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Updated: 1 day 11 hours ago

El Supremo estima que se adjudique Iniciatives Portuàris la concesión para el amarre de embarcaciones deportivas y de recreo en el Puerto de Andratx (Palma de Mallorca)

Wed, 04/26/2017 - 14:38

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha declarado el derecho de Iniciatives Portuàris Mirall de Mar de Mallorca, S.L. a que se le adjudique la concesión administrativa para la ocupación y explotación de la instalación náutico-deportiva para el amarre de embarcaciones deportivas y de recreo en el Puerto de Andratx, convocada por resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 30 de octubre de 2002, en los términos del concurso convocado para ello, con las actualizaciones del canon y de las fianzas exigidas por el tiempo transcurrido desde entonces.

La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por dicha mercantil contra la sentencia del TSJ de las Islas Baleares y anula la desestimación por silencio de la oferta de Iniciatives Portuàris para la adjudicación de la concesión administrativa. Asimismo, anula la resolución de la Consejería de Medio Ambiente que autoriza la devolución de los resguardos acreditativos de las fianzas por importe de 10.000 y de 60.102 euros presentadas con la oferta y el acuerdo del Consejo de Administración de Puertos de las Islas Baleares, de 26 de noviembre de 2006, por el que se otorga la concesión administrativa por un plazo de 30 años al Club de Vela Puerto de Andratx.

La sentencia indica que la Administración balear no podía adjudicar una concesión al margen del procedimiento por ella misma convocado al efecto una vez que expiró el título concesional del Club de Vela y habían revertido a la Administración las instalaciones correspondientes. Añade que el relato de los hechos pone de manifiesto "una actuación administrativa directamente encaminada a que la concesión no se adjudicara conforme a las bases de la convocatoria sino que continuara en manos de quien había sido su titular. La clara desviación de poder, señala la Sala, toma cuerpo cuando se comprueba cuál es el resultado al que conduce el expediente. En este sentido, afirma que la valoración de las ofertas, el informe técnico que propone la adjudicación, la resolución sin firma de la misma, el criterio de los Servicios Jurídicos de la Administración balear, "todas las actuaciones, en definitiva, conducen a la conclusión de que debía adjudicarse a Iniciatives Portuàris Mirall de Mar de Mallorca S.L. pues el interés público contemplado por las bases de la convocatoria se satisfacía de ese modo por ser la suya la mejor oferta".

La Sala detalla lo ocurrido con el expediente administrativo del que se deduce que la oferta de Inicitaives Portuàris fue la que recibió mejor valoración técnica (180,40 puntos) por lo que se propuso que se le adjudicara la concesión el 26 de junio de 2003 e incluso el 1 de julio siguiente se llegó a elaborar la resolución adjudicándosela pero no se llegó a firmar. A partir de ese momento, el procedimiento administrativo se paralizó durante meses y la consejera competente se abstuvo por su relación con el Club de Vela Puerto de Andratx, el anterior concesionario cuyo título había expirado, revirtiendo la instalación a la Administración antes de la convocatoria mencionada. La sentencia explica que llegado a ese punto, el Parlamento de las Islas Baleares introdujo en un proyecto de ley en tramitación -posterior Ley 8/2004, de 23 de diciembre, una disposición adicional, la décima novena, que establecía que quedaban sin efecto los procedimientos de concurso para la adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación y explotación de instalaciones náutico-deportivas que estuvieran pendientes de resolución y que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de la ley. Asimismo, subraya la sentencia, establecía que los licitadores afectados tendrían derecho a ser indemnizados por los gastos incurridos en la elaboración de sus proyectos y planos y en la constitución, mantenimiento y cancelación de las fianzas y que las presentadas quedaban a su disposición. Además, indica la sentencia que el único procedimiento al que se podían aplicar estas previsiones era este caso, que, por aplicación del precepto indicado, quedó sin efecto. A partir de aquí, relata la sentencia, la Administración balear otorgó al anterior concesionario, el Club de Vela Puerto de Andratx, cuya oferta quedó en tercer lugar (146,47 puntos), la concesión por treinta años.

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El TSJIB concede la prórroga hasta marzo pedida por la ponente del caso Nóos

Thu, 03/23/2017 - 13:00

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha acordado hoy aceptar la solicitud de la Magistrada ponente del denominado caso Nóos y ha ampliado hasta marzo (incluido) el plazo de exoneración temporal de reparto mientras está pendiente de dictarse la sentencia.

El acuerdo, adoptado por unanimidad, acepta la petición de la Magistrada ponente, miembro de la Sección Primera de la Audiencia provincial y que fue presidenta del Tribunal que enjuició el caso, atendiendo a la complejidad del asunto y teniendo en cuenta el carácter improrrogable y excepcional con el que se plantea la medida.

La Sala ha aprobado la solicitud en las mismas condiciones derivadas del acuerdo adoptado el 25 de junio de 2016. Dicho acuerdo preveía exonerar temporalmente de reparto a la Magistrada ponente hasta que se dicte la sentencia, aplicando así el criterio general de reparto interno de la Sección Primera, por el cual, y de forma automática, se exonera de reparto a las ponencias en causa compleja por un plazo equivalente a la duración del juicio. Dicho plazo, en el caso Nóos, se extendía hasta el día 5 de diciembre y es ampliado ahora hasta el 31 de marzo de 2017 en las mismas condiciones.

El reparto es asumido por el resto de magistrados de la Sección.

La Sala de Gobierno del TSJIB valorará próximamente medidas adicionales para el refuerzo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

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La Audiencia de les Illes Balears revoca la sentencia que condenó a Rafael Oliver a indemnizar con 34 millones a Banco Mare Nostrum

Fri, 02/24/2017 - 14:37

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de les Illes Balears ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de apelación interpuesto por Invernostra, ahora Banco Mare Nostrum e Innostrum División Inmobiliaria, contra la sentencia de fecha 30 de mayo de 2016 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma; y estima el recurso de apelación presentado por el exconsejero de la entidad Rafael Oliver Roca contra dicha resolución, por la que fue condenado a pagar 34.292.160 euros a Banco Mare Nostrum SA e Innostrum División Inmobiliaria. En consecuencia, el tribunal revoca dicha sentencia y desestima la demanda.

La Sala, una vez revisada la actividad probatoria, no encuentra “indicios suficientes para atribuir a la actuación del Sr. Oliver Roca las acciones, (y omisiones), que llevaron a las consecuencias denunciadas”. El tribunal no considera probado que fuera una “ocurrencia” suya financiar el denominado “proyecto Brickell”, una promoción de inmuebles en Miami (Estados Unidos), “pues formaba parte del plan estratégico del grupo Sa Nostra”. Los magistrados tampoco consideran probada la ocultación de datos al Consejo de Administración. En definitiva, la Sala estima la alegación respecto a la ausencia de negligencia imputable a las acciones/omisiones de un consejero y apunta que "no procede el análisis de los demás elementos caracterizadores de la acción social".

La demanda de acción social de responsabilidad interpuesta por el banco en el que se integró Sa Nostra, ahora desestimada por la Audiencia, hace referencia a una operación inmobiliaria que llevo a cabo su filial Invernostra, y que recibía el nombre de “proyecto Brickell”. Su propósito era la ejecución de tres proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, en concreto en Miami y Las Vegas. Para ello, Invernostra debía invertir 50 millones de dólares.

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El tribunal del “caso Nóos” mantiene la libertad provisional de Iñaki Urdangarin y Diego Torres

Thu, 02/23/2017 - 12:26

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de les Illes Baleares ha notificado hoy el auto de medidas cautelares en relación con Iñaki Urdangarin y Diego Torres, condenados en la sentencia dictada en el “caso Nóos”, después de la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En la resolución, el tribunal acuerda mantener la situación de libertad provisional de Iñaki Urdangarin, con la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza) y de comunicar cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea o cualquier cambio de domicilio, incluso temporal.

En cuanto a Diego Torres, el tribunal también ha acordado mantener la situación de libertad provisional, con prohibición de salir del territorio nacional, entrega inmediata del pasaporte y comparecencias en el Juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes. Deberá comunicar asimismo cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

El tribunal adopta estas medidas con la advertencia de que, en caso de ser incumplidas, podrá adoptar otras más gravosas para la libertad personal de los acusados, incluida la de prisión provisional.

La Sala ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal –prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarin y de 100.000 euros para Torres- y estudiará y resolverá en resolución aparte las pedidas por la Abogacía del Estado respecto de Torres (embargo de bienes, retención de pagos que pudiera recibir, etcétera).

En la resolución, el tribunal señala que “los acusados, en ningún momento, han tratado de eludir la acción de la Justicia y así, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy, a la hora indicada”.

Añade que “ambos acusados disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional”.

 

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El tribunal del “caso Nóos” convoca a Iñaki Urdangarin y Diego Torres para decidir si acuerda medidas cautelares contra ellos

Mon, 02/20/2017 - 18:30

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de les Illes Balears ha convocado para el próximo jueves 23 de febrero, a petición de la Fiscalía, la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de dos de los condenados en el procedimiento abreviado 58/2015, conocido como “caso Nóos”: Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

En las vistas, que comenzarán a las 10.30 h, con presencia de los acusados y que no se celebrarán en audiencia pública, las partes podrán solicitar la adopción de medidas cautelares para los condenados por la sentencia notificada el pasado viernes, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

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18 meses de prisión para la exteniente de alcalde del Ajuntament de Ciutadella (Menorca) infidelidad en la custodia de documentos

Mon, 02/20/2017 - 16:40

La magistrada-presidenta del tribunal del jurado ha dictado una sentencia en la que condena a Antonia Salord, que fue teniente alcalde del Ajuntament de Ciutadella (Menorca), por un delito de infidelidad en la custodia de documentos a la pena de un año y seis meses de prisión, más inhabilitación especial por empleo o cargo público por tiempo de cuatro años.

Además, le impone una multa de 12 meses a razón de 10 euros al día con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

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La Audiencia Provincial de les Illes Balears condena a 7 de los acusados en el ‘caso Nóos’ a penas de entre 1 año y 2 días de prisión y 8 años y 3 meses de prisión

Fri, 02/17/2017 - 11:00

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de les Illes Balears ha comunicado hoy a las partes personadas la sentencia dictada en el procedimiento abreviado 58/2015, conocido como “caso Nóos”.

El fallo de la sentencia, adoptada por unanimidad de las tres magistradas del tribunal –Samantha Romero, presidenta y ponente; Rocío Martín y Eleonora Moyá- es el siguiente:

Iñaki Urdangarin Liebaert ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condena a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.
- Un delito de fraude a la Administración Pública, por el que se le condena a 7 meses de prisión y a 4 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.
- Un delito de tráfico de influencias, por el que se le condena a 1 año de prisión.
- Un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (259.478,38 euros).
- Un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (253.075,30 euros).

La suma de las penas es la siguiente: 6 años y 3 meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.553,68 euros. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia cuya copia se adjunta.

Iñaki Urdangarin ha sido absuelto del resto de los delitos de los que estaba acusado.

Diego Torres Pérez ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condena a 3 años de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 3 años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.
- Un delito de fraude a la Administración Pública, por el que se le condena a 8 meses de prisión y a 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.
- Un delito de tráfico de influencias, por el que se le condena a diez meses de prisión.
- Un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 2 años de prisión y a una multa del triplo de la cantidad defraudada (1.034.305,86).
- Un delito de blanqueo, por el que se le condena a 2 años de prisión y multa del tanto al duplo del valor de los bienes blanqueados (689.537,24 euros).

La suma de las penas es la siguiente: 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843,10 euros. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia cuya copia se adjunta.

Diego Torres ha sido absuelto del resto de los delitos de los que estaba acusado.

Jaume Matas Palou ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por los que ha sido condenado a 3 años de prisión, multa de 7 meses y 17 días a razón de una cuota diaria de diez euros y 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.
- Un delito de fraude a la Administración, por el que se le condena a 8 meses de prisión y a 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

La suma de las penas es la siguiente: 3 años y 8 meses de prisión y 7 años de inhabilitación especial. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia cuya copia se adjunta.

Jaume Matas ha sido absuelto del resto de los delitos de los que estaba acusado.

José Luis Ballester Tuliesa ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad cometida por funcionario público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que ha sido condenado a la pena de 9 meses y 2 días de prisión –que se sustituye por la pena de 18 meses y cuatro días de multa a razón de una cuota diaria de diez euros- y 1 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación absoluta.
- Un delito de fraude a la Administración, por el que ha sido condenado a 6 meses de prisión –que se sustituye por la pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de diez euros- y a 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares..

La suma de las penas es la siguiente: 15 meses y 2 días de prisión –que se sustituyen por las penas de multa indicadas- y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia cuya copia se adjunta.

José Luis Ballester ha sido absuelto del resto de los delitos de los que estaba acusado.

Gonzalo Bernal García ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad cometida por funcionario público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que ha sido condenado a la pena de 9 meses y 2 días de prisión –que se sustituye por la pena de 18 meses y cuatro días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros- y 1 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación absoluta.
- Un delito de fraude a la Administración, por el que ha sido condenado a 6 meses de prisión –que se sustituye por la pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de seis euros- y a 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares..

La suma de las penas es la siguiente: 15 meses y 2 días de prisión –que se sustituyen por las penas de multa indicadas- y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia cuya copia se adjunta.

Gonzalo Bernal ha sido absuelto del resto de los delitos de los que estaba acusado.

Juan Carlos Joaquín Alia Pino ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito de falsedad documental cometida por funcionario público en concurso medial con un delito de prevaricación, por el que ha sido condenado a 1 años y 2 días de prisión –que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros-, a una multa de 1 mes y 17 días a razón de una cuota diaria de seis euros y a 6 meses y dos días de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Juan Carlos Joaquín Alia ha sido absuelto del resto de los delitos de los que estaba acusado.

Miguel Ángel Bonet Fiol ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito de falsedad documental cometida por funcionario público en concurso medial con un delito de prevaricación, por el que ha sido condenado a 1 años y 2 días de prisión –que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros-, a una multa de 1 mes y 17 días a razón de una cuota diaria de seis euros y a 6 meses y dos días de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Miguel Ángel Bonet ha sido absuelto del resto de los delitos de los que estaba acusado.

El tribunal ha absuelto de los delitos de los que estaban acusados a Cristina de Borbón y Grecia y a Ana María Tejeiro Losada, declarando su responsabilidad civil en los siguiente términos:

- Cristina de Borbón y Grecia, en calidad de responsable civil a título lucrativo, responderá, conjunta y solidariamente con Iñaki Urdangarin, respecto de la responsabilidad civil de este último, hasta la cuantía de 265.088,42 euros.
- Ana María Tejeiro Losada, en calidad de responsable civil a título lucrativo, responderá, conjunta y solidariamente con Diego Torres, respecto de la responsabilidad civil de este último, hasta la cuantía de 344,934,31 euros.

Finalmente, el tribunal ha absuelto de los delitos de los que estaban acusados a:

- Miguel Tejeiro (absuelto por la retirada de la acusación)
- Marco Antonio Tejeiro Losada
- Luis Lobón Martín
- José Manual Aguilar Colás
- Jorge Vela Bargués
- Elisa Maldonado Garrido
- Mercedes Coghen Alber
- Alfonso Grau Alonso
- Salvador Trinxet Llorca

El tribunal ha condenado a la acusación popular ejercida por Manos Limpias a satisfacer el 50 por ciento de las costas del juicio oral causadas a Ana María Tejeiro Losada y el total de las costas del juicio oral causadas a Cristina de Borbón y Grecia.

Relato de hechos

La Audiencia Provincial de Baleares falla que la contratación de la mercantil Nóos Consultoría Estratégica, SL (NCE, SL), por parte de la administración Balear, participada al 50% por los acusados, D. Diego Torres Pérez y D. Ignacio Urdangarin, para la realización de la denominada “Oficina del Proyecto” y, de la Asociación Instituto Nóos, para la realización de los eventos denominados “Illes Balears Fórum 2005 y 2006”, se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral del entonces Presidente del Gobierno Balear que adoptó debido a la influencia ejercida por D. Ignacio Urdangarin, concertado con su entonces socio, D. Diego Torres Pérez. Para ello, D. Ignacio Urdangarin se sirvió de la íntima relación de amistad que le unía al recién nombrado Director General de Deportes, D. José Luís Ballester Tuliesa, y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas.

Las decisiones adoptadas por el Presidente del Gobierno Balear, fueron trasladadas por el Sr. Ballester, a D. Juan Carlos Alía Pino (gerente de Ibatur) y, éste a su vez, al asesor jurídico de Ibatur, D. Miguel Ángel Bonet Fiol y, a D. Gonzalo Bernal García (gerente de la Fundación Illesport), quienes, trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por D. Jaume Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron. Asimismo la Fundación Illesport se hizo cargo del pago de 174.000 euros que no debía haber satisfecho puesto que tal importe debió ser abonado por la mercantil Abarca Sport, SL y, de la cantidad de 445.000 euros, correspondientes a los servicios relativos al Observatorio y al Plan Estratégico, incluidos en el convenio relativo al evento denominado “Illes Balears Fórum” 2006, que no llegaron a ejecutarse. Esta última cantidad, se abonó como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado.

Diego Torres e Ignacio Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros.

Diego Torres, a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y en el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada al erario público, transformándola, para retornarla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondos, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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La Audiencia Provincial de les Illes Baleares notificará este viernes la sentencia del `caso Nóos´

Thu, 02/16/2017 - 12:40

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de les Illes Baleares notificará mañana viernes 17 de febrero el fallo de la sentencia del procedimiento abreviado 58/2015, conocido como 'caso Nóos´.

La comunicación del fallo se adelantará a todas las partes personadas vía Lexnet a partir de las 12 horas. La notificación del texto completo se realizará en sede judicial.

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El jurado declara culpable a la exteniente alcalde de Ciutadella (Menorca) de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos

Thu, 02/02/2017 - 08:16

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial ha emitido un veredicto de culpabilidad por unanimidad contra Antonia Salord, que fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca), acusada de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. El Jurado ha considerado probado que a Salord le fueron entregados 12 expedientes disciplinarios urbanísticos y que no devolvió intencionadamente uno de ellos incoado contra el policía municipal Ramón Silvela, lo que causó un retraso en la tramitación de dicho expediente administrativo.

El Jurado en su veredicto se ha mostrado favorable a la suspensión de la condena de prisión y no favorable al indulto.
Una vez emitido el veredicto, la Fiscalía ha solicitado una pena de 2 años de cárcel para la acusada y no se ha opuesto a la suspensión de la condena si se somete a trabajos en beneficio de la comunidad. Por otra parte, la acusación popular ha pedido para Salord 3 años de prisión y una multa de 18 meses a pagar 30 euros diarios; y sí se ha opuesto a la suspensión de la condena. La defensa ha avanzado que recurrirá la decisión y ha solicitado la pena mínima más la suspensión de la condena.

La magistrada-presidenta dictará la sentencia en los próximos días.

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La Audiencia de Balears confirma la condena a un abogado por acusación y denuncia falsa

Wed, 01/25/2017 - 12:00

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado la condena a un abogado de Eivissa por acusación y denuncia falsa a dos años de prisión y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 30 euros. Confirma asimismo la absolución de un segundo acusado. La sentencia estima parcialmente el recurso del condenado en el sentido de rebajar la cuantía de las indemnizaciones de 350.000 euros y 300.000 euros a 12.000 euros en cada uno de los casos, así como en la atribución de las costas procesales.

Los hechos fueron enjuiciados por el Juzgado Penal número 1 de Eivissa, que dictó la sentencia ahora parcialmente confirmada. Se refieren a una querella interpuesta por un abogado y su representado contra un juez y una letrada de Eivissa, vinculada al procedimiento judicial de Eivissa centre.

La Audiencia confirma la resolución en el sentido de considerar que que el abogado incurrió en los delitos de acusación y denuncia falsa al presentar la citada querella, que fue archivada por el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Absuelve al segundo acusado.

La Audiencia desestima íntegramente los recursos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular.

Estima parcialmente el recurso del condenado sobre la cuantía de las indemnizaciones. La sentencia de Penal 1 fijaba en el fallo una indemnización de 350.000 euros para el Juez y de 300.000 para la abogada. La sentencia de la Audiencia las considera excesivas y las rebaja a 12.000 euros para cada uno de ellos.

La sentencia es firme.

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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma declara culpable el concurso de acreedores del Real Club Deportivo Mallorca

Fri, 01/20/2017 - 11:50

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma ha dictado una sentencia en la que declara culpable el concurso de acreedores del RCD Mallorca SAD, siendo las personas afectadas por la calificación Vicente J. Grande Garau y Javier B. Martí Asensio.La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Palma.

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El juez rechaza la demanda de la comunidad de religiosas Jerónimas contra el Obispado de Mallorca por el monasterio de Santa Isabel

Wed, 01/11/2017 - 16:00

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Palma ha dictado una sentencia en la que desestima la demanda y absuelve al Obispado de Mallorca de los pedimentos formulados por la comunidad de religiosas Jerónimas del monasterio de Santa Isabel, imponiendo a éstas las costas del juicio.

El Obispado de Mallorca emitió tres certificados sobre las tres fincas del monasterio de Santa Isabel -la iglesia, el convento y dos viviendas- que declaraban que eran de su propiedad en virtud de un convenio con la Santa Sede de 1865. La congregación de religiosas demandó al Obispado pidiendo que se anulara la inmatriculación de dicho convento.

La sentencia no es firme, cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

 

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