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Noticias Judiciales
Updated: 7 hours 21 min ago

El juez envía a prisión a dos detenidos en Madrid en una operación contra el yihadismo

Thu, 05/25/2017 - 14:00

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los dos detenidos en Madrid el pasado martes en una operación contra el terrorismo yihadista. En el caso de Abdessamad G.H. el magistrado le envía a prisión por integración en organización terrorista, adoctrinamiento y adiestramiento para la comisión de delitos de terrorismo y enaltecimiento del terrorismo. A Zouhair T. le atribuye un delito de adoctrinamiento terrorista.

En el auto referente a Abdessamad G., el magistrado señala que la investigación llevada a cabo determina la existencia de indicios racionales de que se habría estado preparando para cometer acciones violentas a instancias de órdenes recibidas desde plataformas virtuales, tal y como se desprende del hecho de ser asiduo de varias páginas repletas de tutoriales dirigidos a formar a las personas seguidoras del DAESH en la fabricación de artefactos a través de métodos rudimentarios.

Explica el magistrado que el investigado visitaba con mucha frecuencia páginas-perfil de Facebook que abordaban la temática del terrorismo yihadista desde una perspectiva no sólo ideológica sino también operativa, "es decir, en dichas páginas se explicaba paso a paso cuáles eran los materiales y procedimientos que debían seguirse para fabricar artefactos explosivos a partir de materiales usualmente localizables en establecimientos de acceso común al público". En este sentido, continúa, destaca varios vídeos en los que se mostraba cómo fabricar dispositivos a partir de una sustancia muy conocida y de fácil adquisición en establecimientos dedicados a la jardinería para el abono.

"El avance de las investigaciones reveló la existencia de un total de unos cien focos virtuales especializados en terrorismo yihadista seguidos por el mismo, en cuyo interior destacaban las publicaciones de material dirigido a individuos captados, residentes en países considerados por DAESH como enemigos, susceptibles de cometer atentados como <<combatientes Inghimasi>>, siguiendo el modus operandi de las últimas acciones llevadas a cabo en Reino Unido, Francia o Alemania", afirma Andreu.

En el auto por el que se envia a prisión a Zouhair T, el juez pone de manifiesto que este investigado seguía una serie de páginas de contenidos yihadistas radicales que también visitaba el otro detenido, con quien mantenía contactos por teléfono y WhatsApp.

 

Categories: Jurisprudencia

El juez José de la Mata confirma la prisión incondicional a Jordi Pujol Ferrusola

Wed, 05/24/2017 - 14:00

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata confirma la prisión incondicional comunicada y sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola acordada el pasado 25 de abril, al considerar que a lo largo de la causa se multiplican los elementos para considerar que el investigado "ha venido realizando un progresivo proceso de ocultación de información y evidencias y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir”.
En un auto, el magistrado rechaza el recurso de reforma presentado por la defensa de Pujol Ferrusola en el que solicitaba la revocación de la medida de prisión provisional y, con carácter subsidiario, una medida alternativa y menos gravosa a los fines de aseguramiento probatorio, petición a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.

De la Mata indica que en este momento persisten los motivos por los que se acordó la prisión incondicional como son la existencia de patrones de comportamiento, pautas de actuación, instrumentos y herramientas empleados para generar, ocultar y blanquear activos y los elementos organizacionales subjetivos, objetivos y de la acción empleados por Jordi Puol Ferrusola para manejar toda su estructura económica.

Señala el juez que existen una serie de circunstancias que ponen de relieve que, tanto a lo largo de la causa como, en particular, durante el último año, el investigado ha continuado realizando toda clase de actividades y alcanzando acuerdos con socios, amigos y testaferros para “ocultar bienes y ponerlos fuera del alcance de los tribunales y para dificultar el acceso a las fuentes de prueba”.

De la Mata recuerda que para valorar la existencia de los riesgos de ocultación u obstrucción de pruebas se atenderá la capacidad del investigado para acceder, por sí o través de terceros, a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo. “Y, en este caso, según se ha indicado, no sólo se ha actualizado este peligro en actividades concretas y específicas de ocultación, sino que se ha mostrado una alta capacidad de interlocución en distintas jurisdicciones y con diferentes personas para continuar moldeando, reconstruyendo y acondicionando las distintas operaciones efectuadas a lo largo del tiempo, con el objetivo, por un lado, de hacer inaccesibles los bienes y, por otro, para impedir o al menos obstaculizar el acceso a las evidencias”, concluye.

Los hechos objeto de investigación no se circunscriben, en su calificación jurídica, dice el juez, a delitos de blanqueo de capitales, como se pretende por el recurrente, sino que también se subsumen en posibles delitos contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil y, como se viene apuntando en reiteradas resoluciones, de organización criminal, sin perjuicio de ulterior calificación, puntualiza el magistrado.

 

Categories: Jurisprudencia

El juez del “caso Púnica” fija una fianza de 400.000 euros para que Francisco Granados salga de prisión

Wed, 05/17/2017 - 12:15

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto una fianza de 400.000 euros al exconsejero madrileño Francisco Granados para salir de prisión, donde se encuentra desde el 31 de octubre de 2014 por su presunta implicación en la causa por la denominada "Operación Púnica".

En la resolución, el juez modifica la prisión provisional incondicional por la de prisión eludible con fianza de 400.000 euros a la vista de los últimos registros realizados en la causa en relación con Arpegio-Prisma, lo que disminuye el riesgo de que pueda influir en la destrucción y desaparición de pruebas, teniendo en cuenta también que ya se han levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas secretas.

Además, a juicio del magistrado, también ha disminuido el riesgo de fuga ante el hecho del tiempo transcurrido, al tiempo que considera positivo que Granados pueda acudir "en otras condiciones" al primer juicio oral de esta causa (el chivatazo de la investigación).

No obstante lo anterior, al no haber desaparecido por completo los riesgos aludidos, el juez considera proporcional acordar la libertad de Granados una vez depositada la cantidad de 400.000 euros en metálico. En caso de depositar la fianza, Granados deberá comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 o el más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, facilitar número de teléfono y dirección de correo electrónico para ser localizado de forma permanente y fijar domicilio. Además, tendrá prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial.

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El juez concluye la instrucción del “caso Bankia” y procede contra 34 personas físicas y jurídicas

Thu, 05/11/2017 - 08:00

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación abierta del llamado "caso Bankia” y transforma las diligencias en procedimiento abreviado para proceder contra 34 personas físicas y jurídicas como Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA), el expresidente Rodrigo Rato, el exconsejero delegado, Francisco Verdú, los consejeros Jose Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y otros tantos vocales, administradores o consejeros de la entidad en los años 2010 y 2011. Se les imputa los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art 282 y 288 del CP) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera.

El juez procede también contra el auditor externo de Deloitte Francisco Celma, por los dos informes favorables que elaboró sobre los estados financieros de Bankia, durante los meses de la salida a Bolsa de la entidad. Respecto a Deloitte, como persona jurídica, el magistrado acuerda el sobreseimiento y archivo al entender que  cumplió con el sistema de control de calidad y que según la Ley, es una Sociedad Profesional, donde sus socios, como Francisco Celma, disponen de autonomía respecto de la firma o sociedad a la que pertenecen. Deloitte continuará en la causa como responsable civil.

En el mismo auto de transformación a procedimiento abreviado Andreu acuerda  el sobreseimiento y archivo para 2 consejeros de Bankia que no intervinieron en las reuniones del Consejo de Administración en las que se adoptaron los acuerdos objeto de la presente causa y también archiva las actuaciones respecto a los directivos de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación había solicitado la acusación popular. Quedan fuera de la causa, entre otros, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el exvicepresidente Javier Aríztegui.

A partir de ahora el Ministerio Fiscal y las 44 acusaciones particulares y populares personadas disponen de un mes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Contra el auto se puede interponer recurso de reforma ante el propio instructor o directamente recurso de apelación ante la Sala de lo Penal.

El magistrado explica en su escrito que el auto de transformación a procedimiento abreviado (lo que en el sumario equivaldría a procesamiento) es el momento en el que el juez concluye provisionalmente su instrucción  e incluye todos los indicios que ha recabado a lo largo de la instrucción para considerar, en este caso concreto, que procede sentar a 34 personas en el banquillo.

Cuentas maquilladas sobre el verdadero estado de la entidad

A lo largo de 253 folios, el magistrado resume los 5 años de investigación penal en donde han comparecido 48 personas investigadas, 40 testigos, se ha solicitado información a 30 entidades y se han personado 44 acusaciones particulares y populares.

Además de los interrogatorios practicados el juez se ha basado en los informes periciales recabados, que le permiten concluir que los estados financieros individuales y consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como las cuentas anuales de Bankia de 2011 no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad.

El magistrado recuerda que el delito de falsedad en las cuentas anuales se imputa a quien falsea los balances y cuentas anuales, como hicieron los administradores de BFA y Bankia, que "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”.

Andreu cita sentencias del Tribunal Supremo que destacan que este tipo de infracciones cobran especial singularidad cuando perjudican la economía nacional, “como la que nos ocupa en el presente procedimiento, cuya repercusión en la economía nacional, es de tal intensidad que, sus crisis, pueden afectar seriamente a la estabilidad económica del sistema”.

En base a la doctrina del Tribunal Supremo el magistrado argumenta que debe procederse contra los miembros del Consejo de Administración que adoptaron las decisiones, en tanto que tenían un deber especial de actuación y datos suficientes para conocer la conducta de sus subordinados que podría crear un riesgo jurídicamente desaprobado, como así ocurrió. Los Administradores de la Sociedad tenían un especial deber de certificar la situación económica de la entidad financiera porque son ellos quienes poseen el dominio funcional del hecho, "mediante la aprobación de las cuentas que se someten a su consideración” y los que en definitiva, según el juez, “debían adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias".

El folleto informativo para la salida a Bolsa no reflejaba la imagen fiel de la entidad

El juez considera que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida a Bolsa. El delito de fraude de inversores persigue a quienes perjudican los intereses de los consumidores en general, a los llamados inversores. En el caso concreto, según Andreu, no sólo se produjo una falsa información al inversor, “sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, mediante la Oferta Pública de suscripción, se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”.

Por ese reflejo "irreal” de la situación de Bankia que mostraba el folleto informativo, el juez imputa el delito de fraude de inversores a Bankia y BFA S.A. como personas jurídicas y a Rato, Verdú, Olivas y Fernández Norniella en tanto que participaron el 15 de junio de 2011 en la  reunión del Consejo de Administración de Bankia que aprobó la inclusión de esa información en el folleto. El mismo delito se imputa también al auditor externo como cooperador necesario,  por analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia que se presentaron en ese folleto de emisión para su salida al parqué bursátil. Con su actuación, según explica el juez, “incumplió el deber específico de revelar aquellas irregularidades que puedan afectar a los intereses de los inversores, dada la extraordinaria relevancia que tiene el informe del Auditor para la confianza del mercado y de los inversores”.

Exculpación de los directivos de la CNMV y del Banco de España

La Comisión Intersindical de Crédito, personada como acusación popular atribuyó a varios directivos de la CNMV y del Banco de España su responsabilidad en la comisión de los hechos investigados. Después de tomar declaración a estas personas el juez descarta su responsabilidad penal.

El magistrado explica que la acusación popular no ha explicitado el criterio que ha seguido para imputar a los miembros de ambas instituciones, cuando fueron órganos colegiados (el Consejo Rector de la CNMV y la Comisión Ejecutiva en el Banco de España) los que adoptaron las decisiones controvertidas y sin embargo la acusación popular solo solicitó la imputación de los presidentes y vicepresidentes de ambas entidades y no al resto de los miembros de esos respectivos órganos de gobierno. En el caso de la CNMV, el juez explica que su labor era la de adoptar las medidas necesarias legalmente establecidas para la protección de los inversores y no parece razonable- señala Andreu- exigirle que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de  la entidad. Respecto al Banco de España, el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella y que no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había.

El juez recuerda que la conducta que se persigue es la de falsear los estados financieros y no el hecho de acordar, o autorizar, que una determinada Sociedad realizara una Oferta Pública de Suscripción de Acciones con el fin de salir a Bolsa. No se castiga la incorrecta o errónea decisión de salir a Bolsa, cuestión que según Andreu, “podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otro foros, más no en éste, al carecer de relevancia penal”.

El magistrado considera que esa decisión de salir a Bolsa, autorizada por los órganos de  Administración de estas  dos entidades, es una decisión perfectamente legítima “y que no por lo errónea que finalmente hubiera podido ser, deba ser objeto de una investigación en sede penal” y ello- continúa el magistrado- “por cuanto en este procedimiento  no se investiga si la decisión de salida al parqué de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España, D. José Antonio Casaus, errónea”. El juez concluye que después de haber tomado declaración a los responsables de ambas entidades, “no se ha acreditado, ni siquiera de forma indiciaria, que hubieran tenido una participación en la formulación y aprobación de las cuentas que se incorporaron al folleto informativo que Bankia presentó a la CNMV para su salida a Bolsa”.

 

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La Audiencia Nacional abre juicio oral por el fichaje del jugador Neymar por el FC Barcelona

Thu, 05/04/2017 - 14:00

El juez de la Audiencia Nacional ha dictado la apertura de juicio oral contra Neymar da Silva Santos y sus padres, el presidente del FC Josep María Bartomeu, el ex presidente Alexandre Rosell, el futbol Club Barcelona, el Santos Futbol Club y otras 2 personas por el fichaje del jugador Neymar por el FC Barcelona por los delitos de corrupción en los negocios (art 286 bis del CP) y 288 CP y delito de estafa impropia de los artículos 251.3 y 251 bis CP. Por razón de las penas que prevé el Código Penal por estos hechos, será el Juzgado Central de lo Penal el órgano competente para celebrar el juicio.

En su auto el juez fija fianzas de 3.429.768 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria para Alexandre Rosell, Josep María Bartomeu, Rodríguez, Fútbol Club Barcelona y Santos Futbol Club, que deberán abonar conjunta y solidariamente. Para fijar la indemnización el juez se apoya en el planteamiento acusatorio del fiscal, según el cual el fondo DIS recibió el 40% de los 17.100.000 establecidos como precio de transferencia de derechos federativos, es decir, 6.840.000 euros. Sin embargo, considera que la cantidad del traspaso de los derechos federativos de Neymar JR. Del Santos FC al FC Barcelona ascendió a 25.171.000 euros, siendo por tanto, según el juez, 10.068.400 la cantidad que le habría correspondido a DIS. El magistrado no tiene en consideración las cantidades reclamadas por la acusación particular DIS/ FAAP al entender que esta acusación ha incluido todas las relaciones contractuales mantenidas a los largo de los años con Neymar JR, excediéndose de los hechos objeto del proceso.

A partir de ahora se notificarán los escritos de acusación a las defensas, que disponen de 10 días para formular sus respectivos escritos de defensa.

En su escrito el juez recuerda que en cumplimiento de los autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que acordaban revocar el sobreseimiento y continuar el procedimiento, procede acordar la apertura de juicio oral. No obstante, el juez hace constar, en aplicación del artículo 783.1 de la Lecrim, dejar “respetuosa constancia de las razones por las que se consideró que en este caso procedía el sobreseimiento y por las que ahora, de no mediar la precisa indicación por parte de la Sala de lo Penal, que, desde luego, debe cumplirse en sus precisos términos, se acordaría el sobreseimiento de las actuaciones”.

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La Audiencia Nacional condena a 44 años a los etarras Aginagalde y Larretxea por el asesinato en 2008 del empresario Ignacio Uría

Wed, 05/03/2017 - 11:00

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha condenado a los miembros de ETA Beinat Aginagalde Ugartemendía y a Joanes Larretxea Mendiola a 44 años de prisión a cada uno por el asesinato del empresario del empresario vasco Ignacio Uría, cometido en Azpeitia, (Guipúzcoa) el 3 de diciembre de 2008. El tribunal les condena por los delitos de asesinato terrorista (25 años) detención ilegal terrorista (12 años) robo de vehículo con fines terroristas (4 años y 6 meses) y daños terroristas (2 años y 6 meses).

Los dos miembros de ETA, junto con el ya condenado por estos hechos, Manex Castro, tendrán que indemnizar a la viuda e hijos de la víctima con 400.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia considera probado que Beinat Aginagalde y Joanes Larretxea en el año 2008 eran miembros de la organización terrorista ETA. Formaban, junto con Manex Castro ya condenado por este asesinato, el comando de ETA denominado “Ezuste”, que estuvo activo desde agosto de 2008 hasta marzo de 2009, fecha en la que fue desarticulado por la ErTzaintza. Durante esos meses, cometieron varias acciones terroristas, entre otras el asesinato del concejal Isaías Carrasco, acciones que han sido juzgadas y con condena en distintos procesos.

En el año 2008 ETA desarrollaba una campaña de intimidación y terror contra la construcción en Euskadi del tren de alta velocidad. El Comando “Ezuste”, relata la sentencia, señaló como objetivo al empresario Igancio Uría, “por la única razón de ser propietario y consejero delegado de una de las empresas adjudicatarias de la construcción del citado tren”.

El 3 de diciembre de 2008, dos integrantes del comando esperaban sobre las 13 horas, en las proximidades de las oficinas de la empresa “Altuna y Uría” a que saliera Ignacio Uría y “en el momento en que éste acababa de introducirse en su vehículo, se le acercó uno de los integrantes del comando y le disparó a bocajarro tres disparos con una pistola semiautomática del calibre 9 mm”. Acto seguido, los dos terroristas huyeron en un vehículo que habían sustraído a su propietario, al que tuvieron maniatado y retenido durante varias horas. El asesinato fue reivindicado posteriormente por ETA en el diario GARA, en el que la banda asumía la autoría de la muerte de Uría “por su responsabilidad en el trabajo de la construcción de un proyecto impuesto a Euskal Herria, el tren de alta velocidad y por negarse a pagar el impuesto revolucionario”.

La sentencia, ponencia de Javier Martínez Lázaro, considera acreditada la prueba para condenar por estos hechos a los dos acusados. El tribunal recuerda que la justicia francesa ya les condenó por asociación de malhechores, lo que ha originado la excepción de cosa juzgada, en relación con el delito de integración en banda armada. Los hechos que se declaran probados fueron confirmados por el Tribunal Supremo en relación con otro miembro del comando, Manex Castro. Para el tribunal no hay duda alguna de que el asesinato de Uría lo cometió el comando “Ezuste” de ETA, y que tal y como concluía un informe de inteligencia realizado por la Ertzaintza, en ese comando Joanes Larretxea actuaba como “liberado” y Beinat Aginagalde como miembro “legal” del mismo, sujeto a las órdenes de Larretxea. También ha quedado probado por el tráfico de llamadas que se encontraban cerca del lugar de los hechos cuando ocurrió el asesinato. En concreto en el caso de Larretxea, “si se encontraba en Hernani el día del asesinato del señor Uría y el comando “Ezuste” fue el que cometió el asesinato, no cabe duda que debió participar en el asesinato bien integrando el grupo de 4 o 5 personas que lo llevó a cabo, bien aprobando y dirigiendo el mismo”.

La Sala considera que el asesinato se cometió de forma alevosa, en tanto que proditoria o traicionera, “si se ejecuta el homicidio mediante trampa, emboscada o a traición como sucede en el presente caso, en el que se esperó a la víctima indefensa y se disparó contra ella sin que existiese por su parte posibilidad de evitar la agresión”.

El delito de detención ilegal terrorista lo cometieron al capturar y retener durante horas al propietario del vehículo utilizado por los terroristas para cometer el atentado. Aquella mañana esta persona había aparcado su coche para realizar una excursión en un monte cercano y terminó encañonado y maniatado por los terroristas durante horas. Una vez cometido el asesinato, incendiaron el vehículo para hacer destruir las posibles huellas. Por estos hechos se les condena también por delito de robo de vehículo con intimidación y daños terroristas.

 

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La Audiencia Nacional condena a 1 y 3 años de cárcel a dos acusados de estafa por vender paquetes vacacionales a través de la empresa Mundo Mágico

Fri, 04/28/2017 - 13:43

La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de 1 y de 3 años de cárcel a los dos acusados de estafar a 663 perjudicados con la comercialización de servicios turísticos y paquetes de vacacionales a través de la empresa Mundo Mágico, a sabiendas de que no podían cumplir los contratos con los clientes.

En su resolución, la Sala condena a la pena de 3 años de cárcel a Antonio G.M. y un año de prisión a Paul A.V.Z., así como al pago de una responsabilidad civil para indemnizar a los perjudicados que se determinará en ejecución de sentencia. Les aplica la a la atenuante simple de dilaciones indebidas puesto que si bien la instrucción, que se prolongó desde 2003 a 2016, se debió a la existencia de múltiples perjudicados a los que hubo que identificar, a la reunificación de denuncias en varios juzgados o la complejidad de dictamen pericial para desentrañar la contabilidad de un conglomerado de empresas, hay paradas en la instrucción "sin justificación". Además, los magistrados absuelven a BBVA y a Banco Santander del pago de la responsabilidad civil que interesaba una de las acusaciones particulares.

En sus hechos probados, la Sala explica que el acusado Antonio G.M. venía dedicándose desde el año 1998 hasta el 2003, utilizando la sociedad Mundo Mágico Tours S.A, sus filiales y empresas relacionadas, a la venta de “participaciones” o “acciones” en complejos vacacionales y a la comercialización de servicios turísticos mediante programas de afiliación a clubs de servicios vacacionales y turísticos.

Con este fin encargaba a sus empleados y colaboradores la captación de clientes mediante llamadas telefónicas, acercamiento en la vía pública, publicidad remitida por correo, promesas y entrega de premios, “todo ello para atraerlos a sus instalaciones donde, aparentando una solvencia patrimonial y una capacidad para cumplir los compromisos vacacionales que ofrecía y contraía que sabía inexistente, conseguía que los clientes celebraran los contratos que llevaban aparejados la consiguiente obligación de pago”.

Los contratos que consistían en la venta de una “participación” o “cuota” de un apartamento conferían al comprador un derecho al uso y disfrute del mismo por el tiempo establecido en el contrato, debiendo abonar el comprador, además del precio, una cuota de mantenimiento. La entidad vendedora, siempre controlada directa o indirectamente por el acusado Antonio, no tenía capacidad para suministrar a todos los compradores el uso de las semanas vendidas, circunstancia que éste conocía. Esto sucedió, dice la Sala, con las ventas en los complejos llamados Mar y Golf, “Sunset Beach Club”, Hotel Apartamento Esmeralda, o Esmeralda Beach Club, que se hicieron fundamentalmente a través de las entidades Mundo Magico Tours S.A., Gran Club de Vacaciones S.A. y Espinaquer 2001 S.L. El precio de venta, según los contratos, oscilaba entre los 9.000 y 13.000 euros.

Continúan explicando los jueces que el llamado contrato de afiliación al programa de servicios turísticos del tour operador estipulado, generalmente Magic Club o Terramar, atribuía al cliente la facultad de disfrutar junto a tres personas más, de tres semanas de alojamiento anuales durante 20 o 50 años según los contratos, en distintos establecimientos hoteleros no especificados en el mismo. A cambio, debían satisfacer el precio de la cuota de afiliación, cuyo importe oscilaba entre 3.000 y los 12.000 euros, aunque a veces rebasaba esta cantidad y otra más por cada semana disfrutada cuyo precio variaba según la categoría del establecimiento, el destino o la temporada.

En este sentido, la sentencia destaca que el acusado Antonio era conocedor de que Mundo Mágico Tours S.A. y sus empresas relacionadas vendedoras, "no estaban en condiciones de suministrar a todos los miembros del programa los derechos que les daba su afiliación al programa de servicios turísticos".

Otra estrategia comercial del acusado, generalmente utilizando las sociedades Holiday Shop S.A. y Terra Mítica Vacaciones S.A., también controladas por él, era el ofrecimiento de una semana gratuita de vacaciones en un apartamento o establecimiento hotelero simplemente por asistir a una charla de promoción de los servicios turísticos que Mundo Mágico Tours S.A. ofrecía. Para disfrutar de la semana había que abonar gastos de gestión y una fianza por importe de 114,20 euros que se devolvería una vez disfrutada la semana, dinero que recibía el acusado "sin intención de cumplir lo prometido y sólo como gancho para captar clientes que compraran los productos que ofrecía". "Solo permitía que algunas personas disfrutaran de la semana de regalo y los productos vendidos como estrategia para aparentar solvencia y conseguir celebrar más contratos”, apuntan la sentencia.

Por su parte, el acusado Paul tuvo conocimiento de quienes eran los clientes de Mundo Mágico S.A. y a través de la sociedad CONDO-VAC LTD, de la que era administrador y dueño, al menos entre los meses de agosto de 2001 y junio de 2003, se puso en contacto con muchos de ellos ofreciéndoles la reventa del producto comprado "a sabiendas de que no iba a hacer ninguna gestión para realizar ésta y con el único fin de recaudar dinero para sí". Para ello, exigía a los clientes la entrega de una cantidad alrededor de 420 euros, a fin de cubrir los gastos derivados de la transacción, que devolvería descontados los gastos de gestión una vez realizada ésta, pero que sólo devolvió en contadas ocasiones, tras efectuar los clientes una reclamación y sin haber realizado la venta ni ninguna gestión con ese fin.

 

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El juez acuerda la apertura de juicio oral a 15 acusados por el caso ‘Nueva Rumasa’

Fri, 04/28/2017 - 12:20

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominada "caso Nueva Rumasa". Además señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo.

El magistrado impone una fianza a los seis hijos de Ruiz Mateos, -Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso- de más de 496 millones de euros, de los cuales 200 millones corresponden a la multa y 171 a la responsabilidad civil, más el tercio que establece la ley (124 millones), fianza a la que deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria.

En el auto, el juez describe todas las prácticas irregulares ideadas por los acusados, responsables de un Grupo empresarial, Nueva Rumasa, que en 2008 ya atravesaba una difícil situación económica y que se agravó en 2009. El magistrado detalla la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del Grupo. Cómo realizaban “operaciones fuelle” con sociedades pantalla, para generar créditos ficticios como forma de obtener liquidez a corto plazo. También el juez relata la forma en que usaban testaferros, en sociedades formalmente ajenas, unas prácticas que agravaron la situación económica de las empresas del Grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros.

Ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de recurrir a mayor financiación bancaria, señala de la Mata, los responsables del Nueva Rumasa urdieron una trama consistente en la captación de inversores. La investigación ha acreditado que entre 2009 y 2011 los fondos captados a los inversores, que constituyeron la única financiación del Grupo, “no se destinaban ni a los que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir otras sociedades de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada”.

El magistrado relata también la operativa de ocultación del patrimonio que los acusados desarrollaron a partir de 2011, ante las numerosas obligaciones de pago que tenían que afrontar, así como las declaraciones de concurso voluntario de las principales empresas del Grupo.

En esta investigación presentaron denuncia 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa, que reclaman 171 millones de euros. A la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales, los 6 hijos de José María Ruiz Mateos, e individualiza las cantidades que tienen que entregar cada uno de ellos. El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias y 9 partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral por los delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. En la resolución, el juez detalla los delitos concretos de los que está acusado cada uno de los investigados.

En cuanto al delito de estafa, señala De la Mata que los investigados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, utilizaron engaño bastante para producir error a los inversores, induciéndoles a invertir sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas empresas del Grupo Rumasa pese a su manifiesta insolvencia.

En este caso el engaño se produjo, explica, al realizarse la transmisión patrimonial bajo el engaño de una aparente solvencia, unos intereses remuneratorios altos, una campaña publicitaria “manifiestamente engañosa” y un compromiso de invertir los capitales obtenidos en la consolidación y ampliación del Grupo.

“Obvio es significar que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero”, apostilla.

En relación con el delito de alzamiento de bienes, afirma que los imputados idearon y pusieron en práctica diversas estrategias para salvaguardar su patrimonio a la vista del cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las irregulares prácticas descritas, fundamentalmente la absoluta imposibilidad de devolver las cantidades millonarias captadas de los inversores, y ante la consecuente inminencia de embargos judiciales y de las acciones que eventualmente pudieran ejercer los miles de perjudicados.

La clave de este proceso desde la perspectiva del tipo penal que se analiza, dice el auto, es que estas ventas supusieron la transmisión de sus patrimonios sociales ‒fincas, hoteles, participaciones sociales‒, bienes que los miembros de la familia Ruiz-Mateos pretendían recuperar secretamente a través de Ángel de Cabo y otros acusados, algo “solo podrían conseguir sin pagar previamente a todos sus acreedores, entre los que se encontraban los tenedores de pagarés a quienes siempre se les había garantizado públicamente su inversión con el patrimonio de todo el Grupo Nueva Rumasa”.

La apertura de juicio oral también se acuerda por el delito de blanqueo de capitales. Según De la Mata, “en realidad, toda la operativa desplegada por los imputados (..) tuvo desde su comienzo la finalidad de ocultar los capitales captados desde el mismo momento de su obtención, con la finalidad de hacerlos desaparecer para aprovecharse de los mismos” mediante la creación de una trama de sociedades mercantiles extranjeras, ubicadas en paraísos fiscales o países de baja tributación, el uso de testaferros o el desarrollo de una serie de prácticas financieras “por completo irregulares, sin más finalidad que la creación de capas de opacidad”.

Por último, el magistrado analiza el delito contra la hacienda pública, que únicamente se atribuye a José Ramón Romero López, y señala que durante el tiempo que estuvo al frente de la oficina del Grupo Nueva Rumasa en Jerez de la Frontera, obtuvo ingresos que no declaró.

 

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La Audiencia Nacional confirma su competencia para investigar por terrorismo los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo en Pamplona

Thu, 04/27/2017 - 13:30

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha señalado en un auto que mantiene su competencia para investigar por delitos de terrorismo (terrorismo en concurso con desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado) los actos violentos cometidos en Pamplona el pasado 11 de marzo provocados por la iniciativa “Errepresioari Autodefentsa”. La jueza rechaza el recurso de reforma de las tres personas que están en prisión por estos hechos y destaca que lo que ocurrió aquel día en la ciudad navarra, lejos de ser un acto aislado de desórdenes públicos, como lo calificaban los recurrentes, fue un conjunto de acciones violentas concertadas entre los tres detenidos con el resto de los violentos para alterar la paz pública y que pusieron en grave peligro la integridad de los funcionarios de policía y de ciudadanos que se encontraban en el lugar de los hechos.

Un acto concertado para alterar la paz pública

En su auto, la juez detalla la sucesión de actos violentos cometidos en la manifestación del 11 de marzo en varias calles del Casco Antiguo de Pamplona. Recuerda que se trataba de una manifestación no autorizada en la que se corearon lemas en euskera como “Borroka da bide bakarra” (“la lucha es el único camino”), “Gora ETA” y “Euskal Presoak”. A lo largo de varias calles se destrozó mobiliario urbano, se causaron daños en establecimientos comerciales, se hizo explosionar material pirotécnico y varias personas resultaron lesionadas. Ante “tal sucesión de hechos”- señala la juez- no puede concebirse como un acto aislado, sino “en el conjunto de las acciones llevadas a cabo por los violentos contra personas (fundamentalmente agentes de la autoridad), edificios, comercios, siendo la actuación de todos ellos lo que provocó la grave alteración de la paz públicas”.

La magistrada considera “obvio” el concierto entre los tres detenidos con el resto de los violentos, surgiendo claramente la “coautoría” tal y como la concibe el Tribunal Supremo, “como un supuesto de “división de trabajo”, requiriendo, pues, una decisión conjunta, un codominio del hecho” y en definitiva, una división de funciones entre cada uno de los intervinientes.

Frente a los recurrentes que consideran que los hechos no pueden calificarse como terrorismo porque no son graves, la magistrada sí los considera graves en tanto que “ocasionaron una evidente alteración de la paz pública y pusieron en peligro la integridad de los funcionarios de policía y demás ciudadanos que en aquel momento se encontraban en el lugar de los hechos”.

La magistrada concluye reiterando que los hechos investigados son competencia de la Audiencia Nacional porque no es necesario que los presuntos autores estén integrados en bandas armadas o grupos terroristas, “siendo suficiente con que estén relacionados con elementos terroristas, lo cual en este momento no puede excluirse teniendo en cuenta las consignas lanzadas por los manifestantes, tales como “Borroka da bide” “Gora ETA” o “Euskal presoak”.

 

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El juez del “caso Lezo” archiva la investigación abierta al presidente y al director de La Razón

Tue, 04/25/2017 - 10:20

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del conocido como “caso Lezo”, ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El magistrado ha tomado esta decisión a solicitud del Ministerio Público y después de haber recibido declaración a los investigados y a los presuntos perjudicados: la presidenta de la Comunidad de Madrid, su jefa de prensa y en consejero de Presidencia madrileño.

 

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El tribunal del “caso Gürtel” motiva el acuerdo de llamar como testigo al presidente del Gobierno

Mon, 04/24/2017 - 12:56

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que enjuicia el caso conocido como “Gürtel Época 1”, ha notificado este lunes un auto en el que motiva el acuerdo por el que se llama a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El auto incluye un voto particular del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, contrario a la práctica de esta prueba testifical.

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El juez pide al TSJ de Madrid que investigue a la diputada regional María Josefa Aguado por su posible implicación en el caso Gürtel

Mon, 04/17/2017 - 13:00

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid exposición razonada contra la diputada de la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado del Olmo por su presunta participación en los hechos relativos al Ayuntamiento de Arganda del Rey del caso Gürtel y que serían constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

De la Mata señala en la exposición razonada que "la actividad presuntamente delictiva de la aforada, María Josefa Aguado del Olmo, queda enmarcada en la adjudicación del contrato para la organización de las ‘X Olimpiadas Escolares’ a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".

El juez envía su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM para que determine, una vez que ya se ha delimitado el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, si reclama el conocimiento respecto de las personas investigadas no aforadas que están vinculados con estos hechos.

De la Mata sostiene que puede afirmarse, siempre con la provisionalidad derivada de la fase procesal en que nos encontramos, que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos "decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".

Añade que toda la actuación desarrollada por la persona aforada fue "injusta" y se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales.

En esta parte de la investigación del caso Gürtel se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas al investigado Francisco Correa, como responsable del Grupo Correa, como a empresas constructoras "desde el Ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".

La forma presuntamente delictiva de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa eludiendo el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Una de esos expedientes fraccionados investigados por el juez es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de la X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.

Según el juez, la diputada como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en 7 facturas tramitándose como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente". Explica el magistrado que, pese a la obviedad de la argucia, la aforada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas que sustituían a la factura única de Easy Concept. La aprobación se hizo, además, en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.

Señala el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 que “en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos”.

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La Audiencia Nacional condena a dos de los 14 acusados del caso ‘Eurobank’ por un delito continuado de administración desleal

Mon, 04/10/2017 - 13:08

La Audiencia Nacional ha condenado a dos de los 14 acusados del caso ‘Eurobank’ por un delito continuado de administración desleal a penas de dos años y tres meses de prisión (en el caso de María V.) y a un año, un mes y quince días de prisión para Manuel Vicente F.N.. La Sala absuelve a los 11 restantes acusados de los delitos de asociación ilícita, delito societario continuado, estafa en grado de tentativa y delito de insolvencia punible de los que habían sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción. El expresidente de la entidad, Eduardo P.A., procesado por estos hechos, no fue juzgado al encontrarse en rebeldía. Los dos condenados deberán indemnizar solidariamente a los accionistas querellantes en la cantidad de 5.177.041.12 de euros. Además,  María V. tendrá que indemnizarles con la cantidad de 4.399.300 euros.

Los hechos que se han juzgado se remontan al año 2003. Eurobank del Mediterráneo tenía un capital social de 26.782.616 euros cuya titularidad ostentaban 500 accionistas. En julio de 2003 fue intervenido por el Banco de España, después de que el entonces presidente de la entidad, Eduardo P.A., comunicara su propósito de renunciar a la licencia bancaria y la liquidación de la sociedad. Un mes después, en agosto de aquel año, un juzgado de Madrid declaró la suspensión de pagos del Banco. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción, más 53 acusaciones particulares y la Asociación por la defensa de los intereses de los socios y accionistas de Eurobank  venían acusando a 14 personas por varios delitos. De todos ellos el tribunal considera probado el de administración desleal.

Después de analizar los hechos que originaron la despatrimonialización de la entidad bancaria  Eurobank del Mediterráneo la Sección Segunda de la Sala de lo Penal concluye que  no ha quedado acreditado  que los acusados integraran una asociación ilícita concertada para delinquir y que  al margen de los ilícitos mercantiles posiblemente acaecidos, no ha quedado probada la responsabilidad penal de los 11 acusados que han resultado absueltos.

La Sala no aprecia naturaleza penal en las operaciones de compra de acciones del banco, ni en la compraventa por parte de Eurobank de los inmuebles por la que habían sido acusados por el Ministerio Público. La Sala analiza el único delito penal que considera acreditado, el de la administración desleal y destaca que no es un delito de infracción de un deber, sino más bien un delito de dominio y por tanto, para condenar  por este delito se requiere que la persona  pueda lesionar el patrimonio de los socios o de terceros, es decir, “ que tenga la capacidad de disponer de forma fraudulenta de bienes de la sociedad y de contraer obligaciones a cargo de ésta” y según el tribunal, únicamente María V. y Manuel V.F. son los que incurrieron en este delito, como cooperadores necesarios porque sin ellos no se hubiera cometido el perjuicio económico a la entidad.

En su sentencia el tribunal explica que el presidente del banco con la anuencia de las dos personas que han sido condenadas crearon un grupo de sociedades patrimoniales controladas directa o indirectamente en diversos momentos y circunstancias por el presidente rebelde de la entidad, un hecho que por sí mismo no alcanza la relevancia penal, más allá de los abusos que cometieron en las funciones propias de su cargo de administradores de derecho y/o hecho,  “ y que han provocado un perjuicio al banco y a sus accionistas”.

A la hora de imponer las penas la Sala aplica la atenuante de dilaciones indebidas teniendo en cuenta que el asunto se inició en 2003 y el juicio se ha celebrado 13 años después, a finales de 2016. El tribunal no pone en duda la complejidad de la causa, en tanto que “ se trataba de analizar con plenitud y exhaustividad “ las actividades desarrolladas en Eurobank desde 1996 hasta 2004 pero del mismo modo los jueces hacen constar que la base fundamental para determinar la culpabilidad de los acusados ha sido la prueba documental , que se ha tenido en cuenta casi en su totalidad y que son los informes del Banco de España, de la Dirección General de la Generalitat, la propia de Eurobank y las Mutuas; una documentación que, según recuerda la Sala, se encontraba perfectamente identificada y obtenida en el año 2004, “siéndole tomada declaración a algunos de los acusados, como imputados en el año 2011. Esto hace que se deba tener en cuenta la atenuante” concluye la Sala.


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La Audiencia Nacional ordena prisión para la joven de 19 años detenida en Terrassa por yihadismo

Fri, 04/07/2017 - 11:44

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la joven marroquí de 19 años detenida el pasado miércoles en Terrasa por delitos de adoctrinamiento y/o enaltecimiento del terrorismo yihadista a través de las redes sociales.

En un auto, la magistrada explica que de acuerdo con las investigaciones Youssra E.G. era usuaria de tres perfiles virtuales de Facebook, Instagram y Youtube a través de los cuales ha llevado una actividad con diverso contenido relacionado con el yihadismo. En concreto, indica Lamela, ha publicado temas relacionados con "la necesidad de hacer la yihad, la heroicidad de los combatientes, el combate a los infieles y las promesas relacionadas con el Paraíso y las huríes".

Igualmente ha difundido, según el auto, publicaciones en las que se puede observar niños educados en la doctrina yihadista con la intención de convertirlos de esta manera en los futuros combatientes, al tiempo que "se aprecia la perdurabilidad en el tiempo por parte del Estado Islámico y la idea de repulsa a todos aquellos que no comulguen con la ideología yihadista", así como la necesidad y justificación de hacer la yihad "por encima de cualquier otro objetivo".

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 considera que existen riesgos de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Señala que a lo largo de la investigación la joven ha manifestado su deseo de no permanecer en España, así como la intención de contraer matrimonio, este próximo verano, con una persona afincada en Marruecos y así establecer en ese país su residencial. Explica, además, que en 2015 tuvo intención de desplazarse a zona de combate controlada por el grupo terrorista Estado Islámico, "con la intención de formar parte de esa organización terrorista".

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La Audiencia Nacional investiga al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad por blanqueo de capitales en España

Tue, 04/04/2017 - 09:00

El magistrado de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha ordenado diversas diligencias en el marco de una investigación al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, por delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en las localidades malagueñas de Puerto Banús y Marbella. El juez ha ordenado quince entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, tres requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al Assad así como el bloqueo de otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas. No se han acordado detenciones.

Una fortuna procedente de las arcas del Estado sirio

Rifaat Al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez Al Assad, padre del actual presidente Bashar Al Assad. En los años 80, su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor a que organizara un golpe de estado contra él. Existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con ese dinero recaló en Franciá, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias. La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de la malversación de fondos públicos, la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando patrimonio inmobiliario en Francia, Curaçao, Liechtenstein y Luxemburgo. La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat Al Assad en este país.

Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que parte del parque inmobiliario de Rifaat Al Assad terminó en Marbella. En 2016, la Justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat Al Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, entre ellos dos de sus hijos y alguna de sus mujeres.
Más de 500 propiedades en España

Las diligencias en España se incoaron en diciembre del año pasado, a raíz de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación ha permitido localizar 503 propiedades de Rifaat Al Assad y sus familiares, entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos en un hotel de lujo, fincas rústicas, etc. Casi todas las propiedades están en Puerto Banús y Marbella. Entre ellas figura la finca llamada “La Máquina”, de más de 33 millones de metros cuadrados y que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís, con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros. Todas las propiedades han sido embargadas por el juez De la Mata.

Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes, se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales de Rifat Al Asad, seis de sus hijos, algunas de sus nueras y un ciudadano español que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad.

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El juez del “caso Púnica” pide investigar por tres delitos al presidente de la Región de Murcia

Mon, 04/03/2017 - 12:00

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco eleva exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con los indicios existentes en la denominada “Operación Púnica” contra el exconsejero de Educación y actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

En su exposición razonada, de 32 páginas, el magistrado detalla todos los indicios de la presunta concertación del aforado Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.

Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y se concertó con De Pedro para limpiar la “inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno Autonómico, “como finalmente consiguió”.

Según el juez, “no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro: EICO/Madiva.

Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación “hinchada” en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.

Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la “formación” se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.
En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

Después de detallar todos los indicios recabados en esta investigación, el juez en su exposición motivada, argumenta porqué los hechos investigados encajan dentro de los delitos de fraude, del art 436 del C.P., el delito de cohecho, del artículo 419 del mismo código, y de revelación de información reservada del art 417.

El delito de fraude se consuma sin necesidad de que se produzca un efectivo perjuicio patrimonial
El magistrado distingue entre el delito de malversación, que es un delito de resultado, y el de fraude del art 436, que se consuma con el “mero acuerdo o concertación” con un interesado en algún contrato público, afectando los intereses de la Administración y la libre concurrencia, en tanto que otros posibles futuros licitadores no han tenido el mismo privilegio de poder optar en las mismas condiciones. El magistrado recuerda que, de consumarse una malversación, ésta podría absorber el delito de fraude porque éste es un delito más leve. Pero de no existir la malversación porque no se llegó a realizar el pago, como ha ocurrido en el presente caso, el delito de fraude subsiste, como explica el TS en sentencia de 28 de enero de 2014.

El alto tribunal califica el delito de fraude como “netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”. El magistrado cita varias sentencias del TS donde se distingue entre el concierto para defraudar (delito de fraude) y el efectivo perjuicio patrimonial (malversación) cuya sanción viene a realizar lo que el Supremo denomina “una progresión intensificadora del injusto” que, en conclusión, viene a corroborar que el delito de fraude es un delito de mera actividad, “que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar”. No se exige el efectivo perjuicio porque el bien jurídico que predomina es “la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos”. Si existiera perjuicio, entraría en juego el otro bien jurídico lesionado, el de la malversación.

El delito de revelación de información reservada, independiente del fraude

En su exposición razonada, Velasco explica que el delito de revelación de información reservada en el momento en el que se aporta a extraños a la Administración, documentos y sobre todo intenciones de contratar, “desconocidos por el resto de posibles futuros postulantes, sobre los que recae el deber de reserva, pues no deben ser divulgadas, que es lo realmente atacado, y la acción la ejecutan no sólo quien los desvela efectivamente, cuanto más quien ordena y señala cómo y en qué medida y a quién se envían los documentos y se revelan las informaciones que desconocen los demás administrados”.

Velasco hace constar que fraude y revelación de información privilegiada no concurren en concurso de normas puesto que se pueden cometer de forma independiente, el uno sin el otro. El magistrado menciona también doctrina del TS que viene a corroborar que el delito se comete al filtrar información de lo que se pretende y cómo después se van aportando informaciones para “facilitar la confección de normas por las que había de regirse el concurso”.

Delito de cohecho, de mera actividad y consumado con la mera solicitud u ofrecimiento

El magistrado argumenta que el delito de cohecho del 419 del CP se comete cuando se produce soborno y corrupción en el hecho de recibir servicios personales y valuables en dinero -asesoramiento, reputación en internet, infraestructura en estrategias comunicativas no públicas- a cambio de realizar una actuación administrativa propia en materia de concursos y contratación pública, “atacando la venalidad de la función pública, el respeto a la neutralidad, probidad e imparcialidad de la misma”. Es un delito cuya persecución protege el prestigio y la eficacia de la Administración Pública mediante la garantía de “la probidad e imparcialidad de sus funcionarios”.

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El juez del ‘caso Pujol’ pide que se investigue al exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino por prevaricación y falso testimonio

Wed, 03/29/2017 - 13:48

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado, en el marco de la investigación abierta a la familia Pujol, archivar la pieza separada conocida como la del ‘pendrive’. El juez excluye definitivamente todos los documentos incorporados a la causa a través de ese soporte informático, por haber sido obtenidos de forma ilícita; ahora bien, el magistrado deduce testimonio a los juzgados de instrucción de Madrid por si los hechos cometidos por el director adjunto operativo Eugenio Pino y el funcionario de su Gabinete Díez Sevillano pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o falso testimonio o fraude procesal, sin perjuicio de ulterior calificación.

Además, el magistrado acuerda deducir testimonio que se remitirá al Ministerio del Interior, “a los efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan en relación con el director adjunto operativo Eugenio Pino Sánchez y el funcionario de su Gabinete Díez Sevillano, sin perjuicio del resultado de la investigación”. Siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo en relación con el llamado ‘caso Falciani’, De la Mata considera que las pruebas obtenidas de forma ilícita por quienes desempeñan funciones públicas deben ser excluidas de los procesos para evitar contaminaciones y que lejos de sobreproteger al presunto delincuente, de lo que se trata es de dejar claro, “singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas”.

En su auto el magistrado explica todas las diligencias que se han practicado hasta el momento para acreditar el origen de los documentos incorporados en el pendrive entregado al Comisario Principal de UDEF, con documentos que contenían informaciones sobre Jordi Pujol Ferrusola. Se trataba de determinar si esos documentos fueron legítimamente obtenidos. El magistrado recuerda que el informe policial sobre esta documentación, por su origen dudoso, se mantuvo siempre en una pieza separada como medida profiláctica, para evitar contaminación de la investigación.

Después de las diligencias practicadas, el juez concluye que no se ajusta a la realidad la afirmación de que los citados documentos proviniesen de la causa que se sigue en el juzgado número 14 de Barcelona y que tampoco de “mecanismos de cooperación policial, de inteligencia policial como también se llegó a afirmar porque UDEF no ha podido acreditar ni causa judicial, ni base de datos policiales de donde provinieran los mencionados documentos.
Lo que sí en principio el juez considera probado es que los documentos fueron entregados a UDEF por una persona vinculada a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, Diez Sevillano, “siguiendo instrucciones del director adjunto operativo Pino Sanchez”. El pendrive fue entregado por Diez Sevillano al Comisario Jefe de UDEF.

De la Mata concluye que no ha sido posible conocer el origen y ubicación de los documentos incluidos en el pendrive, ni “quien los obtuvo y cómo, ni la cadena de custodia de los mismos”.

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La Audiencia Nacional condena a un año de prisión a la tuitera que publicó chistes sobre Carrero Blanco

Wed, 03/29/2017 - 12:00

La Audiencia Nacional ha condenado a la tuitera Cassandra a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La Sección Cuarta de lo Penal considera que los 13 comentarios que escribió esta persona en la red social Twitter, entre 2013 y 2016 sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas. La Sala impone un año de prisión, que es la pena que había solicitado el Ministerio Fiscal.

La sentencia detalla los 13 tuits publicados en twitter desde el perfil “Cassandra @kira_95” y concluye que no resulta convincente la declaración prestada por la tuitera durante el juicio, cuando intentó situar sus comentarios en tono humorístico y en calve de ironía. Según la Sala, sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo, “por más que el atentado sufrido por el entonces presidente del Gobierno del régimen franquista hubiera tenido lugar en 1973”. Para el tribunal tampoco sería justo descartar el reproche penal por los 40 años transcurridos desde el atentado a Carrero Blanco, “puesto que la lacra del terrorismo persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado, que por cierto, cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero también merecedoras de la misma deferencia”.

La sentencia, ponencia de Juan Francisco Martel, desgrana las últimas sentencias del TS sobre esta materia para concluir que en el presente caso no concurre el “ error de prohibición” que alegó la defensa durante el juicio, puesto que la personas juzgada tiene una formación universitaria y un grado de conocimiento y percepción de las cosas que convierte en inimaginable “ que no sepa que la conducta que se le atribuye es penalmente reprochable, a pesar de que ignore los concretos requisitos del tipo aplicable”.

Según el tribunal, la propia conducta expresada por el acusado en sus mensajes de texto en Twitter “demuestra bien a las claras que conocía la existencia del reproche penal de su conducta, o al menos se lo planteó. Situaciones que constituyen causas excluyentes de la apreciación del error de prohibición”. En resumen, “se trataba de una persona con cierta cultura que evidentemente sabía que estaba cometiendo hechos patentemente ilícitos”.

       “La sentencia estará disponible en este mismo enlace una vez suprimidos los datos de carácter personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 560.1.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”.

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La Audiencia Nacional investigará al régimen sirio por la desaparición del hermano de una ciudadana española

Mon, 03/27/2017 - 12:12

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido la competencia para investigar por delitos de terrorismo y desaparición forzada la querella interpuesta contra ocho altos mandos de Siria por la hermana, de nacionalidad española, de una víctima del conflicto en aquel país. En el auto en el que admite la competencia, Velasco acuerda que se notifique la querella a los ocho miembros de las fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias a través de comisión rogatoria a dicho país, haciéndoles saber que deben nombrar abogado y procurador en España.

Además, el juez cita a declarar el próximo 10 de abril como testigos a la mujer que presentó la querella y a un testigo conocido como “César”, antiguo policía militar forense sirio que, según la querella, sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal. También están citados otros tres testigos para el 9 de mayo, entre ellos un periodista.

En su resolución, el juez interesa asimismo de Eurojust que proceda a averiguar si existen denuncias de otros países de la Unión Europea que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras y personas pertenecientes a la Administración de la República de Siria con miras a la presunta constitución de un equipo conjunto de investigación que ayude a la consecución de información y pruebas de uso común en los respectivos procedimientos penales nacionales afectados.

En su auto, el titular del Juzgado Central de instrucción 6 analiza los hechos descritos en la querella y considera que serían constitutivos de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada si bien, de acuerdo con las leyes y normativa nacionales y los tratados internacionales, procede admitirla únicamente por estos dos últimos delitos.

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La Audiencia Nacional asume la competencia para investigar los sucesos ocurridos en Pamplona el pasado 11 de marzo

Mon, 03/27/2017 - 09:36

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha asumido la competencia para investigar los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo en Pamplona, con ocasión de una manifestación no autorizada convocada por el grupo autodenominado “Errepresioari Autodefensa”.

La magistrada ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona,  al entender que los hechos investigados pueden constituir un delito de terrorismo previsto en el artículo 573 del Código Penal, en concurso con delitos de desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado.

Mientras tanto, el juez de Pamplona ha rechazado en otra resolución el recurso interpuesto por los tres encarcelados por su supuesta participación en los altercados contra el auto en el que les imputó los delitos de desórdenes públicos y terrorismo y acordó remitir la causa a la Audiencia Nacional.

La resolución del magistrado, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, explica que con arreglo al artículo 573 del Código Penal se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Al respecto, el juez reitera que, calificados los hechos provisionalmente como delito de terrorismo los disturbios acaecidos en Pamplona, no es este el momento procesal de determinar finalmente cuántos delitos más de los que integran el tipo van a ser objeto de acusación en concurso ideal, medial o real, dado que además los hechos están pendientes de fijación final y la instrucción de las diligencias acaba de comenzar. “Constatada la comisión de varios de los delitos descritos en el catálogo del artículo 573 del Código Penal y como ya se destacaba en el auto recurrido es evidente que su finalidad era la de alterar gravemente la paz pública, como así ocurrió, y así se fundamentaba tanto en cuanto a la descripción de los hechos indiciariamente acreditados como de los datos obrantes en el atestado, cuyo contenido es inequívoco en cuanto a la situación de alteración de la convivencia pública que se produjo de forma plenamente consciente y planificada”.

Según el juez, “las comparecencias de los agentes intervinientes resultan clarísimas en cuanto a las acciones desarrolladas por los recurrentes y a su integración dentro del marco de una manifestación cuyo propósito inicial ya era el de provocar unos incidentes que buscaron de manera inmediata y conjunta”.

Aunque intente presentarse la actuación de los recurrentes como algo puntual ajeno a los incidentes provocados con ocasión de la manifestación, relata el magistrado, no puede ignorarse que de los datos obrantes en el atestado se desprende que el grupo de manifestantes respondió a una convocatoria para la realización de una manifestación no autorizada que tenía por objeto principal la búsqueda de un enfrentamiento violento con la policía que afectara al normal desarrollo de la convivencia para lo que desde el principio se integraron entre los manifestantes encapuchados portando bolsas grandes con piedras y objetos contundentes, lo que no pudo pasar desapercibido a ninguno de ellos, y de inmediato, ocultando sus rostros para dificultar su identificación.

 Según consta en el auto, los manifestantes como tales, y no un pequeño grupo, “comenzaron a encender bengalas y arrojar cohetes y petardos de gran potencia para, al llegar a la plaza del Castillo, arrojar objetos a la fuerza policial actuante retirándose de forma organizada primero hacia la zona de Mercaderes y luego a la de Navarrería, utilizando en ambos casos contenedores para formar barricadas, actuación en la que fueron observados ya en Navarrería los recurrentes precisamente en acciones que constituyen la esencia de la lucha organizada frente a la policía que venía inicialmente planificada, no solo trasladando contenedores, uno de ellos incendiado, para impedir el avance policial sino recogiendo incluso los vidrios caídos durante el traslado de uno de los contenedores para poder continuar con las reiteradas agresiones a los agentes”. Los tres investigados fueron detenidos “cuando se retiraban hacia otra zona ya que en momentos anteriores y a la vista del relato policial de los hechos hubiera resultado imposible cualquier detención debido a la violencia de la acción a la que no pudo ponerse fin sino con utilización de material antidisturbios”.

Categories: Jurisprudencia

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