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Updated: 6 days 11 hours ago

Condenada una trama de fraude del IVA que eludió el pago de tres millones de euros por medio de sociedades pantalla

Wed, 03/15/2017 - 15:17

La Audiencia Nacional ha condenado a 17 miembros de una trama de fraude del IVA que eludió el pago de más de tres millones de euros y que se servía de sociedades pantalla creadas por Ramón C.S., al que se le ha impuesto la pena más alta, 10 años y 7 meses de cárcel, como autor de tres delitos de defraudación tributaria, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil.

Además de Ramón C.S., la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal impone a los acusados penas que van de los dos meses de cárcel, que se sustituyen por multa, a los dos años. El Tribunal absuelve a dos de acusados.

En la resolución, el tribunal explica en sus hechos probados cómo tres de los acusados desarrollaron por medio de las empresas DMJ y Woxter, a lo largo de 2004, 2005 y 2006, una actividad en el mercado de la informática suministrando material a precios reducidos a grandes superficies, “valiéndose de una estrategia defraudatoria del IVA que les permitía desbancar a empresas que operaran respetando legalidad tributaria”.

El escrito señala que burlaron el pago el pago del impuesto por un importe superior a los 3,2 millones de euros en los tres ejercicios, cantidades que debieron ingresar por las cuotas que repercutían y cobraban a sus clientes y que, sin embargo, se compensaron al deducirse cantidades por un IVA soportado que procedía de operaciones simuladas.
“Así, -dice la Sala- la actividad de los tres socios y de sus dos empresas se desenvolvía, simultáneamente y de modo cruzado, una parte en el espacio de la legalidad (Woxter importaba productos electrónicos de China, los vendía a DMJ y esta los distribuía a sus clientes, declarando el impuesto soportado y repercutido), otra parte en el terreno del engaño interviniendo en operaciones intracomunitarias ficticias, siguiendo patrones de fraude en la introducción de mercaderías (también denominado de abaratamiento de precios al consumo) y de fraude de carrusel, aprovechando la estructura del IVA y la obligación de autorepercusión que concierne al primer adquirente en las operaciones intracomunitarias”.

La Sala describe el complejo sistema del fraude utilizado y detalla que se servían de sociedades-pantalla y sociedades- trucha para burlar el pago del IVA. Se trata, dicen, de entes jurídicos constituidos bajo la forma de sociedad limitada, sin actividad económica, descapitalizadas desde el primer momento, si patrimonio ni domicilio y cuyos socios y administradores eran insolventes cuando no inexistentes, con el fin de ocultar a los que, en la sombra, dominaban las sociedades que simulaban las transacciones de adquisición intracomunitaria y venta interior.

Para ello, se colocaba a personas cuya identidad se suplantaba en notarías y agencias de bancos o a indigentes y marginales que por pequeñas cantidades de dinero aceptaban asumir el riesgo de la responsabilidad y “ocultar a los auténticos agentes del engaño” afirman los jueces, que añaden que “todas estas empresas eran entes efímeros, que se activaban por un periodo hasta que eran detectados por la Administración tributaria o por abandono de sus dueños”.

Las sociedades-pantalla que simulaban suministrar a DMJ y facturaban las ventas se servían de una especie de plataforma de sociedades trucha que gestionaban Sigifredo A. y Ramón C.S., “facilitándoles las entidades como administradores, reales o simulados y las cuenteas bancarias para que manejaran el tráfico del dinero y pudieran desarrollar los circuitos ficticios de mercancías que generaban el impuesto que luego se descontaban los socios de DMJ-Woxter”.

En este punto, la sentencia describe la actividad de Ramón C.S., quien se dedicaba a la constitución de sociedades que carecen de actividad, con capital y domicilio aparente y administradores reales o ficticios para su venta a terceros, actividades que realiza por medio de la página web www.sociedadesurgentes.com, ubicada en la localidad valenciana de Ontinyent.

Ramón C.S., señala la sentencia, suministró a la trama cinco sociedades-pantalla por las que circularon cantidades millonarias de dinero “cuya única finalidad fue permitir a los distribuidores defraudar a Hacienda”. Estas sociedades tenían un testaferro nombrado por el propio Ramón C.S. que en unos casos existían y eran personas marginales que aceptaban a cambio de una pequeña remuneración y en otros casos reclutaba a individuos a los que presentaba ante un notario de confianza bajo la identidad de personas que ninguna relación ni conocimiento tenían del asunto.

La Sala concediera acreditado que Ramón C.S. no sólo vendía sociedades que funcionaban como trucha o pantalla, sino que las entregaba en estado de “ser utilizadas de inmediato para el fraude tributario”. Entregaba las sociedades con administradores simulados, inexistentes, personas cuya identidad había sido suplantada ante notarios que ejercían controles insuficientes o con testaferros, pagados o engañados y predispuestos a asumir responsabilidades por otros. “Es decir, una aportación muy importante e imprescindible para el funcionamiento de la trama”.

Los magistrados rechazan la versión del acusado en el sentido de que se militó a constituir y vender sociedades e ignoraba la actividad que iban a desarrollar sus clientes. Según los jueces, “lo que no puede explicar su hipótesis de ejecución de actos neutros es la repetición de conductas idénticas con significado defraudatorio, la aportación de varias sociedades a la misma trama de fraude, cinco sociedades instrumentales que se comportaron como trucha o pantalla, su relación continuada con ciertas personas implicadas en el fraude como administradores o apoderados de las sociedades productoras del engaño (…)”, así como las conversaciones grabadas a él y a su hijo que ponen de manifiesto “el sentido de sus acciones”, advierten.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Nacional absuelve al exministro de Guatemala Carlos Vielmann de autorizar una ejecución de presos

Wed, 03/15/2017 - 15:05

La Audiencia Nacional ha absuelto al exministro de Gobernación de Guatemala entre 2004 y 2007, Carlos Vielmann, juzgado por haber autorizado la ejecución de diez presos que se habían fugado o amotinado en dos cárceles de aquel país en los años 2005 y 2006.

La Fiscalía solicitaba una condena de 160 años de cárcel por ocho delitos de asesinato y 300.000 euros de indemnización para cada uno de los fallecidos, mientras que la acusación particular y popular pedía una condena de 300 años por diez delitos de lesa humanidad.

En sus hechos probados, la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Penal, con ponencia del magistrado Juan Pablo González y que cuenta con un voto particular, considera, en relación con la fuga de la cárcel de máxima seguridad de El Infiernito, en octubre de 2005, que no ha quedado acreditado que el acusado Carlos Vielmann tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte de los presos huidos, más allá de los reportes que de tales acontecimientos iba recibiendo por los canales oficiales.

Los magistrados analizan también el operativo de las fuerzas de seguridad para la recuperación de la cárcel de Pavón, denominado "Plan Operativo Pavo Real", desarrollado el 25 de septiembre de 2006 y que que terminó con el fallecimiento de siete internos por disparos de los agentes y colaboradores intervinientes que no han sido juzgados en este caso. Los jueces entienden que no se ha acreditado que Vielmann "participase en la ejecución de los reclusos, ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia, ni que conociese o tuviese razones para conocer o prever que podía producirse".

La Sala considera que "la existencia de una relación de dependencia jerárquica respecto de los autores materiales de un hecho delictivo no determina en si misma que el superior ordene, autorice, o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el inferior en la escala jerárquica. Si fuera así habría que entender que todos los integrantes del Gabinete de Seguridad que aprobó el operativo para la toma de control del Centro Penitenciario, incluidos el Presidente y Vicepresidente de la República serían tan responsables de los hechos delictivos cometidos en el desarrollo de la operación como el propio Ministro de la Gobernación, pues la relación de jerarquía y subordinación, incluso, la relación de confianza presenta idénticos caracteres".

Respecto a la tesis planteada por la acusación particular de que los hechos fueran considerados como delito de lesa humanidad, la Sala rechaza dicha hipótesis por cuanto aun aceptando el argumento de que se tratara de actos de "limpieza social", sería preciso que los hechos formaran parte de un ataque generalizado y sistemático, si bien nada de eso "acontece en el caso analizado. Nos encontramos ante hechos muy graves, pero aislados y en los que se aprecia una importante dosis de improvisación".

En esta línea, insisten los jueces que las acciones no se cometieron en el contexto de un régimen institucionalizado y de opresión de un grupo sobre otro, ni por razón de la pertenencia de las víctimas a un grupo o colectivo perseguido por las razones que la ley establece. Los móviles de los asesinatos puede ser diversos, dicen, sin que pueda descartarse una intencionalidad económica o la existencia de una animadversión personal. "Tampoco existe la menor constancia de un plan diseñado desde el Gobierno para su eliminación física", indican los magistrados.

En un voto particular, el magistrado José Ricardo de Prada muestra su discrepancia con la sentencia mayoritaria y esgrime los motivos por los que a su juicio Vielman debía haber sido condenado a los 160 años solicitados por la Fiscalía, al menos por comisión por omisión. Según este magistrado, ha quedado probado, más allá de la duda razonable, la participación delictiva del acusado en los graves episodios de ejecuciones extrajudiciales de 10 reclusos, directamente causados por una estructura policial paralela integrada por algunos de sus más inmediatos colaboradores, no siendo verosímil que no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo en un recinto cerrado, “cuyo interior estuvo recorriendo a pie y lo sobrevoló y en el que se llevaron a cabo acciones parapoliciales evidentes por personas disfrazadas de swat, con pasamontañas y armas espectaculares que nada tenían que ver con el armamento oficial”.

Este magistrado rechaza la “minimización” realizada por sus compañeros del tribunal sobre el valor de testimonios de expertos sobre los hechos acontecidos, así como el nulo valor dado a los testimonios anticipados documentados y que prevé el derecho guatemalteco y la indefensión, según De Prada, causada a la Fiscalía y acusaciones, que intentaron sin éxito conseguir la declaración de un testigo presencial relevante localizado en Canadá y que el tribunal no articuló ninguna manera de obtener la declaración de esta persona que tenía conocimiento de primera mano de los hechos juzgados.

Frente a lo que califica de “minimización y aligeración” de los indicios realizados por sus compañeros del tribunal, este magistrado argumenta que, lejos de “meras muertes producidas por disparos de miembros de las Fuerzas de Seguridad” esas muertes se produjeron de forma ilegal e ilegítima, por causa de disparos realizados por ellos o bajo sus órdenes, de concretas personas, inmediatos colaboradores del Ministro de Gobernación Carlos Vielmann, que conformaban una estructura policial paralela “que si no comandada directamente por el ministro, su actuación sí era admitida o consentida por él, sin poner ningún medio para su erradicación, en lo que era un claro acto de limpieza social”.

El voto particular destaca por sorprendente que la sentencia no haga referencia a mandos policiales intervinientes ni la forma como se produjeron, “simulando meros enfrentamientos con la policía que en realidad no existieron, pero con la circunstancia en todos ellos que se falsificó las circunstancias y la escena del crimen para que pareciera otra cosa”. Los cadáveres de los presos ejecutados fueron colocados en distintos lugares, explica el voto discrepante, “creando escenas del crimen para cada uno de ellos” y con el objetivo de encubrir esos crímenes.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Nacional condena a 13 años de cárcel al exresponsable de Finanzas Forex por una estafa piramidal con 180.000 perjudicadas

Fri, 03/10/2017 - 12:00

La Audiencia Nacional ha condenado al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como “el Madoff español”, a trece años y tres meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010.

La sentencia condena también a su compañera sentimental, Lina M.M. a tres años de prisión por blanqueo de capitales y asociación ilícita y absuelve a las otras dos personas que habían sido juzgadas por estos hechos. Los magistrados imponen multa de 300.000.000 euros para Germán C.S y de 900.000 para Lina M.M. por los delitos de blanqueo y acuerdan el decomiso de los bienes incautados y la disolución de la mercantil “EMG”, como consecuencia accesoria de la comisión de un delito de asociación ilícita.

Los hechos probados de la sentencia arrancan en marzo del año 2007 cuando el ahora condenado, Germán C.S., hasta entonces dedicado a la venta de telefonía móvil, decidió crear una empresa, Finanzas Forex, para operar en el mercado de divisas. La sentencia relata cómo desde una cuenta de una pequeña sucursal bancaria de Zaragoza, Germán C.S. efectuó su primera inversión a través de un bróker en EEUU. El dinero se colocó en Panamá y en cuestión de meses él y su entonces compañera, con la ayuda de un informático que operaba desde Argentina y tres vicepresidentes ficticios empezaron a ingresar el dinero de pequeños inversores, seducidos bajo la promesa de obtener altísimos réditos en el mercado de divisas.

Sin embargo, en lugar de invertir el dinero de los inversores en el mercado Forex, la mayor parte de estos fondos se desviaban a otro tipo de inversiones, que, según explican los jueces en su sentencia, iban a engrosar el patrimonio personal de los acusados. Los fondos se desviaron al mercado del oro, los “commodities” y a engrosar el patrimonio inmobiliario de los condenados. Y los clientes estaban en la creencia de que obtenían sustanciosas ganancias, que comprobaban a través de una página web donde se les facilitaba movimientos ficticios y certificados de inversión

Una estafa piramidal con siete niveles

A lo largo de 180 folios los magistrados detallan la operativa de los acusados propia de las llamadas estafas piramidales, donde los acusados desarrollaron una “agresiva y engañosa publicidad” para ampliar permanentemente la base de nuevos clientes puesto que las supuestas ganancias de los inversores solo se sufragaban con las cantidades captadas de los nuevos clientes, ya que -añaden los jueces- “nunca se distribuyó de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos, o se hizo en cantidades ridículas” la sentencia fija en un 5% el dinero transferido realmente al mercado de divisas.

Para incrementar los clientes, los acusados desplegaron una intensa publicidad en internet. También organizaban convenciones en hoteles de todo el mundo donde los tres vicepresidentes ficticios “aparentaban solidez al grupo” y otro de los acusados, Santiago F.J., impartía las conferencias para captar clientes, que a su vez arrastrarían nuevos inversores, “sirviéndose de su círculo familiar o social” bajo la promesa de obtener rendimientos de hasta el 20 % mensual en el Plan de inversión más conservador y hasta el 40%, en el llamado Plan variable, todo ello en el mercado de divisas “Forex”.

La pirámide tenía siete niveles y a los inversores se les ofrecía la posibilidad de convertirse en “promotores” para ir subiendo de nivel y de este modo recibían comisiones del 0’50% de las cantidades aportadas por los nuevos clientes captados. Quien llegaba a los niveles más altos se beneficiaba de premios como viajes, cruceros, coches de lujo o bonos para la adquisición de viviendas.

De Cuarte de Huerva (Zaragoza) a América

A lo largo de los 180 folios, la sentencia, cuyo ponente es Fermín Echarri, detalla la operativa para captar el dinero de 180.000 clientes en más de 100 países en poco más de dos años, al tiempo que los dos principales acusados desviaban gran parte de ese dinero para su enriquecimiento personal.

En 2007, con su anterior pareja que también ha sido juzgada y absuelta, Germán C.S. comenzó sus inversiones inmobiliarias en un pueblo de Zaragoza, Cuarte de Huerva. En menos de dos años y ya con su actual pareja Lina M.M., el “desplazamiento patrimonial” se trasladó a América, donde la pareja adquirió, a través de un complejo entramado societario más de treinta inmuebles en Colombia, otros en Panamá, en EEUU y en distintas localidades españolas, por valor de 81 millones de dólares.

Continuaron su dinámica delictiva incluso después de que la CNMV advirtiera en abril de 2008 que Finanzas Forex no estaba autorizada en España para llevar a cabo labores de captación de inversores. Para entonces la empresa registraba un crecimiento diario de 600 clientes y el número de afectados por el fraude llegó a ascender a más de 186.000 personas, víctimas que se sumaron por el “boca a boca” de conocidos o familiares, que invirtieron porque actuaban sobre el principio de confianza.

Otra forma de desviar el dinero fue a través de la reinversión de 107 millones de dólares en oro, un dinero que está bloqueado y custodiado por EEUU desde 2009 y del que son beneficiarios los inversionistas de “EMG”.

El tribunal acuerda el decomiso de todos los bienes que figuren a nombre de los acusados, así como el decomiso de los depósitos de oro “liquidados o no por las autoridades norteamericanas, que deberán ser puestos a disposición de este órgano judicial, para su distribución entre los perjudicados, verdaderos titulares de aquél”.

La sentencia rechaza la tesis de la defensa de que la empresa sucumbió por la intervención de las autoridades norteamericanas ya que “el negocio llevaba en su lógica interna su propio colapso, anunciado por la existencia de constantes pérdidas y fracasos de las inversiones, y ello a pesar del ingente capital atraído, y con anterioridad a la citada actuación de las autoridades estadounidenses”.

La Sala analiza todos los rasgos del negocio piramidal para concluir que los hechos juzgados encajan en este tipo de conducta que debe tipificarse como estafa agravada por la cuantía de lo defraudado a pequeños ahorradores y el dolo defraudatorio, en tanto que los acusados actuaron durante varios años, superponiendo unas operaciones con otras y siendo conscientes de “la falta de sentido económico del negocio, porque producía mayormente pérdidas, ya que las cantidades realmente obtenidas no eran destinadas a la finalidad acordada contractualmente, sino a diversos negocios de carácter privado, con la única finalidad de enriquecerse con el dinero ajeno”.

Los jueces también concluyen que los dos condenados cometieron delito de asociación ilícita porque junto con otras personas que no han sido juzgadas constituyeron una estructura material permanente para llevar a cabo una serie de actividades ilícitas, a través de un complejo entramado de personas jurídicas erradicadas muchas de ellas en paraísos fiscales.

El número de personas, según la Sala, no es óbice para condenar por asociación ilícita porque al margen de los dos acusados, han tenido participación numerosas personas físicas y jurídicas, creadas “con la única finalidad de facilitar y ocultar las conductas delictivas previamente desplegadas por aquellos, para lograr así su permanencia en el tiempo”. Como consecuencia de la condena por asociación ilícita la Sala acuerda la disolución de la mercantil “EMG” ya que una vez declarada la ilicitud de la asociación, explican los magistrados, “sería incompatible su permanencia o subsistencia en la sociedad”.

 

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Nacional condena a seis años de cárcel a un matrimonio que intentó viajar a Siria con su hijo para integrarse en el Estado Islámico

Wed, 03/01/2017 - 13:00

La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de cárcel a un matrimonio formado por un marroquí y una española que fueron detenidos en el Puerto de Algeciras el pasado mes de abril cuando pretendían viajar hasta Marruecos con su hijo de dos años, y de allí desplazarse a Siria, con el fin de integrarse en las filas del Estado Islámico y de que el marido reemplazase a un hermano que cometió una acción terrorista suicida.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal imponen a Choukri E.H. y Sara V.Z. la pena de tres años de cárcel a cada uno como autores de un delito de adoctrinamiento pasivo de índole terrorista y otros tres años por el delito de traslado a zona controlada por organización terrorista.

Los hechos probados de la resolución relatan cómo los acusados iniciaron un viaje desde Granada, donde residían, en un vehículo cargado con ropa y alimentos para llevarlos a Tetuán, en Marruecos, donde reside la familia del acusado, si bien fueron detenidos en el Puerto de Algeciras (Cádiz). Su destino final era llegar a Siria.

La decisión del traslado la precipitó la noticia de que un hermano del acusado, Achraf había fallecido en una acción suicida en la zona de conflicto de Alepo (Siria), al empotrar el camión cargado de explosivos que conducía contra un puesto militar. Otro hermano del acusado, señala la sentencia, el mayor de los varones, de nombre Mounir, igualmente se había desplazado anteriormente a Siria para combatir en las filas de una facción adherida al Estado Islámico, donde falleció por el impacto de un misil.

A raíz del traslado a Siria de Achraf, de 20 años, los dos acusados contactaban con éste por vía telefónica, comunicaciones en las que no le recriminaban que se fuera para combatir junto a una organización terrorista, “sino que se hubiera marchado siendo tan joven, cuando tenía otros hermanos que podían haber ocupado su lugar en sustitución del fallecido Mounir”.

“Ambos acusados manifestaban –dice la Sala- su orgullo por lo que estaba haciendo e iba a perpetrar Achraf a favor de las tesis del DAESH-Estado Islámico; recibían consejos e información del desplazado sobre lo bien que –alegaba- se encontraba y sobre las bondades de la organización terrorista de la que formaba parte como militante, así como recibían fotos y vídeo de acciones de entrenamiento y combate allí libradas, expresando admiración por lo que veían y oían”.

En el curso de las conversaciones, prosiguen los jueces, los dos acusados manifestaron su intención de marcharse a Siria a cubrir el puesto dejado por Achraf cuando falleciera en el acto suicida a que estaba destinado. “Con esa intención última (...) viajaban los acusados cuando fueron detenidos en Algeciras”.

La Sala considera acreditado la comisión del delito de adoctrinamiento pasivo o autoadoctrinamiento por cuanto los acusados “de manera progresiva han ido instruyéndose en las ideas del yihadismo más radical y violento”, siendo el detonante la existencia de un hermano que se desplazó a Siria y falleció en una acción de combate, al que sustituyó otro que participó en una acción terrorista suicida.

De las conversaciones telefónicas intervenidas y de los archivos sonoros , fotográficos y videográficos incautados en los dispositivos de los acusados “claramente se deduce la atracción que les produjo las acciones de los dos fallecidos hermanos del acusado Choukri, quien es secundado por su esposa Sara, que no pone reparos en los comentarios de admiración de las acciones de los terroristas desplazados a Siria, sino que los comparte y anima al último desplazado en la ejecución de las acciones terroristas que constituyen la finalidad de su desplazamiento al escenarios de combate de Alepo (Siria)”.

En ningún momento, subrayan el Tribunal, le recriminan que participara en acciones terroristas, sino que únicamente manifiestan sus reticencias por la escasa edad del terrorista y por haberse marchado a Siria vulnerando el orden cronológico parental, que establecía que a un hermano fallecido en combate le sustituyera el siguiente en edad y, así, sucesivamente.

Igualmente, añaden que el material que se les ocupó refleja la asunción “del credo yihadista más violento y cruel, con clara adhesión a la tesis de la lucha supuestamente 'heroica´ hasta la muerte como medio de obtener la victoria sobre los 'infieles´ y alcanzar el 'paraíso´ prometido por aquel credo”.

Respecto al delito de traslado de territorio extranjero controlado por organización terrorista, los magistrados de la Sección Cuarta afirman que los acusados tomaron la determinación de viajar a Siria para “engrosar las filas de los militantes combatientes de la organización terrorista DAESH-Estado Islámico”.

Categories: Jurisprudencia

La Audiencia Nacional modifica la prisión sin fianza por prisión eludible con 20.000 euros para la abogada Arantza Zulueta

Fri, 02/24/2017 - 13:25

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado modificar la situación de prisión provisional sin fianza por la de prisión eludible con una fianza de 20.000 euros para la abogada Arantza Zulueta, procesada por integración en organización terrorista, en grado de dirigente, en el procedimiento contra el denominado "frente de cárceles" de ETA.

En un auto, los magistrados atienden la solicitud de Zulueta y consideran que la procesada lleva más de tres años en situación de prisión provisional -desde el 13 de enero de 2014-, lapso de tiempo, dicen, que minimiza el riesgo de fuga inicialmente tomado en consideración.

Junto a ello, los jueces tienen en cuenta la cualidad de letrada de Zulueta y la fase procesal en la que se encuentra la causa, próxima a la celebración del juicio, así como la complejidad del procedimiento, lo que determina la conveniencia de asegurar que pueda preparar su defensa "de modo óptimo".

"El riesgo de reiteración delictiva se estima asimismo minimizado atendido el transcurso del tiempo y la ausencia de actividad de la presunta organización a que la investigación del presente procedimiento se circunscribe, por lo que este Tribunal estima que no existen motivos bastantes para seguir manteniendo la medida cautelar en su día adoptada en los límites de incondicional y sin fianza", señala la resolución.

La Sala entiende que, aunque el riesgo de fuga se encuentra minimizado, la gravedad de las penas que conlleva la calificación de los hechos del auto de procesamiento hace necesaria la imposición de una fianza, de 20.000 euros, con el fin de garantizar su sujeción al procedimiento y asegurar su presencia en la vista.

Una vez en libertad, la Sala le impone a Zulueta las medidas cautelares de comparecer cada quince días ante el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio sin autorización del Tribunal y la obligación de fijar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada.

Categories: Jurisprudencia

Condenas desde tres meses a seis años de prisión a los 65 acusados de las ‘tarjetas black’

Thu, 02/23/2017 - 13:47

La sentencia del llamado caso de las ‘tarjetas black’ ha condenado por delito continuado de apropiación indebida a los 65 acusados que utilizaron las tarjetas de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012. La Sección Cuarta impone condenas a los expresidentes, exconsejeros y exdirectivos que oscilan entre los tres meses y los seis años de prisión y fija las penas más elevadas para los dos expresidentes ejecutivos Miguel Blesa (seis años), de Caja Madrid y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses), de Bankia. A los dos el tribunal les considera autores del delito continuado de apropiación indebida. Los restantes acusados son condenados como colaboradores, salvo el caso del ex director General de Medios Iledlfonso Sánchez Barcoj (dos años y seis meses), a quien se le considera colaborador y cómplice de la operativa desarrollada que contribuyó a mermar el caudal de la entidad bancaria. A los tres se les absuelve del delito de administración desleal del que venían acusados.

En una sentencia de 259 folios, la Sección Cuarta se remonta al año 1988, para explicar que durante la presidencia ejecutiva de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid se acordó dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta VISA que vendría a complementar las dietas que ya recibían. Con esa tarjeta se habilitaba disponer dentro de un límite de dinero, como compensación de los esfuerzos y dedicación a la entidad. Posteriormente en 1995, con la incorporación de nuevos consejeros el Presidente Terceiro informó de que esas tarjetas VISA eran exclusivamente para gastos de representación, en el desempeño de su función de consejeros.

La sentencia relata cómo una vez que el acusado Miguel Blesa se colocó al frente de la entidad, por su condición de presidente ejecutivo recibió dos tarjetas de crédito, una de empresa para gastos de representación, y otra también corporativa que se atribuyó a sí mismo, “al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento, con el uso que le dio del caudal de Caja Madrid”. Y él, como presidente, “propició” que a los miembros del Consejo de Administración y a los integrantes de la Comisión de Control, se les facilitase una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto, “viabilizando así una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta, no obstante constarle que la única autorizada contra el patrimonio de Caja Madrid lo constituía ésta última”

Funcionalidad de las tarjetas

Los jueces describen las tarjetas de crédito entregadas, que tenían un límite máximo anual, con un tope mensual del que se informaba a los acusados en el momento de su entrega, aunque el Presidente Blesa podía modificarlo y además esos límites no eran coincidentes en todos los casos. A algunos de los acusados se les facilitaba un PIN para extraer dinero en los cajeros y cuando cesaban en su puesto se procedía a dar de baja a la tarjeta, aunque en varios casos algunos de los acusados las mantuvieron activas durante varios meses. Como los gastos se cargaban a una cuenta de la entidad y como esas tarjetas no estaban introducidas en el producto personal que mantenían con la entidad y no tenían conocimiento del extracto de los cargos, llevaban su propia contabilidad manual. Si no agotaban el límite disponible anual, como aconteció en algún caso, el sobrante quedaba a favor de Caja Madrid. En algunos casos, dichas solicitudes de ampliación del gasto, coincidían, señalan los jueces, “con periodos de fiestas o vacacionales”.

Tarjetas de empresa que no figuraban en la nómina

La sentencia, ponencia de Teresa Palacios, hace constar que el montante de dinero que representaba el uso de esas tarjetas no se incluía dentro de las relaciones contractuales ni figuraba en el certificado de haberes ( o recibo de haberes y certificados de retención del IRPF) que Caja Madrid facilitaba cada año para que sus directivos realizaran sus respectivas declaraciones de la renta, “lo que era perceptible por los acusados, a diferencia del importe de las dietas, cuyo montante sí que figuraba en aquel documento, junto a la correspondiente retención”, siendo por ello coincidente, el certificado de haberes y el borrador de la declaración tributaria que Hacienda remitía cada año a cada acusado, como contribuyente, a fin de realizar su declaración del IRPF. Todos los acusados, según explica la sentencia, conociendo la previsión legal y estatutaria sobre la única percepción dineraria contra la entidad, que era la dieta y después de comprobar que la tarjeta corporativa no respondía a ello “les dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid, contribuyendo con su proceder a la merma del mismo propiciada por el acusado Miguel Blesa”.

Operativa auspiciada por Blesa y llevada a cabo por Sánchez Barcoj

Los hechos probados de la sentencia describen la operativa dirigida por Blesa y después por Rato y que fue llevada a cabo por el entonces Director General de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj. Él comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y de los que dispondrían de código PIN y por esta razón el tribunal le considera no solo colaborador de un delito continuado de apropiación indebida sino también cómplice de la mecánica descrita, y de “ contener bajo su control y al margen del conocimiento de terceros distintos de los usuarios de las tarjetas de las que disfrutaban los miembros de los dos órganos de gobierno además de sus presidentes, al igual que en la etapa de Bankia, que se mantuvieron el empleo de aquellas, dando de este modo cobertura a la merma del caudal de la entidad por la atención a los intereses lucrativos de sus beneficiarios”.

Etapa de Bankia

El relato de hechos de la sentencia finaliza en los años 2010 y 2012, cuando Rodrigo Rato accedió a la presidencia de Bankia. Informado de las tarjetas en cuestión –señalan los jueces- “mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos ya expuestos, atribuyéndose una sin amparo en su paquete retributivo, evidenciando además por las condiciones de uso, lo que no le impidió el empleo que le dio contra el caudal de la entidad, el detrimento del mismo, junto al que sabía que se originaba con las que seguía operativas de la etapa de su predecesor en el cargo”.

Desde junio de 2011 hasta mayo de 2012 extendió la práctica a su favor y de los acusados Fernández Norniella y Sánchez Barcoj. De esa forma se compensaban las limitaciones legales retributivas que había marcado recientemente el Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de aquel año, de saneamiento del sector financiero, a lso administradores y directivos de las entidades de crédito que como Bankia, habían recibido apoyo financiero público para su saneamiento. Tanto a Rato como a Blesa el tribunal les considera actores en tanto que ostentaban “el dominio del hecho” y ellos mismos podían haber acordado “ el reverso de la decisión adoptada” es decir, suprimir esa operativa. A los demás acusados se les considera colaboradores, porque contribuyeron todos ellos a la merma del caudal de la entidad bancaria.

El consejero Verdú rechazó su tarjeta

Los jueces hacen constar el caso de uno de los consejeros, Francisco Servando Verdú, que rechazó la tarjeta “por no venir contemplada en su paquete remuneratorio”

Atenuante de reparación del daño

La fiscalía había solicitado que se aplicase la atenuante simple para aquellos acusados que ingresaron las cantidades extraídas en Bankia o en el FROB y no solicitó ningún tipo de atenuante para aquellos que las consignaron judicialmente, a la espera de la sentencia. El tribunal acuerda aplicar la atenuante muy cualificada para los primeros y la atenuante simple para los que consignaron las cantidades judicialmente.

Tanto Blesa como Rato tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados, que las acusaciones fijan en 12 millones de euros pero que el Tribunal explica que se deberá descontar, en ejecución de sentencia las atribuidas al consejero fallecido, Miguel Angel Araujo así como las cantidades que se han considerado prescritas y que por tanto no han sido sometidas a juicio oral.

El tribunal tampoco acepta la petición de Bankia de que se aplicase a Rato y Blesa la atenuante de reparación del daño porque habían devuelto una parte del dinero. El tribunal lo rechaza porque entiende que esas cantidades son muy inferiores a la propia petición de Bankia de indemnización de carácter solidario de 12 millones de euros.

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Condenado a ocho años de prisión por captación y autoadoctrinamiento yihadista

Tue, 02/21/2017 - 14:00

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel como autor de un delito de captación y autoadoctrinamiento terrorista a un marroquí que manifestó en diversas ocasiones su intención de cometer un atentado es España contra la Policía, así como por captar a mujeres para ”incorporarlas a su proyecto yihadista” y llevarlas a Siria. En una sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal imponen también a A.M., detenido el 4 de agosto de 20015 en Alemania, la medida de libertad vigilada por tiempo de ocho años.

Los hechos probados de la resolución relatan cómo el acusado, desde marzo de 2015, utilizaba un perfil en Facebook con la foto de un dirigente del ISIS desde el que publicó diversos mensajes con fotografías suyas con armas de fuego y “algunos con contenido yihadista” en los que, entre otras cosas, manifestaba “es que yo nunca duermo porque estoy conquistando el mundo”.

Con posterioridad, ya en el mes de julio y tras la detención de S.C. por terrorismo, el acusado mantuvo una conversación por WhatsApp con su expareja a la que manifestó que ya no tenían intención de desplazarse a Siria, “sino que deseaba contener un atentado en España, pues deseaba entrar en la historia y conseguir la jannah/paraíso”.

Pese a sus manifestaciones, durante los últimos días de julio y principios de agosto el acusado mantuvo contactos telefónicos con miembros de DAESH y de la organización terrorista Jahbat Al Nusra, con uno de los cuales se concertó para realizar su desplazamiento a Siria durante las siguientes semanas, indica el tribunal.

El día 26 del mes de julio, continúa explicando la resolución, A.M. volvió a manifestar en otra conversación por WhatsApp con una mujer no identificada que deseaba cometer un atentado en España contra la “policía nacional”, y, ante la oposición de su interlocutora, éste reiteró su intención de “atentar contra los kufar/infieles por todas las detenciones que se han practicado a sus hermanos”, en referencia a otros yihadistas.

De forma paralela, a lo largo también del mes de julio, relatan los jueces, el acusado entabló contacto a través del móvil con una chica a la que trató de seducir, “sacándola de su entorno para incorporarla a su proyecto yihadista, a pesar de las dudas que ella expresa, autoproclamándose representante de DAESH en Alemania”. Durante esas fechas mantiene los contactos con ella, indicándole los pasos a seguir para irse juntos a Siria, dice la sentencia.

De igual manera, el acusado contactó con varias mujeres con la finalidad de convencerlas para que le acompañaran a Siria, hasta que fue detenido en el mes de agosto en Alemania.

La Sala considera que los hechos están plenamente acreditados y describen el proceso paulatino y “extremadamente” rápido en el que el acusado se va radicalizando y autoadoctrinando en la ideología y terrorismo yihadista, hasta el punto de que manifiesta de forma clara su intención de llevar a cabo un atentado de esta naturaleza en España, en concreto contra la Policía, para después dirigirse a Siria a combatir integrado en alguna organización terrorista”.

Los magistrados se decantan por el delito de captación y autoadoctrinamiento frente a la tesis principal de la Fiscalía, de integración en organización terrorista, puesto que el acusado, a pesar de encontrarse en la última fase de su radicalización y autoadoctrinamiento, no se integró finalmente en el DAESH debido a su detención.

La Sala analiza los tipos penales del reformado Código Penal por la LO 2/2015 y concluye que el caso enjuiciado es ”paradigmático”, puesto que se ha probado con “plena certidumbre un agotado y cumplido estado del autoadoctrinamiento alcanzado por el acusado, habiéndose acreditado también que no sólo había adquirido el sustrato ideológico suficiente como para poder integrarse en una organización terrorista de corte islámico, sino que estaba decidido y resuelto a hacerlo, restándole un acto final de juramento de fidelidad”. Añade que el acusado “había asumido total y plenamente los postulados y fines y doctrinas, situándose en la barrera divisoria con el delito de integración en organización terrorista”.

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La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de tres investigados por la agresión de Alsasua (Navarra)

Mon, 02/20/2017 - 14:30

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado los procesamientos por delitos de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos y terrorismo para tres de los investigados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, el pasado 15 de octubre.

La Sección Cuarta rechaza los tres primeros recursos de apelación presentados por Oihan Arnanz Ciordia, Julen Goicoechea Larraza y Jon Ander Cob Amilibia contra los autos de procesamiento dictados por la juez Carmen Lamela el pasado 21 de noviembre.

La Sala de lo Penal, en sus resoluciones, recuerda que un auto de procesamiento es una imputación formal de carácter provisional que recoge los indicios racionales de criminalidad. Y en el presente caso, existen “nítidos” indicios de participación delictiva de los tres procesados en unos hechos que, según los magistrados, encajan dentro de los delitos que son competencia de la Audiencia Nacional: “en modo alguno resulta descartable, sino todo lo contrario, que nos encontramos ante un delito de naturaleza terrorista”.

Según explican los jueces en su escrito, los graves actos cometidos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 no se pueden considerar “como una simple agresión a dos personas que iban con sus respectivas novias, y mucho menos como una pelea de bar, si prestamos atención al contexto en el que se produjo, los prolegómenos de las agresiones, la entidad de las lesiones producidas, el número de agresores, la función pública ejercida por los dos principales agredidos y el grave rechazo que produce en ellos, sus familias y allegados la presencia de la Guardia Civil en el pueblo navarro de Alsasua, donde incluso existe un movimiento específico que preconiza su expulsión y su rechazable aislamiento social”. Todo ello, según el tribunal, crea un ambiente de grave crispación social, de alteración de la paz pública y de temor en una parte de la sociedad, “un ambiente generador y propiciador de actos genuinamente terroristas”.

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La jueza abre jucio oral al expresidente de Abengoa por administración desleal

Thu, 02/16/2017 - 12:00

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado la apertura de juicio oral por delito de administración desleal en el denominado "caso Abengoa" contra el expresidente de la entidad Felipe Benjumea, el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y los exconsejeros Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, quienes integraban y asistieron a la reunión de la Comisión de Nombramientos en la que se acordó el pago de las indemnizaciones millonarias investigadas.

En el auto, la jueza requiere a Benjumea, Gracia Diez, Velarde y Fornieles para que en el plazo de 24 horas presten fianza por responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, por un total de 3.429.200 euros, cantidad que resulta de restar a la fianza de 14.929.200 euros que se le impone al primero (11.484.000 euros que supuestamente cobró indebidamente, más el tercio estipulado por ley) la cantidad ya afianzada por el propio Benjumea, de 11.500.000 euros.

En el caso de Sánchez Ortega, la magistrada también le requiere para que en el plazo de 24 horas preste fianza por 1.329.200 euros, cantidad que resulta de restar a la fianza de 5.829.200 euros que se le impone (4.484.000 euros que presuntamente cobró de forma indebida, más el tercio estipulado en la ley) los 4.500.000 que ya afianzó a lo largo del procedimiento.

La resolución judicial, que recoge los escritos de la Fiscalía y las acusaciones en los que concretan sus solicitudes de condenas, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos.

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La Audiencia Nacional ordena citar como investigados a los responsables del Banco de España y de la CNMV por la salida a bolsa de Bankia

Mon, 02/13/2017 - 12:40

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tenía bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa, entre ellos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura.

En un auto, los magistrados admiten parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a bolsa de la entidad financiera.

Además de a Fernández Ordóñez y Segura, la Sala acuerda que se cite también como investigados a los responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui y de la CNMV Fernando Restoy.

El auto considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a bolsa y que, según aquellos, la autorizaron “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”.

La Sala analiza la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y califica de “razonable” y “razonada” la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.

Los jueces consideran también que en la fase actual de la instrucción, tal y como sostienen los recurrentes, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídicas de los hechos (posible estafa de inversores del ex art 182 bis), como ha realizado el instructor, sino que no procede verificarse hasta finalizada la investigación.

La Sala rechaza la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, por tratarse de una diligencia “manifiestamente excesiva”.

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El juez que instruye el ‘caso Púnica’ ve indicios de delito en la actuación del presidente de la Región de Murcia

Mon, 02/13/2017 - 11:30

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado la formación de la pieza III de la Operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirigido el procedimiento contra 22 personas, entre ellas el exconsejero de Educación y actual presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, y la ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro.

En el auto, el juez atribuye a Pedro Antonio Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.

En el caso de la senadora Barreiro, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista..

En el caso de los dos anteriores, el juez señala que al tratarse de una senadora (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo) y del presidente de la Región de Murcia (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia) debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, “su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada”.

El juez Eloy Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza.

En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno, también dirige el procedimiento contra 4 empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

En relación con los hechos relativos a la Consejería de Educación, el juez Eloy Velasco señala que durante 2014 se produjo un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces consejero, Pedro Antonio Sánchez, para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales que “serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación y que incluirían también la retribución por los trabajos de reputación” realizados para Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.

Del mismo modo en que De Pedro y José Antonio Alonso Conesa se concertaron con autoridades y funcionarios en el seno de la Consejería de Industria, Turismo y Empresa, dice el juez, se planteó para junio de 2014 la posibilidad de realizar semejantes trabajos de reputación online para Pedro Antonio Sánchez quien “quien pretendía igualmente convertirse en candidato de su partido para la Presidencia de Murcia”.

Para tal fin, explica, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, valorando los trabajos reputaciones en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista y la creación de un portal de educación que daría cobertura al coste de los trabajos reputacionales, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro, que esta obtendría sin desembolso alguno.

La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, subraya el auto, el periodo previo a la campaña electoral de ese año -en la que los dos consejeros se disputaban la Presidencia de la Región- facturándose bajo el concepto “formación”. Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada “Púnica”, a finales de octubre, que la abortó.

El contrato reputacional sobre la persona de Pedro Antonio Sánchez incluía Estrategia SEO y Linkbuilding “Pedro Antonio Sánchez”, creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs inexistentes, 1 periodista e informes mensuales, todo ello con un coste de 4.6000 euros al mes en un periodo de 7 meses, del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2105, con un importe total de 32.200 euros.

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La Audiencia Nacional confirma la sanción de 60.000 euros por tuits violentos que vulneran la Ley contra el Deporte

Thu, 02/09/2017 - 15:38

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de 60.001 euros y prohibición de acceder a recintos deportivos durante cinco años que impuso el Secretario de Estado de Seguridad a un hombre que publicó en la red social Twitter declaraciones alegrándose de la muerte de un seguidor del Deportivo de la Coruña, en noviembre de 2014. Los magistrados consideran que esos tuits vulneraron la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y deben calificarse como una infracción muy grave.

Los hechos que ha analizado la Sección Quinta se remontan a noviembre de 2014, a la reyerta ocurrida en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón donde se enfrentaron seguidores de grupos radicales del Atlético de Madrid y del Deportivo de la Coruña. Como consecuencia de aquel enfrentamiento falleció un seguidor del equipo visitante.

En la red social Twitter se detectaron varios comentarios vertidos por R.G.R, con expresiones como las siguientes: “Quiero manifestar mi más absoluta y sincera alegría por la muerte del Depor. Un hijo de puta que no la liará otra vez. Ojalá mueran más” y “los del Frente Atlético asesinos, tenéis retrasito, verdad? Habían quedado para pegarse ambas partes. La lástima es que sólo ha muerto uno”.

Esas declaraciones concluyeron con una Resolución del Secretario de Estado de Seguridad por la que se imponía una sanción por infracción muy grave en relación con los artículos 2.1ª y 27.1e de la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. El sancionado recurrió ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que ahora confirma la sanción.

En una sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sección, Jose María Gil Sáez, la Sala descarta en primer lugar la presunción de inocencia que había alegado el recurrente al negar que él hubiera sido el autor de los tuits cuestionados. Según la Sala, hay prueba suficiente para identificarle como autor de esos comentarios vertidos en su cuenta personal de Twitter.

Declaraciones de incitación a la violencia

La sentencia procede a continuación a analizar el fondo y concluye que basta la mera lectura de los tuits para apreciar que tales declaraciones, efectuadas en internet, “conllevan una clara incitación a la violencia y agresión entre los participantes de encuentros deportivos, generándose un ambiente hostil y de promoción del enfrentamiento entre los seguidores de los equipos de fútbol”.

Del mismo modo, la Sala rechaza la falta de proporcionalidad esgrimida por el recurrente. El tribunal hace constar que la sanción económica impuesta ha sido fijada en el mínimo cuantitativo. Respecto a la prohibición de acceder a cualquier recinto deportivo durante cinco años los jueces también lo consideran proporcionado y “acorde a la gravedad de los hechos en los que se generó la conducta enjuiciada, con la muerte de un hincha de uno de los equipos contendientes y la grave repercusión y alarma social que estos hechos generaron en la opinión pública, unido al interés público de adoptar una política firme en la erradicación de la violencia en el deporte”.

Contra esta sentencia se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

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Dos años de cárcel para un joven por enaltecimiento al terrorismo e incitación al delito de odio en unos comentarios difundidos en Twitter

Thu, 02/02/2017 - 15:00

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel como autor de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio a un joven que entre 2015 y 2016 publicó varios comentarios en Twitter en los que decía que "53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parece con la de putas que hay sueltas" o "ya tengo los explosivos preparados para liarla en Sol, Feliz Año, Alá es grande".

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal considera probado que el acusado, Berenguer Jordi M.H., publicó varios mensajes en sus cuentas de la red social, abiertas en 2013 y 2014, que contaban con una cantidad de en torno a los dos mil seguidores.

Además de los comentarios ya mencionados, el acusado publicó otros que decían "Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si doblamos esa cifra, gracias" o "Ahora solo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta madre". Tras cerrar la primer cuenta a raíz de varias denuncias, el acusado abrió otra en las que también publico comentarios enalteciendo el terrorismo yihadista y denigrando a las mujeres como "Ya no se ven atentados como los del 11 S, estos de la Yihad no valen, si van a masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden" o "Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad".

La Sala rechaza los argumentos empleados por el acusado en el juicio en los que señaló que los mensajes eran para llamar la atención sobre un fenómeno, el de la violencia machista, que no tenía repercusión en los medios de comunicación, si bien reconoció que el resultado que obtuvo con los comentarios fue el contrario al deseado. Además indicó que en la época de los hechos era un inconsciente y no sabía la cantidad de gente a la que le llegaban los mensajes.

En este sentido, el Tribunal considera que los comentarios no son calificables ni de broma ni de humor negro, "sino que en su ánimo lo que fluye es la idea de ensalzar esas acciones, extensivo a sus autores y no precisamente de la inconsciencia".

Los magistrados reconocen haberse quedado "perplejos" y "demudados" ante lo versión del acusado, en la que defendía que el texto empleado en los mensajes relativos a las mueres fuera para llamar la atención sobre la violencia sobre ellas. En realidad, dicen, "lo que revelan es todo menos una preocupación, existente en la sociedad en todas sus esferas, que comparta el acusado".

"Lo que denotan -apuntan- es justamente lo contrario al sentir general" e insisten en que no se trata de una broma ni de humor negro. Subrayan que "lo que rezuman los contenidos de los tuits es la discriminación hacia la mujer en tanto trato diferente y por debajo del hombre, con consecuencia negativa" para ellas.

 

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El juez procesa a un ciudadano marroquí residente en España que viajó a Turquía con la intención de integrarse en DAESH en Siria

Mon, 01/30/2017 - 13:50

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a un marroquí residente en la localidad burgalesa de Padilla de Arriba por viajar hasta Turquía para llegar a Siria con el fin de integrase en el DAESH después de un proceso de autoadoctrinamiento, si bien no pudo conseguir su objetivo al ser detenido en el primer país y devuelto a España.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 procesa a Ali A. por un delito intentado de formar parte de la organización terrorista DAESH (art. 575.2 CP) o, alternativamente, de traslado a territorio extranjero controlado por organización terrorista (575.3). También le procesa por un delito de autoadoctrinamiento terrorista.

La resolución relata la vida del investigado en la mencionada localidad burgalesa, su marcado espíritu religioso, así como su escasa actividad social y la gran cantidad de tiempo que se dedicaba a navegar por Internet con su teléfono móvil y un ordenador, a través de los cuales se habría radicalizado.

El magistrado subraya la superación de la formación doctrinal y la más profunda interiorización de los preceptos yihadistas de Ali A., lo que le llevó a viajar en secreto en abril del pasado año hasta la frontera turco-siria, donde contactó con un miembro de DAESH de los desplegados en la frontera para realizar la labor de “pasador”.

“Tomar la decisión de abandonar todo su entorno vital usando los pocos recursos a su alcance para trasladarse hasta Gaziantep (Turquía) implica un ascenso en la escala de valor y compromiso con la organización terrorista, que permite afirmar que Ali llega a la frontera con Siria con la intención de incorporarse al DAESH, a falta tan solo de ser recibido por elementos de la organización que le reubicasen en alguna de sus plataformas, lo que no pudo conseguir porque resultó detenido por la Policía turca cuando sólo le faltaba por conocer la misión que le debía otorgar” la organización terrorista, explica el juez.

Si a lo anterior se une el material adoctrinador yihadista localizado en su móvil y su ordenador, dice el juez, su participación en debates en las redes sociales defendiendo ideales neosalafistas, así como las conversaciones telefónicas interceptadas, se puede concluir que “supera el papel de mero simpatizante en su claro propósito exteriorizado de ser un miembro más de la organización terrorista islamista DAESH”.

Desde el punto de vista de la calificación jurídica, entiende Eloy Velasco que en este supuesto en el que el investigado, previamente autoadoctrinado, opta por la incorporación a la organización terrorista pero finalmente no lo consigue, se debe descartar la acción como consumada al serlo meramente de manera intentada.

El juez también analiza los dos tipos de acciones recogidas en el artículo 575 del Código Penal relativo a la capacitación (el “heteroadoctrinamiento” o “heteroadiestramiento” y el “autoadoctrinamiento” o “autoadiestramiento). Según el juez, las dos son acciones diferentes, aunque sancionadas por la ley: la primera, adoctrinar, está más dirigida a la capacitación ideológica y la segunda, adiestrar, a la capacitación militar o técnica en armas y explosivos, ambas, dice “claramente peligrosas y determinantes del paso a acciones terroristas más gravemente penadas en otros preceptos”.

 

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La Audiencia Nacional absuelve a seis acusados de formar una celula yihadista del Estado Islámico en Ceuta

Fri, 01/27/2017 - 11:50

La Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los seis acusados de formar un célula del Estado Islámico en la barriada de El Príncipe Alfonso de Ceuta “con capacidad y determinación para llevar a cabo atentados terroristas en España”, hechos por los que la Fiscalía pedía para ellos condenas de entre doce años y medio y diez años y medio de cárcel. A uno de los acusados, la Sala le impone la pena de dos años de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.

En una sentencia, los magistrados consideran que tras el juicio celebrado entre septiembre y noviembre pasado, en el que el Ministerio Público pidió las condenas por delitos de integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas, "no aparece prueba alguna que acredite que los acusados formaran una célula estable y jerarquizada adscrita a la organización terrorista Estado Islámico o DAESH, con capacidad y determinación para poder llevar a cabo atentados terroristas en España en atención a los llamamientos a la Yihad Global".

Los hechos probados de la resolución relatan la actividad de los acusados en la barriada de El Príncipe desde, al menos, 2014, en la que algunos se dedicaban al robo de vehículos o de droga o a la venta ambulante y cómo varios de ellos se reunían en la azotea de la casa de otro, si bien no consideran acreditado que lo hicieran como entrenamiento militar con fines terroristas.

La sentencia de la Sección Cuarta analiza toda la prueba practicada en el procedimiento: las conversaciones telefónicas intervenidas, los dispositivos informáticos incautados en los registros o las armas decomisadas en los domicilios de los acusados.

En cuanto al material informático, que califica de "realmente" cruel e impactante por contener decapitaciones, martirios o ataques con coches-bomba, no determina, a su juicio, la comisión del delito de integración en organización terrorista e insisten en que "no aparece por ningún lado que las personas sometidas al presente procedimiento" conformaran una célula del Estado Islámico.

El Tribunal entiende que esas imágenes, difundidas por las redes sociales por algunos de los acusados, sí podrían constituir el delito de enaltecimiento del terrorismo, si bien al no haber sido objeto de acusación en el juicio, no se les puede condenar por ello, ya que no han podido ejercer su derecho de defensa.

Respecto a las conversaciones telefónicas, exponen que en la vista oral sólo se escucharon tres de las 31 transcritas y, de ellas, lo que se infiere “con toda claridad” es que dos de los acusados practicaban la delincuencia común de “considerable peligrosidad”, enfrentándose con bandas rivales y dirigiéndose amenazas mutuas.

También analiza la Sala las armas incautadas en los registros y señala que tan sólo se encontró un arma de fuego, un pistola Glock capacitada para el disparo de 9mm parabellum, que se encontraba a disposición de uno de los acusados, Anuar A.A., que ha sido condenado a dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas. Además, se hallaron dos pistolas que no eran armas de fuego, una detonadora y otra de aire comprimido, “no idóneas, precisamente, para perpetrar acciones terroristas”, añaden. Respecto a las fotografías en las que aparecen otras armas de fuego, explican que no queda acreditado que fueran reales.

En referencia a las armas blancas ocupadas, tales como cuchillos de grandes dimensiones o hachas, la Sala afirma que “es evidente que pueden resultar idóneas para perpetrar atentados terroristas, pero la posesión de las mismas no implica que se posean para la consecución de ese fin”.

La sentencia concluye que las funciones que se atribuyen a los distintos acusados "carecen de la más mínima probanza y se basan en la plena convicción al respecto de los investigadores policiales, que realizaron una profusa labor de la que extrajeron su conclusiones, no fundamentadas en hechos concretos, y que si bien pueden sustentar una acusación, no han generado prueba de cargo de entidad suficiente como para poder fundamentar el dictado de una sentencia condenatoria, con la seguridad y certeza jurídica que requiere un pronunciamiento de tal naturaleza".

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La Audiencia Nacional declara justificado el despido colectivo de Radiotelevisión Valenciana

Thu, 01/26/2017 - 09:00

La Sala de lo Social ha desestimado la demanda promovida por CGT, a la que se adhirieron CCOO; STAS-IV; UGT; CSIF; y USO contra el despido colectivo promovido por la empresa RADIOTELEVISION VALENCIANA, SAU, a quien la AN absuelve de la demanda.

La demanda se presentó en abril de 2014 y quedó en suspenso, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE había presentado contra la ley aprobada por las Cortes Valencianas. Esa ley se aprobó inmediatamente después de que el TSJ de Valencia declarase nulos los despidos de la televisión autonómica y suprimió el servicio público de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

Una vez que el Tribunal Constitucional se pronunció, desestimando el recurso por pérdida de objeto, la Sala de lo Social señaló y celebró el juicio el pasado 11 de enero.

En la vista celebrada en la AN , la Confederación General del Trabajo ( CGT) solicitó de nuevo la nulidad de los despidos y cuestionó la constitucionalidad de la ley 4/2013, al tratarse de una norma, según los demandantes, reactiva a la sentencia del TSJ de Valencia y que lesionaba los derechos de los trabajadores. El demandante planteó a la Sala la opción de promover una cuestión de inconstitucionalidad de la mencionada Ley en el caso de que no prosperaran las causas de nulidad alegadas.

La sentencia, después de analizar los hechos reconoce en primer lugar la legitimación activa de los 5 sindicatos que se adhirieron a la demanda. Siguiendo doctrina del Tribunal Supremo se les reconoce el derecho a personarse, a pesar de que no impugnaron el despido colectivo en su momento. Ahora bien, la Sala rechaza las cuestiones que no se plantearon en la demanda inicial y que constituyen variaciones sustanciales de la misma.

La Sala no aprecia cuestiones de nulidad

Los litigantes planteaban en primer lugar la nulidad porque el despido colectivo se había basado únicamente en dos causas: la empresa había extinguido su personalidad jurídica y los despidos se habían motivado por fuerza mayor. La Sala no comparte este criterio al considerar “palmario” que el despido se fundamentó en la extinción de la personalidad jurídica de RTVV, así como en causas económicas, “que no tienen nada que ver con la fuerza mayor”. La Sala considera probado que la empresa aportó toda la documentación económica, desde 2009 a 2014, que advertía de una “sistemática y continuada situación de insuficiencia presupuestaria que vino arrastrando el Grupo RTVV, toda vez que las aportaciones presupuestarias de la Generalitat Valenciana no alcanzaban a sufragar el coste que representaba el Grupo RTVV”, con una constatada “alarmante y abismal disminución de dichos ingresos –añade el tribunal toda vez que los mismos han pasado de los 28.463.607 euros en 2008 a los 5.671.226 euros en 2013, lo que representa una caída de un 80%”.

CGT solicitaba también la nulidad de los despidos al entender que la extinción de la personalidad jurídica del empresario no constituye en sí misma una causa suficiente para extinguir los contratos de trabajo. Sin embargo la Sala entiende que sí se pueden extinguir los contratos de trabajo tras la extinción de la personalidad jurídica de la empresa, siempre y cuando no haya fraude de ley o abuso de derecho, en cuyo caso habría que declarar la nulidad de la medida o no ajustada a derecho.

La Ley 4/2013, única salida para el legislador ante un modelo de televisión Fracasado y situación económica gravísima

Descartadas las cuestiones de nulidad, la Sentencia concluye que la evolución económica del GRUPO RTVV hasta 2012 fue absolutamente negativa, “por no decir calamitosa, causada, en buena medida, por una plantilla muy superior a la necesaria, junto con una reducción geométrica de sus ingresos públicos y privados, que le obligó a un fuerte endeudamiento”. La Sala considera probado que la cifra de pérdidas definitivas a fecha de 2013 era de 212.262.131euros, frente a los 44.271.475 euros que pudo considerar el legislador en su momento y que la cantidad total de pérdidas, entre 2009 y 2012 ascendió a 1.014.946.366 euros, lo que demuestra que el modelo inicial de radiotelevisión de la Comunidad Valenciana había fracasado.

Ante ese contexto, los jueces consideran que la Ley 4/2013 pretendió reforzar la labor de Radiotelevisión Valenciana como un vehículo de vertebración de la realidad social y cultural de la Comunidad Valenciana pero no podía obviar la grave situación económica que atravesaba el grupo. La encomienda del servicio público a RTVV- señala la sentencia- “pasaba inevitablemente por reducir la plantilla, en cuyos contratos debía subrogarse, cuya sobredimensión había provocado en buena medida, junto con sus problemas de insuficiencia de ingresos, financiación y endeudamiento, que el Grupo RTVV llegara a la situación lamentable que hemos referido anteriormente”. La conclusión sin acuerdo del período de consultas del despido promovido por el Grupo RTVV y la deficiente utilización de los criterios de selección por parte de las empresas, provocó, según el tribunal, la nulidad del anterior despido, “lo cual supuso objetivamente un grave quebranto a la viabilidad del nuevo modelo de radiotelevisión, porque provocaba inevitablemente un incremento de costes sobre los ya existentes”.

La Sala considera que la supresión del servicio de radio televisión, decidida por el artículo 2 de la Ley 4/2013 no se originó propiamente por la declaración de nulidad del despido colectivo sino por un fracaso generalizado del proyecto inmerso en una grave situación económica, cuya superación pasaba necesariamente por un ajuste radical de la plantilla y donde la gran oportunidad se perdió cuando no se alcanzó un acuerdo en el período de consultas.

Fracasado el primer proyecto de servicio público de radiotelevisión en la Comunidad Valenciana, el legislador decidió suprimirlo” pese al coste político y social que comportaba la supresión de un medio público de comunicación”. Esa supresión de un servicio público, en una Comunidad Autónoma plurilingüe, donde el valenciano constituye una de sus señas de identidad supuso, según el tribunal “ una enmienda a la totalidad a la gestión previa de sus responsables por parte del legislador autonómico”.

La Sala concluye que tampoco era viable otra medida alternativa como promover un nuevo despido colectivo, como plantearon los demandantes, cuando ya tuvieron esa oportunidad en el despido precedente, en el que se constató la situación negativa del Grupo que acreditaba por sí mismo el sobredimensionamiento de la plantilla y decidieron cerrar sin acuerdo el período de consultas; el tribunal considera razonable que el legislador concluyera que dicha alternativa multiplicaría los costes y no concluiría necesariamente con acuerdo, “concurriendo necesariamente con nuevas pérdidas que tendrían que soportarse necesariamente por la propia Generalitat, en detrimento de otros servicios públicos necesitados también de financiación pública”. La sentencia ha considerado probado que por la operación RTVV el Consell asumió una deuda financiera del Grupo de 1.059.344.331 euros y que la Generalitat ha venido atendiendo vencimientos de préstamos. En 2013, por ejemplo, 417.194.871 euros y en 2014 h satisfecho obligaciones a cargo de RTVV y RTVV, S.A.U por importes de 1.084.658 euros y 34.534.789 euros.

Por todos estos motivos la Sala descarta que la Ley 4/2013 sea una Ley reactiva contra la nulidad del despido, sino una opción legítima del legislador, tras fracasar en sus intentos de mantener el servicio y de cuya sinceridad no caben dudas “ puesto que ha supuesto pérdidas milmillonarias para el erario público y unos costes sociales, políticos, culturales e identitarios extremadamente graves, que asumió con todas sus consecuencias, puesto que la supresión del servicio público supone reconocer objetivamente que no se supo gestionar debidamente por sus responsables”.

En línea con el fiscal, el tribunal entiende que un servicio público que se crea por ley, debe suprimirse también por ley. Por todas estas razones la Sala considera que no hay razón para promover una cuestión de constitucionalidad, como habían propuesto los demandantes.

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La jueza propone juzgar a exdirectivos de la CAM por la venta preferentes y deuda subordinada

Wed, 01/25/2017 - 13:00

La jueza Carmen Lamela archiva la pieza abierta por la comercialización de las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pero continúa su tramitación en relación con la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada y propone juzgar por estos hechos a los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y Dolores Amorós Marco.

En el auto en el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, la magistrada considera que López Abad y Amorós deben ser juzgados por los delitos de estafa y/o un delito relativo al mercado y a los consumidores por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Además, la juez considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y Banco Sabadell. No obstante, archiva la causa respecto de Juan Luis Sabater Navarro, Francisco Martínez y Vicente Soriano por cuanto “de lo actuado no se desprende que ninguno de ellos tuviera participación directa en los hechos”.

En su resolución, la titular del Juzgado Central 3, tras analizar los hechos y los informes aportados en la causa, subraya que si bien se publicó un folleto informativo en el que se explicaba en qué consistía el producto y los riesgos, éste se distribuyó a través de una circular interna en la que se incluía la necesidad de realizar un test de idoneidad que “se diseñó y realizó de manera irregular”.

Además, explica que la División de Supervisión de la CNMV detectó “una serie de irregularidades” en su comercialización recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entre otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente mostraba “deficiencias relevantes”.

Ahora, en esta parte del procedimiento, se da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y acusaciones para que en el plazo de diez días presenten su escrito de acusación o de sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.

En relación con las cuotas participativas que se archivan, el auto analiza los informes de la CNMV y los peritos del Banco de España y concluye que los últimos estados financieros publicados en el momento de su emisión eran los de diciembre de 2007, que “no estaban falseados (ya que las cuentas que a lo largo de han sido detectadas como falseadas son las cuentas anuales de 2010 y las intermedias de 2011)”.

Añade que la CNMV participó activamente en la elaboración del folleto informativo, “siendo correcta la información contenida en el mismo y facilitada a los inversores. De la misma manera no consta que la CNMV detectara ninguna irregularidad relevante” en la comercialización de la cuotas de la CAM entre la clientela minorista de lal entidad.

No obstante lo anterior, las cuotas participativas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM, están incluidas en la pieza principal donde los perjudicados han podido formalizar sus escritos de acusación.

 

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El juez procesa a ocho personas por su posible apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) para combatir el Estado Islámico

Mon, 01/23/2017 - 13:35

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a ocho personas, miembros o simpatizantes del Partido Marxista Leninista-Reconstrucción Comunista, por formar parte supuestamente de un grupo criminal de apoyo en España al PKK y que llegó a enviar a dos de ellos, en su condición de brigadistas, a la región de Rojava, en el Kurdistán sirio, para combatir al Estado Islámico.
En el auto por el que pone fin a la instrucción, el juez detalla los delitos que atribuye a cada uno de los acusados, entre los que se citan los de pertenencia a organización criminal -para siete de los ocho-, tenencia de armas y de componentes para la elaboración de explosivos y de captación, adoctrinamiento o adiestramiento para la incorporación de terceros a estructuras dependientes de la organización terrorista PKK.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 archiva la causa para otros ocho dado que tras las investigaciones practicadas su actuación “no constituye actividad delictiva punible, dado el ineficiente grado causal de su escasa contribución a la actividad ejecutada” por el grupo criminal.

Velasco explica cómo el investigado Roberto Vaquero Arribas, fundador, líder y secretario general de Reconstrucción Comunista, tomó la decisión de que otros dos de los miembros del grupo viajaran a la región de Rojava “sabiendo que iban a integrarse en milicias dependientes de la organización terrorista PKK-KCK –parte de cuyos traslados y mantenimiento posterior financió en colaboración con ciudadanos kurdos residentes en España y organizaciones extranjeras vinculadas ideológicamente al partido- y de que iban a recibir instrucción militar para entrar en combate contra la organización terrorista Estado Islámico”.

Este, continúa el juez, por su carisma y conocimiento de artes marciales, se encargaba de seleccionar a los componentes del grupo -a los que obligaba a portar armas- y de supervisar la obtención de las mismas, además de defensas y explosivos, de forma clandestina para guardarlos en la sede del partido en Madrid. En dicho local y en un habitáculo de máxima seguridad, señala el magistrado, aparecieron numerosos componentes usados para la confección de artefactos explosivos.

Otros dos miembros del grupo contra los que se dirige el procedimiento son los brigadistas Álvaro Fernández Ruiz y Pablo Díaz Ocampo, quienes viajaron a la región Siria de Rojava desde Madrid el día de Navidad de 2014, previo paso por Alemania e Irak, donde recibieron instrucción militar para entrar en combate contra el Estado Islámico, “habiéndose integrado temporalmente en las llamadas YPG –organización paramilitar con presencia en el norte de Siria dependiente y subordinada del órgano de dirección del PKK con quien comparte los máximos representantes- brazo armado auxiliar“ del PKK-KCK, organización terrorista según los acuerdos PESC de la UE, recoge la resolución. 

Ambos participaron “activamente en los combates desde la primera línea de fuego” y regresaron seis meses después, apunta el escrito. En el caso de Díaz Ocampo, Velasco tiene en cuenta que ha colaborado con la Justicia, por lo que entiende que se le debe aplicar dicha atenuante.

En el auto, el juez acusa también de formar parte de esta estructura al alemán Philip-Alexander Höher por ayudar a los dos anteriores a viajar hasta Siria desde su país, donde hicieron parada, proporcionándoles contactos e infraestructuras tanto a la ida como a la vuelta. Velasco mantiene la OEDE dictada contra este investigado pese a su denegación por las autoridades alemanas.

También se dirige el procedimiento contra el turco Nizamettin Gul por desempeñar en España actos de captación de voluntarios y de difusión de las actividades del PKK, así como por financiar el viaje de los dos brigadistas a Siria.
El aut, contra el que cabe recurso, da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, si bien pueden pedir con carácter excepcional la práctica de diligencias.

 

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El juez procesa a seis hijos de Ruiz Mateos por estafa, alzamiento de bienes, blanqueo y delitos contra la Hacienda pública

Mon, 01/16/2017 - 12:00

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación del denominado caso Nueva Rumasa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que procede contra quince personas, entre ellas seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

En el mismo auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 sobresee la causa respecto de seis personas, entre ellas la esposa de Ruiz Mateos, Teresa Rivero Sánchez, y da traslado de las actuaciones a las más de medio centenar de acusaciones para que formulen escrito de acusación, sobreseimiento o la práctica de diligencias con carácter excepcional.

De la Mata explica que cómo en 2009, ante las circunstancias de práctica insolvencia que presentaban las empresas del Grupo Nueva Rumasa, sus responsables decidieron captar fondos con los que poder revertir esa situación y también aplicarlos en su propio beneficio, apelando para ello al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación, en las que ofrecían a sus clientes invertir en sus sociedades productivas más conocidas.
Para ello ofrecían retribuir esas inversiones con elevados intereses, y mostraron una imagen de solvencia y bonanza empresarial del Grupo Nueva Rumasa que en ese momento carecía de sustento real.

El mecanismo ideado por los hermanos Ruiz Mateos Rivero, su padre y Manuel Sánchez Marín, consistió en la obtención de préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de “pagarés de empresa” o “pagarés corporativos” no a la orden, emitidos y generalmente avalados por sociedades del Grupo Nueva Rumasa, aprovechando la confianza que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad. Para obviar el control que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pudiera ejercer sobre ese mecanismo de financiación, los investigados establecieron como condición que la inversión mínima fuera de 50.000 euros.

Según el auto, el número total de inversores, según sus propios responsables fue, al menos, de 4.110 personas. De acuerdo con información proporcionada por tales responsables, el importe total de los fondos captados de esos inversores fue de 337.377.450,60 euros. El análisis de las cuentas bancarias por parte del auxilio judicial, dice el juez, ha permitido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre febrero de 2009 y febrero de 2011.

El importe de los intereses con que debían retribuirse tales fondos era de 47.975.828,64 euros. Por tanto, para hacer frente a esos compromisos de pago se emitieron pagarés por parte de 13 sociedades del Grupo Nueva Rumasa por un importe total de 385.353.279,24 euros, de los que solo llegaron a abonarse ‒por parte de 5 de esas sociedades‒ 96.239.433,24 euros, quedando sin pagar 289.113.846,01 euros, señala la resolución judicial.

Los fondos captados a los inversores se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde las que se redistribuía al resto de sociedades del Grupo Nueva Rumasa, en cuya estructura empresarial se encontraba también un sector internacional, integrado por un centenar de sociedades extranjeras con domicilio en varios países de nula o baja tributación, con el objetivo fundamental de obtener la mayor opacidad para proteger las propiedades inmobiliarias y las marcas comerciales más relevantes del Grupo.

En el mismo auto, el juez procede también contra 89 sociedades como responsables civiles y otras 2 como partícipes a título lucrativo, en cuanto que participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, según el magistrado, puesta al servicio del Grupo, que funcionaba como una sola empresa a efectos financieros y de responsabilidad empresarial.

La pertenencia de sociedades mercantiles a otras sociedades extranjeras, unido al empleo de testaferros y despachos fiduciarios, argumenta De la Mata, “no tenía más finalidad que dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad estando bien claro en todo momento que el mismo pertenece en última instancia a la familia Ruiz Mateos”.

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La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el exconsejero delegado de Abengoa por administración desleal

Fri, 01/13/2017 - 11:40

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado transformar a procedimiento abreviado y continuar el procedimiento de la causa ‘Abengoa’ por delito de administración desleal contra el expresidente de la entidad, Felipe Benjumea, el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y los exconsejeros Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles que integraban y asistieron a la reunión de la Comisión de Nombramientos y retribuciones donde se acordó el pago de las indemnizaciones millonarias investigadas.

El auto se sitúa en 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente, Felipe Benjumea y del consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega. La magistrada analiza las cláusulas de los contratos que firmaron por las que se les concedían unas indemnizaciones por cese anticipado de 4.484.000 euros, en el caso de Sánchez Ortega y de 11.484.000 para Benjumea; unos derechos reconocidos en esas cláusulas que la juez entiende que” no estaban contemplados en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantiles”.

Decisiones no acordes con los resultados de la empresa

La juez hace constar que las indemnizaciones de los dos ex altos cargos se produjeron en un momento en el que la empresa ya atravesaba problemas económicos por lo que las compensaciones económicas, según la magistrada, “ no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad”.

La magistrada pone en duda las razones personales y / o de salud que esgrimió en abril Sánchez Ortega para dejar Abengoa, teniendo en cuenta que tres meses después, en julio de 2015 pasara a continuación, “sin solución de continuidad a prestar sus servicios en Black Rock, empresa de gestión de inversiones estadounidense, cuya sede se encuentra en Nueva York, siendo la mayor gestora de fondos del mundo y que “ suponía un esfuerzo añadido que no parece acorde con su intención de emplear menos energías en su actividad profesional” . Sin embargo la juez descarta imputarle un delito de información privilegiada del que le acusaban los querellantes, al entender la magistrada que el ex consejero delegado de Abengoa se incorporó a un área de BlackRock , la de negocio de infraestructuras, que “ nada tiene que ver con el área de inversiones en mercados de capitales”.

En el caso de Benjumea la juez relata cómo en el mismo mes de septiembre de 2015, en el que se pacta su salida e indemnización millonaria Abengoa anuncia un plan para aumentar capital y reducir deuda corporativa.

La magistrada detalla cómo se interrumpió la reunión del Consejo de administración, para que se celebrara la Reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que acordó el pago de los 11.484.000 a Felipe Benjumea. En esa reunión, la presidenta, Mercedes Gracia, hizo constar que el Consejo de Administración mostraba “su enorme gratitud al Sr. Benjumea por su incansable dedicación a la compañía, por su inestimable aportación al desarrollo de todos sus negocios, y por su altura personal y calidad humana durante todos estos años, demostrada en particular en su disposición para no entorpecer las exigencias de los bancos aseguradores como medio para garantizar la viabilidad financiera de Abengoa”.

Ninguno de los dos se desvinculó de Abengoa

La juez recuerda que finalmente los bancos no prestaron el afianzamiento para la ampliación de capital, por no haberse cumplido la condiciones económicas que fueron pactadas, por lo que la magistrada cuestiona que la salida de Benjumea de Abengoa fuera una condición más importante que otras que no se cumplieron, por lo que Lamela concluye que “se trató de que el sr. Benjumea recibiera una cantidad de dinero extremadamente importante, máxime en un momento tan delicado por el que pasaba Abengoa, y le fueran respetados el máxime de derechos dentro de la sociedad como sueldo base, medios materiales, cotizaciones y seguros”.

Dos meses después, el 25 de noviembre de 2015, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores. La magistrada considera que ni Sánchez Ortega ni Benjumea se desvincularon de Abengoa y para ello hace constar que Sánchez Ortega renunció a sus cargos en mayo y un mes después firmó un contrato de prestación de servicios por el que seguiría cobrando la remuneración que le correspondería como consejero delegado. En el caso de Benjumea, en la misma reunión en que se le cesa como presidente, fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, por lo que cobraría una retribución bruta de 1.086.000 anual y mantendría su cotización a la Seguridad Social. La juez se basa en este vínculo de ambos con la entidad para concluir que no les correspondía los 4.484.000 de indemnización que se les otorgó en concepto de “confidencialidad postcontractual” puesto que la relación contractual con Abengoa “no se había extinguido”.

En el caso de Benjumea, la juez explica que tampoco le correspondían los 7 millones en concepto de bonificación por permanencia, puesto que, según Lamela, a través de esta indemnización “se encubrió lo que realmente fue una salida voluntaria del Sr. Benjumea, aunque aconsejada por la situación de crisis que atravesaba Abengoa”.

Por estos hechos la juez atribuye a los 5 investigados el delito de administración desleal, sin perjuicio de ulteriores calificaciones . En el caso de los 3 ex consejeros miembros de la Comisión de retribuciones, por asistir a la reunión en la que se acordaron los pagos, conocer los hechos y no poner objeción al respecto.
Ahora, el fiscal y las acusaciones disponen de un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

 

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