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Noticias Judiciales TSJ Andalucía, Ceuta y Melilla
Updated: 6 days 11 hours ago

La jueza aprecia prevaricación, malversación, falsedad y tráfico de influencias en las ayudas del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía a su chófer

Fri, 03/10/2017 - 11:20

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha concluido la instrucción sobre cuatro ayudas (por un importe total de 1.475.000 euros) concedidas por el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Guerrero, al que fue su conductor y señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación, falsificación de documento mercantil y tráfico de influencias, que podrían haberlos cometido el director de Trabajo, su conductor, el exdirector de Vitalia y el que actuó como administrador solidario de una de las ayudas.

Según indica la juez en el auto, las ayudas se concedieron "de forma arbitraria por Francisco Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida". El auto también recoge que el chófer del director general de Trabajo realizaba numerosos regalos a Francisco Guerrero, además de la compra de cocaína para ambos.

Tras la investigación, la juez resuelve el sobreseimiento provisional de la madre y esposa del conductor, por no quedar acreditado suficientes indicios de su participación en los hechos -en el caso de la madre y ninguna participación en el caso de la mujer-, aunque la esposa del conductor continúa en las actuaciones como partícipe a título lucrativo.

La jueza pide ahora al fiscal y a las acusaciones que en el plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral, con escrito de acusación, o el sobreseimiento de esta causa.

Categories: Jurisprudencia

El Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla condena a la directora de admisión de un colegio a dos años de inhabilitación

Fri, 02/24/2017 - 17:00

El Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha condenado a la directora de admisión del colegio Yago School a dos años de inhabilitación para la administración o dirección de centros educativos o de enseñanza como responsable de un delito de contra los derechos fundamentales del artículo 512 del Código Penal. La sentencia considera probado que la directora de admisión excluyó al hijo de una pareja homoparental del proceso de selección para entrar en el colegio por dicha condición. En la misma sentencia se absuelve al director del colegio al considerar que no existe ningún elemento de prueba de su participación en la exclusión del menor.

Según se recoge en la sentencia, la directora de admisión negó que hubiera plaza en el colegio Yago School para el hijo de la pareja denunciante al conocer que estos eran homosexuales. Así, “la conducta mantenida por la acusada como directora del departamento de admisiones del Centro respecto de los denunciantes determinó una exclusión efectiva dentro del proceso de selección llevado a cabo en su momento. Precisamente la conclusión que expresa el informe de la Inspección y que califica incluso como "hecho irrefutable", no es sólo que haya existido una desigualdad de trato en el procedimiento de admisión, sino también que "el menor de la familia L. no está matriculado en el Centro porque no ha recibido una igualdad de trato con el resto de los niños escolarizados en infantil de tres años”.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de diez días.

Categories: Jurisprudencia

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla juzgará a los expresidentes Chaves y Griñán por el procedimiento especifico de los ERE

Thu, 02/23/2017 - 12:00

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla será la que juzgue a los 26 procesados en la pieza conocida como la del procedimiento específico de la causa de los ERE, entre los que están los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán. Tras el sorteo efectuado en la Audiencia de Sevilla, por las específicas y mayores circunstancias de volumen y especial complejidad de esta pieza (PA 133/2016), será la Sección Primera quien señale este juicio.

El sorteo se ha realizado esta mañana después de que la Audiencia haya recibido esta causa remitida a primera hora por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. Los magistrados que forman esta sección son Pedro Izquierdo (presidente), Pilar LLorente, Encarnación Gómez, Juan Calle, y Auxiliadora Echevarri.

Este procedimiento consta, en formato papel, de 38 tomos y 7 Anexos.

Categories: Jurisprudencia

El juez condena a un empresario cordobés a cinco años y tres meses de prisión por dos delitos contra Hacienda

Mon, 02/20/2017 - 10:00

El juez del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba condena al empresario Rafael G.S. como autor responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública, a la pena de dos años y nueve meses de prisión (por uno de ellos) con multa de multa de 102.281.202,40 euros; y a la pena de dos años y seis meses de prisión (por el segundo delito) con una multa de 9.641.778,84 euros.

El empresario, por estos dos delitos, tiene una pena de cinco años y tres meses de prisión y una multa de cerca de 111.922.980 euros

Asimismo, el juez absuelve al empresario, a sus cuatro familiares y a las entidades mercantiles Grupo Inversor Arenal 2000 S.L., Arenal 2000 Inversiones, S.L., Grupo Inmobiliario Arenal 2000 S.L. Y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez, de los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones respecto a otros 9 delitos de los que venía siendo investigado.

La sentencia indica también que Rafael G.S. es responsable civil directo por el daño causado a la Hacienda, y debe indemnizar a la Hacienda Pública en la cantidad de 25.570.300,60 euros por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006 y en la cantidad de 3.213.926,28 euros por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006 correspondiente a la entidad Arenal 2001 S.L., (en total, cerca de 28.784.226 euros).

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Categories: Jurisprudencia

La jueza acuerda prisión provisional para el exgerente de Emvicesa y libertad provisional de dos consejeras y un diputado de Ceuta

Thu, 02/16/2017 - 07:40

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 1 de Ceuta ha acordado la prisión provisional -comunicada y sin fianza- para el exgerente de Emvicesa, Antonio López, y la libertad provisional de la consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, la consejera de Educación, Rabea Mohamed, y el diputado por Caballas Mohamed Alí, todos ellos investigados por hechos que podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Al exgerente de Emvicesa también se le investigan por hechos que podrían resultar ser un delito de cohecho.

Los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial y, a excepción de Antonio López que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez, los demás respondieron a las preguntas de la jueza sobre la investigación.

La instrucción de estos hechos se inició en julio de 2015 ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de 317 viviendas sociales de la zona de Loma Colmenar de la ciudad de Ceuta.

Tras los registros llevados a cabo y las declaraciones obtenidas, la jueza continúa la instrucción bajo secreto de sumario.

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El TSJA absuelve al exconsejero de Cultura Luciano Alonso de un delito de prevaricación

Fri, 02/10/2017 - 13:10

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al exconsejero de Cultura, Luciano Alonso, de un delito de prevaricación. La sentencia señala que, pese a tratarse de una conducta irregular desde el punto de vista administrativo, no concurren algunos de los elementos objetivos y subjetivos necesarios para cometer el delito de prevaricación.

Como premisa de partida, la sentencia explica que “no se trata en este momento de valorar ética o políticamente la actuación enjuiciada”. Así, indica que la Sala debe centrarse exclusivamente en la posible ilicitud penal de la acción del acusado, “en su condición y cargo de Consejero, habilitando con su firma la contratación de tres personas como eventuales de confianza”, pero singularizados en cuanto a las funciones concretas que debían desempeñar.

El tribunal entiende que los nombramientos de estas tres personas y su posterior asignación a funciones distintas a las propias del cargo y en sedes distintas “revelan decisiones irregulares -ilegales- para las que el ordenamiento jurídico no facultaba al titular de la Consejería, a cuyo criterio no queda convertir esos puestos de trabajo, creados por Decretos del Consejo de Gobierno para alcanzar finalidades específicas, en puestos con funciones distintas y alejadas del centro de destino”.

En este sentido, considera que “aún conscientes de encontrarnos ante una conducta irregular, no amparada en la normativa y reprochable administrativamente, que afecta a la imagen y credibilidad de la Administración, resultado obligado dictar una sentencia absolutoria en el plano penal”. Recuerda que “no basta que una resolución administrativa sea contraria a derecho para que constituya un delito de prevaricación. Una resolución ilegal no es, por ser ilegal, una resolución injusta. La injusticia supone un 'plus' añadido a la contradicción con la norma, que es lo que justifica la intervención del derecho penal”, en lugar de la contencioso-administrativa.

La sentencia recuerda que el delito de prevaricación se comete por “dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. En este sentido, señala que debe haber un tipo objetivo -dictar una resolución injusta por arbitraria-, y uno subjetivo –haber realizado la acción a sabiendas de la injusticia-.

En concreto, señala “las líneas o requisitos esenciales del delito de prevaricación son: en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar, que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de
tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico jurídica mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto; y, en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho”.

Para la Sala, no se ha acreditado, por un lado, “la concurrencia del elemento objetivo -contradicción con el derecho o ilegalidad absolutamente inexplicable-” y tampoco se ha acreditado “el elemento subjetivo -actuar a sabiendas de una flagrante ilegalidad-”.

Abunda, en este sentido, en que en esta causa “concurren los dos primeros (resolución dictada por autoridad en asunto administrativo y objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal), pero no el tercer requisito, ya que esa contradicción con el derecho o ilegalidad no es absolutamente inexplicable; es decir, que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable, toda vez que no resulta absolutamente extraño a la actuación de que tratamos el invocado art. 73.2, sino incorrecta la interpretación que del mismo se hace por los técnicos de la Administración en el ejercicio de la función de análisis de las normas dentro del ámbito de sus competencias”.

Por otro lado, señala que tampoco puede entenderse plenamente acreditado el dolo o patente conciencia de antijuridicidad “y nos sitúa ante una actuación que no tiene encaje en la locución legal 'a sabiendas' que exige el art. 404, que sólo ampara las conductas dolosas de la autoridad administrativa, no las imputables o sancionables a título de culpa o imprudencia”.

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El juez absuelve a dos jóvenes acusados por los incidentes durante una mesa redonda en la Universidad de Cádiz

Fri, 02/10/2017 - 12:00

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Cádiz ha absuelto a Iván C. C. y a María C. A. (integrantes del entonces denominado movimiento de protesta “Valcárcel Recuperado”), de los delitos de resistencia a agentes de la autoridad de los que venían siendo acusados por los incidentes que en 2012 sucedieron en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz cuando se estaba celebrando una mesa redonda dentro del Ciclo organizado por el Consorcio del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1.812, de la que formaban parte como ponentes, entre otros, el juez Fernando Grande-Marlaska.

Según se señala en la sentencia, "la mera negativa a identificarse, el leve forcejeo que ofrece quién se resiste pasivamente a su detención, o, el entorpecer una actuación policial de dudosa proporcionalidad o difícil justificación, teniendo la Policía la disponibilidad de medios y de otras alternativas, en sus competencias preventivas a desplegar para evitar mayores perjuicios; no son hechos constitutivos de delito. Las conductas y reacciones ya descritas imputadas a los dos procesados solo serían susceptibles, a mi juicio, de sanción y reproche en el ámbito administrativo o incluso universitario, si se parte y afirma la legitimidad de la actuación policial que se ve afectada".

 

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La Audiencia de Málaga condena a Roca, Muñoz y siete exconcejales del ayuntamiento de Marbella a ocho años de inhabilitación por prevaricación

Mon, 02/06/2017 - 14:50

La Sección tercera de la Audiencia de Málaga ha condenado a Juan Antonio Roca y a Julián Muñoz a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación con la concurrencia de la atenuante de dilación indebida del procedimiento. La sentencia considera que ambos cometieron el delito continuado de prevaricación en la operación urbanística desarrollada en la finca El Pinillo, en la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos.

Así, la resolución señala que la dueña de la finca y perjudicada, estuvo diez años a la espera de que el ayuntamiento le abonara los terrenos que le había expropiada para uso municipal. Y “siempre pensó que el ayuntamiento iba a cumplir y de hecho escuchó todas las propuestas que para solucionar el tema le llegaron del ayuntamiento y que le fueron transmitidas, incluso en reuniones personales que mantuvieron ella o alguno de sus hijos con Juan Antonio Roca”.

La sentencia continúa señalando que “en este caso, la ilegalidad de los decretos de Julián Muñoz, es evidente, patente, flagrante y clamorosa, y ha sido cometida a sabiendas -es decir, con dolo directo pues se acordó la adjudicación directa de la finca-, desviándose de lo que hasta ese momento se había resuelto, decisiones prevaricadoras que constituyen una contradicción insuperable y de grado notorio con la legalidad vigente, esto es -siguiendo con palabras del Tribunal Supremo-, un torcimiento del Derecho, una flagrante injusticia, una decisión totalmente arbitraria, impropia de la Administración, una situación próxima al abuso de poder, que, en definitiva, es lo que define el panorama jurídico propio del delito de la prevaricación administrativa”. Por ello, ambos han sido condenados también a indemnizar a los herederos de la finca El Pinillo, de Marbella, en la cantidad de 260.000 euros, cantidad de la que se declara responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Marbella.

Junto a ello, la Sala condena a siete exediles del Ayuntamiento de Marbella a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación de miembro de órgano colegial, una pena a la que mostraron su conformidad al comienzo del juicio. Y absuelve a Julián Muñoz y a Juan Antonio Roca del resto de delitos de los que habían sido acusados: cohecho, estafa, fraude, alteración de subasta y negociación prohibida a funcionarios.

También se absuelve a otros siete acusados así como a otro procesado tras haber retirado la acusación al final del juicio por quienes la ejercían. Por último, por extinción de la responsabilidad criminal operada por prescripción de los delitos de que fueron acusados, también se ha absuelto a otros cuatro acusados.

 

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El Juzgado de Menores de Jaén absuelve a cuatro menores acusados de agresión sexual por falta de pruebas

Tue, 01/24/2017 - 15:00

El Juzgado de Menores de Jaén ha dictado una sentencia en la que absuelve a cuatro menores que fueron acusados por sendos delitos de agresión sexual a otros dos menores que contaban con nueve o diez años cuando ocurrieron los hechos. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular consideraban que mientras dos de los menores acusados sujetaban y agredían a las víctimas, los otros dos les obligaron a hacerles una felación.

En la sentencia, en sus fundamentos de derecho, se parte de la premisa de que es habitual que este tipo de delitos se cometan en la intimidad y, por lo tanto, sin la presencia de testigos y en ausencia también de vestigios físicos, lo que dificulta la actividad probatoria. En este sentido, considera que el testimonio de las víctimas puede servir por si solo para fundar una condena, pero es necesario que concurran ciertos requisitos, como la verosimilitud o credibilidad del testimonio, la persistencia en la incriminación, la ausencia de relaciones nocivas entre las partes que afecten a la narración de hechos y también la corroboración del testimonio mediante marcadores externos a la víctima,

En la resolución, la juzgadora no niega que se produjeran los hechos pero alberga dudas acerca de la participación de los menores por el modo y forma en que se ha concretado el relato de los hechos, la fecha en la que tuvieron lugar y la intervención de los cuatro menores imputados. Considera asimismo que el testimonio de las víctimas, pese a tomar en consideración su edad, madurez y experiencia vital, no es suficiente para ofrecer, más allá de una mera sospecha o creencia de que el menor o los menores pudieron participar en los hechos, una convicción plena a la juzgadora de que los hechos ocurrieron como se recoge en el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal y que dicho testimonio carece de elementos de corroboración externa.

La sentencia absolutoria que ha sido notificada a las partes puede ser recurrida en apelación.

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El TSJ de Andalucía rebaja la pena a un hombre que mató a su expareja

Thu, 01/19/2017 - 13:25

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado la pena a un hombre que fue condenado por la Audiencia de Málaga, tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, a 25 años de prisión por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. La Sala entiende que al asesinar a su expareja concurrió el agravante de alevosía pero no de enseñamiento, por lo que le rebaja la pena a 17 años de prisión al apreciar, además, la atenuante de confesión. El hombre fue condenado por matar a su expareja asestándole 30 puñaladas.

La Sala recuerda que la noción legal del ensañamiento no coincide con la concepción “popular” de dicho término que lo identifica con “la brutalidad de las acciones del autor del hecho”. Según se recoge en la sentencia, “asestar treinta golpes revela brutalidad y también furor o enojo ciego, y en lenguaje común, saña, pero no necesariamente equivale a ensañamiento, pues para ello no basta con que el autor ejecute reiteradamente una agresión capaz por si misma de causar la muerte, ni siquiera que en sí mismo el ataque haya sido especialmente cruento, sino que es preciso que con ello lo pretendido haya sido aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa”.

Así, explica que el enseñamiento exige, además, un “exceso objetivo en sí mismo doloroso para la víctima, la intención de que la víctima, antes de morir, experimente un mayor sufrimiento que el que sería propio de una conducta simplemente homicida, por lo que han de quedar acreditadas determinadas lesiones que hayan de interpretarse como deliberadamente aflictivas”.

Respecto a la atenuante de confesión, la Sala entiende que el acusado llamó a la pareja de su sobrina para comunicarle que había matado a su expareja. Mientras que el jurado no da por probada la confesión, la sentencia considera que el fundamento de la confesión incluye “el caso de quien, consciente de haber cometido un delito, acepta voluntariamente sus consecuencias poniéndolo inmediatamente en conocimiento de personas que, a su vez, lo pondrán en conocimiento de las autoridades, y permaneciendo en el lugar sabiendo que inmediatamente habría de ser detenido”, cosa que ocurrió en este caso.

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El TSJ de Andalucía considera prescrito el delito de cohecho de la concejal de Bormujos (Sevilla) que recibió un bolso

Wed, 01/18/2017 - 14:26

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la acusada y ha considerado prescrito el delito de cohecho al considerar que no se ha acreditado que la acusada apoyara la moción de censura del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) sobre la base de recibir un regalo de un bolso. La Sala entiende que la conducta de la acusada es constitutiva del delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal y no del 420, por lo que estaría prescrito.

En este sentido, señala que la sentencia de la Audiencia de Sevilla razona que la acusada votó por intereses personales la moción de censura, según recoge el veredicto del Jurado, para ser teniente de alcalde y cobrar como tal, y el TSJA indica que estando claro que votó a cambio de la promesa del cargo de primera teniente de alcalde y “aunque se considerase probado que esto perseguía una preeminencia en el ámbito político de la localidad y un sueldo, no puede calificarse como injusto o contrario a derecho” su voto, y “de no haber existido dádiva, no habría existido caso”.

Por ello, indica que en una valoración racional y ajustada al veredicto del Jurado, la motivación para el voto a favor de la moción de censura por parte de la acusada no fue dicho regalo o dádiva, “por cuanto, en primer lugar, se produjo varias semanas después de que hubiese comprometido públicamente a favor de la moción (sin que en ese momento conociese que se le iba a regalar nada); y en segundo lugar, por cuanto es de todo punto obvio que lo que motivó dicha decisión, como queda acreditado con el documento notarial de 21 de diciembre de 2004, y como se hizo realidad, fue la asunción de responsabilidades en el nuevo equipo de gobierno, sin que pueda considerarse razonable que prevaleciese la "condición" de recibir, además, un bolso”.

Además, redunda, “del relato de hechos probados, se dice con claridad que el regalo consistente en el bolso fue para ‘agradecerle el apoyo prestado en la preparación de la moción de censura', lo que de manera clara excluye que dicha dádiva interviniera en el proceso de decisión de la acusada”.

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Un juzgado de Jaén decreta la nulidad de una cláusula suelo a una empresa

Tue, 01/17/2017 - 14:30

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Jaén ha dictado sentencia firme declarando la nulidad de una cláusula suelo concedida por una entidad financiera a una empresa. En la sentencia se considera acreditado que la entidad financiera no ha probado que la hipoteca fuera negociada y que las condiciones no fueran predispuestas por la entidad financiera y considera que, aunque se trate de un adherente no consumidor, es decir, una empresa, cabe el control jurisdiccional de la cláusula.

En este sentido, reconoce que no cabe el control cualificado o control de transparencia que exige que las cláusulas ofrezcan suficiente información para que el consumidor pueda conocer la onerosidad que para él supone el contrato celebrado, pero sí es posible el control de inclusión y también su examen al amparo de la legislación civil y mercantil y por lo tanto bajo el prisma de la buena fe que proclaman tanto el artículo 1258 del Código Civil como el artículo 57 del Código de Comercio.

Según se recoge en la sentencia, dicha cláusula suelo se insertó en una escritura de préstamo hipotecario de 28 de diciembre de 1999 en la que Caja Rural de Jaén como prestamista concedía a la mercantil un préstamo a interés variable del tipo referencial más un diferencial del 1,50%. La cláusula suelo era, literalmente, del siguiente tenor: “No obstante la variación que aquí se pacta para el tipo de interés inicial, en ningún caso el tipo de interés aplicable al préstamo no podrá ser superior al dieciséis por ciento ni inferior al cuatro por ciento”.

En el caso concreto en la sentencia se sostiene que la cláusula en cuestión no supera el control de inclusión porque no expresa con claridad que no se contrata a un tipo de interés variable sino a un interés a tipo fijo mínimo y variable al alza con un techo, y se insiste en que la redacción del clausulado no es clara, es extensa, y utiliza muchas fórmulas de difícil comprensión.

También se afirma que la cláusula es contraria al principio de buena fe que genera una legítima expectativa en el contrato entre las partes y que sirve para modelar el contenido del contrato, considerando que impera el principio de la buena fe frente a las cláusulas abusivas, sea o no consumidor el adherente. En este caso la cláusula origina un desequilibrio notable entre los derechos y obligaciones de las partes fijados en el contrato (sobre todo si se observa una fijación de un techo del 16%, muy alejada del suelo del 4%), y afecta al objeto principal del contrato, al precio, frustrando las legítimas expectativas de los prestatarios que lo firman con la convicción que un préstamo a interés variable cuando es un préstamo a un interés fijo mínimo, extremo que hubiera sido determinante de la contratación por la parte actora.

 

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Siete años de inhabilitación para la exalcaldesa de Rota (Cádiz) por un delito contra la ordenación del territorio

Fri, 01/13/2017 - 15:10

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera ha condenado a siete años de inhabilitación especial para cargo público de concejal a la que fuera alcaldesa de Arcos de la Frontera y a otros cinco miembros de su equipo de gobierno por un delito contra la ordenación del territorio y a una multa de 12 meses a razón de dos euros diarios.

La sentencia considera probado que la ex alcaldesa y cinco miembros de su equipo de gobierno otorgaron, en una junta de Gobierno Local celebrada en octubre de 2010, ocho licencias de ocupación a propietario de suelos no urbanizables. En este sentido, señala que tomaron la decisión de conceder esas ocho licencias "sin que hubiere mediado petición en tal sentido por parte de los propietarios de las parcelas referidas, sin que se hubieren evacuado informe técnico y jurídico alguno por parte de los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento y sin que hubiere mediado la previa petición, y posterior concesión, de licencias de obras".

El juez absuelve de ese mismo delito al que era delegado municipal de Urbanismo en aquella época por no asistir a la Junta de Gobierno que concedió las licencias, ya que “no ha quedado probado que la propuesta para la concesión de las licencias de primera ocupación fuera realizada por él”. Según señala el juez, el equipo de Gobierno de Arcos ahora condenado otorgó las licencias "contraviniendo, a sabiendas, de forma flagrante, clamorosa y grosera las normas urbanísticas y otras del ordenamiento jurídico".

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El TSJ de Andalucía deniega el permiso de residencia a un hombre condenado por violencia sobre la mujer

Fri, 01/13/2017 - 13:00

La Sala de lo Contencioso-adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha denegado el permiso de residencia a un hombre que tenía antecedentes penales por violencia sobre la mujer. La sentencia reconoce que la mayoría de la doctrina jurisprudencial defiende que la existencia de antecedentes penales no determina, automáticamente, la denegación de la autorización de residente de larga duración. “Lo relevante es que se trate de antecedentes penales por delitos graves -por afectar a un interés fundamental de la sociedad- o por delitos que pueden causar un riesgo o peligro en la paz social y tranquilidad pública”.

Por ese motivo, la sentencia aborda la naturaleza de los delitos de violencia de género por los que fue condenado el extranjero -ya que son los tenidos en cuenta por la sentencia de instancia- y si este tipo de delitos afecta o no a la seguridad pública. La respuesta, indica la sentencia, “ya se anticipa, ha de ser positiva. La protección del derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es una cuestión de seguridad pública y, por tanto, responsabilidad del Estado. Cuando estamos en presencia de ataques a derechos de las personas estamos ante cuestiones de seguridad pública”.

Así, en este sentido, abunda en que “la normativa española contra la violencia de género claramente ha configurado los delitos de violencia de género en el ámbito de la pareja como delitos de naturaleza pública, no privada, perseguibles de oficio”.

Por este motivo, considera que “los delitos contra la violencia de género afectan a la seguridad pública, en cuanto suponen una amenaza o un atentado grave a un interés fundamental de la sociedad, cual es el de proteger la dignidad e integridad física y moral de las personas que la integran, en este caso las mujeres vinculadas por matrimonio o relación análoga de afectividad”.

Categories: Jurisprudencia

Tres años y nueve meses de prisión a la directora de parque animal de Málaga por maltrato animal y falsedad

Mon, 01/09/2017 - 14:13

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha condenado a la responsable de la asociación protectora de animales de Málaga, Parque Animal, a tres años y nueve meses de prisión por un delito continuado de maltrato a animal doméstico y otro continuado de falsedad en documento oficial así como al pago de una multa de 19.800 euros. También ha condenado, como cooperador necesario, a un trabajador de la asociación a un año de prisión por un delito continuado de maltrato de animal doméstico y a una multa de 3.600 euros por un delito continuado de intrusismo profesional.

La sentencia considera probado que desde 2008 y al menos hasta 2010 los acusados han sacrificado animales domésticos que se encontraban en las instalaciones de la asociación sin ningún tipo de control. Según se recoge en la resolución, la responsable de Parque Animal “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos, con la colaboración imprescindible” del trabajador de la asociación también condenado.

Así, señala que los acusados ejecutaban los sacrificios de animales sanos y de distintas razas –fundamentalmente gatos y perros-, “sin control alguno veterinario, sabedores del sufrimiento que infligían”. Así, la responsable de la asociación inyectaba al animal, sin previa sedación y por vía intramuscular, los productos eutanásicos, mientras que el trabajador sujetaba al animal.

La acusada, además, “suministraba menor dosis del medicamento de la que está indicada para producir una muerte indolora, lo que, unido al empleo de una vía inadecuada que producía una absorción por el organismo más lenta del eutanásico que no llegaba directamente al torrente sanguíneo, provocaba al animal, generalmente, una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía”. En este sentido, la sentencia apunta a que todo ello provocaba en los animales un padecimiento totalmente injustificado antes de morir, cuando en Parque Animal “se disponían de los medios personales y materiales suficientes para haberles causado una muerte indolora”.

Además, los sacrificios no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud del animal, o porque hubiesen transcurrido más de 10 años desde que fueran albergados sin pudieran haber sido cedidos a terceros. Los acusados ejecutaban los sacrificios de perros y gatos indiscriminadamente y a medida que iban siendo albergados, “de forma sistemática y regular en el tiempo, en ocasiones hasta varias veces a la semana, incrementándose en los meses estivales, pudiendo llegar a sacrificar hasta varias decenas de animales en una sola sesión”. Todo ello, lo hacían antes de que llegaran los empleados de Parque Animal. Aunque no se puede cuantificar, la sentencia señala que el sacrificio indiscriminado de animales en las instalaciones de Parque Animal ha sido masivo.

Además, la responsable de Parque Animal también ha sido condenada por un delito continuado de falsedad en documento oficial ya que presentaba listados de animales junto con la factura por su incineración para que el Ayuntamiento de Torremolinos las abonara, listados que manipuló para incluir la intervención de veterinarios que nunca estuvieron presentes en el sacrificio de los animales.

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La Audiencia de Sevilla aplica ya la doctrina europea de devolver lo cobrado por las clausulas suelo declaradas nulas

Wed, 01/04/2017 - 11:20

La Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla ha empezado a aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia del 21 de diciembre de 2016) que indica que la nulidad de una clausula suelo declarada abusiva para un consumidor obliga al banco a devolver todo el dinero indebidamente cobrado desde el inicio del contrato con la entidad bancaria (que en muchos casos data de entre los años 2005-2008), y así se resuelve en las sentencias que se han empezado a notificar en estos días.

En este sentido, el tribunal considera que deja de ser vinculante la doctrina establecida anteriormente al respecto por el Tribunal Supremo y que el criterio del Tribunal Europeo es de aplicación directa y, por tanto, los magistrados de esta sección -con competencia en tema de mercantil- han retomado ya su postura inicial de no limitar la retroactividad de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva al 9 de mayo de 2013, como estableció en su día el Supremo.

Los recursos pendientes en toda la provincia de Sevilla que afectan a clausulas suelo declaradas ya nulas por un juzgado de primera instancia o por la Audiencia serán todas resueltas aplicando esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

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El TSJ de Andalucía avala el reconocimiento del título de familia numerosa especial por ser un hijo minusválido

Thu, 12/29/2016 - 13:29

La Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por un particular que reclamaba el reconocimiento de familia numerosa especial, al tener tres hijos, uno de ellos con una minusvalía.

La Junta de Andalucía le había denegado el título de familia numerosa especial, pero la sala entiende que tal como recoge la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y, en particular a su artículo 4 referido a ‘Categorías de familia numerosa’: “Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5 del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.”

En este sentido, la sentencia señala que “ese especial y doble cómputo se ha de realizar, produciéndose entonces el incremento en uno del número de hijos eso tendrá las consecuencias correspondientes, entre ellas, y, en este caso, que la unidad familiar no se entienda formada por tres hijos si no por cuatro”. Así, señala que debe concedérsele el título de familia numerosa especial porque, en caso contrario, “la condición de discapacidad o incapacidad de un hijo únicamente pudiera originar la categoría especial si se tratara de unidades familiares de cuatro o más hijos”.

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El TSJ de Andalucía confirma la pena de 18 años y medio de prisión a un preso que mató a otro en la prisión de Córdoba

Thu, 12/22/2016 - 11:00

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha confirmado íntegramente la condena de 18 años y medio de prisión impuesta a un preso de la cárcel de Alcolea (Córdoba) que mató a otro interno.

El TSJA confirma así la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Córdoba que también condenó al interno a la prohibición de acercarse o comunicarse con la madre e hijas de la víctima por un periodo de 29 años. Estima, por el contrario, parcialmente el recurso planteado por el Abogado del Estado en el que solicitaba la exclusión de la indemnización para dos hermanos de la víctima residentes en Colombia y con los que no mantenía relación.

El acusado y la víctima se encontraban internos en el módulo 15, de aislamiento del Centro Penitenciario de Córdoba, clasificados en primer grado, debido en ambos casos a su peligrosidad extrema. Conforme a las normas reglamentarias ambos compartían tres horas diarias de salida al patio así como determinadas actividades, de tal forma que siempre permanecían solos los dos en las estancias en el taller ocupacional o en sala de musculación.

Según consta en la sentencia de la Audiencia de Córdoba, el día 11 de junio de 2014 el departamento de aislamiento había 31 internos. Ese día, como era habitual, los internos fueron sacados de sus respectivas celdas de uno en uno y siempre acompañados, tras los cacheos correspondientes, por los cuatro funcionario del módulo, a las salas de actividades. Así, en primer lugar se hizo ese traslado con el acusado, siendo conducido por los cuatro funcionarios a la sala de musculación. Una vez encerrado en la citada sala el acusado, los cuatro funcionarios trasladaron a la víctima a dicha sala, dejándolos solos. Dicha sala estaba dotada de una cámara pero que no abarcaba el cuarto de baño.

Aprovechando esta circunstancia, cuando la víctima acudió al cuarto de baño el acusado lo siguió y allí, de forma inesperada, “por sorpresa e inopinadamente comenzó a golpearle, aprovechando por tanto esa situación para evitar cualquier tipo de defensa por parte, quien efectivamente no tuvo ninguna oportunidad de defenderse y repeler la agresión”. La sentencia consideró que estaba permitido que ambos internos, pese a su peligrosidad, pudieran dirigirse y permanecer en el cuarto de baño, teniendo presente que en el citado recinto, por obvias razones de intimidad, no había cámaras y por tanto no estaban vigilados. “Y precisamente debido a esta circunstancia, tanto debido al escaso número de funcionarios encargados del módulo, como a la escasez de cámaras de vigilancia y sobre todo de monitores, el encargado de las mismas no pudo percatarse a tiempo de los sucedido”.

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Condenados dos menores por acoso escolar en Jaén

Fri, 12/16/2016 - 11:00

El Juzgado de Menores de Jaén ha condenado a dos menores a medidas de tareas socioeducativas y fines de semana de permanencia en domicilio por la comisión de delitos contra la integridad moral y, en el caso de uno de los menores, por la comisión de un delito de revelación de secretos.

El Juzgado considera probado que el pasado día 17 de diciembre de 2015 los dos menores captaron la imagen de la víctima – menor que presenta una discapacidad del 33%- mientras estaba orinando en el Instituto de Enseñanza Secundaria en que todos ellos cursaban los estudios y uno de los menores difundió el video con intención de vejar a la víctima. También entiende probado que el 26 de diciembre de 2015 los dos menores se pusieron de acuerdo con otros menores de catorce años y cogieron a la víctima por los pies, mientras que otro menor de 14 años lo introdujo en un contenedor de basura donde también lo grabaron, así como que le obligaron a chupar una deposición de perro al salir del contenedor y de nuevo lo volvieron a grabar. Los videos fueron mostrados a terceras personas.

En la sentencia se impone la medida de tareas socioeducativas para ambos menores -un año y seis meses para uno de ellos y un año para el otro- con contenido en un taller de educación en valores y de refuerzo escolar. La sentencia considera que “son medidas aptas para ellos pues son proporcionadas a los hechos (ya que de ser mayores de edad se les podría imponer hasta dos años de prisión) y adecuadas en atención a la finalidad reeducativa de la ley”, pues con el taller de educación en valores se trata de trasladar a los menores un “esquema de valores apropiado a su edad para contribuir a su desarrollo personal asentando firmemente valores como la empatía, el respeto a los demás o la participación integradora en una sociedad compuesta por personas con diferentes capacidades, sentimientos o habilidades”.

También se les impone la medida de fines de semana de permanencia en domicilio -en el caso de un menor ocho fines de semana y del otro menor, seis- para que reflexionen “sobre su conducta y eviten espacios de ocio propensos a la realización de la conducta objeto de condena”.

Finalmente se establece su condena como responsables civiles considerando que se trata de hechos que por su propia naturaleza atentan contra la integridad moral, que fueron objeto de difusión y considerando la minusvalía que padece la víctima que le resta fortaleza a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones así como la circunstancia objetiva de que la víctima ha tenido que cambiar de centro educativo. Se fija una indemnización por lesiones de 750 euros y por daños morales de 5000 euros con distinto reparto para los menores porque uno de ellos además de ser considerado autor del acoso también difundió los vídeos.

La sentencia no ha sido recurrida, por lo que es firme.

 

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El TSJ de Andalucía avala mantener el título de familia numerosa especial aunque un hijo cumpla 25 años

Tue, 12/13/2016 - 12:55

La Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra una sentencia que avalaba mantener la categoría de familia numerosa especial a una familia cuyo hijo mayor –de los cuatro que la conformaban- había cumplido 25 años. La sentencia estima la pretensión de la familia razonando que el artículo 6 de la Ley 40/2003 “es aplicable tanto a las familias numerosas generales como especiales” porque cuando expresa que “el título seguirá en vigor” se refiere “al inicialmente otorgado, que en el caso que nos ocupa era de la categoría especial”.

La familia acudió a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 20 de octubre de 2015 para renovar el título de familia numerosa, quien estimó su solicitud pero atribuyendo a la familia numerosa la clasificación de “categoría general”. Constaba que la unidad familiar estaba compuesta por el recurrente, su cónyuge y cuatro hijos, pero uno de éstos había superado los 25 años de edad y, por tanto, perdía su condición de beneficiario, teniendo reconocido el hijo menor un grado de discapacidad superior al 33%.

Según se recoge en la sentencia, “el ahora recurrente formuló recurso de alzada para que se mantuviese la “categoría especial” del título de familia numerosa de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que en su punto 2 modificó el art. 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas”.

Dicho precepto establece tras su modificación que “el título de familia numerosa deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa”, disponiendo en su párrafo segundo que “el título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. No obstante, en estos casos la vigencia del título se entenderá exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no será aplicable a los hijos que ya no las cumplen”.

Para el TSJA, lo que la reforma de la Ley 26/2015, de 28 de julio, ha pretendido, “según su Preámbulo, refiriéndose a la pérdida del “derecho al título” como pérdida de la condición real de familia numerosa, es el “mantenimiento de los efectos del título oficial de familia numerosa” cuando los hermanos mayores van saliendo de él, con el fin de impedir así los perjuicios que de ello se derivan a los demás miembros de la unidad familiar, pues “los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al título luego no pueden disfrutar de estos beneficios”.

En este sentido, señala que cuando el artículo 6 se refiere después de la reforma legal a la vigencia del “título” aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del mismo sea inferior al establecido en el artículo 2, relativo al concepto de familia numerosa, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3 relativas, entre otras, a la edad y estado civil de los hijos, “dicha vigencia, nos inclinamos a considerar, no implica sólo el mantenimiento de la condición de familia numerosa sino también el de la categoría hasta entonces acreditada dado que el título se refiere tanto a la condición como a la categoría de la familia numerosa”.

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