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Noticias Judiciales TSJ Aragón
Updated: 16 hours 20 min ago

Cuatro meses de prisión y prohibición de residir en la localidad familiar por violencia habitual a su mujer

Thu, 06/22/2017 - 07:05

El juez de Instrucción nº 3 de Teruel, competente en asuntos de violencia de género, ha condenado a un hombre a cuatro meses de prisión, por un delito de violencia habitual contra la mujer. Además de dictar una orden de alejamiento de su mujer, le prohíbe, expresamente, residir o acudir durante dos años a la localidad turolenses en la que vivía con su esposa. En su sentencia el juez le condena también a indemnizarla por las lesiones que le ocasionó y al pago de las costas del juicio.

El magistrado considera probado que el pasado 19 de junio, estando ambos en el domicilio familiar, comenzó una discusión cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales con él porque tenía que irse a trabajar. El marido, ahora condenado, la agarró fuertemente del brazo ocasionándole un traumatismo leve y le dirigió expresiones injuriosas y degradantes argumentando que era su mujer, que le pertenecía y que podía hacer con ella lo que quisiera.

Considera igualmente que estos hechos no son aislados si no que se vienen repitiendo desde al menos dos meses, tiempo que la mujer lleva sufriendo maltrato psicológico por parte de su esposo.

El acusado, tras oír los cargos, aceptó el delito que se le imputaba y prestó su conformidad a la pena por lo que la sentencia es firme.

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El hombre de Binefar (Huesca) investigado por degollar a su padre ingresará en la unidad penitenciaria del hospital Miguel Servet

Wed, 06/14/2017 - 12:54

La jueza del Juzgado nº 2 de Monzón acaba de dictar un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para José Antonio M.S., de 56, como posible autor de la muerte de su padre, un anciano de 90 años.

En su auto solicita la instructora que antes de ingresar en un centro carcelario sea trasladado a la unidad penitenciaria del hospital Miguel Servet de Zaragoza y allí permanezca ingresado el tiempo necesario para que sea valorado clínicamente y se determine si podría sufrir algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico.

El informe preliminar, remitido al juzgado por el Instituto de Medicina Legal de Aragón, recoge que la víctima presentaba en el cuerpo 17 puñaladas, una de ellas en el cuello. La jueza ha solicitado que se recojan distintas muertas biológicas para que se realicen pruebas de ADN y se detecte la posible presencia de tóxicos (medicinas) en ellas. La investigación sigue abierta y en los próximos días la jueza podría citar a declarar a algunos testigos.

Categories: Jurisprudencia

El juez dicta prisión preventiva para la madre que cortó las venas a su hijo discapacitado en Teruel

Tue, 06/13/2017 - 10:30

El Juez de la causa abierta contra Lucía, investigada por asestar varias cuchilladas a su hijo discapacitado en ambas muñecas, acordó ayer su ingreso en la cárcel de Picassent como posible autora de un delito de asesinato en grado de tentativa.

En el auto dictado establece el instructor que el tiempo de prisión preventiva será el imprescindible para cumplir con “la imperiosa necesidad de proteger a la víctima discapacitada”, para que se puedan resolver las dudas a favor de la libertad de la investigada, y siempre y cuando, se tenga constancia de que han cesado las circunstancias que han motivado la adopción de esta medida y para asegurar su presencia durante el curso del proceso.

Previamente a esta decisión, el juez decreto, el pasado 25 de mayo, una orden de alejamiento contra la madre prohibiéndole acercarse a su hijo Jorge a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier medio mientras dure las actuaciones judiciales abiertas.

Categories: Jurisprudencia

Un juez anula la decisión del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza sobre las vacantes escolares 2017/2018

Mon, 06/05/2017 - 13:26

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Zaragoza ha dictado sendas sentencias en las que declara nula de pleno derecho la resolución dictada por el Servicio Provincial de Educación que establecía las plazas que distintos colegios concertados podían ofertar para el curso 2017/2018.

Ambas sentencias, comunicadas hoy a las partes, estiman los recursos contencioso-administrativos presentados en el juzgado por los colegios Marianistas y Teresiano del Pilar. Los centros recurrieron la resolución del Servicio Provincial de Educación que suprimía un aula de primer curso de educación infantil en cada uno de ellos.

Argumenta el juez en su sentencia que la Comunidad Autónoma sin haber resuelto los conciertos, ni haber acabado el plazo de alegaciones para los colegios, dictó una resolución, firmada por el Director del Servicio Provincial, en la que constaba la reducción de plazas y aula, dado que el 6 de abril debía publicarse la oferta de vacantes según la Orden ECD/357/2017.

Y añade que este hecho, en cuanto que no se ha seguido el procedimiento establecido, supone, en la práctica, adelantar el resultado de un concierto “cuando quien debe resolverlo no lo ha hecho, y cuando ni siquiera ha transcurrido el periodo de audiencia a los interesados”, lo que “cercena la posibilidad de elección de centro por los padres, con violación del Art. 27.3 CE, limitando además indebidamente el derecho de ejercicio de creación de centro sostenidos con fondos públicos, Art. 27.6 y 27.10 CE”.

Contra estas resoluciones judiciales cabe recurso de apelación que ha de presentarse en el plazo de 15 días hábiles y previa consignación de un depósito de 50 euros.

Categories: Jurisprudencia

El TSJ de Aragón deniega la medida cautelar a dos centros por no cumplir la ratio exigida para unidades concertadas

Fri, 06/02/2017 - 12:05

Los magistrados de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón han denegado la medida cautelar solicitada por los colegios La Anunciata y Santa María de la Esperanza (Pina de Ebro) al no cumplir la ratio exigida por la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón para las aulas concertadas.

Para los colegios Teresianas, Sagrada Familia, Virgen de Guadalupe, Cristo Rey y San Gabriel (Zuera) el Tribunal estima que procede mantener las medidas cautelares adoptadas ya que, “las necesidades objetivas de escolarización resultan acreditadas por el hecho de haberse presentado en el proceso de escolarización más solicitudes de admisión que vacantes ofertadas” o por cumplir la ratio exigida.

En el caso de los colegios concertados La Anunciata y Santa María de la Esperanza (Pina de Ebro) el Tribunal les deniega las medidas cautelares porque tras el proceso de escolarización no se cumple la ratio alumno/unidad en las unidades concertadas. En el caso de la Anunciata, para dos unidades se han presentado 28 peticiones de alumnos siendo la ratio en infantil de 22 por aula y en colegio Santa María de la Esperanza (Pina de Ebro) solo se han producido 5 peticiones para una unidad. Argumentan por ello que “la norma impone que para renovar el concierto es preciso cumplir esta ratio”.

Reiteran los magistrados en sus autos que las medidas cautelares están concebidas para asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando que por el transcurso del tiempo se ponga en peligro el cumplimiento de la sentencia que se dicte. En este sentido mantienen que “no puede aseverarse, en el marco del presente incidente cautelar, que la Orden recurrida sea manifiestamente nula en los términos que resultan de dicha doctrina jurisprudencial. Pero, como también dijimos en el auto del pasado 15 de mayo, tampoco puede estimarse que sean inconsistentes o carentes de fundamento las pretensiones de la recurrente, con apoyo en la doctrina jurisprudencial que invoca”.

Precisan también que las resoluciones judiciales hasta el momento adoptadas no prejuzgan el fallo que en su día pueda dictarse frente a la decisión de la Administración de suprimir unidades inicialmente concertadas por inexistencia de necesidades de escolarización.

En sus fundamentos jurídicos sostienen que el legislador, tal y como se recoge en la Constitución Española (artículo 27.4), ha considerado que la enseñanza básica obligatoria y gratuita se presta tanto en los centros públicos como en los privados concertados, “un sistema dual –afirman- en el que ambos tipos de centros coincide en la relevante prestación del servicio público de la educación. Efectivamente en la programación de la red de centros rige la armonización para garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos, alumnas, padres, madres y tutores legales (artículo 109.1) por lo que dicha programación ha de hacerse tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social (artículo 109.2). Con sujeción a dichos principios, se regula el régimen de conciertos, cuando se satisfagan necesidades de escolarización (artículo 116.1)”.

Respecto a las argumentaciones realizadas por la letrada del Gobierno de Aragón respecto a que la planificación educativa corresponde a la Administración recuerdan los magistrados que son sujetos pasivos de esa planificación administrativa tanto los centros, como los padres, y también las asociaciones que los agrupan, y por ello, no hay que perder de vista que los titulares del servicio de educación prestado por la Administración son, siempre, los ciudadanos.

 

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La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a dos hermanos por estafa procesal

Wed, 05/31/2017 - 08:50

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a dos hermanos, administradores de tres locales de Kebabs, a nueve meses de cárcel como autores de un delito de tentativa de estafa procesal y otro de frustración de la ejecución. Ambos deberán abonar conjuntamente la suma de 15.000 euros a una empresa de reparación de instalaciones de locales (FRILOVIC S.L.).

Los magistrados señalan en su resolución como hechos probados que los dos acusados contrataron la reparación de sus locales de Kebabs con la empresa FRILOVIC S.L. por un importe de 21.382,5 euros, de los que solo abonaron 1.750 euros. Pese a los reiterados intentos de cobro por parte de la empresa, los acusados no solo no abonaron la cantidad sino que “con la intención de eludir su pago, desposeyeron de actividad y bienes a las mercantiles mediante su ficticio traslado de sociedades”.

Tiempo después, FRILOVIC S.L. reclamó judicialmente el pago de las cantidades adeudadas, condenando el juzgado de primera instancia a las empresas de las que eran administradores los encausados al pago de las cantidades redamadas. En el momento de la ejecución judicial de las resoluciones, los acusados intentaron burlar la ejecución interponiendo una fingida tercería de dominio en nombre de otra de sus sociedades creadas a posteriori.

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Condenadas cuatro tiendas de Zaragoza a indemnizar a la SGAE por utilizar música protegida

Tue, 05/30/2017 - 09:50

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a una sociedad que explota tiendas outlet en los centros comerciales de Puerto Venecia, Plaza y Gran Casa (denominada Shana Shop España S.L) a indemnizar con 4.213,28 euros a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual SGAE, AGEDI y AIE. Las cantidades a pagar corresponden a las tarifas de autorización para comunicar las obras musicales que no fueron abonadas.

El tribunal ha confirmado la sentencia de primera instancia que estimó la demanda presentada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual contra cuatro establecimientos, dos en la zona de Puerto Venecia, uno en Plaza Imperial y, un cuarto, en Gran Casa.

Los magistrados ratifican esta decisión al señalar que de la prueba practicada en este procedimiento “no conduce a eliminar u obviar la presunción de que se comunica al público música comercial protegida por las actoras”.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a un administrador del delito de estafa

Mon, 05/29/2017 - 10:43

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto al administrador único de la empresa Cumas Investigación S. L. del delito de estafa del que venía siendo acusado al entender que no hubo engaño bastante en la compraventa realizada entre el acusado y la administradora de Instalaciones Urbanas Sanitarias S.L. y sus padres.

Los magistrados señalan que “es cierto que los padres de la administradora de la mercantil Instalaciones Urbanas Sanitarias S.L. reconocieron una deuda a favor del acusado por importe de 88.497,76 euros, pero ningún engaño constatamos ya que la asumieron plena y conscientemente”. Así mismo indican que “el acusado adquiriera las fincas por debajo de su precio de mercado no le convierte en estafador”.

Ante la mala situación económica que atravesaba la empresa Instalaciones Urbanas Sanitarias S.L., la socia y administradora María de las Mercedes. C. A. contactó con el acusado, José Miguel I. F., administrador único de Cumas Investigación S.L., para que asumiera la deuda de la sociedad.

Mediante acuerdo adoptado ante notario, los padres de María de las Mercedes. C. A reconocieron adeudar a Cumas Investigación S.L. la cantidad de 88.497,70 y vendieron al acusado una vivienda unifamiliar en Borja (valorada en 159.000 euros), un piso en Zaragoza (valorada en 58.000 euros) y un aparcamiento (valorada en 13.000 euros).

El tribunal absuelve al acusado al tener dudas razonables de la existencia de un engaño previo o coetáneo en la formalización del contrato de compraventa. “No hubo engaño bastante, todas las partes acudieron a la oficina de la Caja Rural y en presencia notarial suscribieron los pactos negociados y relatados y que conocían y los asumieron libremente”.

Categories: Jurisprudencia

El juez dicta orden de alejamiento contra la madre que corto las venas a su hijo discapacitado

Thu, 05/25/2017 - 12:50

A tenor de los hechos ocurridos el pasado lunes, a la mujer se le imputa un posible delito de homicidio en grado de tentativa en el marco de la violencia doméstica, delito éste que podría verse sometido posteriormente a una calificación distinta en función del desarrollo de la investigación judicial. Al parecer, Lucía asestó varias cuchilladas en las muñecas a su hijo, llegándole a cortar los tendones de la mano izquierda.

Por ello, esta mañana y de oficio, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha dictado una orden de alejamiento y comunicación por cualquier medio contra Lucía Ascensión R. R. prohibiéndole aproximarse a su hijo menos de 200 metros durante el tiempo que duren las actuaciones judiciales.

Entiende el juez que existen indicios fundados para creer que la madre intentó acabar con la vida de su hijo, quien padece una enfermedad degenerativa que le convierte en totalmente dependiente. Debido a la gran cantidad de sangre que perdió a consecuencia de la agresión, el joven sufrió un shock hemorrágico. Poco tiempo después, la madre intentó acabar también con su propia vida, tratando de cortarse el cuello y las venas.

Recoge el instructor en su auto que previamente a estos hechos, esa misma mañana, Lucía había suministrado medicamentos a su hijo ingiriéndolos posteriormente ella con la clara intención de provocar la muerte de ambos.
Fundamenta el juez su decisión en que las medidas adoptadas son necesarias para proteger a la víctima “vulnerable por su discapacidad” y para tratar de evitar una posible reproducción de hechos similares. Por ello, ha solicitado a los familiares más cercanos del joven que notifiquen al juzgado las personas que se van a hacer cargo de él ya que, en su defecto, deberá ser tutelado por los servicios sociales.

Madre e hijo continúan ingresados en el hospital Obispo Polanco por lo que el instructor no tiene previsto, por el momento, tomarles declaración hasta que obren en su poder los pertinentes informes médicos que indiquen que se encuentran en condiciones de poder hacerlo.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Provincial de Zaragoza reitera en dos nuevas sentencias le retroactividad de las cláusulas suelo

Thu, 05/25/2017 - 07:12

Como ya hiciera en ocasiones anteriores, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha vuelto a declarar la validez de la retroactividad de las cláusulas suelo para dos nuevos contratos hipotecarios y ordena a los bancos que devuelvan el dinero cobrado desde que se firmaron los contratos de préstamo hipotecario. La sección reitera, de este modo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara la abusividad de las cláusulas suelo y dicta como consecuencia que se restablezca la situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

En una de las resoluciones el Tribunal ha estimado un recurso de apelación interpuesto por un cliente bancario y ha obligado a la entidad financiera a devolver las cantidades cobradas por aplicación de la cláusula suelo no solo desde mayo de 2013 (fecha en la que se pronunció el Tribunal Supremo y como ordenaba la sentencia de primera instancia) sino desde la fecha en la que se firmó el contrato de préstamo (diciembre de 2006).

Los magistrados señalan también, que en base a la doctrina europea, que disponen de la potestad de entrar en el examen de los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula suelo, incluso de oficio.

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El juez dicta orden de alejamiento para un hombre por romperle la nariz a su novia

Wed, 05/24/2017 - 14:00

A tenor de la prueba practicada, el magistrado de Instrucción número 3 de Teruel ha adoptado las medidas cautelares dictando una orden de alejamiento con prohibición de comunicación por cualquier medio mientras duren las actuaciones judiciales contra José Antonio B. J. tanto por la gravedad de lo ocurrido como por la peligrosidad del acusado, medida que considera “necesaria para proteger a la víctima y evitar una posible reproducción de hechos similares”.

El instructor considera a José Antonio B. J. presunto autor de un delito de violencia contra la mujer, en su modalidad de un lesión de menor gravedad en el ámbito familiar por ello le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 200 metros.

Declara probado el juez que el pasado lunes, estando la pareja en el domicilio familiar, el acusado propinó un cabezazo a su novia provocándole una fractura en la nariz así como contusiones en el pómulo y en los brazos. Al parecer la reacción agresiva del acusado se debió a que su pareja, previamente, le había dado un cachete y un mordisco en la nalga. Entiende el juez que la reacción del acusado es “total y absolutamente desproporcionada” y que la pareja mantiene una relación tóxica y nociva con continuas faltas de respeto y descalificaciones entre ellos.

Categories: Jurisprudencia

El juez prohíbe a un joven aproximarse a menos de 500 metros a su novia por abofetearla

Tue, 05/23/2017 - 12:47

El juez de instrucción número 3 de Teruel ha condenado, in voce y por sentencia firme, a un joven a cuarenta jornadas de trabajos a favor de la comunidad como autor de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de lesión de menor gravedad en el ámbito familiar. El magistrado ha prohibido también al acusado, Pedro M. V, acercarse a una distancia inferior a quinientos metros y comunicarse con su novia de 18 años durante un año y cuatro meses.

En la sentencia, dictada esta misma mañana, el juez instructor entiende probado que a las tres de la madrugada del 21 de mayo de 2017, el acusado abofeteó a su novia en el domicilio familiar situado en la localidad turolense de Manzanera. La agresión ocurrió tras una discusión en la que el hombre zarandeó a la joven del brazo y la tiró al suelo, causándole contusiones leve en la mejilla y en el antebrazo.

Añade el magistrado que, después de los hechos, la joven llamó a su padre en un estado de nerviosismo, miedo y alteración, quien acudió al domicilio y se llevó a su hija.

Ante los hechos, el juez, de conformidad con el acusado, le ha impuesto la pena solicitada por el Ministerio Fiscal reducida en un tercio, de acuerdo con lo previsto con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La joven víctima ha renunciado a cualquier tipo de indemnización que pudiere corresponderle. La sentencia es firme dado que las partes, conocido el fallo, han manifestado su decisión de no recurrir.

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Condenado el titular de un locutorio por apropiarse de las mercancías que se comprometía a enviar a Nicaragua

Mon, 05/22/2017 - 13:00

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza condena a un año de prisión al dueño de un locutorio de Zaragoza, que prestaba servicio de envío de bienes a Nicaragua, por apropiarse indebidamente de las mercancías que se comprometía a enviar. La sala le condena como autor de un delito continuado de apropiación indebida y le impone como responsabilidad civil que indemnice con una cantidad total de 25.943,29 euros a los perjudicados.

El tribunal considera probado que desde el año 2013 hasta mediados de 2015, el acusado Darwin Alberto P. S. cobraba por los servicios que iba contratando, pero no realizaba las gestiones para entregar las mercancías, quedándoselas en su propio beneficio. El encausado tenía guardadas los efectos que no había entregado en dos trasteros a nombre de su pareja en la carretera de Cogullada. Las cajas encontradas han sido entregadas a los clientes.

Por otro lado, los magistrados absuelven a Darwin Alberto P. S. del delito de apropiación indebida de unos préstamos al no haber quedado acreditado que hubiera engaño precedente. “El acusado- argumentan la Sala- efectuó documento de reconocimiento de deudas, y dichas personas que eran amigas, sabían que el dinero era para el funcionamiento del locutorio, y para sacar el contenedor que no había entrado en Nicaragua, debido a problemas económicos”.

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El juez condena a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad a un hombre por golpear a su pareja

Mon, 05/22/2017 - 11:00

El magistrado de Instrucción 3 de Teruel ha dictado sentencia firme condenando a Alberto E. A. a una pena de cuarenta jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad como autor de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de lesiones de menor gravedad en el ámbito familiar. El instructor le ha impuesto también al hombre la prohibición de aproximarse a una distancia inferior de doscientos metros a su pareja y comunicarse con ella por cualquier medio por un periodo de 8 meses desde que se notifique la sentencia.

Considera probado el juez instructor que a las 01:20 horas del 18 de mayo de 2017, el encausado golpeó a su novia en el coche hasta sacarla a la fuerza del vehículo. Los hechos ocurrieron en el transcurso de una discusión relacionada con la preparación de un viaje. Pasados diez minutos desde la primera agresión, Alberto E. A golpeó de nuevo a su pareja cuando esta regresó a casa, propinándole patadas y puñetazos en los pechos y en el brazo. Durante el ataque, la agarró fuertemente del cuello provocándole como consecuencia una lesión cervical.

El acusado ha mostrado su conformidad con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y, una vez conocido el fallo, las partes han manifestado su decisión de no recurrir, por lo que, la sentencia es firme.

La víctima ha renunciado a cualquier indemnización o compensación económica que por tales hechos pudiere corresponderle.

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Rechazado el recurso de un matrimonio contra una promotora por el que solicitaba el cumplimiento de un contrato de permuta

Fri, 05/19/2017 - 10:50

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el recurso interpuesto por un matrimonio contra una promotora. La pareja solicitaba el cumplimiento del contrato mediante el cual habían cedido a la promotora las dos terceras partes de una casa de la que eran titulares a cambio de una nueva vivienda en la futura edificación. La empresa, que hoy se encuentra en concurso de acreedores, reconoce que no cumplió el contrato por dificultades administrativas y por la crisis inmobiliaria. La Sala desestima la petición al entender que existe un abandono de la ejecución del contrato, puesto que desde que se acordó en 2006 han pasado más de 10 años y ni la pareja ha entregado la casa ni la promotora ha realizado obra alguna.

El matrimonio solicitaba el cumplimiento del contrato o, subsidiariamente, que se declarase la resolución del contrato y se les conceda una indemnización, consistente en la pérdida que ha sufrido la finca desde la firma del contrato de permuta a la fecha de la demanda en 2016. Solicitud que ha sido denegada por la Audiencia Provincial que ha confirmado la resolución del juzgado de lo Mercantil 1 de Zaragoza, de 31 de enero de 2017, en la que se denegaba el incidente concursal a la pareja y se acordaba no haber lugar al complimiento del contrato de permuta ni a su resolución.

Señalan los magistrados en la sentencia que, de los datos que constan en autos, se deduce que el matrimonio cedió la titularidad a la promotora aunque el contrato no se perfeccionó, ya que falto la “entrega” al continuar viviendo el matrimonio en el inmueble. “A partir de ahí nada consta- argumentan los jueces- ni que la promotora hubiera realizado gestiones o actuaciones tendentes a edificar el inmueble recogido en el contrato, pero tampoco que los cedentes hayan realizado ningún comportamiento no sólo en reclamación de su derecho, sino en ejecución del pacto perfeccionado que hubiera exigido, razonablemente, elevar la permuta a escritura pública a los pertinentes fines de licencias, financiación, etc.”.

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La jueza suspende el acuerdo del ayuntamiento encaminado a inmatricular dos iglesias de Zaragoza

Wed, 05/17/2017 - 14:20

La jueza del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha dictado al mediodía de hoy un auto de medida cautelar por el que suspende el apartado primero del acuerdo de 27 de marzo del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se decretaba que “se ejercitasen acciones administrativas y judiciales de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”.

La magistrada ha acordado dicha medida cautelar al no existir, tal y como establecen las disposiciones legales en materia de Régimen Local, un dictamen jurídico previo al ejercicio de cualquier acción por parte de las corporaciones locales.

Expresa en su resolución que el informe presentado por el Ayuntamiento no contiene un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo. “Tampoco consta en ese informe – explica- el más mínimo indicio relativo a los posibles de derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, para plantear las acciones que se mencionan en el Acuerdo”.

Sobre el informe jurídico, exigido por la ley y que debe acompañar este tipo de acuerdos, aclara que su finalidad es que la corporación se encuentre adecuada y debidamente asesorada sobre la procedencia y viabilidad de la acción que se pretende.

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El TSJ de Aragón reitera la suspensión del concierto educativo en tres centros concertados más

Wed, 05/17/2017 - 12:00

Los tres nuevos autos dictados esta mañana se suman a los dictados ayer y en todos ellos la Sala reitera su decisión de suspender de forma urgente la orden de la Consejería “dados los perjuicios irreparables que, caso de una eventual sentencia estimatoria, se habrían ocasionado a los alumnos que, habiendo optado a una plaza de educación infantil, finalmente, por tal supresión, quedaran excluidos y escolarizados en un centro concertado distinto del elegido dando lugar, por tanto, a una situación ya irreversible”.

Con ello, los magistrados se refieren en concreto a los perjuicios que se podrían ocasionar a los centros educativos y a los padres de alumnos sin olvidar que – según explican- se está aludiendo a unidades concertadas y en funcionamiento, para las que hay demanda social.

Reiteran también que no se aprecia perjuicio al interés público por la adopción de esta medida cautelar de forma urgente, “pues dada la fecha que nos encontramos siempre es posible su modificación o levantamiento cuando finalice el proceso de escolarización y siempre antes del inicio del Curso 2017/2018”.

Hasta el momento de redactar esta nota de prensa, no consta que se haya presentado ningún nuevo recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

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El TSJ de Aragón suspende la orden de Educación en cuanto a la supresión de aulas en centros concertados

Tue, 05/16/2017 - 14:00

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado cuatro autos de medidas cautelarísimas solicitadas por los centros educativos Sagrada Familia, La Anunciata, Cristo Rey y Teresianos del Pilar contra la orden de la Consejería de Educación de 12 de mayo por la que se suprimen aulas de primero de infantil en varios colegios concertados.

Los magistrados han adoptado la decisión de suspender cautelarmente el concierto educativo, en este punto, por razones de urgencia y dado que mañana 17 de mayo los colegios deben presentar al Departamento de Educación la lista definitiva de alumnos admitidos en cada uno de los centros. A la Administración de Educación le conceden un plazo de tres días para que pueda presentar sus alegaciones.

Las resoluciones dictadas por el TSJA, y que ratifican las medidas cautelares dictadas por los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, se mantendrán, al menos, hasta la finalización del proceso de escolarización.

La Sala no aprecia que estas medidas cautelarísimas supongan un perjuicio al interés público “pues dada la fecha en que nos encontramos siempre es posible su modificación o levantamiento cuando finalice el proceso de escolarización y siempre antes del inicio del curso 2017/2018”.

Hasta el momento, son siete centros educativos que han presentado recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la orden de la Consejera de Educación. A los cuatro ya mencionados en esta nota de prensa y sobre los que ha resuelto la Sala, se suman los recurso presentados por los colegios San Gabriel (Zuera), Virgen de Guadalupe y Nuestra Señora de la Esperanza (Pina de Ebro).

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Absuelto un hombre de agresión sexual a una joven por falta de pruebas de que las relaciones no fueran consentidas

Tue, 05/16/2017 - 11:00

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a un hombre del delito de agresión sexual a una joven de 24 años, con minusvalía psíquica del 33 %, del que venía siendo acusado. La Sala alberga dudas sobre que el encausado coaccionara a la chica para mantener relaciones con ella y tampoco aprecia signo físico que permita deducir la discapacidad de la joven. El acusado se enfrentaba a 13 años de prisión, así como a la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse con la chica durante 20 años.

Los magistrados recogen como hecho probado que el 1 de febrero de 2016, tras una discusión con su compañero sentimental, la joven Bodgana Ana E. V., se dirigió junto al acusado, José Antonio B. P., andando a la casa de éste, donde mantuvieron relaciones sexuales, sin que se haya acreditado si fueron consentidas o no.

La chica relata amenazas y empleo de sujeción, pero lo cierto es que para los magistrados no consta ningún indicio violento que pueda justificar mínimamente esa situación. Añaden los juzgadores que la víctima tardó bastante tiempo en poner la denuncia “extremo ilógico, pues la experiencia demuestra que, en una situación de este tipo, una vez finalizada la situación, la víctima acude inmediatamente a un centro hospitalario o al menos a interponer denuncia, aspectos de los que no consta dato alguno, sino también manifiesta que al acudir la policía a la vivienda donde se encontraba, y afirma que acaecieron los hechos, nada dijo, extremo igualmente ilógico”.

Ha entendido la Sala así mismo que “es obvio que Bogdna Ana, en cuanto tiene dos hijas, tiene conocimientos suficientes sobre el contenido de las relaciones sexuales y su eventual proyección procreadora y no consta que careciera de capacidad de autodeterminación en materia sexual hasta el punto que le impidiera prestar su consentimiento o negarse al mantenimiento de relaciones sexuales, pues así lo manifiestan los médicos forenses”.

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Los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza condenan a dos directivos de SARGA por malversación de caudales públicos

Tue, 05/16/2017 - 10:00

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza condena a penas de cárcel a dos directivos de SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Medioambiental) por facturar gastos de kilometraje ficticios a costa del erario público. Al acusado Silvio Dellepiane P. R., Director del Departamento de Servicios Agrarios, le condenan como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental a un año y dos meses de prisión y, a Enrique M. B, Director Gerente de SARGA, a un año de cárcel.

A partir de septiembre de 2014, el acusado Silvio Dellepiane P. R. se puso de acuerdo con el otro encausado, Enrique M., para comenzar a introducir en sus partes quincenales gastos de kilometrajes ficticios, los cuales pasaban a cobro.

Los partes, que contenían kilometraje ficticio, fueron redactados, rellenados y firmados por el acusado Silvio Dellepiane, el cual percibió una cantidad indebida de 1.438,20 euros en el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y febrero de 2016. Fue el otro encausado quién dio la autorización para que el importe se abonara.

El Tribunal señala en la sentencia que el fin de los acusados era “no perder poder adquisitivo y obtener un beneficio económico injusto a costa del erario público”. El encausado Silvio Dellepiane P. R. ha consignado en la cuenta del Juzgado la cantidad defraudada que asciende a 1.438,20 euros.

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