó la invitación del gobierno insular para asistir a un acto oficial

Fri, 06/02/2017 - 12:22

La Sala Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de quince días de haberes con suspensión de funciones impuesta al sargento Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Formentera por una falta grave cometida al rechazar la invitación del Presidente del Consell Insular para asistir a un acto oficial con motivo de la celebración de la Diada de Sant Jaume.

La sentencia considera que dicho correo electrónico no fue descortés, que el mando sancionado no tenía la obligación de asistir al acto y que su conducta no era grave porque no atentó contra la dignidad de la Institución.
Por todo ello, revoca el fallo del Tribunal Militar Central que consideró probado que el mando sancionado había infringido el deber o la obligación legal o reglamentariamente establecida que resulte inherente al cargo o a la función, cuando se produzca de forma grave y manifiesta –artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

Los hechos considerados probados recogen que el Presidente del Consell Insular de Formentera remitió al sargento de la Guardia Civil sancionado una invitación para asistir a la entrega de la Medalla de Oro de Formentera y de los premios Sant Jaume que se celebraban el día del patrón de la isla, el 24 de julio de 2014, a las 20:30 horas, en la Sala Municipal de Cultura.

Nada más recibirla, a las 11,36 horas del 23 de julio, el sancionado envió desde su cuenta oficial de correo electrónica a la Presidencia del Consell el siguiente mensaje: “Les confirmo que el Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Formentera no acudirá a los actos de la Diada de Formentera, para así ceder su asiento a autoridades u otras personas que lo soliciten, ya que según informó en eventos anteriores su jefa de protocolo, teniendo en cuenta su formación y conocimientos, las autoridades militares no figuran en el protocolo balear, y por ello les agradezco la invitación pero otros asuntos en los que es necesaria mi presencia requieren mi atención. Un saludo”. El Presidente del Consell comunicó su malestar al Comandante Jefe de la Compañía de Ibiza por el contenido del correo electrónico.

De los motivos alegados en el recurso la Sala Quinta estima el que se refiere a la falta de tipicidad de la conducta, basándose en que no se han acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo, y sí, por el contrario, que no existe norma que obligue a asistir al acto.

La sentencia parte del análisis de tres cuestiones decisivas: si el correo es irrespetuoso o descortés, si el sancionado tenía la obligación legal o reglamentaria de asistir al acto y si la supuesta infracción es grave.
Sobre el primer punto, la Sala concluye que de la lectura de los términos del correo, por sus palabras y natural expresión, no se puede dedudir que sea “grosero” (irrespetuoso o descortés), como afirmó el Tribunal Militar Central.

En relación con el deber legal o reglamentario que incumplió el sargento, de asistir al acto, afirma que las normas de referencia a las que acude el tribunal (Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, Circular Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil sobre Orientaciones para el ejercicio del mando por el Comandante de Puesto, entre otras) carecen de precisión e imperatividad, e incluyen simples referencias genéricas, de carácter meramente orientativo, como consta en la mencionada Circular. “Sustentar en esa indefinición el tipo sancionador, deviene en puro ejercicio voluntarista extraño al aludido principio de interpretación restrictiva, que toda norma punitiva exige”, subraya la sentencia.

Para la Sala Militar tampoco se cumple el requisito sobre la gravedad de la infracción, pues por grave, afirma, ha de entenderse una conducta que atente contra la dignidad de la Institución, de forma trascendente, afectando a valores que entrañan sus señas de identidad.

Votos particulares

La sentencia incluye un voto particular discrepante del magistrado Javier Juliani Hernán y otro voto del presidente de la Sala Militar, Angel Calderón Cerezo. Ambos defienden que se dan todos los elementos típicos de la infracción y que, por tanto, se tendría que haber confirmado la sanción.

El magistrado Javier Juliani Hernán sostiene que el correo fue descortés y que el sargento sancionado no podía atribuirse una defensa de la dignidad de la Institución por una cuestión de protocolo y tratar de reponer tal dignidad, rechazando de forma insolente y grosera la invitación, sin llegar a comunicárselo a sus superiores, que en su caso tendrían que haber valorado la pretendida ofensa.

En su voto, el presidente de la Sala afirma que, como pedía el recurrente, al menos se tenía que haber considerado su comportamiento como una falta leve. En este sentido, destaca que la conducta enjuiciada no puede considerarse inocua ni mucho menos plausible, sino que, en su opinión, merece una respuesta disciplinaria al menos en los términos subsidiariamente solicitados por el recurrente.

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La Audiencia de Balears confirma el auto de fin de instrucción contra 84 controladores por un delito de sedición

Thu, 05/11/2017 - 06:00

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado un auto en el que confirma la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma en la que se acordó la continuación de diligencias previas a procedimiento abreviado -auto de finalización de la instrucción- contra 84 controladores aéreos. La Audiencia desestima por tanto los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de los controladores investigados contra dicho auto de pase a procedimiento abreviado. El Juez instructor consideró en su resolución que existen indicios suficientes para que los hechos ocurridos en los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza en diciembre de 2010 puedan ser constitutivos de un delito de sedición.

La Audiencia apunta que conforme la doctrina emanada por el Tribunal Supremo “el sobreseimiento de las actuaciones en esta fase intermedia constituye una decisión residual, de modo tal que operará la apertura de juicio oral cuando desde luego de modo inobjetable no proceda el sobreseimiento y que en supuestos de imputaciones dudosas la regla general es que las dudas han de resolverse en el acto de juicio oral”.

Por otra parte, el tribunal destaca que los hechos investigados son complejos y que “es criticable la atribución genérica que el auto recurrido hace, sin referencia por nombres y apellidos, a cada uno de los controladores investigados, pues admite y reconoce que su papel no fue el mismo, pero también hay que entender que a priori y según el planteamiento que en el auto expresa nos encontraríamos ante un delito de sedición o de huelga ilegal a cargo de funcionarios públicos que parte como presupuesto de la participación de una colectividad de sujetos, delitos que comportan una actuación conjunta”.

Cabe recordar que el Juzgado instructor decretó inicialmente el archivo provisional de la causa pero la Audiencia Provincial estimó los recursos de apelación del Ministerio Fiscal y la acusación particular y ordenó la práctica de nuevas diligencias, lo que supuso reapertura de la causa.

Los hechos investigados sucedieron en diciembre de 2010, coincidiendo con el puente de la Constitución, los controladores investigados no trabajaron (o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia) presentando escritos en los que alegaban no estar en condiciones psicofísicas para desarrollarlo. Con la intención, según el auto, de paralizar el tráfico aéreo sin tener en cuenta la repercusiones que ello tendría.

Su actuación provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos, al no estar los controladores en sus puestos de trabajo. Finalmente se declaró un RATE, cierre del tráfico aéreo, el 3 de diciembre por la tarde. El Gobierno decretó el estado de alarma el día 4 y el tráfico se reanudó unas horas después.

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El Supremo estima que se adjudique Iniciatives Portuàris la concesión para el amarre de embarcaciones deportivas y de recreo en el Puerto de Andratx (Palma de Mallorca)

Wed, 04/26/2017 - 14:38

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha declarado el derecho de Iniciatives Portuàris Mirall de Mar de Mallorca, S.L. a que se le adjudique la concesión administrativa para la ocupación y explotación de la instalación náutico-deportiva para el amarre de embarcaciones deportivas y de recreo en el Puerto de Andratx, convocada por resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 30 de octubre de 2002, en los términos del concurso convocado para ello, con las actualizaciones del canon y de las fianzas exigidas por el tiempo transcurrido desde entonces.

La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por dicha mercantil contra la sentencia del TSJ de las Islas Baleares y anula la desestimación por silencio de la oferta de Iniciatives Portuàris para la adjudicación de la concesión administrativa. Asimismo, anula la resolución de la Consejería de Medio Ambiente que autoriza la devolución de los resguardos acreditativos de las fianzas por importe de 10.000 y de 60.102 euros presentadas con la oferta y el acuerdo del Consejo de Administración de Puertos de las Islas Baleares, de 26 de noviembre de 2006, por el que se otorga la concesión administrativa por un plazo de 30 años al Club de Vela Puerto de Andratx.

La sentencia indica que la Administración balear no podía adjudicar una concesión al margen del procedimiento por ella misma convocado al efecto una vez que expiró el título concesional del Club de Vela y habían revertido a la Administración las instalaciones correspondientes. Añade que el relato de los hechos pone de manifiesto "una actuación administrativa directamente encaminada a que la concesión no se adjudicara conforme a las bases de la convocatoria sino que continuara en manos de quien había sido su titular. La clara desviación de poder, señala la Sala, toma cuerpo cuando se comprueba cuál es el resultado al que conduce el expediente. En este sentido, afirma que la valoración de las ofertas, el informe técnico que propone la adjudicación, la resolución sin firma de la misma, el criterio de los Servicios Jurídicos de la Administración balear, "todas las actuaciones, en definitiva, conducen a la conclusión de que debía adjudicarse a Iniciatives Portuàris Mirall de Mar de Mallorca S.L. pues el interés público contemplado por las bases de la convocatoria se satisfacía de ese modo por ser la suya la mejor oferta".

La Sala detalla lo ocurrido con el expediente administrativo del que se deduce que la oferta de Inicitaives Portuàris fue la que recibió mejor valoración técnica (180,40 puntos) por lo que se propuso que se le adjudicara la concesión el 26 de junio de 2003 e incluso el 1 de julio siguiente se llegó a elaborar la resolución adjudicándosela pero no se llegó a firmar. A partir de ese momento, el procedimiento administrativo se paralizó durante meses y la consejera competente se abstuvo por su relación con el Club de Vela Puerto de Andratx, el anterior concesionario cuyo título había expirado, revirtiendo la instalación a la Administración antes de la convocatoria mencionada. La sentencia explica que llegado a ese punto, el Parlamento de las Islas Baleares introdujo en un proyecto de ley en tramitación -posterior Ley 8/2004, de 23 de diciembre, una disposición adicional, la décima novena, que establecía que quedaban sin efecto los procedimientos de concurso para la adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación y explotación de instalaciones náutico-deportivas que estuvieran pendientes de resolución y que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de la ley. Asimismo, subraya la sentencia, establecía que los licitadores afectados tendrían derecho a ser indemnizados por los gastos incurridos en la elaboración de sus proyectos y planos y en la constitución, mantenimiento y cancelación de las fianzas y que las presentadas quedaban a su disposición. Además, indica la sentencia que el único procedimiento al que se podían aplicar estas previsiones era este caso, que, por aplicación del precepto indicado, quedó sin efecto. A partir de aquí, relata la sentencia, la Administración balear otorgó al anterior concesionario, el Club de Vela Puerto de Andratx, cuya oferta quedó en tercer lugar (146,47 puntos), la concesión por treinta años.

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El Tribunal del Jurado emite un veredicto de culpabilidad para el acusado del crimen de Ferreries

Wed, 04/05/2017 - 16:00

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial  ha emitido esta tarde un veredicto de culpabilidad contra el hombre acusado de matar a un hombre en Ferreries (Menorca), en enero de 2013. Le consideran culpable de un delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de confesión.

Una vez pronunciado el veredicto, el Ministerio Fiscal ha solicitado para el acusado la pena de 12 años  de prisión, la misma de sus conclusiones definitivas. La acusación particular pide 15 años de cárcel, mientras que  la defensa del acusado ha reclamado la pena mínima de cinco años para su representado.

La sentencia será dictada por la Magistrada-Presidenta del Tribunal en los próximos días.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma la suspensión cautelar de la orden del TIL de este curso

Thu, 03/23/2017 - 13:15

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha dictado hoy cuatro autos en los que desestima otros tantos recursos de reposición interpuestos por el Govern y confirma la suspensión cautelar de la orden del Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) para este curso 2014-2015, adoptada por esta misma Sala el 24 de septiembre.

El Tribunal acordó en esa fecha atender la petición de medida cautelar de suspensión de los sindicatos STEI-UGT, Docents per la Democràcia, la Confederación d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de les Illes Balears y CCOO, que habían presentado recurso contra la orden de la Conselleria de Educación del 9 de mayo de 2014 por medio de la cual se desarrollan determinados aspectos del TIL en los centros docentes no universitarios de Balears.

Los autos de hoy recuerdan que la excepcional medida cautelar de suspensión se dictó tras las sentencias en las que se declaraba la nulidad del Decreto 15/13 del TIL, al desarrollar la orden el citado Decreto. Las resoluciones de la Sala explican que “la valoración sobre el modo de asegurar la efectividad de la sentencia que ha de dictarse en relación a la Orden se ha de hacer ahora, no podemos esperar a que resuelva el Tribunal Supremo”.

La orden de la Conselleria desarrollaba el calendario de implantación del sistema de Tratamiento Integral de Lenguas para este curso 2014/2015.

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El TSJIB concede la prórroga hasta marzo pedida por la ponente del caso Nóos

Thu, 03/23/2017 - 13:00

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha acordado hoy aceptar la solicitud de la Magistrada ponente del denominado caso Nóos y ha ampliado hasta marzo (incluido) el plazo de exoneración temporal de reparto mientras está pendiente de dictarse la sentencia.

El acuerdo, adoptado por unanimidad, acepta la petición de la Magistrada ponente, miembro de la Sección Primera de la Audiencia provincial y que fue presidenta del Tribunal que enjuició el caso, atendiendo a la complejidad del asunto y teniendo en cuenta el carácter improrrogable y excepcional con el que se plantea la medida.

La Sala ha aprobado la solicitud en las mismas condiciones derivadas del acuerdo adoptado el 25 de junio de 2016. Dicho acuerdo preveía exonerar temporalmente de reparto a la Magistrada ponente hasta que se dicte la sentencia, aplicando así el criterio general de reparto interno de la Sección Primera, por el cual, y de forma automática, se exonera de reparto a las ponencias en causa compleja por un plazo equivalente a la duración del juicio. Dicho plazo, en el caso Nóos, se extendía hasta el día 5 de diciembre y es ampliado ahora hasta el 31 de marzo de 2017 en las mismas condiciones.

El reparto es asumido por el resto de magistrados de la Sección.

La Sala de Gobierno del TSJIB valorará próximamente medidas adicionales para el refuerzo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

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