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Updated: 6 days 10 hours ago

Estimado el recurso de Hacienda sobre su deuda con el Club Deportivo Coruña

Wed, 03/15/2017 - 15:00

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y desestima la demanda de incidente concursal presentada por el Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D. en relación a la cuantía y la calificación de su deuda tributaria.

La AEAT concedió al Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D. el aplazamiento del pago de diversas deudas tributarias, que garantizó mediante la constitución de garantías sobre créditos futuros del Deportivo de la Coruña (ingresos por cesión de derechos audiovisuales, devoluciones de impuestos, ingresos por explotación de locales del estadio y por participación en la recaudación de las quinielas, traspasos, 50% de los ingresos por futuras ventas, cesiones o cualquier acto de disposición de derechos federativos sobre jugadores). Cuando el Deportivo de La Coruña fue declarado en concurso, la Administración concursal incluyó los créditos por un total de 93.705.978 euros reconocidos a la AEAT.

El Deportivo presentó demanda de incidente concursal en la que impugnó la lista de acreedores, solicitando que se redujera el importe de los créditos reconocidos a la AEAT descontando del mismo las sentencias ganadas a este organismo y otras partidas. Además, reclamaba que los créditos con privilegio especial fueran reconocidos con privilegio general, ordinarios o subordinados.

El juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña estimó parcialmente la demanda del equipo gallego y la Audiencia Provincial confirmó dicho pronunciamiento que ahora ha anulado el Tribunal Supremo.

 

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El Tribunal Supremo condena a un padre y su hijo por falsificación para cobrar el paro e indemnizaciones

Wed, 03/15/2017 - 14:00

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años de cárcel y 3 años y medio, respectivamente, para un padre y un hijo que consiguieron que se le reconociera el derecho a cobrar el paro y una indemnización por despido al falsificar contratos de trabajo y cartas de despido de una empresa en Tenerife. Los dos son condenados por delito de falsedad en documento privado en concurso con delito de estafa procesal, y deberán indemnizar al FOGASA en las cantidades que obtuvieron a cuenta de su despido simulado (8.600 el padre y 7.200 euros el hijo), reservándose las acciones al SEPE para obtener el reintegro del dinero que pagó como prestaciones y subsidios de desempleo. El Supremo ratifica íntegramente la sentencia de la Audiencia de Tenerife.

El padre, José Alfonso M.M., era funcionario del cuerpo general auxiliar de la Administración del Estado, con destino desde 2008 en la Agencia Estatal Tributaria (Aduanas del Aeropuerto Sur), y desempeñaba funciones externas de asesoría para la empresa Construcciones Viproten S.L., de lo que se aprovechó para hacerse con el sello de dicha sociedad para confeccionar los documentos falsos.

Junto a su hijo, Javier M.F., quien había prestado en periodos no determinados, pero inferiores a un año, servicios laborales para la empresa en cuestión, elaboraron sendos contratos de trabajo entre cada uno de ellos y la mencionada empresa, plasmándose en ellos la firma del administrador único de la sociedad, quien desconocía estos hechos, no correspondiendo con la realidad.

En concreto, José Alfonso M.M., en contrato simulado fechado el 11 de agosto de 2006, se atribuía los servicios de Jefe de Administración a tiempo completo, con jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes y de duración indefinida, con un salario de 3.000 euros mensuales. Y Javier M.F., lo hacía en el contrato el 23 de noviembre de 2006, de duración determinada, como albañil de la construcción, fechado el 23 de noviembre de 2006 hasta el 22 de noviembre de 2007.

El 31 de octubre de 2007, los acusados presentaron, como auténticos, en la Oficina del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias los mencionados contratos de trabajo simulados. Y el 23 de febrero y 2 de marzo del año 2009, con la finalidad de cobrar las prestaciones por desempleo y ulterior subsidio, haciendo creer a la Administración que habían sido despedidos, presentaron ante el INEM (hoy SEPE) sendas solicitudes de prestación contributiva acompañadas de sendos certificados de empresa, según los cuales, uno y otro acusado habrían dejado de prestar servicios para la misma con fecha de 14 de febrero de 2.009, elaborados en consonancia con el contenido de los contratos simulados.

Ambos acusados consiguieron su común objetivo y se dictaron por la Administración las correspondientes resoluciones administrativas estimatorias de las prestaciones solicitadas, de tal manera que Javier M.F. percibió una prestación por desempleo con fecha de inicio a 15 de febrero de 2009 y de finalización a 4 de abril de 2010, con una base de cotización de 52,34 euros diarios y subsidio de desempleo desde la mencionada fecha de finalización, en total 17.725,24 euros, en concreto, 9.883,29 euros por prestación contributiva por desempleo, y 7.841,95 euros, por subsidio asistencia por desempleo, del INEM (hoy SEPE).

Por su parte, José Alfonso M.M. percibió una prestación por desempleo con fecha de inicio también el 15 de febrero de 2009 y de finalización el 14 de febrero de 2010 y base de cotización de 97,05 euros y, desde su finalización, subsidio por desempleo, en total 16.963,66 euros, en concreto, 11.851,66 euros por prestación contributiva por desempleo, y 5.112,00 euros por subsidio asistencia por desempleo, del INEM (hoy SEPE).

Posteriormente, con igual ánimo de enriquecimiento injusto, plantearon dos demandas ante la jurisdicción social, aportando sendas cartas de despido a través de sendos telegramas aparentemente emitidos por el administrador de Viproten S.L. y dirigidas a cada acusado. Cartas en las cuales aparecía que la citada empresa les comunicaba el despido con fecha 31 de mayo de 2.009 por cese de la actividad empresarial, acompañadas de los simulados contratos de trabajos y nóminas inauténticas, con idéntico conocimiento de la absoluta falta de veracidad de los hechos que expresaban y con la intención de darles la apariencia de verdaderos.

Con tal designio, plantearon sendas demandas judiciales en reclamación de despido improcedente y consiguiente indemnización, así como en reclamación de cantidades adeudadas por salarios no satisfechos. La magistrada de lo Social, quien creyó en la veracidad de la prueba documental presentada, dictó sendas sentencias condenatorias, declarando la improcedencia de ambos despidos.

El engaño de los acusados se descubrió con ocasión de la reclamación al FOGASA de los salarios de tramitación en virtud de insolvencia de la empresa Viproten S.L., que daría lugar al expediente administrativo. El jefe de la oficina del FOGASA constató el doble pago efectuado en el mismo periodo a estas personas por prestaciones por desempleo y salarios dejados de percibir, presentando denuncia ante la Fiscalía, a la vez que se denegaba el pago de los mismos (salarios de tramitación).

 

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El Tribunal Supremo condena a 15 años cárcel al jefe de una mafia georgiana que operaba en Cataluña y Levante por conspiración asesinato y blanqueo

Wed, 03/15/2017 - 12:50

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa a K.S., jefe de una organización criminal en su mayoría formada por ciudadanos de la República de Georgia, asentada en 2008 en la zona de Cataluña y el Levante español. La Sala condena a penas que oscilan entre los 3 meses y los 7 años de prisión a otras 10 personas relacionadas con la organización, por delitos de blanqueo o falsificación de documentos oficiales.

El Tribunal Supremo reduce la condena al jefe de la organización de los 20 años y 11 meses de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional a 15 años y 3 meses, al considerar que no había pruebas suficientes para condenarle también por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito como hizo la Audiencia.

La Audiencia Nacional condenó a otras 12 personas relacionadas con la organización a entre 1 y 7 años de prisión. El Supremo modifica la sentencia de primera instancia y absuelve a 2 de ellos de delito de blanqueo, mantiene 7 años de cárcel por blanqueo para el miembro de la organización considerado ‘encargado’, y condena a los otros 9 a penas de entre 3 meses y 5 años de cárcel por delitos como blanqueo, falsificación de documentos oficiales y tentativa de estafa.

La conspiración para el asesinato por la que es condenado K.S. se refiere al plan para matar a un miembro de una facción rival en Niza (Francia) que fue abortada en enero de 2010 por la Policía francesa, con información de la española, con la detención en territorio galo de las personas que habían recibido el encargado.

 

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El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros a Gas Natural por no cumplir el procedimiento legal en los cortes de suministro en caso de impago

Tue, 03/14/2017 - 10:30

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 1.000.000 euros a Gas Natural Sur S.D.G., S.A. por no requerir fehacientemente el pago de las facturas a los clientes morosos entre el 1 de mayo y el 1 de septiembre de 2010, además de no precisar a los interesados el día a partir del cual se les iba a cortar el gas en caso de que persistiera el impago.

La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por GAS NATURAL SUR S.D.G., S.A. y confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró que esta compañía se había saltado el procedimiento legalmente establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural.

El TSJM ratificó la decisión de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid que, con fecha 25 de enero de 2012, impuso a esta empresa la citada sanción en materia de industria por la comisión de una infracción tipificada en los artículos 56.1.f (suspensión del suministro a consumidores a tarifa) y 57.1 y 4 (suspensión del suministro a tarifa por impago) del citado Decreto en relación con el artículo 110.s (infracciones graves) de la Ley reguladora del sector de hidrocarburos.

El corte de suministro por impago, recuerda el Tribunal Supremo, se realiza cuando existe una situación de impago de las facturas por consumo de gas que permanezca, al menos, durante dos meses desde que se efectuó el requerimiento de pago; y este requerimiento de pago ha de ser, no sólo fehaciente y con constancia de su recepción, sino que en él se deberá precisar, además, la fecha a partir de la cual se interrumpirá el suministro de permanecer el impago.

En este caso, afirma, “no consta que se haya requerido fehacientemente de pago a los clientes impagadores, ni que se notificara también fehacientemente el corte de suministro en los casos en los que no se les localiza a aquellos y, además, en ningún caso se ha precisado la fecha a partir de la cual se procederá al citado corte de suministro”.
En esta misma línea, subraya, que “no basta que exista una situación de impago que se prolongue durante, al menos, dos meses desde la fecha del requerimiento, sino que es imprescindible, además, que en el propio requerimiento se precise la fecha a partir de la que se suspenderá.

La sentencia, con ponencia del magistrado Ángel Ramón Arozamena, destaca que la expresión “la fecha a partir de la que se interrumpirá”, del artículo 57 del Real Decreto 1434/2002, “se refiere al día en que comienza el corte de suministro, esto es, al día en que tiene lugar la desconexión de la red, y no al día a partir del cual la empresa suministradora puede realizarla. En este sentido, afirma que la fecha que ha de comunicarse al usuario “es el día cierto y determinado en que comenzará a verse privado de gas”, señalando un día concreto y no un plazo indefinido a partir de una fecha.

En relación con la desproporción de la sanción alegada por GAS NATURAL SUR, que solicitaba una multa de 30.000 euros, la Sala Tercera responde que para graduar la misma se ha tenido en cuenta la importancia del daño, los perjuicios ocasionados y la intencionalidad, fijándose en 1.000.000 de euros, dentro del grado mínimo para las infracciones graves que pueden sancionarse con multa de hasta 6.000.000 de euros.

Sobre la intencionalidad, afirma, que como entidad distribuidora de gas natural con dilatada experiencia “ha ocasionado perjuicios a los usuarios impidiendo el ejercicio de los derechos de los mismos, existiendo intencionalidad en la comisión de la infracción, habida cuenta de aquella característica de la empresa que debe conocer el procedimiento en cuestión y que además había sido advertida de tal necesario cumplimiento, pese a lo cual siguió sin cumplimentarlo, habiéndose impuesto la sanción en grado mínimo”.

 

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El Tribunal Supremo avala una cláusula suelo que fue negociada individualmente con el cliente

Tue, 03/14/2017 - 08:25

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por dos consumidores frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que desestimó la demanda en la que interesaban la nulidad de la cláusula suelo, en el préstamo hipotecario contratado con Caja Rural de Teruel. 

La Audiencia Provincial consideró probado que la cláusula, además de no estar enmascarada entre una multitud de datos, había sido negociada individualmente por los demandantes- llegando a pactar un suelo inferior al normalmente establecido por esa entidad-, y fue advertida por el notario en el momento del otorgamiento de la escritura. 

Se adjunta nota de la Sala

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El Tribunal Supremo considera legal el uso de la bandera de España en sobres de propaganda electoral sin signos distintivos de partidos políticos

Mon, 03/13/2017 - 14:05

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictaminado que el uso de la bandera española en sobres de propaganda electoral sin signos distintivos de partidos políticos no vulnera la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) ni la Ley de Banderas.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico Lorenzo, estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo interpuesto por VOX contra la resolución de la Junta Electoral General de 9 de diciembre de 2015 que prohibió el envío por correo de los sobres de propaganda electoral de este partido político con la bandera de España y el escudo impresos.

La Junta Electoral Central paralizó el reparto de estos sobres después de recibir una consulta de Correos en la que expresaba sus dudas sobre la legalidad de la propaganda electoral de VOX. En su resolución, consideró que el uso de la bandera y del escudo no era admisible porque su vinculación con cualquier partido político está prohibida implícitamente por la LOREG y la ley de Banderas. Además, sostuvo que podría generar confusión al aparentar que se trataba de correo oficial o de que los sobres contenían documentación de alguna institución pública.

VOX recurrió al Tribunal Supremo y solicitó como medida cautelar que se suspendiera la prohibición; petición que fue atendida por la Sala en un auto de 13 de diciembre de 2015 que autorizó de forma urgente el reparto de los 900.000 sobres de propaganda electoral para evitar que se perjudicara a este partido en la campaña de las elecciones que se celebraron el 20 de diciembre de ese año.

La Sala Tercera resuelve en esta sentencia el fondo del asunto y concluye que VOX no colocó el nombre del partido “en” la bandera por lo que anula la resolución de la Junta Electoral al considerar que no es ajustada a derecho. Asimismo, afirma que como la propaganda electoral se repartió un día antes de las elecciones y llegó a sus destinatarios no se han producido daños materiales ni morales para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados a VOX.

En su sentencia, la Sala Tercera indica que la Ley que regula el uso de la bandera de España prohíbe que se incluya en la bandera siglas de partidos políticos, artículo 8, para que no pueda ser instrumentalizada por ninguno de ellos. Sin embargo, aclara, “no impide su utilización en cualquier acto electoral. Constituye un hecho notorio difundido en periodos electorales por los distintos medios de comunicación que la bandera se encuentra presente en muchas actividades”.

Según la sentencia, VOX ha aportado amplia documentación gráfica, cuya veracidad no ha sido negada, en la que se aprecia que un gran número de partidos del abanico electoral (Ciudadanos, PP, PSOE, etc.) han usado, mediante su exhibición, la bandera, el escudo español o ambos, y, en otras ocasiones, esos mismos u otros (CiU, Ciutadans, Extremadura Unida, PP, PSE-EE-PSOE, etc) han exhibido enseñas autonómicas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Extremadura, Euskadi, etc.) solas o entrelazadas con la bandera de España, siempre de forma deferente.

Por ello, concluye, el envío de un sobre indicando “propaganda electoral” con los colores de la bandera de España de un modo respetuoso, análogo al uso estático de la bandera en acto electorales, no se vislumbra se incardine en aquella prohibición ya que la indicación “propaganda electoral” responde a la Orden reguladora de los citados envíos.

La Sala considera que la actuación de la Junta Electoral Central ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución Española que garantiza una democracia representativa en la que los partidos políticos son sujetos principales de la participación en conjunción con los ciudadanos que eligen a sus representantes.

Voto particular discrepante

La sentencia incluye un voto particular firmado por la magistrada Pilar Teso Gamella en el que expresa su discrepancia con la mayoría porque la lesión del artículo 23 de la CE no fue alegada por VOX en los fundamentos de los escritos de demanda ni de interposición del recurso.

En este caso, subraya, “nos encontramos ante unos sobres cubiertos por una ondeante bandera española, remitidos por VOX, en los que también aparece estampado el escudo de España. Aunque es cierto que en la parte superior del sobre se lee, cuando el colorido nos ha deslumbrado, ‘envíos postales de propaganda electoral’, pero en su interior se contienen las papeletas de votación de dicho partido político, formando un todo, un conjunto, que no resulta posible deslindar”.

La magistrada entiende que la bandera, y el escudo de España también, se convierte de este modo en el envoltorio, o la carta de presentación, de un partido político ante unas inminentes elecciones” por lo que nada impediría incluir por cualquier partido en los sobres de propaganda electoral los símbolos que hagan referencia a la corona, recogidos también en el artículo 46.5 de la LOREG.

Se trata, afirma la magistrada, de un uso de la bandera y del escudo con “fines partidarios”, que es incompatible con la LOREG y la Ley de Banderas que considera que la misma “simboliza la nación, signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución”.

 

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El TS destaca que la no elección Ángels Vivas como presidenta de la Audiencia de Barcelona no vulneró sus derechos fundamentales

Mon, 03/13/2017 - 13:30

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado los dos recursos planteados por la magistrada Ángels Vivas Larruy contra el Real Decreto, de 4 abril de 2016, por el que se nombró presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona a Antonio Ramón Recio Córdova a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, un nombramiento que dicha magistrada, que también optaba al cargo, alegaba que había vulnerado su derecho a la libertad ideológica y de opinión, y había supuesto una discriminación por razón de sexo.

El tribunal rechaza que el CGPJ vulnerase el derecho a la libertad ideológica de Vivas Larruy por el hecho de haber tenido en cuenta que era una de las firmantes, junto a otros jueces y magistrados destinados en Cataluña, del llamado ‘Manifiesto de los 33’, que defendía el pretendido derecho del pueblo catalán a decidir unilateralmente su futuro político.

Para el Supremo, “aun admitiendo que los jueces y magistrados no tienen restringida su libertad de expresión sobre temas políticos y que, más en concreto, la firma del ‘Manifiesto de los 33’ fue ejercicio legítimo de dicho derecho fundamental -algo que esta Sala ni afirma ni niega-, es lo cierto que de esa premisa sólo se sigue que no cabe imponer ninguna sanción (penal o disciplinaria) por esa toma pública de posición. Nada más. No se sigue, desde luego, que el órgano constitucional encargado de valorar la idoneidad de los candidatos a plazas judiciales de provisión discrecional no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones de índole política que, aun siendo legítimas, hayan realizado los distintos candidatos”.

La Sala III argumenta que “nadie obliga a los jueces y magistrados a expresar públicamente sus opiniones sobre cuestiones socialmente controvertidas, ni menos aún sobre iniciativas políticas de muy dudoso encaje constitucional. Pero, si lo hacen, no pueden esperar un trato de favor. Quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de ese ámbito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato”.

El Supremo recuerda que sobre jueces y magistrados pesa un deber de neutralidad política, especialmente intenso y exigente cuando, como es el caso, el tiempo y el lugar son muy delicados. Explica que, en una coyuntura de extremada turbulencia político-institucional en Cataluña, de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es cabeza e imagen del Poder Judicial en dicha provincial, “debe esperarse que esté al margen de toda polémica pública”. Que estas circunstancias se aplicasen a la magistrada Vivas Larruy no fue por tanto irrazonable.

Respecto a la alegada discriminación por razón de sexo, por haber sido postergada en el nombramiento pese a ser notablemente más antigua en la carrera judicial que el candidato varón elegido, el Supremo recuerda que el caso de Ángels Vivas tiene diferencias respecto al de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde el alto tribunal dio la razón a una candidata y anuló el nombramiento de un juez varón porque el CGPJ no motivó las razones en las que se había basado para no aplicar la regla de preferencia de la mujer en caso de igualdad de méritos.

El Supremo recuerda que una de las diferencias es que, en el presente caso, se da la muy peculiar circunstancia de la toma pública de posición de la recurrente sobre un tema de crucial importancia política e institucional, con su participación en el ‘Manifiesto de los 33’.

Por otro lado, la Sala también rebate la alegación de la recurrente de que el nombramiento no debió considerarse válido porque no contó con 11 votos afirmativos de los 21 miembros del Pleno del Consejo (el resultado fue de 10 votos a favor de Recio, 8 en favor de Vivas, y 3 votos en blanco).

La sentencia recuerda que el artículo 630.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los acuerdos de los órganos colegiados del CGPJ “serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes”. En consecuencia, el acuerdo se tomó con el quórum suficiente. El Supremo indica que la expresión “mayoría simple” se opone al de “mayoría absoluta”, por lo que exigir 11 votos de los 21 miembros presentes sería pedir una mayoría absoluta donde la Ley sólo habla de mayoría simple. Ésta última la tiene, sin más, quien tiene más votos a favor que en contra, cabiendo en este tipo de acuerdos de nombramientos los votos en blanco, según indica la sentencia.

Voto particular del magistrado José Manuel Sieira

Las dos sentencias (una referida al recurso ordinario de la juez, y otra al presentado por el cauce del procedimiento de especial protección de derechos fundamentales) se han acordado por 4 votos a 1. Ambas cuentan con el voto particular del magistrado José Manuel Sieira, que consideró que sí hubo lesión del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, por lo que debió declararse nulo el nombramiento.

 

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El Tribunal Supremo avala la nueva autorización ambiental de la planta residuos de Ólvega (Soria)

Mon, 03/13/2017 - 10:30

La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la asociación Ecologistas en Acción Burgos contra la sentencia del TSJ de Castilla y León que consideró ajustada a derecho la orden de 10 de julio de 2014 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se concedió a la entidad Distiller, S.A., autorización ambiental para el proyecto de instalación de planta de gestión, tratamiento y recuperación de residuos en el término municipal de Ólvega (Soria).

El Supremo destaca que la nulidad decretada tanto por el TSJ castellanoleonés como por el Supremo de una autorización ambiental anterior, de 2009, otorgada por la Consejería autonómica de Medio Ambiente a la misma entidad para la planta de Ólvega, no tiene incidencia alguna en la que ahora han estudiado, que es de 10 de julio de 2014. Y ello es así porque la nueva orden “es consecuencia de un nuevo e íntegro proyecto, para el que se solicita el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada, y no de una modificación de la anterior e inicial autorización de 24 de noviembre de 2009”, que había sido anulada.

“En relación con este nuevo e íntegro proyecto se aprobó el correspondiente Estudio de impacto ambiental, mediante Resolución de 30 de mayo de 2014 (Expediente 39/08 EIA), constando, igualmente, Informe de compatibilidad urbanística del nuevo proyecto en relación con la normativa urbanística de aplicación, emitido en fecha de 23 de mayo de 2013. A mayor abundamiento, por el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León se elaboró Propuesta de Resolución de Autorización Ambiental Integrada que sería concedida por la Orden impugnada de 10 de julio de 2014”, indica el TS.

 

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El Tribunal Supremo dice que la decisión de un hijo de pagar los gastos de la residencia de su madre no obliga a sus hermanos

Mon, 03/13/2017 - 08:00

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia estimando el recurso de casación contra el fallo de la Audiencia Provincial de Bizkaia sobre la reclamación de un hermano a otro de la mitad de los gastos de una residencia geriátrica donde estaba internada la madre.

La Audiencia confirmó la sentencia de instancia y la obligación de pagar la mitad de los gastos al hermano. Señala una obligación común de hacer frente a estos gastos, que el demandado no llegó a pagar, y que “nace de un auxilio económico prestado por uno solo de los hermanos que a ambos incumbe”.

El recurso de casación ahora estimado por el Supremo se basa en que la sentencia recurrida no aplica correctamente el artículo 1158 del Código Civil. La acción de repetición nace de un auxilio económico prestado por uno solo de los hermanos, pago que no fue hecho por cuenta ajena, sino por cuenta de quien lo hacía y de una forma voluntaria en beneficio de su madre, como es el que resulta de una obligación alimenticia por los gastos de alojamiento, manutención y asistencia en una residencia.

Se adjunta nota de la Sala.

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El Tribunal Supremo plantea al TJUE una cuestión prejudicial sobre el decreto que regula el manejo de los cerdos ibéricos de cebo

Thu, 03/09/2017 - 13:12

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si el artículo 8 apartados 1 y 2 del Real Decreto 4/2014 de 10 de enero por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta, y la caña de lomo ibérico es contrario al Derecho europeo. En concreto, pregunta si es compatible con los artículos 34 y 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 3.1.a) de la Directiva 20008/120/CE relativa a las normas mínimas para la protección de los cerdos.

En un auto, atiende la petición del fiscal y de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), que en el recurso contencioso-administrativo presentado contra el citado Real-Decreto solicita la nulidad de su artículo 8.

El artículo cuestionado establece las condiciones de manejo para los cerdos ibéricos que dan origen a productos con la designación de cebo (animales alimentados con piensos en sistemas de explotación intensiva). El apartado 1 recoge que los que tengan más de 110 kilos de peso vivo deben disponer de una superficie mínima de suelo libre total por animal de 2 metros cuadrados, en su fase de cebo. En el apartado 2 se indica que la edad mínima al sacrificio será de 10 meses.

En su auto, del que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico Lorenzo, señala que dicho artículo proyecta su ámbito de aplicación en un doble sentido: para vender en cualquier país productos con denominación “ibérico de cebo” elaborados en España, y para vender en España productos con la misma denominación aunque no hayan sido elaborados en España.

Por ello, afirma que “el resultado es que el producto de cerdo ibérico elaborado en España (y también el producto elaborado en cualquier país para su comercialización en España) se ve sometido a unos costes de producción superiores y más gravosos que los exigibles para la elaboración y la comercialización de los mismos productos en el extranjero”.

Añade que los dos productos –elaborados en España y fuera- se presentan ante los consumidores europeos como productos similares, lo que perjudicaría a los productores españoles para su labor de exportación al resto de la Unión Europea y, desde la perspectiva de las importaciones, perjudicaría a los productores europeos a la hora de comercializar sus productos en España.

La Sala concluye que “no es cuestión clara ni pacífica” que el artículo 12 de la Directiva 2008/120/CE, que establece requisitos más rigurosos para la protección de los cerdos en las explotaciones ganaderas y no la mejora de la calidad, “proporcione cobertura suficiente a la norma española cuestionada”.

Asimismo, destaca que dicho artículo permite a los Estados aplicar normas más estrictas en su territorio, mientras que el Real Decreto cuestionado tiene una dimensión trasnacional al imponer condiciones más estrictas de cría no sólo a los cerdos criados en España sino también a los criados en los demás Estados de la Unión Europea destinados a los mercados españoles.

Por último, la Sala también tiene dudas sobre si el objetivo de la mejora de la calidad, por sí mismo, puede ser una excepción que justifique la restricción a la importación/exportación. En este caso, precisa que una cuestión controvertida entre las partes es si el aumento de la superficie de cría disponible conlleva o no una mejora de la calidad del producto elaborado.

 

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Confirmada la validez de contratos swap firmados por la Real Fundación Hospital de la Reina de León con el Banco Santander Central

Thu, 03/09/2017 - 08:05

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que rechazó la demanda interpuesta por la Real Fundación Hospital de la Reina contra el Banco Santander Central solicitando la nulidad de los contratos de confirmación de permuta financiera de tipo de interés que firmó en 2006 y 2007 con dicha entidad bancaria. La sentencia recurrida consideró que la acción para anular el primero de los contratos había caducado por el transcurso de más de cuatro años entre la fecha de su cancelación anticipada (20 abril 2007) y la de presentación de la demanda (17 de mayo de 2012).

En relación con el vicio de consentimiento, concluyó que la Real Fundación conocía los riesgos o posibles efectos negativos de los productos contratados, incluido su coste de cancelación. El Tribunal Supremo comparte ese fallo y afirma que desde el 20 de abril de 2007 que se produce la primera liquidación negativa de intereses, por importe de 134.551 euros, la demandante conocía la operativa comercial del producto y sus efectos nocivos, por lo que transcurrieron más de cuatro años hasta que interpuso la demanda, motivo por el que de acuerdo con el artículo 1301 del Código Civil debe confirmarse la caducidad de la acción de anulabilidad por error.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala Primera no entra a valorar el resto de los motivos alegados por la Real Fundación para demostrar la existencia de error en la contratación de los swap que la Audiencia Provincial rechazó en la sentencia que ha sido confirmada ahora por el Tribunal Supremo.

 

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El TS reconoce el derecho de reversión a dos expropiados para el proyecto del Puerto de Valencia y les concede indemnización sustitutoria

Thu, 03/09/2017 - 08:00

La Sala III, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de reversión a los propietarios de dos fincas expropiadas para la ejecución del proyecto de la Zona Logística del Puerto de Valencia. Al no ser posible la restitución ‘in natura’ del suelo, el Supremo ordena a la Generalitat valenciana la incoación del oportuno expediente para la fijación de una indemnización sustitutoria.

El Supremo argumenta que la Zona de Actividades Logísticas -para cuya ejecución se delimitó el suelo en el Plan Especial de 1998, causa de las expropiaciones- no se ha implantado, habiéndose efectuado única y exclusivamente las obras de urbanización que fueron recepcionadas por la beneficiaria el 17 de marzo y el 15 de noviembre de 2005, sin que conste se haya hecho nada desde esa fecha, ni la Administración haya hecho notificación alguna al respecto, por lo que procede reconocer el derecho de reversión.

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El Supremo estima el recurso de Schweppes en su pleito de 38 millones de euros con Hacienda

Wed, 03/08/2017 - 13:25

La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo de liquidación de Hacienda por importe de 38 millones de euros a la empresa Cítricos y Refrescante S.A. (Citresa), sociedad dominante de Schweppes en España, correspondiente al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006. La citada deuda tributaria ahora anulada estaba integrada por cuota e intereses de demora.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo estima el recurso de casación de Citresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 16 de julio de 2015, que dio la razón a Hacienda, y avaló la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del año 2012. El Supremo revoca estas dos resoluciones y anula el acuerdo de liquidación.

El alto tribunal estima el recurso de la empresa al considerar que existió vulneración del artículo 16 de la Ley 43/1995 y del 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por haberse aplicado por Hacienda un método de valoración cuya vigencia legal es posterior al devengo de los impuestos comprobados, sin que sea admisible su aplicación retroactiva, dado el mandato expreso de la Ley 36/2006, que establece el régimen de las operaciones vinculadas -y, entre sus normas, el método del margen neto del conjunto de las operaciones- para los ejercicios que comiencen el 1 de diciembre de 2006.

Hacienda estableció que en la sociedad dominante Citresa se debía incrementar la base imponible declarada de los ejercicios 2003 a 2005 como consecuencia de expediente de comprobación de valores, a fin de determinar el precio de mercado en operaciones entre entidades vinculadas, relativo al suministro de determinados componentes de fruta y otros componentes por parte de Citresa a Schweppes International Limited.

En la sociedad dominada SCHWEPPES, S.A. (SSA) se incrementó la base imponible declarada de los ejercicios 2003 a 2006 (éste último año, sólo enero y febrero), como consecuencia de expediente de comprobación de valores -también en relación con operaciones vinculadas sobre valoración del suministro de concentrados y extractos por parte de la entidad Schweppes International Limited, residente en Holanda, a SSA.

La deuda tributaria propuesta, luego ratificada en el acuerdo de liquidación, ascendió a 9.822.023,60 euros (ejercicio 2003); 14.781.475,51 euros (ejercicio 2004); 10.417.421,41 euros (ejercicio 2005) y 3.403.588,34 (ejercicio 2006), integradas por cuota e intereses de demora.

La Sala destaca que el método de valoración empleado por la Inspección de Hacienda en este caso no estaba vigente en el tiempo de devengo de los citados impuestos, ya que el mismo, relativo al margen neto del conjunto de las operaciones, fue introducido ex novo por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Por ello, deben invalidarse las liquidaciones impugnadas, al ser éstas fruto del empleo retroactivo de un método de valoración aún no vigente al tiempo de los respectivos devengos del impuesto.

Voto particular discrepante de un magistrado

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los nueve magistrados que la firman, Manuel Vicente Garzón, que entiende que el recurso de Citresa debió desestimarse y ser confirmado el acuerdo de liquidación, al entender que los métodos de valoración son normas procedimentales y no sustantivas, por lo que con su aplicación no se vulneró el principio de irretroactividad.

Además, señala que la conducta de Citresa, “resistiéndose a aportar datos al expediente, bien porque teniéndoles no le interesaba su entrega, bien porque carecía de ellos (debiendo estar en su poder) no es una conducta que merezca ser premiada, ni siquiera calificada como el uso de derechos legítimos de defensa del contribuyente; por el contrario, en mi opinión, se trata de conductas claramente censurables, que no merecen el respaldo de los tribunales como claramente se infiere de la jurisprudencia que proclama que nadie puede resultar beneficiado de sus propios errores, omisiones e infracciones, y cuya cita es inútil por conocida, y que constituye un principio general de derecho”.

 

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El Tribunal Supremo confirma que la ampliación de 15 minutos a controladores aéreos destinada a formación no vulneró sus derechos

Wed, 03/08/2017 - 12:46

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado que la ampliación en 15 minutos de la jornada laboral al 4 por ciento de la plantilla de los controladores aéreos de ENAIRE para formación es ocasional y no supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por lo que rechaza que se haya producido una vulneración del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Unión Sindical de Controladores Aéreos contra la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar la demanda de conflicto colectivo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo interpuesta por este sindicato contra ENAIRE.

El motivo del conflicto era una circular de la empresa, entonces AENA, de 27 de abril de 2015 por la que se impuso a los controladores aéreos de ASNA con jornada a turnos que participan en las sesiones formativas OJT ( On the Job Trianing/ Fases de formación de los controladores aéreos en el puesto de trabajo), la obligación de presentarse cinco minutos antes del inicio del relevo previo al servicio para el “briefing” de instrucción y diez minutos después de la finalización del mismo para el “debriefing”. La medida afectaba a los instructores y a los instruidos, y el tiempo dedicado a ambas actividades se contabilizaba, a efectos de jornada laboral, en cómputo mensual. La empresa explicaba en la circular que con esta medida perseguía que en los procesos de instrucción OJT se trasladara la oportuna información al inicio de la sesión como al final de la misma. Según los hechos probados, la condición de instructor es voluntaria y está retribuida con un complemento superior al que está previsto en el convenio. El cambio suponía dos o tres meses en aproximadamente 30 años de vida laboral.

De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional y su propia doctrina, la Sala de lo Social resuelve que dicha modificación en la jornada laboral de los citados controladores aéreos “no es sustancial”, en contra de lo que sostiene el sindicato recurrente.

Para la Sala, el cambio fue temporal y se produjo por la necesidad de instruir a ciertos operadores y la implantación para ello del “briefing” y del “debriefing”. A esa actividad formativa, añade, los que son instruidos dedican dos o tres meses en su vida laboral y en el presente caso participaron como instructores un 3,89 por % de los controladores operativos que dedicaron a ellos un 4,47 por % de sus servicios dedicando al “briefing y debriefing” un 0,17 % de su jornada laboral total, sin que en ningún caso se superara el límite cuantitativo de la jornada laboral establecida en el convenio colectivo y sin que desde el año 2010 haya habido ingresos de nuevos controladores.

“Cualitativamente, por tanto, la modificación no es relevante ni para el instructor, ni para el instruido, pues es ocasional y temporal: para el instruido unos meses (2 o 3) durante su vida laboral y para el instructor cuatro meses cuando le toca cada equis años encargarse del “briefing y debriefing” durante quince minutos al día durante cuatro meses. Por tanto, el cambio que nos ocupa no puede considerarse sustancial, conforme a nuestra doctrina, por ser ocasional, de duración temporal y de escasa repercusión en la jornada laboral”, concluye la sentencia.

 

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El TS rechaza que un trabajador que "dimitió" de su trabajo pueda reanudar el cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años

Tue, 03/07/2017 - 14:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha negado que un trabajador el derecho a reanudar el cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años por dejar de forma voluntaria el empleo de corta duración que suspendió la prestación. Para el Tribunal Supremo, la “dimisión del trabajador no está contemplada como situación legal de desempleo, ni siquiera si ocurre durante el período de prueba”, por lo que no es posible continuar cobrando el subsidio.

El empleado comenzó a percibir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años el 1 de abril de 2009. Siete meses después, empezó a trabajar como empleado doméstico –chófer- con un contrato de duración indefinida. El mismo día que le dieron de alta en la Seguridad Social, el 1 de noviembre de 2011, se despidió del trabajo porque no se encontraba bien en Madrid y añoraba su pueblo, como certificó su empleador en un documento. Poco después, el trabajador solicitó la reanudación del subsidio de desempleo que había quedado suspendido y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) denegó la reanudación de la prestación solicitada por no hallarse el trabajador en situación legal de desempleo.

El juzgado de lo Social número 7 de Murcia desestimó la demanda presentada por el trabajador contra el Servicio Público de Empleo Estatal, basándose en que el contrato se extingue por la voluntad del primero, por lo que no existe situación legal de desempleo.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia revocó la sentencia del juzgado y declaró el derecho del demandante a reanudar la percepción del subsidio que venía cobrando, al concluir que la Ley General de la Seguridad Social no establece el requisito de encontrarse en situación legal de desempleo para tener derecho a las prestaciones de nivel asistencial ni para la reanudación de la percepción del subsidio cuando se suspende por una contratación de duración inferior a doce meses.

La Sala de lo Social estima el recurso de casación del SPEE, anula el fallo del TSJM y confirma el del juzgado. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio V. Sempere, afirma que el acceso a dicha prestación se limita a los supuestos en los que se ha terminado la prestación contributiva (a la que se accede desde una situación legal de desempleo).

A este respecto, señala que la realización de un trabajo por cuenta ajena inferior a doce meses es una causa de suspensión del subsidio, que puede reanudarse si se solicita y concurre el requisito de estar inscrito como demandante de empleo. En este caso, el interesado debe acreditar que ha finalizado la causa de suspensión y que “esa causa constituye situación legal de desempleo”.

La sentencia recuerda que la doctrina de la Sala sobre los requisitos citados para la reanudación de la prestación descarta el automatismo y reconoce la facultad de la entidad gestora para realizar las oportunas comprobaciones.
La Sala Cuarta concluye que la percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años puede prolongarse hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para cobrar la pensión de jubilación. Sin embargo, resalta que “no estamos ante una prestación equiparada a la de jubilación sino que el legislador desea que la persona beneficiaria siga conectada con lo que suele denominarse el mercado de trabajo”.

“Recordemos que quien perciba prestaciones o subsidios debe cumplir diversas obligaciones, entre las que aparecen las de buscar activamente empleo o aceptar una colocación adecuada”, subraya la sentencia.
Voto particular

La sentencia incluye el voto particular de la magistrada Rosa María Virolés en el que afirma que debió desestimarse el recurso del SPEE y, por tanto, reconocerse el derecho del trabajador a reanudar el cobro del subsidio porque no es exigible el requisito de encontrarse en situación legal de desempleo. La magistrada explica que “al extinguirse el contrato a los pocos días de su inicio, sin haber transcurrido el plazo de doce meses, y sin que el trabajador tenga derecho al percibo de la prestación de desempleo, nada impide que pueda reanudar el subsidio de desempleo que se encontraba en suspenso”.

 

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El Tribunal Supremo condena a los autores de una estafa piramidal de 39 millones de euros con más de 1.300 perjudicados

Tue, 03/07/2017 - 11:40

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 3 años y 3 años y medio de cárcel a cuatro responsables de una estafa piramidal por importe de 39 millones de euros a más de 1.300 personas en toda España, cientos de ellos pertenecientes a la congregación religiosa Testigos de Jehová, entre los años 1998 y 2002. El engaño a los inversores se produjo a través de las empresas Rural New Life, S.L., y la Mutua Mas Vida, esta última una entidad de naturaleza aparentemente asistencial que se comprometía a garantizar asistencia sanitaria no invasiva que excluía transfusiones de sangre en las intervenciones quirúrgicos, un tratamiento clínico que prohíbe dicha religión.

Los condenados a 3 años y medio de cárcel son Juan Andrés Torrecillas Martínez, uno de los socios fundadores de Rural New Life y expresidente de Mutua Mas Vida, y Diego Luna Sánchez, delegado de ambas entidades en la zona de Catalunya, quien aprovechó su cargo de ‘anciano’ en los Testigos de Jehová para convencer personalmente a centenares de feligreses para que suscribieran contratos de inversión y pólizas de seguros.

A 3 años de prisión son condenadas las hermanas María Mercedes y María Nieves Torres Salado, la primera directora jurídica de las dos entidades, y la segunda fundadora y exsecretaria del Consejo de Mutua Mas Vida. Las dos fueron además designadas albaceas testamentarias del fundador y primer presidente de Rural New Life, ya fallecido.

La Audiencia Provincial de Barcelona dictó el 29 de enero de 2015 sentencia en la que estableció las condenas a los cuatro citados por delito continuado de estafa, subtipo agravado de abuso de confianza y con perjuicio de notoria importancia, en concurso con un delito de insolvencia punible.

Aunque el Supremo, estimando parcialmente el recurso de las dos mujeres, absuelve por el delito de insolvencia punible, al considerarlo consumido en el delito continuado de estafa, mantiene inalterables las penas de cárcel (3 años y 6 meses para Torrecillas y Luna, y 3 años para las citadas hermanas Torres Salado).

Según los hechos probados de la Audiencia de Barcelona, el objeto social de Rural New Life, con sede en Sevilla, era la captación de inversores privados a través de una red comercial distribuida por todo el territorio español, a fin de disponer de capital para comprar bienes inmuebles, adquirir participaciones en otras empresas, e invertir en bolsa. “Sin embargo, los citados acusados decidieron -de común acuerdo e inducidos del ánimo de enriquecimiento injusto- ofrecer a partir del año 1999 como señuelo a los futuros inversores unos contratos de préstamo ( bajo la denominación de Plan Inversión y Plan Ahorro, en adelante PIN y PAN) en los que se hacía constar una rentabilidad garantizada entre el 10 y el 13%, a pesar de ser plenamente conscientes que no se iba a invertir el capital captado en ningún bien concreto que produjera tales elevados dividendos”.

“Conscientes de que solo con la entrada de nuevos capitales (pirámide) podrían hacer frente a las obligaciones contraídas, establecieron una red de sucursales ( 12 en toda España)”, a la que hicieron llegar unos folletos de propaganda donde se prometían aquellos elevados intereses sin riesgo alguno del capital invertido, añade la resolución.

A finales del año 1.998, al comprobar que muchos de los inversores pertenecían a la congregación religiosa Testigos de Jehová como consecuencia de que la mayoría de delegados de zona eran miembros directivos de la misma y ofrecían los productos PIN y PAN a los feligreses de su comunidad, el primer presidente de Rural Nee Wife (ya fallecido), otro socio que está ahora en paradero desconocido, y Torrecillas, decidieron ampliar y completar la estructura piramidal fraudulenta mediante la fundación de Mutua MAS VIDA, una entidad de naturaleza aparentemente asistencial que serviría para que los mismos inversores ya captados por Rural New Life SL, se decidieran a adquirir también participaciones como mutualistas, a cambio de garantizarles no solo una asistencia sanitaria no invasiva que excluía toda posibilidad de transfusiones de sangre en las intervenciones quirúrgicas, tratamiento clínico que prohíbe dicha religión, sino intereses elevados de sus aportaciones económicas. “Consiguieron de esta manera y gracias a la "fe ciega" de los suscriptores consecuencia de compartir un mismo ideal religioso basado en la inmoralidad de toda mentira, que a comienzos del año 2001 entre ambas entidades tuvieran ya casi 3.000 partícipes entre inversores y asegurados”, indica la sentencia.

El Consorcio de Compensación de Seguros llegó a un acuerdo con 1.312 asegurados de Mutua Mas Vida para adquisición y subrogación por valor del 89'31% de cada título o participación , por valor de 11 millones de euros.
No asumió el Consorcio los créditos correspondientes a la mercantil Rural NEW LIFE SL, dado que era una sociedad privada con ánimo de lucro, estando aún pendientes de cobro por parte de los inversores 27,9 millones de euros. La sentencia, en concepto de responsabilidad civil, condena a los cuatro acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a los afectados y al Consorcio de Compensación de Seguros por la cantidad estafada, declarándose responsable subsidiario –no solidario como había dicho la Audiencia de Barcelona—la sociedad Rural New Life respecto a sus inversores perjudicados.

 

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El Tribunal Supremo confirma la condena a un futbolista a pagar a la empresa que intermedió en los contratos con el club

Mon, 03/06/2017 - 14:30

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al jugador de fútbol Cesc Fábregas a pagar 40.145 libras a Eusara Servicios Deportivos S.L. en remuneración de las retribuciones fijas percibidas, y el 10 por ciento de las retribuciones variables recibidas hasta el 12 de mayo de 2008 -porcentaje que tendrá que fijarse en ejecución de sentencia-, por su intermediación en los contratos firmados por el futbolista con el Arsenal en agosto de 2005 y octubre de 2006.

La sentencia ratifica también la condena a Zirrintza S.L., empresa que gestiona los derechos de imagen del deportista, a abonar el 10 por ciento de las retribuciones percibidas del club de fútbol inglés.

Eusara Servicios Deportivos reclamaba a Cesc Fábregas el importe acordado por las labores de intermediación realizadas en la suscripción de los contratos firmados entre el jugador de fútbol y el Arsenal. En concreto, 379.569 libras esterlinas en concepto de comisiones vencidas a 31 de diciembre de 2009 calculado sobre las cantidades salariales fijas a percibir por el deportista del Arsenal FC hasta esa fecha, más los intereses legales desde la interposición de la demanda. Además, pedía la cantidad equivalente al 10 por ciento de las retribuciones salariales variables percibidas por el futbolista hasta el 31 de diciembre de 2009 del mismo club. Por último, solicitaba que se condenara a Zirrintza SL al pago de la comisión pactada por los importes abonados por el Arsenal y percibidos por dicha entidad por los derechos de imagen del futbolista.

El Juzgado de primera Instancia número 8 de Bilbao desestimó la demanda al considerar acreditado que Eusara no intervino en representación de Cesc Fábregas en la suscripción de los contratos celebrados con el club de fútbol inglés, sino que lo hizo en nombre de este club. Asimismo, rechazó condenar a Zirrintza SL.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Bizkaia estimó parcialmente el recurso de Eusara y condenó a Cesc Fábregas a abonar a Eusara 40.145 libras en remuneración de las retribuciones fijas percibidas y el 10% de las variables recibidas hasta el 12 de mayo de 2008, porcentaje que se determinará en ejecución de sentencia. Del mismo modo, condenó a Zirrintza a que abone el 10% de las retribuciones percibidas del club de fúlbol inglés, porcentaje que también se determinará en ejecución de sentencia.

La sentencia recurrida concluyó que los contratos que firmó Cesc Fábregas con el Arsenal se realizaron con la intervención de la demandante, pero defendiendo los intereses del futbolista. Subrayaba que el hecho de que en los contratos aparezcan como representantes del Arsenal obedece a la práctica de que el club asuma total o parcialmente el pago de las comisiones al agente por ser fiscalmente favorable a todos los intervinientes, y que el plazo para reclamar dicho pago no había prescrito.

De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala Primera explica que los contratos que celebró el jugador con el Arsenal (agosto 2005 y octubre 2006), que tienen su origen en la mediación de Eusara, quedaron sin efecto el 12 de mayo de 2008, fecha en la que realizó un nuevo contrato con dicho club de fútbol, sin la mediación de la demandante.

Para el Tribunal Supremo, a partir de esa fecha el agente no tiene derecho a percibir remuneración alguna pues “la retribución que desde entonces recibe el jugador no tiene su origen en la actividad del agente…, sino que tiene su origen en lo acordado en el contrato de mayo de 2008 en el que ninguna intervención tuvo la demandante”.

La Sala Primera explica que el reglamento de agentes FIFA, de 1 de septiembre de 2001, vigente al tiempo en que se celebró el contrato litigioso de mediación, como la posterior reforma del mismo, reiteran que “si el agente de jugadores y el jugador no optan por un pago único y el contrato de trabajo del jugador negociado por el agente de jugadores en su nombre durase más que el contrato de representación suscrito entre el agente de jugadores y el jugador, el agente de jugadores tendrá derecho a su remuneración anual incluso después de haber vencido el contrato de representación. Este derecho durará hasta que el contrato de trabajo objeto del contrato de representación venza o hasta que el jugador firme un nuevo contrato de trabajo sin la intervención del mismo agente de jugadores”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, desestima los recursos de casación interpuestos por el futbolista, Zirrintza y Eusara Servicios Deportivos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo.

 

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El Tribunal Supremo revoca una condena por tráfico de cocaína al anular las escuchas telefónicas por falta de motivación

Fri, 03/03/2017 - 13:00

La Sala II ha anulado la condena de seis años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid Pablo V.L. por un delito de tráfico de cocaína, al anular las escuchas telefónicas que fueron la única prueba de cargo contra él, ya que fueron autorizadas judicialmente sobre la base de un oficio policial que carecía de indicios relevantes para sustentar la intervención de esas comunicaciones. Además de Pablo V. L., son ahora absueltos otros dos condenados por el mismo asunto, J.R.A.P. y C.C.G., en su caso a seis años y dos meses de prisión, ya que sus condenas también tuvieron como causa exclusiva las escuchas que se hicieron con vulneración del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.

En sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, se destaca que el oficio policial en el que se pedía la intervención telefónica discutida, de 5 de febrero de 2013, partía de ‘presumir’ como algo cierto la existencia de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, a la que pertenecerían los acusados.

“Y luego, haciendo un uso mecánico de esa sola clave de lectura, se interpretan todos los datos (generalmente banales) acopiados. Pero ocurre que de no concordar en la hipótesis de partida, la lectura de éstos no dicen nada que pueda valorarse; en particular cuando se trata de justificar la invasión de un ámbito de derechos fundamentales como el protegido por el secreto de las comunicaciones. Esto, cuando se da la circunstancia de que es, precisamente, de la seriedad y el fundamento de esa hipótesis de partida, aquello de lo que la policía debería convencer al instructor, aportando elementos de juicio, no dotados, es obvio, de la categoría de pruebas concluyentes, pero sí de un valorable potencial indiciario”, señala la sentencia.

Para el Supremo, lo trasladado en este caso por la Policía al Juzgado Central de Instrucción número 3, que fue quien autorizó las escuchas por auto de 18 de febrero de 2013, “no pasó de ser la mera afirmación de la posible existencia de un tráfico de cocaína, que por la falta de indicios de sustento de algún valor, si podría haber servido para persistir en la investigación policial, no debió ser tomada en consideración por el juzgado, antes de que ésta se hubiera producido con un resultado estimable”.

La Sala indica que “el examen de la resolución judicial de que se trata produce un efecto desolador, puesto que de tal tiene solamente la forma, al tratarse de un modelo de ordenador, esquemático en extremo, en cuyo texto lo único relativo al caso es la referencia a la existencia de una estrecha relación entre dos personas, unida a la tan tópica como inexpresiva alusión a su alto nivel de vida, sin constancia de ingresos conocidas, a la existencia de alguna empresa a nombre de terceros cuya actividad mercantil —se dice, sin mayor detalle— no se correspondería con la registrada, y a la adopción de medidas de seguridad. Todas, verdaderas cláusulas de estilo reiteradas por sistema en la redacción de oficios como el que se examina”.

La sentencia recuerda que el Tribunal Constitucional y el propio TS han admitido la motivación ‘per relationem’, es decir, “por remisión al oficio policial (un modo de operar, ciertamente, poco riguroso). Pero en este caso es que, por lo ya dicho sobre la pésima calidad del auto disponiendo la injerencia, faltaría incluso una referencia digna de tal nombre, esto es, sugestiva de una previa consideración judicial de la información recibida dotada de la mínima seriedad. Por eso, dar valor a este modo de actuar en la instrucción sería tanto como admitir que resoluciones del tenor de la considerada podrían operar no por reenvío, sino por simple yuxtaposición (una suerte de estampillado de la comunicación policial) que es cosa bien diferente. Pero es que, además, incluso dando por bueno tal cuestionable forma de motivación, aquí la referencia habría sido a un verdadero vacío de información relevante”.

El Supremo mantiene las condenas para tres acusados que no recurrieron: R.C. (a quien se aplicó la atenuante de confesión), de 5 años de cárcel; J.C.S, 6 años de cárcel; y G.M., de 6 años de cárcel. Los tres citados fueron detenidos el 1 de julio de 2013 en el parking del aeropuerto de Madrid tras desembarcar el último con un alijo de 4,6 kilos de cocaína adosado a su cuerpo y piernas en una especie de chaleco-braguero.

 

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El Tribunal Supremo confirma la multa de 627.000 euros a AISGE por doblar las tarifas que cobraban a salas cine sin justificación

Thu, 03/02/2017 - 13:07

La Sala III, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 627.855 euros que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia impuso en diciembre de 2011 a Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), por abuso de posición de dominio, por el incremento injustificado de las tarifas que cobraba a las salas de cine por exhibición de las películas.

En concreto, según determinó la Audiencia Nacional en la sentencia que desestimó en primera instancia el recurso de AISGE, entre la tarifa aplicada en 2004 y la de 2009, hubo un incremento del 177 por ciento, y del 100 por cien en la tarifa general entre 2004 y 2005, sin que ninguna de las justificaciones dadas por AISGE tuviese, para el órgano judicial, entidad suficiente para avalar ese aumento. AISGE recauda, según explica la misma sentencia, un porcentaje a las salas de cine sobre los ingresos de las exhibiciones de obras, correspondiente a los derechos de remuneración por comunicación pública de las actuaciones de los actores y otros artistas en las obras exhibidas.

El Supremo ha rechazado el recurso de AISGE contra la sentencia de la Audiencia Nacional, a la que la entidad sancionada achacaba haber infringido los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia. El TS explica que el abuso de posición dominante, tipificado por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, se caracteriza por desarrollar un comportamiento que, prevaliéndose de una situación de superioridad en el mercado de referencia, impone condiciones abusivas al resto de sujetos que operan en dicho mercado, impone barreras que excluyen o dificultan gravemente el acceso al mismo o, en general, establece un marco de actuación anticompetitivo en beneficio propio.

En el caso de autos, en el que no se discute la posición de domino de la entidad sancionada, dicho comportamiento está descrito como la elevación de las tarifas generales que la entidad cobraba a los cines en un 100% en 2005, sin que dicha subida fuese explicada suficientemente en el momento de su aprobación a los sujetos afectados o AISGE haya aportado una justificación razonable de una elevación tan drástica y, en fin, considerando que dicha subida suponía una presión indudable para la negociación de posteriores acuerdos particulares.

“No hay pues problema de tipificación, pues la conducta de la recurrente puede ser subsumida claramente en un comportamiento abusivo de su posición dominante (en particular, en la letra a) del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia), sin que los elementos fácticos de dicha conducta puedan ser calificados, como se dice en el motivo, de subjetivos o sin que se pueda afirmar que se esté sancionado por una conducta objetiva. Se trata de circunstancias de hechos acreditadas y no negadas y que responden a una actitud plenamente deliberada de una entidad profesional plenamente conocedora del marco de actuación en el que se mueve y que cuenta con asesoría jurídica”, dice la sentencia del Supremo.

Agrega que “no puede objetarse por tanto ausencia de culpabilidad, pues no puede aducir desconocimiento de que un comportamiento como el sancionado por parte de la única entidad de gestión de los derechos de sus representados colocaba a los cines en una posición negociadora de debilidad injustificadamente desfavorable. Todo lo cual sin una explicación convincente de cual fuese la justificación objetiva de un incremento de tarifas del 100%”.

 

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El Supremo confirma la pena de siete años y medio de cárcel a un proxeneta que ocultó a Hacienda 8,5 millones de euros procedentes del negocio de la prostitución

Thu, 03/02/2017 - 12:40

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años y medio de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública impuesta a un hombre dedicado a negocios de prostitución en Madrid, S.A.K.K., que ocultó al fisco más de 8,5 millones de euros de beneficios de dichas actividades en los años 2007, 2008 y 2009.

El Supremo ratifica la pena de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid, así como la multa de 8,8 millones de euros, y aumenta además, al estimar el recurso del abogado del Estado, la responsabilidad civil de 3 millones de euros que también fue condenado a pagar a la Hacienda Pública en concepto de indemnización por las cuotas defraudadas en las declaraciones de IRPF de los tres ejercicios citados. La sentencia corrige a la Audiencia de Madrid en este único punto y determina que deben aplicarse intereses de demora a esas cuotas tributarias no satisfechas desde el incumplimiento de la obligación de pago.

Según los hechos probados de la sentencia confirmada, S.A.K.K. dirigía desde fecha no concretada, pero en cualquier caso anterior al año 2002, “un conjunto de medios personales y materiales dedicados a la explotación de la actividad de la prostitución ejercida por terceras personas, cuyos beneficios incorporaba a su patrimonio”.
Como consecuencia de ser objeto en los años 2004 y 2005 de varias inspecciones fiscales, con auxilio de terceras personas no identificadas diseñó un complejo entramado societario formado por empresas que no realizaban la actividad que constituía su objeto social, ni la consignada en el impuesto sobre actividades económicas.

“La actividad de prostitución proporcionaba al acusado en la mayoría de los casos el 50% de la cantidad que pagaban los clientes; en algunas ocasiones, de mucha menor importancia, por la especialidad de los servicios, el porcentaje que correspondía el acusado era del 33%. Los ingresos procedentes de esta actividad se producían en su mayor parte en efectivo y el resto por ingresos procedentes del uso de tarjetas bancarias”, según se ha declarado también probado.

Con la actividad de la prostitución, S.A.K.K. obtuvo ingresos de 10,2 millones de euros; 9,8 millones y 8 millones en los años de 2007, 2008 y 2009 respectivamente; y en esos años los gastos derivados de la misma actividad ascendieron a 5,6 millones, 7,3 millones y 6,6 millones. Por lo que el beneficio obtenido ascendió a 4,6 millones en el año 2007; 2,5 en el año 2008 y 1,4 en el año 2009. “Dicho beneficio fue ocultado a la Hacienda pública voluntariamente y con la intención de excluirlo del gravamen tributario que le correspondía y debe ser imputado personalmente a S.A.K.K por desarrollar personalmente la explotación de la actividad de prostitución”, añade la sentencia.

S.A.K.K. es condenado a dos penas de 3 años de cárcel cada una por los delitos fiscales de los años 2007 y 2008, por el agravante de superar en ambos casos las cuotas defraudadas los 600.000 euros, y a una tercera pena de 1 año y medio de prisión por el delito correspondiente al año 2009, donde la cuota defraudada no superó esa cifra.
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