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Updated: 1 day 5 hours ago

Decretan el internamiento en un centro psiquiátrico a un hombre que mató su mujer con un hacha

Thu, 04/20/2017 - 13:00

La Audiencia de Granada ha decretado el internamiento en un centro psiquiátrico para un hombre que mató a su mujer con un hacha. La sentencia, de conformidad de todas las partes personadas, le absuelve de un delito de asesinato al concurrir la eximente completa de responsabilidad penal por trastorno psíquico, condenándole a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice a las hijas del matrimonio en la cantidad de 60.000 euros a cada una.

Pese a la absolución, la sentencia decreta, como medida de seguridad, el internamiento en un centro psiquiátrico dependiente de la Administración Penitenciaria por un tiempo máximo de dieciocho años del cual no podrá salir, sin autorización del tribunal.

Los hechos probados de la sentencia de conformidad declaran probado que la noche del 17 de agosto de 2015, el acusado, un septuagenario, bajó a la cochera de su casa y allí cogió un hacha de unas dimensiones de 40 centímetros de largo y un afilado de precisión, y se dirigió con ella al dormitorio, donde su esposa dormía acostada en la cama, y con “el decidido propósito de acabar con la vida de su esposa, y aprovechando la total indefensión de ella le golpeó con el hacha en repetidas ocasiones, provocándole hasta 15 heridas inciso contusas, de modo que la víctima no pudo reaccionar ni defenderse, sino que a consecuencia de la brutal agresión, la víctima falleció por destrucción de centros nerviosos vitales”.

A continuación el acusado enjuagó el hacha, se lavó las manos y el pecho y se sentó en la cochera durante más de una hora, después de la cual efectuó una llamada a la Guardia Civil para que acudieran a su casa porque quería pegarse un tiro. Personados los agentes de la Guardia Civil en la vivienda, tras un rato de conversación con ellos y al preguntarle por su esposa, el acusado les manifestó que la había golpeado con un hacha y que estaba en el dormitorio, donde los agentes la encontraron sin vida.

La resolución judicial indica que el padece un trastorno delirante de contenido paranoide y celotípico que en relación a estos hechos narrados anuló completamente sus facultades intelectuales y volitivas. “La alteración mental descrita y médicamente informada por el Instituto de medicina legal de Granada, provoca altos factores de riesgo indicativos de gran peligrosidad, con peligro futuro de reiteración de este tipo de conductas”, añade la sentencia.

Por este motivo, decreta que una vez cese la medida de internamiento se le imponga como medida más de seguridad posterior, la de quedar sometido a libertad vigilada consistente en seguir sometido a tratamiento médico externo y/o ambulatorio durante un máximo de diez años y con las prohibiciones de acudir a la localidad granadina de Huétor Vega durante diez años, donde se produjeron los hechos; medida de alejamiento consistente en la prohibición de aproximación sus hijas y a sus respectivos domicilios o centros de trabajo a una distancia no inferior a 500 metros. Para el control de esta medida, la Audiencia ordena que “el interno durante cualquier salida, no custodiada policialmente, no podrá salir del Centro penitenciario actual o del Centro psiquiátrico penitenciario, sin la previa colocación de un dispositivo electrónico de localización (GPS) y alarma en protección de las personas” a las que se ha prohibido acercarse.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Granada absuelve al sacerdote acusado de abusos sexuales

Wed, 04/12/2017 - 10:45

La Audiencia de Granada ha absuelto al sacerdote granadino de los abusos sexuales de los que le acusaba un joven por la falta de persistencia de la acusación y la “concurrencia de graves contradicciones en la declaración de la presunta víctima, que proporciona versiones de los hechos imprecisas y vacilantes”. La sentencia absuelve al sacerdote de los delitos de los que venía siendo acusado por la acusación particular y la acusación popular, delitos de abusos sexuales a menores con penetración e introducción de miembro corporal, con expresa imposición de las costas de la defensa a la acusación particular.

La sentencia indica que a lo largo del procedimiento, especialmente en el acto del juicio, “se ha puesto de relieve la inconsistencia del relato del acusador particular, sin apoyos periféricos alguno, y, al mismo tiempo que determinadas circunstancias que él daba por ciertas e inequívocas, han sido desmontadas a través del material probatorio que obraba”.

Según se recoge en la resolución, “la absolución del procesado se basa no solo en la falta de prueba contra el mismo sino, también y a consecuencia de ello, en la falta de convicción que el testimonio de la presunta víctima nos causa, resultando de su relato aspectos absolutamente inverosímiles”.

También defiende la necesidad de la imposición de costas por la conducta “desleal del denunciante durante el procedimiento al ir aportando datos de manera sucesiva, de menor a mayor gravedad, mintiendo respecto de circunstancias objetivas (fecha de llamada telefónica del Papa, ausencia de contacto con el procesado a partir de mayo de 2007.) o pretendiendo ocultar otros (al negar su presencia en determinadas fotos o fecharlas en un momento equivocado, cese de los abusos en la primavera de 2007, siendo menor). Actitud que, por otro lado, no ha sido nada colaboradora cuando la situación se tornaba contraria a sus intereses (entrevista en el IML de Pamplona, entrevistas policiales y las sucesivas interrupciones a las mismas, especialmente al SAC,...).”

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Málaga condena a un hombre a más de 26 años de cárcel por matar a otro

Mon, 04/10/2017 - 12:19

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre a 26 años y seis meses de prisión por un delito de asesinato consumado, otro de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas. La Audiencia le condena después de que un jurado popular le declarase culpable de dichos delitos, al disparar a un hombre tras una pelea en un pub de Marbella. La sentencia considera probado que el 28 de julio de 2010 un ciudadano inglés se encontraba en el interior de un bar de Benalmádena (Málaga), cuando comenzó una discusión con otra persona, cliente de dicho establecimiento, a quien llegó a propinar un puñetazo en la cara sin causarle lesión, tras lo cual fue expulsado del establecimiento.

Sobre las 3:04 horas del mismo día, el condenado regresó al bar portando un revólver, para cuyo uso carecía de la preceptiva licencia de armas, y una vez allí disparó a un cliente que se encontraba en la terraza exterior del bar y que no pudo hacer nada por defenderse, con intención de acabar con su vida, alcanzándole el disparo y provocándole un shock hipovolémico que le produjo la muerte pocos minutos después.

Seguidamente el acusado se dirigió al interior del bar, y desde la puerta del mismo, a corta distancia, efectuó dos disparos a otra persona con intención de acabar con su vida, sin que éste pudiera hacer nada por evitarlo, no alcanzándole los proyectiles por lo que tampoco resultó lesionado.

Por este motivo, la Audiencia le condena a 17 años de prisión como autor de un delito consumado de asesinato, a 8 años de prisión como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa y a un año y seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.

Categories: Jurisprudencia

El Tribunal Supremo anula el acuerdo del Consejo de Ministros de reserva de “Las Aletas”, en Puerto Real, para actividades logísticas

Wed, 04/05/2017 - 07:00

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado por ser contrario a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de febrero de 2015, por el que se declara una reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre situado en "Las Aletas", Puerto Real (Cádiz), para actividades logísticas portuarias y de intercambio modal, y área de logística especializada por un periodo de 75 años. La sentencia estima el recurso interpuesto por WWF ADENA en el que alegaba que la reserva pone en peligro la integridad del dominio público marítimo terrestre y es contraria a derecho.

La Sala afirma que no pone en duda que el objetivo perseguido de estimular el relanzamiento económico del área de la Bahía de Cádiz sea un fin legítimo y merecedor de respaldo, como tampoco cuestiona que las actuaciones enunciadas en el acuerdo anulado sean adecuadas para tal fin. Sin embargo, precisa, que "para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades e instalaciones allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación".

En este sentido, indica que la norma es restrictiva: no basta con que resulte propicia o ventajosa la ubicación de las actividades e instalaciones en dicho ámbito, sino que "es imprescindible la justificación de que éstas, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación".

La sentencia destaca que por los usos permitidos que hace el acuerdo (logístico, tecnológico, industria no contaminante de última generación, empresarial y de servicios a empresas, científico en función de apoyo a los anteriores) parece claro que no se trata de actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

"No se trata por tanto de actividades o instalaciones que, dada su configuración y especiales características, deben estar ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, esto es, actividades que por su naturaleza no pueden ubicarse en otro lugar, no por razones de interés o conveniencia, sino por su vinculación con el dominio público, vinculación que exige su ocupación en el desarrollo de la citada actividad", subraya la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa.

La Sala valora también un informe del Tribunal de Cuentas de la UE en el que consta que el Puerto de Cádiz ha perdido entre 2007 y 2015, un 53% de su tráfico y concluye que partiendo de ese descenso de actividad no resulta proporcionado a tales tráficos los espacios logísticos proyectados y, en definitiva, la ocupación del demanio. Asimismo, resalta que dicha superficie es desproporcionada con las destinadas a los mismos fines en otros puertos nacionales e internacionales como el de Santa Cruz de Tenerife, Rótterdam o Hamburgo.

Recuperación terrenos y duración reserva

Para el Tribunal Supremo, las previsiones para la recuperación de los terrenos a su estado anterior a la constitución de la reserva son ciertamente escasas y sumamente genéricas, y no permiten concluir de forma efectiva que se asegure, una vez superado el plazo de duración de la reserva, que los terrenos -marismas- puedan volver a recuperar las características propias del dominio público terrestre, situación que se ve agravada por el propio deterioro de las condiciones físicas actuales de los terrenos. Del mismo modo, precisa que los costes de recuperación estimados se hacen depender del propio éxito del proyecto, como consta en el acuerdo impugnado.

En relación con el tiempo de duración de la reserva que se establece en 75 años, la Sala afirma que no se ha tomado en consideración ningún elemento relativo a la protección, recuperación o rehabilitación del demanio y la posible relación entre la duración fijada y la mayor o menor posibilidad de lograr tales objetivos. En este sentido, concluye que tales consideraciones, si bien no son suficientes para anular el plazo fijado, si que revelan que "el proyecto carece de serias, reales y fundadas previsiones sobre el proceso de recuperación de los terrenos una vez extinguida la reserva" cuya constitución se impugna.

Esta es la segunda ocasión que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre "Las Aletas". La primera fue mediante sentencia de 19 de octubre de 2009 que anuló un Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 que declaró una reserva de 286 hectáreas dentro del dominio público terrestre situado en el interior de las 527 hectáreas que configuran dicha zona.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Sevilla confirma que Farusa no puede vender acciones del Betis y los derechos de sus acciones quedan suspendidos

Wed, 03/29/2017 - 11:49

La Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por Farusa y ha confirmado lo acordado por el Juzgado de lo Mercantil, manteniendo por tanto las medidas cautelares que impiden a la entidad Familia Ruiz Ávalo S.A. vender las acciones que disponen en el Real Betis Balompié. Asimismo, quedan suspendidos los derechos de estas acciones.

Los magistrados de la Audiencia señalan que las resoluciones judiciales tienen como fin la solución de los problemas y evitar que se provoquen más conflictos; por ello, consideran que con estas medidas cautelares se causa menos perjuicio hasta la solución del pleito principal. Así, frente al recurso de Farusa que solicitaba suspender las medidas cautelares, la Audiencia resuelve la continuidad de las adoptadas por el juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla.

 

Categories: Jurisprudencia

El juez absuelve de malos tratos a una madre por forcejear con su hijo por el móvil

Tue, 03/28/2017 - 13:00

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería ha absuelto a una madre para la que la Fiscalía pedía nueve meses de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El magistrado titular ha considerado probado que el pasado 28 de febrero una madre se encontraba en el hogar familiar con su hijo de 15 años, que se encontraba jugando con el móvil y dado que su hijo “no quería dejar de jugar con el móvil y ponerse a estudiar, se lo quitó, si bien para ello, ante la negativa violenta del menor tuvo que forcejear levemente con él”.

En la sentencia se considera que los hechos probados no son constitutivos de un delito de malos tratos. Así, recuerda que la Ley y las reformas penales “viene a proteger de forma extrema a los más débiles y desprotegidos de la familia, por los ataques psíquicos y físicos que pudieran ser objeto víctima por parte de otros miembros del clan familiar, que en un primer momento se pueden aprovechar de una injusta situación predominante”.

Pero que en este caso, “es evidente que la acusada se encontraba en el pleno y correcto ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad, sin que en momento alguno se extralimitase en ello”. Es más, señala la resolución, “sería responsabilidad de la madre el haber dejado a su hijo jugando con el móvil y no hacerlo estudiar, pues entre esas obligaciones que se establecen en el Código Civil derivadas de la patria potestad está la de preocuparse por la educación de los hijos, que es precisamente lo que hizo la acusada en la acción enjuiciada, sin utilizar rigor innecesario alguno para ello”.

Categories: Jurisprudencia

La jueza aprecia prevaricación, malversación, falsedad y tráfico de influencias en las ayudas del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía a su chófer

Fri, 03/10/2017 - 11:20

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha concluido la instrucción sobre cuatro ayudas (por un importe total de 1.475.000 euros) concedidas por el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Guerrero, al que fue su conductor y señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación, falsificación de documento mercantil y tráfico de influencias, que podrían haberlos cometido el director de Trabajo, su conductor, el exdirector de Vitalia y el que actuó como administrador solidario de una de las ayudas.

Según indica la juez en el auto, las ayudas se concedieron "de forma arbitraria por Francisco Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida". El auto también recoge que el chófer del director general de Trabajo realizaba numerosos regalos a Francisco Guerrero, además de la compra de cocaína para ambos.

Tras la investigación, la juez resuelve el sobreseimiento provisional de la madre y esposa del conductor, por no quedar acreditado suficientes indicios de su participación en los hechos -en el caso de la madre y ninguna participación en el caso de la mujer-, aunque la esposa del conductor continúa en las actuaciones como partícipe a título lucrativo.

La jueza pide ahora al fiscal y a las acusaciones que en el plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral, con escrito de acusación, o el sobreseimiento de esta causa.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia de Jerez condena al exalcalde Pedro Pacheco por la venta del solar de la antigua estación de autobuses

Thu, 03/02/2017 - 10:00


La Audiencia de Cádiz (Sección 8, con sede en Jerez de la Frontera) ha condenado al exalcalde de Jerez Pedro Pacheco Herrera a año y medio de cárcel por delito de fraude con la administración y siete años de inhabilitación de cargo público por delito de prevaricación por las ilegalidades realizadas, en su condición de vicepresidente en la Empresa Municipal de Suelo de Jerez (Emusujesa) en la venta del solar municipal de la antigua estación de autobuses de Jerez.

La misma condena y pena del ex-alcalde, ordenan los magistrados para Miguel Ballesteros Marra-López, gerente de Emusujesa; mientras que para los promotores, José Luis López Fernández y Francisco Chaves López la Sala acuerda un año y seis meses de prisión por delito de prevaricación y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de fraude a la Administración.

A Joaquín López Chamorro, Angel Monereo López y Vicente Cervera Ordóñez -a cuyo nombre se pusieron las diferentes empresas que participaron en el concurso para adquirir el suelo- se les condena como cooperadores necesarios a 6 meses de prisión por fraude y a tres años y medios de inhabilitación especial

La Sala absuelve a Pedro Pacheco y a los otros 6 acusados de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, de los que acusaba la Fiscalía, al no haber hallado el tribunal pruebas suficientes.

 

Categories: Jurisprudencia

El Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla condena a la directora de admisión de un colegio a dos años de inhabilitación

Fri, 02/24/2017 - 17:00

El Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha condenado a la directora de admisión del colegio Yago School a dos años de inhabilitación para la administración o dirección de centros educativos o de enseñanza como responsable de un delito de contra los derechos fundamentales del artículo 512 del Código Penal. La sentencia considera probado que la directora de admisión excluyó al hijo de una pareja homoparental del proceso de selección para entrar en el colegio por dicha condición. En la misma sentencia se absuelve al director del colegio al considerar que no existe ningún elemento de prueba de su participación en la exclusión del menor.

Según se recoge en la sentencia, la directora de admisión negó que hubiera plaza en el colegio Yago School para el hijo de la pareja denunciante al conocer que estos eran homosexuales. Así, “la conducta mantenida por la acusada como directora del departamento de admisiones del Centro respecto de los denunciantes determinó una exclusión efectiva dentro del proceso de selección llevado a cabo en su momento. Precisamente la conclusión que expresa el informe de la Inspección y que califica incluso como "hecho irrefutable", no es sólo que haya existido una desigualdad de trato en el procedimiento de admisión, sino también que "el menor de la familia L. no está matriculado en el Centro porque no ha recibido una igualdad de trato con el resto de los niños escolarizados en infantil de tres años”.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de diez días.

Categories: Jurisprudencia

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla juzgará a los expresidentes Chaves y Griñán por el procedimiento especifico de los ERE

Thu, 02/23/2017 - 12:00

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla será la que juzgue a los 26 procesados en la pieza conocida como la del procedimiento específico de la causa de los ERE, entre los que están los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán. Tras el sorteo efectuado en la Audiencia de Sevilla, por las específicas y mayores circunstancias de volumen y especial complejidad de esta pieza (PA 133/2016), será la Sección Primera quien señale este juicio.

El sorteo se ha realizado esta mañana después de que la Audiencia haya recibido esta causa remitida a primera hora por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. Los magistrados que forman esta sección son Pedro Izquierdo (presidente), Pilar LLorente, Encarnación Gómez, Juan Calle, y Auxiliadora Echevarri.

Este procedimiento consta, en formato papel, de 38 tomos y 7 Anexos.

Categories: Jurisprudencia

El juez condena a un empresario cordobés a cinco años y tres meses de prisión por dos delitos contra Hacienda

Mon, 02/20/2017 - 10:00

El juez del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba condena al empresario Rafael G.S. como autor responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública, a la pena de dos años y nueve meses de prisión (por uno de ellos) con multa de multa de 102.281.202,40 euros; y a la pena de dos años y seis meses de prisión (por el segundo delito) con una multa de 9.641.778,84 euros.

El empresario, por estos dos delitos, tiene una pena de cinco años y tres meses de prisión y una multa de cerca de 111.922.980 euros

Asimismo, el juez absuelve al empresario, a sus cuatro familiares y a las entidades mercantiles Grupo Inversor Arenal 2000 S.L., Arenal 2000 Inversiones, S.L., Grupo Inmobiliario Arenal 2000 S.L. Y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez, de los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones respecto a otros 9 delitos de los que venía siendo investigado.

La sentencia indica también que Rafael G.S. es responsable civil directo por el daño causado a la Hacienda, y debe indemnizar a la Hacienda Pública en la cantidad de 25.570.300,60 euros por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006 y en la cantidad de 3.213.926,28 euros por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006 correspondiente a la entidad Arenal 2001 S.L., (en total, cerca de 28.784.226 euros).

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

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La jueza acuerda prisión provisional para el exgerente de Emvicesa y libertad provisional de dos consejeras y un diputado de Ceuta

Thu, 02/16/2017 - 07:40

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 1 de Ceuta ha acordado la prisión provisional -comunicada y sin fianza- para el exgerente de Emvicesa, Antonio López, y la libertad provisional de la consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, la consejera de Educación, Rabea Mohamed, y el diputado por Caballas Mohamed Alí, todos ellos investigados por hechos que podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Al exgerente de Emvicesa también se le investigan por hechos que podrían resultar ser un delito de cohecho.

Los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial y, a excepción de Antonio López que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez, los demás respondieron a las preguntas de la jueza sobre la investigación.

La instrucción de estos hechos se inició en julio de 2015 ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de 317 viviendas sociales de la zona de Loma Colmenar de la ciudad de Ceuta.

Tras los registros llevados a cabo y las declaraciones obtenidas, la jueza continúa la instrucción bajo secreto de sumario.

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El TSJA absuelve al exconsejero de Cultura Luciano Alonso de un delito de prevaricación

Fri, 02/10/2017 - 13:10

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al exconsejero de Cultura, Luciano Alonso, de un delito de prevaricación. La sentencia señala que, pese a tratarse de una conducta irregular desde el punto de vista administrativo, no concurren algunos de los elementos objetivos y subjetivos necesarios para cometer el delito de prevaricación.

Como premisa de partida, la sentencia explica que “no se trata en este momento de valorar ética o políticamente la actuación enjuiciada”. Así, indica que la Sala debe centrarse exclusivamente en la posible ilicitud penal de la acción del acusado, “en su condición y cargo de Consejero, habilitando con su firma la contratación de tres personas como eventuales de confianza”, pero singularizados en cuanto a las funciones concretas que debían desempeñar.

El tribunal entiende que los nombramientos de estas tres personas y su posterior asignación a funciones distintas a las propias del cargo y en sedes distintas “revelan decisiones irregulares -ilegales- para las que el ordenamiento jurídico no facultaba al titular de la Consejería, a cuyo criterio no queda convertir esos puestos de trabajo, creados por Decretos del Consejo de Gobierno para alcanzar finalidades específicas, en puestos con funciones distintas y alejadas del centro de destino”.

En este sentido, considera que “aún conscientes de encontrarnos ante una conducta irregular, no amparada en la normativa y reprochable administrativamente, que afecta a la imagen y credibilidad de la Administración, resultado obligado dictar una sentencia absolutoria en el plano penal”. Recuerda que “no basta que una resolución administrativa sea contraria a derecho para que constituya un delito de prevaricación. Una resolución ilegal no es, por ser ilegal, una resolución injusta. La injusticia supone un 'plus' añadido a la contradicción con la norma, que es lo que justifica la intervención del derecho penal”, en lugar de la contencioso-administrativa.

La sentencia recuerda que el delito de prevaricación se comete por “dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. En este sentido, señala que debe haber un tipo objetivo -dictar una resolución injusta por arbitraria-, y uno subjetivo –haber realizado la acción a sabiendas de la injusticia-.

En concreto, señala “las líneas o requisitos esenciales del delito de prevaricación son: en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar, que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de
tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico jurídica mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto; y, en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho”.

Para la Sala, no se ha acreditado, por un lado, “la concurrencia del elemento objetivo -contradicción con el derecho o ilegalidad absolutamente inexplicable-” y tampoco se ha acreditado “el elemento subjetivo -actuar a sabiendas de una flagrante ilegalidad-”.

Abunda, en este sentido, en que en esta causa “concurren los dos primeros (resolución dictada por autoridad en asunto administrativo y objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal), pero no el tercer requisito, ya que esa contradicción con el derecho o ilegalidad no es absolutamente inexplicable; es decir, que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable, toda vez que no resulta absolutamente extraño a la actuación de que tratamos el invocado art. 73.2, sino incorrecta la interpretación que del mismo se hace por los técnicos de la Administración en el ejercicio de la función de análisis de las normas dentro del ámbito de sus competencias”.

Por otro lado, señala que tampoco puede entenderse plenamente acreditado el dolo o patente conciencia de antijuridicidad “y nos sitúa ante una actuación que no tiene encaje en la locución legal 'a sabiendas' que exige el art. 404, que sólo ampara las conductas dolosas de la autoridad administrativa, no las imputables o sancionables a título de culpa o imprudencia”.

Categories: Jurisprudencia

El juez absuelve a dos jóvenes acusados por los incidentes durante una mesa redonda en la Universidad de Cádiz

Fri, 02/10/2017 - 12:00

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Cádiz ha absuelto a Iván C. C. y a María C. A. (integrantes del entonces denominado movimiento de protesta “Valcárcel Recuperado”), de los delitos de resistencia a agentes de la autoridad de los que venían siendo acusados por los incidentes que en 2012 sucedieron en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz cuando se estaba celebrando una mesa redonda dentro del Ciclo organizado por el Consorcio del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1.812, de la que formaban parte como ponentes, entre otros, el juez Fernando Grande-Marlaska.

Según se señala en la sentencia, "la mera negativa a identificarse, el leve forcejeo que ofrece quién se resiste pasivamente a su detención, o, el entorpecer una actuación policial de dudosa proporcionalidad o difícil justificación, teniendo la Policía la disponibilidad de medios y de otras alternativas, en sus competencias preventivas a desplegar para evitar mayores perjuicios; no son hechos constitutivos de delito. Las conductas y reacciones ya descritas imputadas a los dos procesados solo serían susceptibles, a mi juicio, de sanción y reproche en el ámbito administrativo o incluso universitario, si se parte y afirma la legitimidad de la actuación policial que se ve afectada".

 

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La Audiencia de Málaga condena a Roca, Muñoz y siete exconcejales del ayuntamiento de Marbella a ocho años de inhabilitación por prevaricación

Mon, 02/06/2017 - 14:50

La Sección tercera de la Audiencia de Málaga ha condenado a Juan Antonio Roca y a Julián Muñoz a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación con la concurrencia de la atenuante de dilación indebida del procedimiento. La sentencia considera que ambos cometieron el delito continuado de prevaricación en la operación urbanística desarrollada en la finca El Pinillo, en la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos.

Así, la resolución señala que la dueña de la finca y perjudicada, estuvo diez años a la espera de que el ayuntamiento le abonara los terrenos que le había expropiada para uso municipal. Y “siempre pensó que el ayuntamiento iba a cumplir y de hecho escuchó todas las propuestas que para solucionar el tema le llegaron del ayuntamiento y que le fueron transmitidas, incluso en reuniones personales que mantuvieron ella o alguno de sus hijos con Juan Antonio Roca”.

La sentencia continúa señalando que “en este caso, la ilegalidad de los decretos de Julián Muñoz, es evidente, patente, flagrante y clamorosa, y ha sido cometida a sabiendas -es decir, con dolo directo pues se acordó la adjudicación directa de la finca-, desviándose de lo que hasta ese momento se había resuelto, decisiones prevaricadoras que constituyen una contradicción insuperable y de grado notorio con la legalidad vigente, esto es -siguiendo con palabras del Tribunal Supremo-, un torcimiento del Derecho, una flagrante injusticia, una decisión totalmente arbitraria, impropia de la Administración, una situación próxima al abuso de poder, que, en definitiva, es lo que define el panorama jurídico propio del delito de la prevaricación administrativa”. Por ello, ambos han sido condenados también a indemnizar a los herederos de la finca El Pinillo, de Marbella, en la cantidad de 260.000 euros, cantidad de la que se declara responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Marbella.

Junto a ello, la Sala condena a siete exediles del Ayuntamiento de Marbella a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación de miembro de órgano colegial, una pena a la que mostraron su conformidad al comienzo del juicio. Y absuelve a Julián Muñoz y a Juan Antonio Roca del resto de delitos de los que habían sido acusados: cohecho, estafa, fraude, alteración de subasta y negociación prohibida a funcionarios.

También se absuelve a otros siete acusados así como a otro procesado tras haber retirado la acusación al final del juicio por quienes la ejercían. Por último, por extinción de la responsabilidad criminal operada por prescripción de los delitos de que fueron acusados, también se ha absuelto a otros cuatro acusados.

 

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El Juzgado de Menores de Jaén absuelve a cuatro menores acusados de agresión sexual por falta de pruebas

Tue, 01/24/2017 - 15:00

El Juzgado de Menores de Jaén ha dictado una sentencia en la que absuelve a cuatro menores que fueron acusados por sendos delitos de agresión sexual a otros dos menores que contaban con nueve o diez años cuando ocurrieron los hechos. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular consideraban que mientras dos de los menores acusados sujetaban y agredían a las víctimas, los otros dos les obligaron a hacerles una felación.

En la sentencia, en sus fundamentos de derecho, se parte de la premisa de que es habitual que este tipo de delitos se cometan en la intimidad y, por lo tanto, sin la presencia de testigos y en ausencia también de vestigios físicos, lo que dificulta la actividad probatoria. En este sentido, considera que el testimonio de las víctimas puede servir por si solo para fundar una condena, pero es necesario que concurran ciertos requisitos, como la verosimilitud o credibilidad del testimonio, la persistencia en la incriminación, la ausencia de relaciones nocivas entre las partes que afecten a la narración de hechos y también la corroboración del testimonio mediante marcadores externos a la víctima,

En la resolución, la juzgadora no niega que se produjeran los hechos pero alberga dudas acerca de la participación de los menores por el modo y forma en que se ha concretado el relato de los hechos, la fecha en la que tuvieron lugar y la intervención de los cuatro menores imputados. Considera asimismo que el testimonio de las víctimas, pese a tomar en consideración su edad, madurez y experiencia vital, no es suficiente para ofrecer, más allá de una mera sospecha o creencia de que el menor o los menores pudieron participar en los hechos, una convicción plena a la juzgadora de que los hechos ocurrieron como se recoge en el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal y que dicho testimonio carece de elementos de corroboración externa.

La sentencia absolutoria que ha sido notificada a las partes puede ser recurrida en apelación.

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El TSJ de Andalucía rebaja la pena a un hombre que mató a su expareja

Thu, 01/19/2017 - 13:25

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado la pena a un hombre que fue condenado por la Audiencia de Málaga, tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, a 25 años de prisión por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. La Sala entiende que al asesinar a su expareja concurrió el agravante de alevosía pero no de enseñamiento, por lo que le rebaja la pena a 17 años de prisión al apreciar, además, la atenuante de confesión. El hombre fue condenado por matar a su expareja asestándole 30 puñaladas.

La Sala recuerda que la noción legal del ensañamiento no coincide con la concepción “popular” de dicho término que lo identifica con “la brutalidad de las acciones del autor del hecho”. Según se recoge en la sentencia, “asestar treinta golpes revela brutalidad y también furor o enojo ciego, y en lenguaje común, saña, pero no necesariamente equivale a ensañamiento, pues para ello no basta con que el autor ejecute reiteradamente una agresión capaz por si misma de causar la muerte, ni siquiera que en sí mismo el ataque haya sido especialmente cruento, sino que es preciso que con ello lo pretendido haya sido aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa”.

Así, explica que el enseñamiento exige, además, un “exceso objetivo en sí mismo doloroso para la víctima, la intención de que la víctima, antes de morir, experimente un mayor sufrimiento que el que sería propio de una conducta simplemente homicida, por lo que han de quedar acreditadas determinadas lesiones que hayan de interpretarse como deliberadamente aflictivas”.

Respecto a la atenuante de confesión, la Sala entiende que el acusado llamó a la pareja de su sobrina para comunicarle que había matado a su expareja. Mientras que el jurado no da por probada la confesión, la sentencia considera que el fundamento de la confesión incluye “el caso de quien, consciente de haber cometido un delito, acepta voluntariamente sus consecuencias poniéndolo inmediatamente en conocimiento de personas que, a su vez, lo pondrán en conocimiento de las autoridades, y permaneciendo en el lugar sabiendo que inmediatamente habría de ser detenido”, cosa que ocurrió en este caso.

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El TSJ de Andalucía considera prescrito el delito de cohecho de la concejal de Bormujos (Sevilla) que recibió un bolso

Wed, 01/18/2017 - 14:26

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la acusada y ha considerado prescrito el delito de cohecho al considerar que no se ha acreditado que la acusada apoyara la moción de censura del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) sobre la base de recibir un regalo de un bolso. La Sala entiende que la conducta de la acusada es constitutiva del delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal y no del 420, por lo que estaría prescrito.

En este sentido, señala que la sentencia de la Audiencia de Sevilla razona que la acusada votó por intereses personales la moción de censura, según recoge el veredicto del Jurado, para ser teniente de alcalde y cobrar como tal, y el TSJA indica que estando claro que votó a cambio de la promesa del cargo de primera teniente de alcalde y “aunque se considerase probado que esto perseguía una preeminencia en el ámbito político de la localidad y un sueldo, no puede calificarse como injusto o contrario a derecho” su voto, y “de no haber existido dádiva, no habría existido caso”.

Por ello, indica que en una valoración racional y ajustada al veredicto del Jurado, la motivación para el voto a favor de la moción de censura por parte de la acusada no fue dicho regalo o dádiva, “por cuanto, en primer lugar, se produjo varias semanas después de que hubiese comprometido públicamente a favor de la moción (sin que en ese momento conociese que se le iba a regalar nada); y en segundo lugar, por cuanto es de todo punto obvio que lo que motivó dicha decisión, como queda acreditado con el documento notarial de 21 de diciembre de 2004, y como se hizo realidad, fue la asunción de responsabilidades en el nuevo equipo de gobierno, sin que pueda considerarse razonable que prevaleciese la "condición" de recibir, además, un bolso”.

Además, redunda, “del relato de hechos probados, se dice con claridad que el regalo consistente en el bolso fue para ‘agradecerle el apoyo prestado en la preparación de la moción de censura', lo que de manera clara excluye que dicha dádiva interviniera en el proceso de decisión de la acusada”.

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Un juzgado de Jaén decreta la nulidad de una cláusula suelo a una empresa

Tue, 01/17/2017 - 14:30

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Jaén ha dictado sentencia firme declarando la nulidad de una cláusula suelo concedida por una entidad financiera a una empresa. En la sentencia se considera acreditado que la entidad financiera no ha probado que la hipoteca fuera negociada y que las condiciones no fueran predispuestas por la entidad financiera y considera que, aunque se trate de un adherente no consumidor, es decir, una empresa, cabe el control jurisdiccional de la cláusula.

En este sentido, reconoce que no cabe el control cualificado o control de transparencia que exige que las cláusulas ofrezcan suficiente información para que el consumidor pueda conocer la onerosidad que para él supone el contrato celebrado, pero sí es posible el control de inclusión y también su examen al amparo de la legislación civil y mercantil y por lo tanto bajo el prisma de la buena fe que proclaman tanto el artículo 1258 del Código Civil como el artículo 57 del Código de Comercio.

Según se recoge en la sentencia, dicha cláusula suelo se insertó en una escritura de préstamo hipotecario de 28 de diciembre de 1999 en la que Caja Rural de Jaén como prestamista concedía a la mercantil un préstamo a interés variable del tipo referencial más un diferencial del 1,50%. La cláusula suelo era, literalmente, del siguiente tenor: “No obstante la variación que aquí se pacta para el tipo de interés inicial, en ningún caso el tipo de interés aplicable al préstamo no podrá ser superior al dieciséis por ciento ni inferior al cuatro por ciento”.

En el caso concreto en la sentencia se sostiene que la cláusula en cuestión no supera el control de inclusión porque no expresa con claridad que no se contrata a un tipo de interés variable sino a un interés a tipo fijo mínimo y variable al alza con un techo, y se insiste en que la redacción del clausulado no es clara, es extensa, y utiliza muchas fórmulas de difícil comprensión.

También se afirma que la cláusula es contraria al principio de buena fe que genera una legítima expectativa en el contrato entre las partes y que sirve para modelar el contenido del contrato, considerando que impera el principio de la buena fe frente a las cláusulas abusivas, sea o no consumidor el adherente. En este caso la cláusula origina un desequilibrio notable entre los derechos y obligaciones de las partes fijados en el contrato (sobre todo si se observa una fijación de un techo del 16%, muy alejada del suelo del 4%), y afecta al objeto principal del contrato, al precio, frustrando las legítimas expectativas de los prestatarios que lo firman con la convicción que un préstamo a interés variable cuando es un préstamo a un interés fijo mínimo, extremo que hubiera sido determinante de la contratación por la parte actora.

 

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Siete años de inhabilitación para la exalcaldesa de Rota (Cádiz) por un delito contra la ordenación del territorio

Fri, 01/13/2017 - 15:10

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera ha condenado a siete años de inhabilitación especial para cargo público de concejal a la que fuera alcaldesa de Arcos de la Frontera y a otros cinco miembros de su equipo de gobierno por un delito contra la ordenación del territorio y a una multa de 12 meses a razón de dos euros diarios.

La sentencia considera probado que la ex alcaldesa y cinco miembros de su equipo de gobierno otorgaron, en una junta de Gobierno Local celebrada en octubre de 2010, ocho licencias de ocupación a propietario de suelos no urbanizables. En este sentido, señala que tomaron la decisión de conceder esas ocho licencias "sin que hubiere mediado petición en tal sentido por parte de los propietarios de las parcelas referidas, sin que se hubieren evacuado informe técnico y jurídico alguno por parte de los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento y sin que hubiere mediado la previa petición, y posterior concesión, de licencias de obras".

El juez absuelve de ese mismo delito al que era delegado municipal de Urbanismo en aquella época por no asistir a la Junta de Gobierno que concedió las licencias, ya que “no ha quedado probado que la propuesta para la concesión de las licencias de primera ocupación fuera realizada por él”. Según señala el juez, el equipo de Gobierno de Arcos ahora condenado otorgó las licencias "contraviniendo, a sabiendas, de forma flagrante, clamorosa y grosera las normas urbanísticas y otras del ordenamiento jurídico".

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