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Updated: 4 hours 56 min ago

Seis candidatos optan a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Mon, 04/24/2017 - 09:40

Las comparecencias se celebrarán en el siguiente orden:

- Fermín Javier Echarri Casi, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (en comisión de servicio) 10:00 horas

- Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 10:10 horas

- Manuela Francisca Fernández Prado, magistrada de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 10:20 horas

- Juan Pablo González González, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (en comisión de servicio) 10:30 horas

- Carmen Lamela Díaz, Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional 10:40 horas

- María Teresa Palacios Criado, magistrada de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 10:50 horas

La Comisión Permanente también entrevistará ese día a los candidatos a otros siete cargos gubernativos:

Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón:

- Juan Carlos Zapata Híjar, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón 11:00 horas

Presidencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara:

- Isabel Serrano Frías, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara 11:10 horas

Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias (sede de Tenerife):

- María Luisa Mediavilla Cruz, Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife 11:25 horas

- Eduardo Jesús Ramos Real, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias (sede de Tenerife) 11:35 horas

- María del Carmen Sánchez-Parodi Pascua, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias (sede de Tenerife) 11:45 horas

Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (sede de Valladolid):

- Emilio Álvarez Anllo, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (sede de Valladolid) 11:55 horas

Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña:

- Sara María Pose Vidal, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 12:05 horas

- José de Quintana Pellicer, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 12:15 horas

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja:

- Javier Marca Matute, magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Girona 12:25 horas

- José Carlos Orga Larrés, Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño 12:45 horas

- Eva Platero Aranda, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Palencia 13:05 horas

- Alfonso Santisteban Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja 13:25 horas

- José Jaime Tapia Parreño, magistrado de la Audiencia Provincial de Álava 13:45 horas

Presidencia de la Audiencia Provincial de Huelva:

- Antonio Germán Pontón Práxedes, presidente de la Audiencia de Huelva 16:00 horas

Además, comparecerán ante la Comisión Permanente el candidato a vocal togado del Tribunal Militar Central Manuel Hernández Tejero-García y los aspirantes a vocal togado de los Tribunales Militares Territoriales Segundo de Sevilla y Tercero de Barcelona, María de los Ángeles Martínez Mena y José María Seoane García, respectivamente.

Categories: Jurisprudencia

El CGPJ señala que la transcripción desde soporte digital a soporte papel de las testificales y periciales no se ajusta al ordenamiento jurídico

Thu, 04/20/2017 - 10:35

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe relativo a la transcripción desde soporte digital a soporte papel de las grabaciones de las declaraciones testificales y periciales practicadas en la fase de instrucción que concluye que “tales prácticas, en principio, no se ajustarían al ordenamiento jurídico”.

El órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado sobre esta cuestión en vista de los acuerdos de las Salas de Gobierno de varios Tribunales Superiores de Justicia en los que se dispone la transcripción a soporte papel de las informaciones testificales o periciales que se producen grabadas en soporte digital durante la fase de instrucción.

La Permanente señala, no obstante, que “el debido cumplimiento de la norma –el artículo 230.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse- exige que los órganos judiciales cuenten con los medios técnicos y humanos necesarios”.

A tal fin, el Consejo entiende que, “con sujeción al principio de legalidad y en ejercicio de sus competencias, corresponde a los letrados de la Administración de Justicia el deber de cuidar que la grabación sea efectuada con los oportunos puntos de control que permitan tanto al juez como al tribunal y a los abogados acceder con facilidad y agilidad al punto y momento que en cada caso precisen de la grabación efectuada para el ejercicio de sus funciones judiciales y profesionales, respectivamente”.

Para ello, añade la Comisión Permanente, “es absolutamente imprescindible que las Administraciones competentes -Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en la materia- pongan a disposición de los órganos judiciales los medios técnicos que permitan llevar a cabo sin dificultad tales funciones y cometidos, para que la grabación, de una parte, recoja de manera absolutamente fidedigna, íntegra y completa la declaración y, de otra, sea posible con sencillez y rapidez acceder a cualquiera de los contenidos con plenas garantías”.

Con este objetivo, el CGPJ remitirá el informe aprobado a estas Administraciones.

Categories: Jurisprudencia

El CGPJ lidera el primer Ranking Oficial de Transparencia elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Wed, 04/19/2017 - 11:20

El Consejo General del Poder Judicial lidera el primer Ranking Oficial de Transparencia elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo público que tiene como función la evaluación del grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia, al obtener la mejor calificación en cuanto a cumplimiento de información voluntaria con 9,29 puntos y situarse en segundo lugar en el apartado de transparencia obligatoria con 9,70 puntos, por detrás del Tribunal Constitucional (9,83).

El CTBG ha hecho público hoy el “Informe de evaluación de los órganos constitucionales y entes reguladores y del ranking oficial de cumplimiento de la Ley de Transparencia”, que reúne los datos recabados durante los trabajos de evaluación, seguimiento y control dirigidos a verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos constitucionales y de relevancia constitucional, así como de los organismos independientes.

Las instituciones evaluadas por el CTBG en este primer informe, además del Consejo General del Poder Judicial, son la Casa de Su Majestad el Rey, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Banco de España, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Información voluntaria

El CTBG afirma que el órgano de gobierno de los jueces “roza la excelencia” en este apartado, en el que obtiene 9,29 puntos frente a la media de 5,30 puntos alcanzada por el conjunto de las instituciones analizadas.

El Consejo, dice el órgano evaluador, publica “mucha información que va más allá de lo establecido por la Ley de Transparencia, lo cual merece una valoración muy positiva como muestra de la incorporación de la transparencia como un principio básico de actuación del CGPJ, más allá del mero cumplimiento de una obligación legal”.

Entre esa información a cuya publicación no obliga la ley, pero que el CGPJ facilita voluntariamente, están la agenda del presidente, así como la agenda institucional del Consejo, los órdenes del día y los acuerdos del Pleno y de las Comisiones o los gastos e indemnizaciones en concepto de viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.

Además, el CTBG ha comprobado que el Consejo General del Poder Judicial también ha hecho públicos tanto el documento de Principios de Ética Judicial como los procesos selectivos para nombramientos discrecionales en órganos judiciales, “que incluyen información completa sobre el desarrollo de los procesos e incluso vídeos de las entrevistas celebradas”.

El informe destaca asimismo las estadísticas judiciales y el repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción a los que se puede acceder en la web y señala que “la publicación de esta información debe evaluarse de manera muy positiva por lo que supone de acercamiento al ciudadano de la Justicia y la utilidad que puede aportar desde el punto de vista doctrinal y periodístico”.

“Finalmente, es de destacar también que el portal del CGPJ sirve de enlace hacia los Portales de Transparencia del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia (…), con lo que se configura como un auténtico Portal de Transparencia del Poder Judicial”, concluye el CTBG.

Información obligatoria

El órgano evaluador otorga al CGPJ 9,70 puntos –sobre un máximo de diez- en este apartado, lo que sitúa al órgano de gobierno de los jueces en el segundo lugar en cuanto a transparencia obligatoria, apenas unas décimas por detrás del Tribunal Constitucional, que obtiene una puntuación de 9,83.

Información institucional: la información que se facilita sobre la Presidencia del CGPJ, el Pleno, la Comisión Permanente y el resto de las Comisiones legales, los altos cargos y el organigrama “resulta muy completa y exhaustiva”, según el CTBG, que añade que “se aprecia un interés por la claridad, puesto que todas las informaciones vienen complementadas con una introducción que explica de manera breve la información que se va a aportar, de manera que resulta sencilla y comprensible”.

Actividad económica y financiera: este apartado ofrece los datos de gestión presupuestaria, contratación, bienes inmuebles y subvenciones, además de las indemnizaciones y declaraciones de bienes de los altos cargos y las retribuciones y compatibilidades del personal del CGPJ.

El Consejo de Transparencia considera que la información en materia de contratación aparece recogida “de manera exhaustiva y completa”, ya que figuran los contratos firmados junto con los pliegos de condiciones y las actas de la mesa de contratación.

También señala que la información sobre altos cargos y personal del CGPJ “es muy completa y está no solo ajustada a los requerimientos de la ley, sino que avanza un paso más allá, publicando las declaraciones de bienes del presidente y de los miembros del CGPJ”.

“Es de destacar la publicación con nombres y apellidos de las personas que han recibido compatibilidades, que no se encuentra en páginas web de otros órganos”, añade el informe.

Portal de Transparencia del CGPJ

El CTBG señala que “la página resulta ejemplar en cuanto a la gran información recogida y a su clara vocación de rendir cuentas a los ciudadanos de la actividad de la Justicia en general y del CGPJ en particular”, y destaca “el esfuerzo realizado por hacer comprensible la información a través de explicaciones o introducciones (…) en cada uno de los apartados”.

Acceso a la información

El último aspecto analizado en el informe es el referido a la forma en que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública. El CTBG destaca que existe un apartado específico en el Portal de Transparencia del CGPJ y que “para tal ejercicio no se exige certificado electrónico, sino únicamente la indicación de un correo electrónico, el DNI y un teléfono (todo ello opcional)”.

“El contenido de este epígrafe se valora muy positivamente por las facilidades que supone para el ejercicio del derecho y por la información que facilita al ciudadano”, señala el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Durante el acto de presentación del informe, la vocal del CGPJ Mar Cabrejas, que coordina el Grupo de Transparencia de la institución, ha dicho que el órgano de gobierno de los jueces se siente “satisfecho y alentado” por el reconocimiento que supone el ranking hecho público hoy y ha asegurado que el Poder Judicial seguirá “trabajando decididamente” en esta área porque “la transparencia es el oxígeno de la democracia y debe llegar a todos los poderes del Estado”.

“El objetivo no es otro que el de es ofrecer a la sociedad una imagen cercana y moderna de la Justicia y, en especial, de los jueces y magistrados que día a día desarrollan esta esencial labor tan poco conocida y de difícil valoración”, ha añadido Cabrejas, que ha señalado que “la crítica que muchas veces se hace de la Justicia y del Poder Judicial será una crítica más fundada y válida cuanto más transparentes seamos, cuanto más información ofrezcamos y cuanto más sepamos explicar cómo funcionamos, cómo actuamos y cómo cumplimos con nuestros cometidos”.

Categories: Jurisprudencia

Cinco candidatos optan a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Fri, 04/07/2017 - 11:00

Cinco candidatos optan al cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, cuya convocatoria fue anunciada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el pasado 2 de marzo y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 9 de ese mismo mes.

A la convocatoria de la plaza -que obedece a la finalización del mandato del actual presidente del Tribunal Superior riojano, Ignacio Espinosa Casares- podían presentarse los magistrados en servicio activo o servicios especiales que hayan prestado servicio durante diez años en esta categoría y cuenten con al menos quince años de antigüedad en la Carrera Judicial.

A fecha de hoy, los magistrados que han presentado su solicitud en el Consejo General del Poder Judicial son los siguientes:

- Javier Marca Matute, magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Girona
- José Carlos Orga Larrés, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño
- Eva Platero Aranda, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Palencia
- Alfonso Santisteban Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja
- José Jaime Tapia Parreño, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava

Los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria serán llamados a una entrevista pública ante la Comisión Permanente del CGPJ para exponer su currículo y su proyecto antes de que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces debata y vote las candidaturas.

Categories: Jurisprudencia

Actividades del Servicio de Formación Continua del CGPJ en el mes de abril de 2017 (2ª parte)

Thu, 04/06/2017 - 08:00

INICIACIÓN A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

17/04/2017 al 18/06/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

El presente curso tiene por objeto facilitar una formación inicial en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y está destinado fundamentalmente a Jueces y Magistrados que no ejercen en la Jurisdicción, con una previsión de ejercer en el futuro en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o de reciente incorporación a la misma, pero también a aquellos que desean adquirir una formación básica en este orden jurisdiccional.

El curso ha sido elaborado por Magistrados especialistas de lo contencioso-administrativo con amplia experiencia en el ejercicio de la jurisdicción. Dado que se trata de un curso centrado en el ámbito jurisdiccional, el contenido del mismo está formado por unidades didácticas que tienen como objeto un estudio básico, aunque exhaustivo en la medida de lo posible, del Derecho Procesal Administrativo, con un punto de vista esencialmente práctico y jurisprudencial.

Así se ha diseñado un primer tema introductorio, dedicado a facilitar un estudio de la estructura de la Administración Pública española, actualizado a la reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, así como al importante capítulo de la jurisdicción y la competencia en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Un segundo tema está dedicado al estudio de las partes y el objeto del proceso contencioso-administrativo, y la tercera y cuarta unidades didácticas al proceso contencioso-administrativo propiamente dicho, con especial atención al procedimiento ordinario y al procedimiento abreviado.

A continuación, se ha creído conveniente incluir los aspectos del Derecho administrativo material con los que con más frecuencia se ha de enfrentar el Juez de lo Contencioso-Administrativo, como son las cuestiones relativas al procedimiento administrativo, los recursos, y los temas de derecho material más habituales e importantes en el ámbito competencial de los Juzgados Provinciales de lo Contencioso-Administrativo, con una especial atención a las más recientes reformas legislativas, en especial, a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La superación de este curso eximirá la realización de la fase teórica de los cursos de cambio de orden jurisdiccional durante un periodo de 3 años desde la fecha de finalización de la actividad.

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. PRINCIPALES CUESTIONES LITIGIOSAS

Coordinadora: ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ. MAGISTRADA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES
19/04/2017 al 21/04/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Contencioso Administrativo
Provincia de celebración: MADRID

Los contratos del sector público constituyen uno de los ámbitos materiales donde mayor número de recursos contenciosos se producen desde la misma existencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La extensa variedad y, en muchas ocasiones, la complejidad de los asuntos concernientes a la contratación llevada a cabo por las entidades públicas se ha incrementado tras la trasposición de las directivas comunitarias al derecho interno, especialmente tras la aprobación en octubre del año 2007 de la Ley de Contratos del Sector Público, unido a sus posteriores modificaciones y a la refundición de la normativa vigente en el Texto Refundido de noviembre del año 2011, recientemente modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El objetivo del seminario propuesto consiste en alcanzar de forma deliberada y mayoritaria una serie de conclusiones acerca de los puntos de conflicto de mayor relevancia y novedad, obtenidas mediante el debate acerca de una serie de casos prácticos que se ofrecerán a los asistentes, basados en la jurisprudencia del TUE y del Tribunal Supremo, sin descartar la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia y la emanada de los Tribunales de conflictos contractuales.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER: UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

Director: RICARDO RODRÍGUEZ RUIZ. MAGISTRADO JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER NÚMERO 1 DE HUELVA
19/04/2017 al 21/04/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Penal
Provincia de celebración: MADRID

Sin dejar a un lado el estudio de las últimas reformas legislativas, criterios jurisprudenciales, normas internacionales y conclusiones de grupos de personas expertas, se propone una visión amplia del fenómeno de la violencia sobre la mujer, desde la óptica de las necesidades de la víctima, tratando aspectos como la protección de víctimas con discapacidad, menores y violencia sobre la mujer, aspectos administrativos y asistenciales en la materia, entre otros.

JURISDICCIÓN LABORAL Y EL SECTOR PÚBLICO

Coordinador: SEBASTIÁN MORALO GALLEGO. MAGISTRADO SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
19/04/2017 al 21/04/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Social
Provincia de celebración: MADRID

El objetivo del seminario es el análisis de todas aquellas numerosas y complejas cuestiones que se nos presentan a diario en los procedimientos en los que son parte las administraciones y entidades pertenecientes al sector público en su más amplio sentido.

Adelantando que el formato abierto y flexible de un seminario nos permitirá introducir todas aquellas materias que resulten de interés, junto a las relativas a los aspectos que podríamos denominar “clásicos”, como son: el fraude de ley en la contratación; el régimen jurídico y extinción de los contratos indefinidos no fijos; los recortes salariales en el sector público; la subcontratación y reversión de contratas; etc., nos detendremos especialmente en las más novedosas y de mayor actualidad en la fecha de celebración del seminario, como serán los diferentes pronunciamientos que se hayan venido produciendo en aplicación de la sentencia TJUE de 14 de septiembre de 2016, C-596/14, asunto Diego Porras, con la singular y especial trascendencia que sin duda ha de tener cuando la empleadora pertenece al sector público; así como en la actualidad legislativa que en aplicación de lo previsto en la misma pudiere haberse producido en este ámbito; de la misma forma que en las cuestiones que resulten de los presupuestos generales del Estado para el año 2017.

PROCESOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO: UN ENFOQUE POSITIVO. CONSECUENCIAS EN LA FAMILIA. LA CUSTODIA COMPARTIDA. UNA GUÍA PARA EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO. LA JUSTICIA TERAPÉUTICA: PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS

Director: JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ. MAGISTRADO SECCIÓN Nº 12 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
Directora: FRANCISCA FARIÑA RIVERA. Catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor. Fac. Ciencias de la Educación y del Deporte. Universidad de Vigo
19/04/2017 al 21/04/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil
Provincia de celebración: MADRID

La actividad jurisdiccional en los procesos de familia necesita el auxilio de profesiones especializadas en los problemas derivados de la ruptura de la convivencia. La función de los tribunales en este campo es la de establecer las reglas para el ejercicio responsable de las responsabilidades parentales de forma consecuente con la realidad de cada familia. El objetivo de este curso es profundizar en la forma en la que los profesionales de la psicología, el trabajo y la educación social pueden colaborar en la fase de enjuiciamiento, con la propuesta de una guía judicial que facilite la concreción de las medidas respecto a la custodia de los hijos y las relaciones paterno filiales.

ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. EL RECURSO DE CASACIÓN Y LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015

Codirector: ANTONIO CORTÉS COPETE. MAGISTRADO JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA
Codirectora: MARÍA SOLEDAD GAMO SERRANO. MAGISTRADA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA
20/04/2017 al 21/04/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Contencioso Administrativo
Provincia de celebración: JAÉN

El objetivo del Encuentro es analizar los problemas prácticos que suscita o puede suscitar la aplicación de las últimas reformas legales, procesales y sustantivas, con especial incidencia en la preparación y admisión del recurso de casación en el ámbito jurisdiccional contencioso-administrativo y en las innovaciones afectantes al régimen de notificación y validez de actos y resoluciones administrativas y al Derecho Administrativo sancionador.

URBANISMO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Directora: MARÍA LUISA MARTÍN MORALES. PRESIDENTA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN GRANADA
20/04/2017 al 21/04/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de los órdenes jurisdiccionales penal y contencioso-administrativo
Provincia de celebración: CÓRDOBA

El Derecho medioambiental tiene su pauta fundamental en el concepto del desarrollo sostenible, que determina que es necesario completar el desarrollo de las estructuras, de los sistemas territoriales, de la economía, el desarrollo urbanístico, forestal, agrícola o pecuario con la protección del medio ambiente. Así, el desarrollo sostenible se enfoca en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Tierra, sin aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad del ambiente de proporcionarlos indefinidamente.

En este curso, a celebrar en un entorno natural de excepción, se tratará de profundizar en la referida vinculación entre el desarrollo económico, urbanístico y territorial y la conservación del medio ambiente.

Actividad a realizar en Córdoba. Se visitará el Parque Natural de la Sierras Subbéticas.

EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA. REFERENCIA DESAPARECIDOS

20/04/2017 al 21/04/2017
5 Plazas
Miembros de la carrera judicial
Provincia de celebración: MADRID

ESTATUTO DE LA VÍCTIMA

Directora/Tutora Módulo II/Co-Autora Tema 4: HELENA SOLETO MUÑOZ. Profesora Titular de Derecho Procesal Facultad de Derecho. Universidad Carlos III
24/04/2017 al 09/07/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Penal

El curso que se ofrece permite actualizar los conocimientos sobre el nuevo estatuto de la víctima en el siglo XXI, recogiendo los últimos avances normativos internacionales y nacionales sobre la cuestión. Por una parte, se abordarán los elementos materiales y procesales recogidos en instrumentos internacionales y nacionales, y, por otro, se estudiará la situación normativa y de hecho desde un punto de vista victimológico y de abordaje práctico. Entre la temática se encuentran elementos de justicia restaurativa, mediación penal, victimología y derecho comparado entre otros.

DERECHO CIVIL ARAGONÉS

Director: MANUEL BELLIDO ASPAS. PRESIDENTE T.S.J. Y DE LA SALA CIVIL Y PENAL SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
24/04/2017 al 10/12/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil

El curso de formación a distancia sobre Derecho civil aragonés responde a un doble propósito: en primer lugar, dar satisfacción a los integrantes de la carrera judicial que estén interesados en obtener la titulación que acredita la especialización en derecho civil aragonés, que podrán hacer valer como mérito preferente en los concursos; en segundo lugar, fomentar su conocimiento entre los jueces que deben aplicarlo o que pueden hacerlo en el futuro o, simplemente, entre aquellos que estén interesados en acercarse a él, contribuyendo así al desarrollo de un derecho con tan larga tradición histórica y trascendencia en Aragón.

Atendiendo a la finalidad que se pretende, el soporte “on line” utilizado presenta indudables ventajas formativas, puesto que permite un contacto directo del alumno con el tutor, que le ayudará a resolver de manera individualizada cuantas cuestiones o dudas se le puedan plantear en cada módulo y facilita la compatibilización de la actividad formativa con las exigencias del ejercicio de la función jurisdiccional o profesional de alumnos y profesores.

El programa se ha diseñado teniendo en cuenta la acreditada cualificación jurídica de los destinatarios, ofreciendo una visión completa y práctica del derecho civil aragonés, alejada de las meras exposiciones magistrales, que persigue identificar las cuestiones prácticas de mayor interés que se suscitan en la aplicación del derecho civil aragonés. Para su elaboración y ejecución se ha contado con expertos profesionales, procedentes de la judicatura, de la universidad y del notariado, con objeto de enriquecer el curso con aportaciones procedentes de diversos ámbitos jurídicos.

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: LOS RIESGOS PSICOSOCIALES

Directora: CARMEN RENEDO JUÁREZ. Sección de Prevención y Riesgos Laborales Consejo General del Poder Judicial
24/04/2017 al 26/04/2017
25 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: MADRID

ENCUENTRO JUECES-MAGISTRADOS (CIUDAD REAL)

Director: LUIS CASERO LINARES. MAGISTRADO SECCIÓN Nº 1 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
24/04/2017 al 24/04/2017
20 Plazas
Jueces y Magistrados de Civil y Penal de la Provincia de Ciudad Real
Provincia de celebración: CIUDAD REAL
Análisis y debate sobre las últimas sentencias dictadas en materia civil y penal por la Audiencia Provincial y sobre cuestiones jurídicas controvertidas.

MEDIACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Directora: PATRICIA BEZOS TORICES. JUEZA ADSCRIPCION TERRITORIAL TSJ C.VALENCIANA: CASTELLÓN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
26/04/2017 al 28/04/2017
25 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Social
Provincia de celebración: MADRID

Las cuestiones básicas a tratar serían:
-¿Qué es la mediación? Aproximación a las alternativas a la resolución de conflictos judicializados y utilidad en la jurisdicción social.
Este punto de inicio-marco abordaría de forma general la definición de la mediación y la posibilidad de orecer esta alternativa de forma paralela a la jurisdiccional, con su promoción desde los órganos judiciales.

-Definición, identificación y gestión del conflicto. Materias susceptibles de derivación a mediación intrajudicial en el ámbito de la jurisdicción social. Distinción entre mediación y conciliación administrativa previa a la vía judicial y en la vía judicial.

-Procedimiento de derivación. Modelos, resolución a dictar y momento procesal más idóneo. El papel del Juez, del Letrado de la Administración de Justica y de la Oficina Judicial.

-Las partes ante la mediación intrajudicial y la autogestión de su conflicto. El papel de los Letrados y Graduados Sociales. La sesión informativa. El mediador y su labor.

-Presente y futuro de la mediación en la jurisdicción social. La guía de mediación intrajudicial y su aplicación en el ámbito social. Experiencias diversas desde los Juzgados y Tribunales.

A estos temas se añadirán cuestiones prácticas y análisis de experiencias y casos concretos.

DELINCUENCIA ECONÓMICA: SU INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO

Codirector: ALEJANDRO LUZÓN CÁNOVAS. Teniente Fiscal Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado
Codirector: JOSÉ DE LA MATA AMAYA. MAGISTRADO JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
26/04/2017 al 28/04/2017
25 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Penal
Provincia de celebración: MADRID

La existencia de complejas organizaciones criminales, especializadas en distintas fases del iter delictivo, que además interactúan entre sí creando auténticos “consorcios” criminales o “subcontratándose” servicios ilícitos especializados (estructuras financieras, estructuras societarias, estructuras fiscales, etc.), así como la progresiva sofisticación y globalización de los sistemas de ocultación y blanqueo de las ganancias derivadas del delito, dificulta cada día más la investigación y persecución de los casos de delincuencia económica.

Ante un fenómeno delincuencial caracterizado por su complejidad y organización, y en muchos casos por su carácter estructural y sistemático, la única vía para abordar judicialmente su investigación con razonables posibilidades de éxito es con una respuesta igualmente especializada, multidisciplinar, estructurada y con altos niveles de organización y planificación.

El presente Curso persigue abordar los retos que actualmente presenta la investigación de esta clase de delitos. Se examinarán así las especialidades en la investigación de las operaciones bancarias y financieras, la práctica de las diligencias más habituales en orden a acreditar la comisión de estos delitos y a conseguir la recuperación de las ganancias ilícitamente obtenidas. Objeto de análisis serán igualmente las más recientes novedades en materia de cooperación internacional y nacional, repasando los concretos deberes de colaboración de las distintas entidades particularmente involucradas en la prevención y represión de la delincuencia económica, con especial detenimiento en la cooperación institucional llevada a cabo por la AEAT.

Se analizarán también los distintos problemas que se presentan en la organización y planificación policial, fiscal y judicial de estas investigaciones, y las dificultades y oportunidades que el marco procesal penal presenta en las causas por delitos económicos, con especial referencia a los llamados macroprocesos.

Finalmente, en el Curso se analizarán los límites de la investigación, el valor de las actuaciones practicadas, las especialidades en la práctica de la prueba de los delitos económicos y la problemática ligada a la celebración del juicio oral.

III SEMINARIO SOBRE "DERECHOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DAÑOS DERIVADOS DE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA"

27/04/2017 al 27/04/2017
10 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial destinados en Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales
Provincia de celebración: MADRID
Organizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

NUEVOS INSTRUMENTOS EN LA COOPERACIÓN CIVIL DE LA U.E., CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS REGLAMENTOS 650/2012 Y 655/14

Director/a: JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ. MAGISTRADO SECCIÓN Nº 1 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
27/04/2017 al 27/04/2017
25 Plazas
Provincia de celebración: A CORUÑA

TALLER CIVIL: DEL CONTROL DE INCORPORACIÓN AL DE ABUSIVIDAD EN LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN. PRÁCTICAS ABUSIVAS; CESIÓN DE CRÉDITOS

Codirectora: REBECA DEL CAMPO DÍEZ. MAGISTRADA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 DE GETXO
Codirectora: INÉS SORIA ENCARNACIÓN. MAGISTRADA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1 DE BARAKALDO
27/04/2017 al 27/04/2017
20 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil
Provincia de celebración: ARABA/ÁLAVA

A través de la presente jornada se analizarán las condiciones generales de contratación desde una perspectiva del control de incorporación y control de transparencia como parámetros con alcance distinto, analizando su proyección tanto en las cláusulas incluidas en los contratos bancarios como en otros contratos celebrados entre consumidores y/o profesionales.

Así mismo se analizará a la luz del derecho de la Unión y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los efectos de la declaración de abusividad de las condiciones generales de contratación incluidas en los contratos celebrados con consumidores.

Por último se abordará desde la perspectiva del posible carácter abusivo o fraudulento, las cesiones de crédito en masa y los principales problemas prácticos que se plantean en los tribunales tanto para su admisión como para el reconocimiento de los efectos pretendidos entre el cedente y el cesionario.

Para ello la jornada tendrá un carácter mixto, comenzando con la introducción de los temas a tratar a través de ponencias para posteriormente y en el correspondiente debate o coloquio centrarse en la resolución de problemas prácticos a través de la puesta en común de cuestiones previamente redactadas y remitidas a los asistentes, todo ello con la finalidad de generar un debate entre todos los participantes.

XVI CURSO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: LA INVALIDEZ DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL RECURSO DE CASACIÓN UN AÑO DESPUÉS

27/04/2017 al 28/04/2017
25 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden contencioso-administrativo
Provincia de celebración: CANTABRIA
Organizado en colaboración con el Gobierno de Cantabria y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

 

Categories: Jurisprudencia

Las mujeres representan ya el 64 por ciento de los jueces y magistrados en activo menores de 50 años

Tue, 04/04/2017 - 09:50

Las mujeres representan ya el 64 por ciento de los jueces y magistrados en activo menores de 50 años, mientras que la situación se invierte en el tramo de edad comprendido entre los 51 y los 72 años, en el que más del 60 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial son hombres.

Así lo revelan los datos recogidos en el informe sobre la estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2017 elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se hace un estudio demográfico de los 5.637 jueces y magistrados en activo, de los que 2.540 son hombres –el 47,3 por ciento- y 2.827 mujeres –el 52,7 por ciento-.

Cuando el análisis se hace por tramos de edad, sin embargo, esa situación de casi equilibrio entre los dos sexos desaparece: entre los 2.911 jueces y magistrados de menos de 50 años hay 1.853 mujeres –es decir, el 63,7 por ciento- y 1.058 hombres –el 36,3 por ciento-.

Lo contrario sucede entre los 2.456 miembros de la Carrera Judicial que tienen entre 51 y 72 años –la edad máxima de jubilación-, ya que aquí los 1.482 varones suponen el 60,3 por ciento, frente al 39,7 por ciento que representan las 974 mujeres.

Esta circunstancia tiene su reflejo en la composición de los distintos órganos judiciales: en los colegiados, como las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia -a los que se accede más tarde, una vez avanzada la carrera profesional-, el porcentaje de mujeres es del 37,7 por ciento y del 36 por ciento, respectivamente.

Así, de los 945 magistrados destinados en Audiencias Provinciales, 589 son hombres y 356 mujeres, aunque en algunos territorios estas últimas ya son mayoría: sucede en la de Illes Balears o en el conjunto de las del País Vasco.

Mientras tanto, de los 490 magistrados que integran los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, 313 son hombres y 177 mujeres. Ya hay un Tribunal Superior, el de Cantabria, donde éstas son mayoría; mientras que en las Comunidades Autónomas de Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja el reparto es casi paritario.

El porcentaje de mujeres es muy similar en otro órgano colegiado como la Audiencia Nacional: el 37,1 por ciento. Esa cifra baja hasta el 13,9 por ciento en el Tribunal Supremo, donde la media de edad de sus miembros es de 63,5 años. Once de los 78 magistrados del alto tribunal son mujeres, tras la incorporación el pasado 8 de marzo de María de los Ángeles Parra a la Sala Primera.

La media de edad de los magistrados destinados en las Audiencias Provinciales es de 57,2 años; y la de los que sirven en Tribunales Superiores de Justicia de 58 años. Todavía un poco más alta -59,3 años- es la de los magistrados de la Audiencia Nacional.

La situación es la contraria en lo que se refiere a los órganos unipersonales: las mujeres son mayoría en todos ellos, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y en los de lo Contencioso-Administrativo, donde suponen el 32,8 por ciento y el 43 por ciento, respectivamente.

El porcentaje más alto de representación femenina se da en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (69,2 %), y también es superior al 60 por ciento en los Juzgados de lo Penal, de Menores, de Primera Instancia e Instrucción y de Primera Instancia. En otros órganos, como los Juzgados de lo Social, los de Vigilancia Penitenciaria y los de Instrucción, las mujeres suponen más de la mitad de los jueces y magistrados destinados en ellos.

El País Vasco, la Comunidad Autónoma con más juezas

Las mujeres también suponen la mayoría de la planta judicial en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. Solo en las de Aragón, Castilla y León, Murcia y Navarra el porcentaje de hombres supera el 50 por ciento.

En el País Vasco, las juezas y magistradas representan el 60,8 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial destinados en el territorio. Le siguen Galicia (57,4 %), La Rioja (56,8 %), la Comunidad de Madrid (56,3 %) y Cataluña (56 %).

El informe publicado por la Sección de Estadística permite también saber que, de media, los jueces españoles tienen 49 años de edad y 18 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Por Comunidades Autónomas, los jueces más jóvenes son los destinados en Canarias, donde la media de edad es de 45,7 años. Le siguen de cerca Extremadura (46 años) y Castilla-La Mancha (46,2 años). En el otro extremo se sitúan los jueces y magistrados de Madrid (52,8 años de media), Aragón (51,9) y Navarra (51,1).

En cuanto a la antigüedad en la Carrera Judicial, los más experimentados son los de Aragón (22,8 años de media), seguidos por los de Madrid (21,7) y Navarra (20,5). Mientras tanto, la media de antigüedad en Canarias es de 14,4 años; en Castilla-La Mancha de 14,6 y en Cataluña de 14,9 años.

Consulte el informe completo en:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/ 

Categories: Jurisprudencia

El presidente del TS y del CGPJ preside la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial

Mon, 04/03/2017 - 12:30

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido este lunes, en la sede del órgano de gobierno de los jueces, la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial.

A la reunión han asistido el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefania Beltrán de Heredia Arroniz; el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Jordi Jané Guasch; y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia de Navarra, María José Beaumont Aristu. También estaban presentes el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán y el magistrado Manuel García-Castellón, secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial.

Durante la reunión se han tratado asuntos como el control del cumplimiento de las penas de localización permanente, la modificación de los artículos 520.2.f y 588 quinquies b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el plazo para que las compañías de telefonía faciliten los datos solicitados por la Policía Judicial relativos a la identificación del titular o número de terminal.

Categories: Jurisprudencia

Las penas impuestas a los asesinos de género aumentaron en 2015 y se situaron en una media de veinte años de prisión

Fri, 03/31/2017 - 08:50

Las instituciones que forman parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género han conocido el Informe del Grupos de Expertos que analiza las sentencias dictadas por los Tribunales de Jurado y las Audiencias Provinciales en el año 2015, relativas a homicidios y asesinatos consumados entre los miembros de la pareja o expareja y de los menores a manos de sus progenitores.

El Informe ha analizado 38 resoluciones de violencia de género, de las que 36 resultaron condenatorias, 29 por asesinato y 7 por homicidio, falleciendo como resultado de estos crímenes 39 mujeres.

Mientras que en 2014 la media de la pena de prisión en asesinatos de violencia de género fue de 18 años, en el año 2015 la media de las penas impuestas ha aumentado hasta los 20 años de cárcel.

El Informe destaca igualmente la reducida o nula afectación de alteraciones psíquicas y de consumo de alcohol en los autores de crímenes de violencia de género, mientras que alerta sobre el porcentaje de entrega voluntaria del autor, lo que demuestra que se beneficia de la atenuante del artículo 21 del Código Penal, cuya supresión para supuestos de violencia de género viene reclamando el Grupo de Expertos.

El responsable de los crímenes era español en 25 sentencias y extranjero, en 13. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 28 eran españolas y 11 extranjeras. La edad media de los autores fue de 42 años y medio y la de las víctimas experimentó un notable descenso con respecto a 2014 y se situó en torno a los 32 años, la media más baja registrada hasta ahora, ya que dos de las víctimas eran adolescentes.

Con respecto a años anteriores, aumentó el porcentaje de crímenes en situaciones en que se mantenía la relación de afectividad o convivencia de la pareja, que en 2015 sucedió en el 76 por ciento de los casos.

Un 73 por ciento de las víctimas tenía hijas o hijos. De los 37 hijos que se recogen en las sentencias analizadas, 23 eran menores de edad y diez de ellos tenían menos de 10 años. En cuatro casos estos menores fueron testigos del homicidio o asesinato de su madre.

Escaso porcentaje de denuncias previas

El Grupo de Expertos pone un especial énfasis en el reducido porcentaje (apenas un tres por ciento) de denuncias previas en los crímenes de género analizados, lo que evidencia el ocultamiento de las víctimas de estos hechos de maltrato previos al crimen y la creencia o confianza de que acabarán cesando.

En consecuencia, el Informe resalta la necesidad, por una parte, de mejorar la información a las víctimas acerca de los cauces para denunciar y los instrumentos y herramientas legales para su protección, y por otra parte, de mejorar los canales de detección de situaciones de riesgo.

Nueve menores murieron a manos de sus progenitores

El Informe incluye asimismo el análisis de las ocho sentencias que se dictaron en los órganos judiciales en relación con menores muertos a manos de sus progenitores. Murieron nueve menores, ya que en un mismo suceso se contabilizaron dos menores asesinados. Dos de las sentencias calificaron los hechos como homicidios imprudentes, y las seis restantes los consideraron como asesinato.

La autoría de esos seis asesinatos se atribuyó en dos casos a una mujer, madre del o la menor, en otros tres casos a un hombre, padre o pareja sentimental de la madre, y en un caso se consideraron criminalmente responsables a los dos miembros de la pareja.

Los menores fallecidos no pasaban en ningún caso de los 11 años de edad y todos eran de nacionalidad española.

Nueve condenas por muertes por violencia doméstica

Finalmente, el Informe también analiza las nueve sentencias que se dictaron en materia de violencia doméstica, todas ellas condenatorias, seis por asesinato y tres, por homicidio.

La autoría de estos crímenes se atribuyó en seis casos a una mujer, pareja o expareja de las víctimas mortales y en tres casos a un varón, también pareja o expareja de la víctima. Todas las víctimas eran españolas. Respecto a la convivencia afectiva se mantenía en cinco casos.

La media de las penas de prisión impuestas por asesinato en violencia doméstica fue de 15 años y siete meses.

Categories: Jurisprudencia

Actividades del Servicio de Formación Continua del CGPJ en el mes de abril de 2017 (1ª parte)

Fri, 03/31/2017 - 07:00

DIPLOMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN ESTUDIOS JURÍDICOS AVANZADOS DE DERECHOS HUMANOS

01/04/2017 al 30/06/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de cualquier orden jurisdiccional
Organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

El curso (100 horas lectivas) tiene como objetivo la adquisición de competencias personales y
profesionales en materia de Derechos Humanos, mediante la profundización y actualización en el conocimiento de los procedimientos internacionales en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas y las problemáticas especiales que se platean actualmente en relación con determinados derechos o sectores sociales, no sólo desde la perspectiva del Derecho existente sino también, por el alto interés social en ello, desde una aproximación crítica con la finalidad de la efectiva protección de los derechos humanos. Por ello, está destinado a alumnos de último curso de Grado, estudiantes de postgrado y profesionales del Derecho, especialmente abogados, fiscales y jueces.

El contenido del curso incluye, en primer lugar, una parte general de carácter procesal, donde se exponen los procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, ya sean de naturaleza civil y política o de tipo económico, social y cultural, y tanto en el ámbito universal (Naciones Unidas) como en los diferentes sistemas regionales (Organización de Estados Americanos, Consejo de Europa, Unión Africana, etc.). Esta primera parte se articula en cuatro módulos que suman un total de 60 horas lectivas y será común en todas las ediciones anuales. En segundo lugar, se estudiarán en cada curso académico cuatro temas específicos de actualidad en materia de protección de los derechos fundamentales, en cuatro módulos especiales, con un total por curso académico de 40 horas lectivas.

La modalidad de la enseñanza es on line, mediante la disposición por los profesores de los materiales, herramientas de contacto y tutoría, y pruebas necesarias para el aprendizaje.
La evaluación positiva, con la obtención del Diploma de Formación Continua en Estudios Jurídicos Avanzados de Derechos Humanos, requiere realizar las tres actividades prácticas de cada uno de los ocho módulos, con al menos una nota media final de 5,0 sobre 10 puntos, teniendo en cuenta que la nota media de los cuatro generales supone el 60% de la nota final y la de los cuatro especiales el 40%.

INICIACIÓN A LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Directora: CONCEPCIÓN ROSARIO URESTE GARCÍA. MAGISTRADA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

03/04/2017 al 30/06/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Social

Dentro de los diferentes órdenes jurisdiccionales, la rama social posee cuantiosas especialidades que la hacen atractiva, dinámica, a la par que compleja por las cuestiones litigiosas derivadas de la relación contractual y laboral.

Ello requiere que a la ciudadanía y, especialmente a los trabajadores y empleadores, se les dé una respuesta de calidad por parte de Jueces y Magistrados del orden social.
Es por ello que el presente curso on-line, en el marco de las actividades formativas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, busque contribuir a la formación específica en temas laborales de quienes van a cambiar de orden jurisdiccional, desarrollando su labor profesional en la resolución de conflictos incardinados en la jurisdicción social.

Con el fin de alcanzar dicho objetivo de preparación eficaz, eficiente y de calidad, se ha elaborado un bloque de materiales formativos que incluyen temas de Derecho del Trabajo, Derecho Colectivo, Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral, que van a permitir a los alumnos adquirir los conocimientos esenciales para desarrollar desde el inicio su labor de una forma óptima.

La superación de este curso eximirá la realización de la fase teórica de los cursos de cambio de orden jurisdiccional durante un periodo de 3 años desde la fecha de finalización de la actividad dado que este curso es el que sirve de base para la realización del curso cambio de orden jurisdiccional en este orden.

ÚLTIMAS REFORMAS PENALES

Directora: MARÍA DEL PILAR RASILLO LÓPEZ. MAGISTRADA SECCIÓN Nº 29 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
03/04/2017 al 30/06/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Penal

A pesar de que ha transcurrido cierto tiempo desde que entrara en vigor la Reforma del Código Penal, operada por la L.O. 1/2015, son varias las cuestiones que se siguen planteando a la hora de poder aplicarla con rigor. Por ello, es necesario que los Jueces y Magistrados conozcan el alcance real de la Reforma y las diferentes visiones e interpretaciones que se han elaborado al respecto.

La actual Reforma afectó a varios Títulos del Código Penal, tanto de la Parte General como de la Parte Especial. Desde el presente curso se abordará el estudio de dichas modificaciones, mediante una metodología que se basará fundamentalmente en la realización de casos prácticos tomando como base el material didáctico que se recogerá en formato de libro electrónico. Con ello se pretende que el curso sea enriquecedor, dinámico y servir de base para ampliar los conocimientos de la actual Reforma y su aplicación.

CUESTIONES ACTUALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LA RECIENTE CASUÍSTICA JUDICIAL

Director: RAMÓN CASAS VALLÉS. Profesor Ordinario de la Escuela Judicial - Área Civil Escuela Judicial
03/04/2017 al 23/06/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil

El flujo de resoluciones judiciales que versan sobre materias relativas a la propiedad intelectual, entendida en el sentido estricto de derechos de autor y derechos conexos a los de autor, se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años. Al tiempo que se ha producido ese crecimiento en términos cuantitativos, ha aumentado la variedad de los temas tratados, muchos de ellos definitivamente conectados con el desenvolvimiento de las obras y prestaciones intelectuales en la sociedad de la información. También ha ido en aumento la profundidad y calidad de los análisis plasmados en los fundamentos jurídicos de las resoluciones. A todo ello no es ajena la creación de los Juzgados de lo Mercantil y la asignación a los mismos de la competencia para conocer, entre otros, de los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual. También ha contribuido de forma muy relevante la existencia de Secciones especializadas en algunas Audiencias Provinciales y, cómo no, la producción del Tribunal Supremo, básicamente de su Sala Primera, aunque sin olvidar los pronunciamientos importantes de otras Salas (contencioso-administrativa y penal).

En el ámbito europeo hay también un claro protagonismo judicial, hasta el punto de que, en algún momento, la Comisión parece haber cedido el testigo de la armonización al Tribunal de Justicia, obligando así a que la mirada del jurista se dirija no sólo a Bruselas sino también a Luxemburgo. Existe ya un nutrido cuerpo de jurisprudencia europea, incrementado de forma constante en los últimos años.

Como simple muestra, en lo que llevamos de 2016 ya se han dictado once sentencias sobre asuntos de calado, tan variados como: El montante de las indemnizaciones por infracción y la inclusión del daño moral en el criterio de regalía (Liffers, 17/3/2016, C-99/15); la copia privada y su compensación (Austromechana, 21/4/2016, C-572/14 y EGEDA, 9/6/2016, C-470/14); los televisores en establecimientos de rehabilitación y la comunicación pública (Reha Training, 31/5/2016, C-117/15); la responsabilidad de los titulares de establecimientos comerciales por actividades ilegales en los puestos subarrendados (Delta Center, 7/7/2016, C-494/15); el montante de las condenas en costas (United Video, 28/7/2016, C-57/15); los enlaces y el derecho de comunicación pública (GS Media, 8/9/2016, C-160/15); la responsabilidad de los titulares de redes wifi abiertas usadas por terceros para actos infractores (Mc Fadden, 15/9/2016, C-484/14); los programas informáticos, sus copias de salvaguardia y el agotamiento del derecho de distribución (Ranks & Vasilevics, 13/10/2016, C-166/15); el préstamo bibliotecario electrónico (Vereniging Openbare Biblioteheken, 10/11/2016, C-174/2015); y, en fin, las obras descatalogadas o no disponibles y su posible movilización para facilitar el acceso público (Soulier & Doke, 16/11/2016, C-301/15).

El objetivo del curso es servir como punto de encuentro entre jueces y académicos para abordar la misma materia desde ángulos diferentes. Se trata pues de favorecer el intercambio de experiencias y puntos de vista y de lograr que el tratamiento casuístico de los asuntos se complemente con un enfoque dogmático, al tiempo que éste se enriquece con la visión aportada por los aplicadores directos del Derecho. El curso siempre con el mismo título (“Cuestiones actuales de propiedad intelectual”) aunque con contenido cambiante, viene constituyendo un interesante foro de estudio y debate en cuyas sucesivas ediciones se han podido examinar las reformas legales y sentencias más importantes del momento.
La metodología docente combina un campus virtual con unas jornadas presenciales de cierre.

Durante la fase a distancia se trabaja, en estructura modular, a partir de los materiales seleccionados y puestos a disposición de los participantes. El estudio es individual pero no solitario pues los profesores proponen lecturas, puntos de reflexión y, como cierre de cada módulo, un cuestionario susceptible de discusión en el foro abierto al efecto. El objetivo es llegar a la fase final presencial con el material trabajado. En las jornadas presenciales se llevaran a cabo sesiones sobre las cuestiones objeto del curso, concebidas de formas que en cada una intervenga un Juez o Magistrado de lo mercantil, y un profesor universitario especializado en la temática correspondiente.

Con antelación suficiente respecto de la parte presencial, se hará llegar a los participantes del Curso un material preparatorio sobre las distintas sesiones presenciales, estructurado en módulos o unidades temáticas correspondientes con ellas.

ENFERMEDAD MENTAL EN EL PROCESO PENAL

Coordinador: ALBERTO VARONA JIMÉNEZ. Profesor Ordinario Área Penal Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial
03/04/2017 al 05/04/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Penal
Provincia de celebración: MADRID

Desde la instrucción de las diligencias hasta la ejecución de la sentencia dictada en un procedimiento penal, la enfermedad mental suscita una pluralidad de cuestiones y problemas jurídicos de orden sustantivo y procesal.

El objetivo de este seminario será identificar dichos problemas, analizarlos desde una perspectiva práctica sobre la base de casos reales y ofrecer una respuesta concreta.
A tal efecto, entre otros, abordaremos las especialidades que se plantean en las medidas cautelares personales; criterios prácticos jurisprudenciales para la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y la vinculación de los trastornos mentales al consumo de sustancias.

LA NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Director y ponente: JOSÉ ARSUAGA CORTÁZAR. PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 2 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA
03/04/2017 al 05/04/2017
40 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil
Provincia de celebración: MADRID

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, ha venido a colmar el mandato que el legislador de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 (Disposición final decimoctava) hizo al Gobierno para que se presentara un Proyecto de Ley que sustituyera la regulación tradicional de la materia incorporada en el Libro III de la añeja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. El legislador ha optado, entre las posibilidades con las que contaba, por regular los expedientes que se siguen desarrollando en sede judicial, de un lado, y por la desjudicialización de un buen número de procedimientos, del otro, de forma que desde su entrada en vigor la competencia se atribuye, bien de forma exclusiva, bien compartida, a los Notarios o Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

La presente actividad formativa –a través de la intervención de ponentes con distinto origen y variado destino profesional- trata de introducir a los asistentes en los aspectos generales de la Ley, en el procedimiento genérico previsto para la tramitación de los expedientes cuando no tengan una definición singular, en los expedientes cuya resolución siga correspondiendo a los órganos judiciales -especialmente aquellos cuya competencia siga atribuyéndose al juez- y en aquellos que hayan sido desjudicializados. Superado el primer año y medio de su entrada en vigor, se identificarán los supuestos y se insistirá en las situaciones que la experiencia indique como de mayor importancia.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA LUZ DE LA CDPD. LA TUTELA. CONTROL DE PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ANCIANOS. PODERES PREVENTIVOS, AUTOTUTELA

Directora: ALMUDENA CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ. Notaria. Directora de la Fundación Aequitas
03/04/2017 al 05/04/2017
25 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil
Provincia de celebración: MADRID

Este año 2017 España debe presentar un nuevo informe al comité de seguimiento de la convención, la cuestión pendiente en nuestro ordenamiento jurídico es la modificación del mal llamado procedimiento de incapacitación. Analizaremos la jurisprudencia en esta materia, las alternativas a la incapacitación, la problemática del acceso a la justicia de las personas con discapacidad y las implicaciones que conlleva jurídicamente el sistema de provisión de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica.

Actividad en colaboración con la Fundación AEQUITAS

LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS PRIVADOS: ASPECTOS CIVILES, PENALES Y POLICIALES

Coordinadora: MARÍA DEL CARMEN GARCIÍ MARTÍNEZ. MAGISTRADA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 18 DE BARCELONA
Coordinadora: EVA MARÍA ATARES GARCÍA. MAGISTRADA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 57 DE BARCELONA
03/04/2017 al 03/04/2017
30 Plazas
Miembros de la carrera Judicial del orden civil y penal
Provincia de celebración: BARCELONA

ECONOMÍA Y CONTABILIDAD

Director: PEDRO JUEZ MARTEL. Profesor titular de Economía Aplicada de la UNED
03/04/2017 al 15/09/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de cualquier orden jurisdiccional

Este curso de contenido eminente práctico pretende ofrecer los instrumentos que procedentes del mundo de la economía y la contabilidad están más relacionados con el mundo del Derecho. Se aborda así todo lo relacionado con la lectura e interpretación de las cuentas empresariales empleando en todo momento casos reales de sociedades que nos permitirán determinar desde la rentabilidad de una empresa hasta la distancia de ésta a la quiebra.

Uno de los capítulos está orientado específicamente a la detección y descripción a partir de casos prácticos de las prácticas perniciosas que desde la contabilidad más habitualmente se efectúan en los distintos ámbitos jurídicos. Su conocimiento posibilitará saber en qué medida las cuentas presentadas por una sociedad pueden no ser reales y están siendo utilizadas para eludir responsabilidades tributarias, alzamiento de bienes, sociedades tapadera o perjuicio de acreedores y/u otros socios o socias. También en este tema todos los casos planteados corresponderán a casos reales de sociedades.

Se destacarán especialmente las empleadas en los ámbitos mercantil, fiscal, laboral, penal y civil. No son necesarios conocimientos previos sobre la materia.
Se realizarán dos sesiones presenciales voluntarias a lo largo del curso y en todo momento los/as participantes podrán dirigirse al Director del curso a través de la plataforma e-learning.

CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD

Director: RAMÓN JUEGA CUESTA. Abogado y Profesor de Contabilidad Universidad de A Coruña
05/04/2017 al 05/04/2017
10 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial destinados en La Rioja
Provincia de celebración: LA RIOJA

Lejos de pretender convertir al juzgador en un “experto contable” el objetivo de esta jornada no es otro que el de facilitar a los asistentes las claves para interpretar la información financiera que emana de las empresas y las posibles consecuencias legales que de ellas se derivan. Mediante una metodología eminentemente práctica y partiendo de un nivel introductorio, se repasará el marco legal existente y las obligaciones de los empresarios.

A través de la resolución de casos prácticos, se facilitarán las pautas para la detección del desequilibrio patrimonial y sus consecuencias y, por otra parte, se identificarán aquellas partidas que permiten la interpretación de los principales estados financieros como el Balance y la Cuenta de Resultados y la información que ha de contener la Memoria. Se prestará especial atención a las obligaciones contables en caso de insolvencia y en sede de liquidación y repasarán aquellos supuestos prácticos que dan lugar a los despidos objetivos por causas económicas.

MECANISMOS DE DEFENSA CONTRA EL ESTRÉS

Director: JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ JURADO. Profesor diplomado de la Escuela Internacional de Yoga Sivananda. Gerente del Consejo General del Poder Judicial
06/04/2017 al 07/04/2017
20 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: ARABA/ÁLAVA

El trabajo en los juzgados ha dejado de ser el paradigma de la “soledad del despacho”, los tiempos pausados y el ánimo sereno. Las exigencias de eficacia, la complejidad de los litigios, las presiones por la enorme carga de trabajo, las intromisiones mediáticas, las deficiencias de la oficina judicial en épocas de cambio, como las que vivimos, colocan a los/as profesionales de la judicatura en un grupo de riesgo, que no solo repercute en el desempeño profesional, sino que muchas veces invade el ámbito de la esfera privada.

El aprendizaje de técnicas de relajación y la adquisición de habilidades de autocontrol, permiten conseguir un alto grado de concentración, aun en medio de situaciones de tensión y estrés. Y todo ello mediante sencillos ejercicios tanto de relajación, como de respiración, que evitan la fatiga en el trabajo y permiten una alineación de la espalda, una mejora postural, una mejoría en el rendimiento del sistema respiratorio y una prevención y control de la fatiga y del estrés.

Categories: Jurisprudencia

El CGPJ elige a Miguel Rodríguez de Paterna auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Primero, de Madrid

Thu, 03/30/2017 - 11:50

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al coronel auditor Miguel Rodríguez de Paterna Giménez de Córdoba nuevo auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Primero, de Madrid.

Rodríguez de Paterna ha obtenido trece de los 21 votos del Pleno, frente a los siete recibidos por el también candidato coronel auditor Francisco Luis Pascual Sarria, director de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos. La vocal Concepción Sáez ha votado en blanco.

El nuevo auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Militar Primero ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en 1985 y tuvo su primer destino en la Auditoría de Guerra de la Región Militar Sur, para servir luego en la Fiscalía de la Región Militar Centro, la Asesoría Jurídica de la Región Militar Centro, el Órgano de Dirección de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército y la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil.

Entre 2010 y 2013 fue vocal togado del Tribunal Militar Territorial Primero y desde octubre de ese último año es titular del Juzgado Togado Militar Central número 1.

Miguel Rodríguez de Paterna cuenta con una amplia experiencia docente como profesor de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos y es autor de publicaciones jurídicas como el título “La potestad disciplinaria y la competencia sancionadora” del Manual de Derecho Disciplinario de la Guardia Civil editado por Thomson Aranzadi o el título “La competencia sancionadora” del Manual básico de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas editado por el Ministerio de Defensa.

Categories: Jurisprudencia

La sudafricana Phumzile Miambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, premio a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género

Wed, 03/29/2017 - 11:30

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Miambo-Ngcuka, ha sido distinguida hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con el premio anual a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género.

Las instituciones que forman parte del Observatorio han acordado asimismo premiar la campaña corporativa que lleva a cabo Antena 3 en defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia sexista. Igualmente el Observatorio ha querido reconocer el trabajo desarrollado en materia de lucha contra la violencia de género por la exdelegada del Gobierno en la materia, Blanca Hernández Oliver.

Los galardones, que serán entregados por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ previsiblemente en el mes de septiembre del presente año, han sido concedidos por unanimidad de todas las instituciones que conforman el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside la vocal del CGPJ, Ángeles Carmona.

Nacida en Sudáfrica en 1955 y formada como profesora, Phumzile Miambo-Ngcuka comenzó como activista contra el apartheid y contra la opresión de la mujer, fue miembro del Parlamento democrático de su país y ministra de Minerales y Energía en el gobierno de Nelson Mandela, convirtiéndose en 2005 en la primera mujer de su país que alcanzó la Vicepresidencia de la Nación.

Desde el 19 de agosto de 2013 ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, desde donde ha impulsado la lucha de Naciones Unidas en todos los campos y a todos los niveles para frenar la violencia de género y remover los obstáculos, políticos, sociales y económicos, que impiden la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Premios a Antena 3 y a Blanca Hernández

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género también ha querido reconocer la labor llevada a cabo por Antena 3, en colaboración con Fundación Mutua Madrileña, mediante su acción corporativa “Tolerancia cero: contra el maltrato, la fuerza de todos”, en la que, a través de sus noticias y programas informativos, ha utilizado toda su capacidad de comunicación para sensibilizar contra la violencia de género, generar un mayor rechazo social hacia el maltratador y, sobre todo, intentar reducir el número de víctimas.

Igualmente, el Observatorio ha distinguido a Blanca Hernández Oliver con la mención especial “Soledad Cazorla, fiscal” por la labor desarrollada durante los cinco últimos años al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, desde donde ha promovido destacadas actuaciones para la erradicación de la violencia contra la mujer, como la aprobación de la Estrategia Nacional, y ha impulsado importantes reformas legales relativas a la mejora de la asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de los menores a su cargo.

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El presidente del TS y del CGPJ interviene en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con motivo del LX aniversario de la firma del Tratado de Roma

Mon, 03/27/2017 - 14:50

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha intervenido este lunes en el Foro de Magistrados organizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sede de Luxemburgo con motivo del LX aniversario de la firma del Tratado de Roma.

En el Foro participan los presidentes de los Tribunales Supremos de los Estados miembros de la Unión Europea, muchos de los cuales son además presidentes de los respectivos Consejos Superiores de la Magistratura, y algunos presidentes de Tribunales Constitucionales.

A propuesta del presidente del TJUE, Koen Lenaerts, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha impartido una ponencia titulada “Desafíos de la Justicia en red: la protección de datos de carácter personal”.

Durante su intervención, Carlos Lesmes ha señalado que existe en la Unión Europea un marco normativo uniforme en materia de protección de datos -el Reglamento de 2016- que es aplicable a la actividad judicial; y que su considerando 20, que precisa que en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros pueden especificarse las operaciones y los procedimientos de tratamiento en el ámbito judicial, no puede servir de pretexto para debilitar esa protección uniforme.

El presidente del TS y del CGPJ ha añadido que, en los estrictos términos de la cooperación judicial, el tratamiento de los datos personales es lícito y no sería precisa su ocultación salvo en supuestos excepcionales o cuando la legislación del Estado emisor así lo exigiera, sin perjuicio de la disociación de datos que decida el órgano judicial destinatario de la cooperación, si la considerase necesaria.

Por último, Lesmes ha dicho que en una base de datos de cuestiones prejudiciales de acceso universal –como la que ha sugerido el propio TJUE-, el Tribunal de Justicia debería proceder a ocultar los datos personales, sin que se encuentre justificado un nivel de protección diferente según corresponda al demandante o al demandado.

 

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El número de demandas de disolución matrimonial en España se mantiene estable desde 2009 y se sitúa en torno a las 120.000 anuales

Fri, 03/24/2017 - 10:27

El estudio de la evolución desde el año 2001 de las demandas de disolución matrimonial, realizado por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, muestra como el número de separaciones y divorcios en España se mantiene estable desde 2009, año en el que se produjeron un total de 124.430 disoluciones. En 2016, el número total de separaciones y divorcios fue en nuestro país de 119.889.

En lo que va de siglo, y hasta el 31 de diciembre de 2016, se han producido en nuestro país un total de 2.068.063 disoluciones matrimoniales, de las que 1.621.394 fueron divorcios (967.865, de mutuo acuerdo) y 446.669, separaciones (297.226, consensuadas).

Tras la entrada en vigor de la Ley 15/2005 por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, que supuso la eliminación de los plazos previos, se produjo un importante crecimiento de las demandas de disolución en los años 2005 y 2006.

A partir de 2007 y hasta 2009, al desaparecer el impacto inicial de la nueva Ley y dejarse sentir los efectos de la crisis económica, el número de demandas de disolución matrimonial descendió. Desde 2009 se mantiene estabilizada la cifra de disoluciones matrimoniales.

Cambio en las tendencias de separaciones y divorcios

La evolución de las demandas de disolución matrimonial, que era creciente en los primeros años analizados, con predominio de las separaciones sobre los divorcios, y de las disoluciones consensuadas sobre las no consensuadas, sufrió un importante cambio con la modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2005, que unificó los requisitos exigidos para la concesión del divorcio, igualándolos a los de la separación, lo que de hecho permitió la disolución del matrimonio por divorcio directamente sin pasar por la fase de separación.

Los datos reflejan que a partir de ese momento el número de separaciones cayó a la cuarta parte y el de divorcios se triplicó, de tal manera que si en el año 2004, el anterior a la reforma, la proporción era de un 40 por ciento de divorcios y un 60 por ciento de separaciones, en los últimos años puede afirmarse que los divorcios representan ya casi un 95 por ciento del total de disoluciones matrimoniales.

Datos por Comunidades Autónomas

El estudio sobre la evolución de las demandas de disolución matrimonial refleja que la reducción de las separaciones, especialmente de las consensuadas, se ha dado en todos los Tribunales Superiores de Justicia, mientras que en paralelo han aumentado los divorcios.

Se han observado, no obstante, diferencias de comportamiento de las diversas Comunidades. Así, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares y Andalucía presentan en todos los años los mayores números de demandas por 100.000 habitantes, mientras que en el extremo opuesto están Castilla y León y Extremadura

Modificación de medidas

La crisis económica también ha dejado sentir su efecto en las modificaciones de medidas matrimoniales, que entre 2006 y 2016 se han triplicado, con incrementos en todos los años, tanto en las disoluciones consensuadas como en las contenciosas.

En 2016, se produjeron 44.231 modificaciones de medidas, mientras que en el año 2006 la cifra había sido de 13.145.

Para los hijos menores no matrimoniales también se ha observado un importante incremento de las medidas de guarda, custodia o prestación de alimentos, como lo corrobora el dato de las 46.623 medidas adoptadas en 2016 frente a las 16.122 del año 2006.

Mediación intrajudicial de familia

Otra novedad de la ley del año 2005 fue la posibilidad de que los cónyuges acudieran a la vía de la mediación familiar para tratar de conseguir una solución de los temas controvertidos, reservándose la intervención judicial para el caso de que no fuera posible el acuerdo o bien que el contenido del mismo fuera lesivo para los intereses de los hijos menores o discapacitados.

El número de demandas derivadas a mediación ha ido incrementándose anualmente. En 2009, se derivaron 1.642 mientras que el pasado año la cifra fue de 7.336.

En 2016, 4.160 de las demandas derivadas a mediación finalizaron mediante este procedimiento, un 20 por ciento de ellas con avenencia de las partes.

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El CGPJ guarda un minuto de silencio en repulsa por el ataque terrorista de Londres

Thu, 03/23/2017 - 11:30

En señal de repulsa por el ataque terrorista cometido ayer en Londres y en solidaridad con las víctimas, el Poder Judicial se ha sumado hoy al minuto de silencio convocado en todos los organismos oficiales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, los vocales de la Comisión Permanente y miembros del personal del órgano de gobierno de los jueces han guardado un minuto de silencio a las 12:00 horas frente a la fachada principal del CGPJ.

El mismo acto ha tenido lugar a esa hora en las sedes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Escuela Judicial de Barcelona.

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El nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial se aprobará antes de finalizar este año

Wed, 03/22/2017 - 13:30

La Comisión de seguimiento establecida en el convenio para la creación de un sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la salud de los miembros de la Carrera Judicial se ha reunido hoy en Madrid, con representantes del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales.

En la reunión, presidida por el vocal del CGPJ, Juan Martínez Moya, se ha dado cuenta de las actuaciones llevadas a cabo para la elaboración de un nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales que, tras el visto bueno por parte del Pleno del CGPJ, está previsto aprobar antes de que finalice el presente año.

Por otra parte, la Comisión ha analizado las actuaciones que se llevan a cabo en materia de prevención de riesgos laborales, con mención especial para los protocolos de coordinación de condiciones de trabajo y medidas preventivas en los territorios en los que la competencia de medios materiales es del Ministerio de Justicia.

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La Escuela Judicial cumple 20 años

Wed, 03/22/2017 - 11:00

El 26 de febrero de 1997, las diez mujeres y los quince hombres que integraban la 48 promoción de jueces españoles iniciaron sus clases en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, inaugurada ocho días antes. Veinte años después, por sus instalaciones –situadas en Barcelona, en plena sierra de Collserola- han pasado un total de 2.922 alumnos, lo que representa casi el 55 de los jueces y juezas hoy en activo.

La puesta en marcha de la Escuela Judicial supuso un cambio radical en la forma de preparación de los jueces seguida hasta entonces, ya que esta materia dejó de depender del Poder Ejecutivo para ser asumida en su integridad por el CGPJ, lo que permitió proporcionar a los miembros de la Carrera Judicial, y a quienes aspiran a ingresar en ella, una formación diferenciada de la del resto de profesiones jurídicas.

A partir de ese momento, y en las dos décadas transcurridas desde entonces, las decenas de hombres y mujeres que han formado parte de la Escuela Judicial han trabajado para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 307.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: procurar a los jueces españoles una formación “integral, especializada y de alta calidad”.

Los jueces en prácticas

Mujer, de 29 años, nacida en Madrid o Andalucía, sin experiencia laboral previa y sin familiares que ejerzan una profesión jurídica. Ese es el perfil medio de los 2.922 jueces que a lo largo de estos veinte años han salido de la Escuela Judicial para ocupar sus destinos.

Solo la primera de las veinte promociones que han pasado por la Escuela tenía más hombres que mujeres entre sus componentes: 15 de sus 25 miembros eran varones. Desde entonces, la presencia femenina siempre ha superado el 50 por ciento, llegando al 74 % en la promoción 61 –la que entró en el centro en 2009-, en la que cien de sus 135 integrantes eran mujeres. En total, éstas representan el 64,6 por ciento de todos los alumnos de estas dos décadas (1.888 de 2.922).

Los jueces en prácticas llegan con una edad promedio de 29 años a la Escuela Judicial, después de haber pasado una media de cuatro años y cuatro meses preparando las oposiciones. Menos del diez por ciento de los alumnos tenían menos de 25 años cuando ingresaron en el centro, y un porcentaje aún menor –el 1,64 por ciento- superaba los 40 años.

Atendiendo al lugar de nacimiento de los jueces en prácticas, algo más de un tercio de los que han pasado en estos veinte años por la Escuela eran de Madrid o Andalucía. Estas dos Comunidades Autónomas -con 527 y 517 representantes, respectivamente- encabezan una clasificación en la que les siguen Castilla y León (293), la Comunidad Valenciana (272) y Cataluña (221). En el otro extremo, Illes Balears es la Comunidad de origen de menos alumnos: 24.

Los datos estadísticos revelan también que el 65 por ciento de los alumnos de la Escuela carecía de experiencia laboral previa, y que el 75 por ciento de los jueces en prácticas no contaban con ningún familiar que ejerciera una profesión jurídica. Entre quienes sí tenían uno, no llegan al seis por ciento los que declaraban una relación familiar con un juez o magistrado.

La formación inicial: el método del caso

Una vez aprobadas las oposiciones, quienes aspiran a ingresar en la Carrera Judicial deben superar un curso que incluye tres fases: un programa teórico-práctico de formación multidisciplinar, un periodo de prácticas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales y una etapa final en la que los jueces y juezas en prácticas desempeñan funciones de sustitución y refuerzo.

Algunas de las metodologías utilizadas por la Escuela Judicial han sido reconocidas a nivel europeo como mejores prácticas para la formación judicial: una de ellas es la utilización del caso práctico abierto a través del Juzgado virtual.

Bajo la premisa de que en la Escuela Judicial no se trata tanto de transmitir conocimientos que se suponen ya adquiridos, sino sobre todo de aplicarlos, el método del caso constituye la columna vertebral de la actividad docente y se ha perfeccionado hasta desarrollar tres variantes distintas:

El caso cerrado: el trabajo se centra en dosieres basados en expedientes judiciales. Los jueces en prácticas elaboran ponencias a partir de ese material y se generan debates participativos. El objetivo es ponerse en condiciones de resolver el litigio dictando sentencia, previo visionado, en su caso, de la grabación completa del juicio.

El caso secuenciado: basado en la recepción progresiva de la información, se inicia mediante la entrega a los alumnos del tipo de documentación con la que un ciudadano acudiría a su abogado. Con ella prepararán la minuta de una demanda, que luego compararán con la demanda real, para ir avanzando paso a paso en el desarrollo del caso. El último día de la práctica deben dictar sentencia.

El caso abierto: en estrecha colaboración con varios Juzgados, algunos de los casos que entran en ellos lo hacen también, de forma simultánea y gracias a las nuevas tecnologías, en la Escuela Judicial, que funciona como “Juzgado virtual”. Los alumnos siguen la tramitación del procedimiento y asisten a distancia al desarrollo de los actos programados, generalmente juicios verbales y audiencias previas de juicios ordinarios. Al concluir, deben dictar sentencia, con la misma información de la que dispone el titular del Juzgado y antes de que lo haga éste.

La vocación internacional de la Escuela Judicial

Desde su creación, la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial ha tenido una decidida vocación internacional que se traduce en su activa participación en redes de formación judicial en el ámbito de la Unión Europea, Iberoamérica y el mundo árabe.

Así, la Escuela es miembro de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), que integra a las Escuelas Judiciales y organismos responsables de la formación de los jueces en los Estados miembros de la Unión Europea; de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), que agrupa a una treintena de Escuelas Judiciales e institutos iberoamericanos de formación de jueces y fiscales; y de la Red de Formación Judicial Euro-Árabe (RFJEA).

Además, la Escuela Judicial es la sede principal del Aula Iberoamericana, una iniciativa puesta en marcha por el CGPJ por encargo de los presidentes de las Cortes Supremas y los Tribunales Supremos de Justicia iberoamericanos. Desde 1999, un total de 2.176 magistrados, jueces y otros operadores jurídicos de veinte países iberoamericanos y de Guinea Ecuatorial han participado en las 107 actividades desarrolladas en este foro de formación e intercambio judicial especializado.

Conmemoración del 20 aniversario

El Consejo General del Poder Judicial desarrollará a lo largo de 2017 diferentes iniciativas para conmemorar el vigésimo aniversario de la Escuela Judicial, incluyendo una campaña en las redes sociales –a través de los perfiles @PoderJudicialEs y @Esc_Judicial en Twitter y de la cuenta del CGPJ en Facebook- bajo la etiqueta #20añosEJ.

También se potenciará la información sobre la Escuela en la página web www.poderjudicial.es, donde se podrán consultar textos e imágenes sobre su historia, funcionamiento y estructura, así como sobre la metodología de enseñanza y los planes docentes.

Estos contenidos están también presentes en un libro editado en castellano e inglés con motivo del 20 aniversario del centro, y cuya versión en catalán estará también disponible en la página web del Consejo en formato pdf.

Además, la Escuela Judicial celebrará mañana jueves una jornada de puertas abiertas dirigida a los medios de comunicación que comenzará con un desayuno informativo con la dirección del centro y durante la que los periodistas podrán conocer las instalaciones, asistir a algunas de las clases y hablar con profesores y alumnos.

 

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Los jueces declararon 62.922 asuntos como de instrucción compleja en 2016

Fri, 03/17/2017 - 10:00

Los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional declararon 62.922 asuntos como de instrucción compleja durante 2016, según los datos recogidos por  la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. 

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la redacción dada por Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas, plazo que se ampliará a dieciocho meses –prorrogables- cuando el instructor, a instancia del Ministerio Fiscal, declare la instrucción compleja. 

Según la misma norma, la investigación de un asunto se considerará compleja cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complejos análisis, implique la realización de actuaciones en el extranjero, precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas o se trate de un delito de terrorismo. 

Una disposición transitoria dispuso que la ley se aplicaría a los procedimientos penales incoados después de su entrada en vigor, el 6 de diciembre de 2015, y que esa fecha se consideraría como el día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción en los que ya estuvieran en tramitación. Ello provocó que, antes del 6 de junio de 2016, la totalidad de las diligencias previas y sumarios en fase de instrucción pendientes en los órganos judiciales e incoados antes del 6 de diciembre de 2015 fueran declarados causas de instrucción compleja o concluidos. 

Esta es la razón de que las declaraciones de causa de instrucción compleja en los Juzgados de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer se concentraran en el segundo trimestre, entre el 1 de abril y el 30 de junio del año pasado. 

Cuadro 1. Asuntos declarados de instrucción compleja por trimestre

Tipo de órgano judicial

1er trimestre de 2016

2º trimestre de 2016

3er trimestre de 2016

4º trimestre de 2016

JI y JPII*

6.912

35.411

8.445

8.646

JVM**

219

1.695

588

576

*JI: Juzgados de Instrucción / JPII: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

**JVM: Juzgados de Violencia sobre la mujer 

En total, el número de asuntos declarados como de instrucción compleja en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción es de 59.414 en todo 2016, aunque el 71,2 % de ellos lo fue en el primer semestre del año, antes de la fecha marcada por la disposición transitoria. 

Cuadro 2. Asuntos declarados complejos en los JI y JPII por semestre

 

PRIMER SEMESTRE DE 2016

SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Asuntos*

Declarados

%

Asuntos*

Declarados

%

Andalucía

309.876

7.145

2,3

261.599

3.064

1,2

Aragón

27.346

769

2,8

26.210

408

1,6

Asturias

24.182

922

3,8

20.764

430

2,1

Baleares

33.824

1.489

4,4

33.871

472

1,4

Canarias

80.438

2.374

3,0

71.311

637

0,9

Cantabria

13.350

471

3,5

11.072

198

1,8

Castilla-La Mancha

52.539

1.961

3,7

44.162

576

1,3

Castilla y León

55.609

2.340

4,2

48.561

1.010

2,1

Cataluña

152.768

8.086

5,3

141.349

2.813

2,0

Comunidad Valenciana

130.593

4.585

3,5

105.976

1.916

1,8

Extremadura

27.573

563

2,0

24.082

278

1,2

Galicia

75.310

2.379

3,2

61.598

1.175

1,9

Madrid

159.250

4.809

3,0

113.419

2.190

1,9

Murcia

47.018

2.330

5,0

37.640

715

1,9

Navarra

13.474

352

2,6

12.498

104

0,8

País Vasco

27.365

1.560

5,7

22.381

1.011

4,5

La Rioja

4.140

188

4,5

3.474

94

2,7

TOTAL

1.234.655

42.323

3,4

1.039.967

17.091

1,6

*Asuntos susceptibles de ser declarados de instrucción compleja: sumarios y procedimientos abreviados pendientes al inicio del periodo más ingresados en el semestre 

Los datos reflejan que si en el primer semestre del año los asuntos declarados como de instrucción compleja suponían el 3,4 % de todos los susceptibles de serlo, en el segundo semestre, pasado el efecto de la disposición transitoria, ese porcentaje se redujo al 1,6 %. 

Lo mismo sucedió en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde de los 3.078 asuntos declarados complejos en todo el año 1.914 lo fueron en los primeros seis meses y 1.164 en el segundo semestre. En este caso, el porcentaje –calculado sobre el total de asuntos susceptibles de ser declarados complejos- descendió del 2,8 % al 1,7 %. 

Cuadro 3. Asuntos declarados complejos en los JVM por semestre (porcentaje sobre el total) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

% declarados complejos sobre el total (1er semestre de 2016)

% declarados complejos sobre el total (2º semestre de 2016)

Andalucía

3,2

1,9

Aragón

1,6

0,7

Asturias

3,8

2,1

Baleares

1,0

1,2

Canarias

2,4

1,4

Cantabria

0,3

0,9

Castilla-La Mancha

1,9

0,5

Castilla y León

2,3

1,4

Cataluña

3,0

2,3

Comunidad Valenciana

2,7

1,6

Extremadura

2,4

1,2

Galicia

4,5

1,6

Madrid

2,1

1,4

Murcia

1,6

0,6

Navarra

2,1

0,8

País Vasco

6,5

5,5

La Rioja

1,1

1,8

TOTAL

2,8

1,7

 

El 35,5 % de los asuntos complejos, resueltos en el año 

Los datos recogidos por la Sección de Estadística permiten asimismo comprobar que 22.189 de los 62.492 asuntos declarados como de instrucción compleja por los Juzgados de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer fueron resueltos antes del 31 de diciembre de 2016, lo que supone el 35,5 por ciento del total.

Así, a 1 de enero de 2017 quedaban en tramitación en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción 38.841 asuntos declarados como de instrucción compleja, es decir, el 65,4 % de los que habían sido declarados como tales el año anterior. Esta cifra representaba el 15,4 % del total de asuntos pendientes en este tipo de órganos judiciales a comienzos del presente año. 

Ese porcentaje, que ronda el 10 % en comunidades como Navarra (9,9 %) o Castilla-La Mancha, sube hasta en torno al 20 % en otras como Cantabria (19,8 %) o Murcia (20,1 %). 

Cuadro 4. Evolución de los asuntos complejos en los JI y JPII 

COMUNIDAD

AUTÓNOMA

Total de asuntos declarados

complejos en 2016

Declarados complejos resueltos en 2016

Declarados complejos pendientes al final de 2016

% sobre el total de asuntos pendientes al final de 2016

Andalucía

10.209

3.729

6.479

13,5

Aragón

1.177

464

713

13,7

Asturias

1.352

569

783

18,7

Baleares

1.961

670

1.203

12,6

Canarias

3.011

989

2.021

18,0

Cantabria

669

171

513

19,8

Castilla-La Mancha

2.537

901

1.725

10,9

Castilla y León

3.350

1.012

2.344

17,4

Cataluña

10.899

3.210

7.702

18,6

C. Valenciana

6.501

2.349

4.193

13,8

Extremadura

841

269

594

10,3

Galicia

3.554

1.261

2.293

13,8

Madrid

6.999

2.688

4.357

16,6

Murcia

3.045

961

2.068

20,1

Navarra

456

261

195

9,9

País Vasco

2.571

1.127

1.453

18,8

La Rioja

282

77

205

14,0

TOTAL

59.414

20.788

38.841

15,4

 

En el caso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el porcentaje de asuntos complejos en tramitación a 1 de enero de 2017 sobre el total de asuntos pendientes era del 7,5 %. 

Cuadro 5. Evolución de los asuntos complejos en los JVM 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Total de asuntos declarados complejos en 2016

Declarados complejos resueltos en 2016

Declarados complejos pendientes al final de 2016

% sobre el total de asuntos pendientes al final de 2016

Andalucía

793

359

434

9,6

Aragón

35

15

20

3,4

Asturias

68

52

15

3,7

Baleares

57

13

44

4,8

Canarias

113

53

60

10,6

Cantabria

8

3

5

2,9

Castilla-La Mancha

61

13

46

4,4

Castilla y León

88

49

39

5,4

Cataluña

482

217

265

9,4

C. Valenciana

399

217

184

7,3

Extremadura

58

28

30

4,1

Galicia

200

73

127

9,1

Madrid

355

150

205

8,1

Murcia

54

23

31

3,8

Navarra

26

18

8

1,7

País Vasco

274

192

82

9,4

La Rioja

7

6

1

0,9

TOTAL

3.078

1.481

1.596

7,5

 

Los asuntos de instrucción compleja en la Audiencia Nacional 

Los seis Juzgados Centrales de Instrucción declararon un total de 430 asuntos como de instrucción compleja en 2016. Como en el caso de los Juzgados de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, esas declaraciones se concentraron en el primer semestre del año pasado. 

Cuadro 6. Asuntos declarados complejos en los JCI por trimestres 

Tipo de órgano judicial

1er trimestre de 2016

2º trimestre de 2016

3er trimestre de 2016

4º trimestre de 2016

JCI*

169

171

69

21

*JCI: Juzgados Centrales de Instrucción 

La incidencia del artículo 324 de la LECrim en los asuntos tramitados en la Audiencia Nacional –que, por ejemplo, tiene la competencia exclusiva en materia de terrorismo- se refleja en el porcentaje que, sobre el total de causas susceptibles de ser declaradas complejas, representan esas cifras.

Cuadro 7. Asuntos declarados complejos en los JCI por semestre (porcentaje sobre el total)

% declarados complejos sobre el total

(1er semestre de 2016)

% declarados complejos sobre el total

(2º semestre de 2016)

30,4

12,1

También es superior en la Audiencia Nacional el porcentaje que, a 1 de enero de 2017, suponían los asuntos declarados complejos en tramitación sobre el total de los sumarios y diligencias previas pendientes en esa fecha en este órgano judicial.

Cuadro 8. Evolución de los asuntos complejos en los JCI 

Tipo de órgano judicial

Total de asuntos declarados complejos en 2016

Declarados complejos resueltos en 2016

Declarados complejos pendientes al final de 2016

% sobre el total de asuntos pendientes al final de 2016

JCI

430

145

285

43,4

Categories: Jurisprudencia

El 76 por ciento de las 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron condenatorias

Thu, 03/16/2017 - 11:00

Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2016 un total de 112 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. 

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, que con la incorporación de los correspondientes al último trimestre de 2016 permite por primera vez ofrecer información de un año natural completo. 

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente. 

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.  

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º). 

De los 112 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016.

Procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2016

2T 2016

3T 2016

4T 2016

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

2

4

3

0

9

          Total órganos centrales

2

4

3

0

9

Andalucía

5

6

1

0

12

Aragón

0

1

1

0

2

Asturias

2

0

1

1

4

Baleares

2

3

7

6

18

Canarias

0

1

5

2

8

Cantabria

0

0

0

0

0

Castilla-La Mancha

2

4

4

2

12

Castilla y León

1

1

0

1

3

Cataluña

4

1

3

1

9

Comunidad Valenciana

3

1

5

6

15

Extremadura

1

0

0

0

1

Galicia

1

2

0

1

4

Madrid

2

0

0

1

3

Murcia

1

0

1

0

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

1

1

1

0

3

La Rioja

2

2

3

0

7

                         Total CC.AA.

27

23

32

21

103

TOTAL

29

27

35

21

112

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento

En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 659-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 78 de ellas en el último trimestre del año pasado.

Personas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2016

2T 2016

3T 2016

4T 2016

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

89

51

63

0

203

          Total órganos centrales

89

51

63

0

203

Andalucía

42

15

4

0

61

Aragón

0

2

1

0

3

Asturias

30

0

25

4

59

Baleares

3

10

43

41

97

Canarias

0

36

24

2

62

Cantabria

0

0

0

0

0

Castilla-La Mancha

2

4

10

5

21

Castilla y León

1

1

0

1

3

Cataluña

33

1

14

4

52

Comunidad Valenciana

9

1

6

11

27

Extremadura

3

0

0

0

3

Galicia

5

7

1

1

14

Madrid

7

0

0

9

16

Murcia

1

0

3

0

4

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

1

26

0

0

27

La Rioja

2

5

0

0

7

                         Total CC.AA.

139

108

131

78

456

TOTAL

228

159

194

78

659

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo 

Un 76 por ciento de sentencias condenatorias

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 104 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 79 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 76 por ciento del total. 

Sentencias en procedimientos por corrupción dictadas en 2016

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

1T 2016

9

7

4

5

25

2T 2016

9

6

3

5

23

3T 2016

6

10

2

6

24

4T 2016

10

10

3

9

32

TOTAL

34

33

12

25

104

 

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados). 

En esta ocasión, se ofrecen también los datos de las 32 sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2016 –de las que 23 fueron condenatorias- desglosados por Comunidades Autónomas. 

Sentencias por corrupción por CC.AA. (cuarto trimestre de 2016)

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

3

0

0

0

3

Total órganos centrales

3

0

0

0

3

Andalucía

1

6

3

4

14

Aragón

0

0

0

2

2

Asturias

0

0

0

1

1

Baleares

2

0

0

1

3

Canarias

0

0

0

0

0

Cantabria

1

0

0

0

1

Castilla-La Mancha

0

0

0

0

0

Castilla y León

3

0

0

1

1

Cataluña

0

1

0

0

1

Comunidad Valenciana

0

0

0

0

0

Extremadura

0

1

0

0

1

Galicia

0

0

0

0

0

Madrid

0

2

0

0

2

Murcia

0

0

0

0

0

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

Total CC.AA.

7

10

3

9

29

TOTAL

10

10

3

9

32

266 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La suma de los cuatro trimestres del año pasado que recoge la base de datos es de 266 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. De ellas, 48 corresponden al último trimestre de 2016.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación. 

Categories: Jurisprudencia

El presidente del TS y del CGPJ: “La Justicia ha de ser justa, pero no justiciera”

Wed, 03/15/2017 - 15:30

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que “los jueces españoles están actuando con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia ley establece, desde el firme convencimiento de que la Justicia ha de ser justa, pero no justiciera”.

“Al margen de la ley, no hay libertad ni democracia”, ha dicho Lesmes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para añadir que “pese a todas las dificultades, la justicia es, hoy en día, el instrumento más valioso con el que contamos para garantizar que, ante la ley, todos somos iguales”.

El presidente del Poder Judicial también ha recordado que los jueces están “obligados a garantizar que la ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto”, lo que “constituye una condición existencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”. “La justicia funciona”, ha afirmado Lesmes, que ha insistido en que “lo mejor de la justicia son sus jueces”, que “dan en cada caso la respuesta que exige nuestro ordenamiento jurídico. Con plenas garantías”.

El presidente del TS y del CGPJ ha pedido respeto a las resoluciones judiciales diciendo que “todas están sujetas a crítica”, pero que desacreditarlas no ayuda a unos jueces que “todos los días se dejan la piel en su Juzgado para construir para todos una sociedad mejor”.

Durante su intervención, ha puesto como ejemplo de ese trabajo los procedimientos judiciales por delitos de corrupción que se están resolviendo y ha anunciado que, según la última información disponible, que mañana será publicada en el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción, los jueces y juezas españoles concluyeron en 2016 un total de 112 investigaciones por este tipo de delitos, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas.

Si a esas cifras se le suman las de los dos últimos trimestres de 2015, el resultado es que, en el último año y medio, el Poder Judicial ha acordado llevar a juicio por delitos de corrupción a casi 1.500 personas en cerca de 200 procedimientos. El porcentaje de condenas en causas por corrupción es superior al 70 por ciento.

“La justicia siempre llega. Es lenta, pero llega. Ha habido juicios, con condenas y absoluciones (…) Ese es el resultado del trabajo de nuestros jueces. Insisto: cumpliendo el ordenamiento jurídico y con plenas garantías”, ha señalado Lesmes, que ha considerado que hay “motivos más que suficientes para creer y defender nuestro sistema judicial”.

Violencia de género

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha hecho durante su intervención en el Congreso una mención especial a la violencia de género, subrayando que los datos sobre el número de víctimas “siguen poniendo de manifiesto, con toda crudeza, que todavía es mucho el esfuerzo que debemos hacer para erradicar esta lacra”.

Carlos Lesmes ha añadido que, no obstante, las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género revelan que en 2016 se incrementó el número de denuncias (en un 10,6 %), de sentencias condenatorias (3,6 %) y, especialmente, de medidas de protección a mujeres y menores como las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación (más de un 22 %), lo que permite concluir que “la Justicia responde” y favorece que la ciudadanía perciba que “no hay impunidad ante este tipo de comportamientos”.

“Sin embargo, algo sigue fallando”, ha señalado el presidente del Poder Judicial, que ha enumerado las propuestas desde el Observatorio se han hecho llegar al Congreso para mejorar la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia.

Entre ellas ha citado la supresión de la dispensa de la obligación de declarar cuando las víctimas sean denunciantes o estén personadas en la causa como acusación particular, la ampliación del concepto de violencia de género –lo que permitiría incluir conductas como los matrimonios forzosos, la mutilación genital o el acoso sexual- y la revisión del Código Penal en lo relativo a la regulación de ciertas atenuantes y a la pena de privación de la patria potestad para los condenados por homicidio o asesinato, lesiones graves o violencia habitual.

Actuaciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad

El CGPJ ha seguido trabajando en 2016 para mejorar la respuesta de las instituciones en los casos de desahucio de familias necesitadas de especial protección, y ha firmado o está tramitando convenios con nueve Comunidades Autónomas –Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja- para que se puedan activar los mecanismos de protección social ante casos de vulnerabilidad derivados del lanzamiento de la vivienda familiar.

Además, el Consejo ha aprobado la difusión entre los jueces de una guía de buenas prácticas procesales en la tramitación de los juicios por delito leve de usurpación de vivienda, con recomendaciones sobre cómo actuar cuando la entidad perjudicada no es un particular –sino, por ejemplo, una entidad financiera- y los denunciados conviven con menores, personas mayores, incapacitados o enfermos, encontrándose en riesgo de exclusión social.

El presidente del TS y del CGPJ también ha dado cuenta del plan de urgencia con el que se pretende dar respuesta a la previsible entrada masiva de asuntos en los Juzgados como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.

Lesmes ha advertido de que para que el plan tenga plena efectividad deberá dotarse de medios materiales y personales a los Juzgados. El Pleno del CGPJ instó el pasado 23 de febrero a las Administraciones a adoptar las medidas necesarias, incluyendo la creación de nuevas plazas de JAT y la convocatoria de oposiciones de ingreso en la Carrera Judicial.

Panorámica de la Justicia

El presidente del Poder Judicial ha facilitado a los diputados los últimos datos disponibles sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales, actualizados a 31 de diciembre de 2016.
El año pasado entraron en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal; y la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; que han tenido un enorme impacto en la estadística judicial, por lo que Lesmes ha pedido cautela a la hora de evaluar las cifras.

Estas normas supusieron, por una parte, la destipificación de algunas conductas y la sustitución de los juicios de faltas por juicios por delitos leves; y por otra que se dejaran de remitir a los Juzgados de Instrucción los atestados policiales cuando no exista autor conocido del delito denunciado.

El efecto ha sido una importante reducción interanual tanto en el número de asuntos ingresados –de un 31,4 % sumando el total de las jurisdicciones y de un 42 % en la jurisdicción penal- como en el de asuntos resueltos. Los asuntos en trámite en los Juzgados y Tribunales a 31 de diciembre de 2016 eran 2.234.652, un 8,2 % menos que en la misma fecha del año anterior.

62.922 asuntos declarados como de instrucción compleja

La Ley 41/2015 también estableció que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas, plazo que se ampliará a dieciocho meses –prorrogables- cuando el instructor, a instancia del Ministerio Fiscal, declare la instrucción compleja.

El presidente del TS y del CGPJ ha ofrecido por primera vez datos sobre el número de asuntos declarados de instrucción compleja: en todo 2016 fueron 62.922, si bien en el segundo semestre, pasado el efecto de la disposición transitoria que regulaba la aplicación de la norma, el porcentaje de asuntos declarados complejos sobre el total de diligencias previas y sumarios en fase de instrucción fue inferior al 2 por ciento.

A 1 de enero de este año, el porcentaje de asuntos complejos en tramitación sobre el total de asuntos pendientes era del 15,4 % en los Juzgados de Instrucción, del 7,5 % en los de Violencia sobre la Mujer y del 43,4 % en los de la Audiencia Nacional.

Diagnóstico

Lesmes ha señalado que, incluso con el efecto puntual de esas reformas legales, no se aprecian grandes vuelcos en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales ante la carga de trabajo que se les genera.

Así, ha dicho que la tasa de litigiosidad –que en 2016 fue de 124,9 asuntos por cada mil habitantes, un 29,5 % menos que el año anterior- “sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces son capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresan, siguen existiendo en buena parte de nuestros Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia”.

“Sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, ha concluido.

Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial

En el capítulo dedicado a la gestión del CGPJ, Carlos Lesmes ha destacado el incremento de la eficacia resolutiva de la Comisión Permanente, que en 2016 aprobó 17.866 acuerdos, y el consenso que preside los debates del Pleno, donde se adoptan las decisiones más importantes y que el año pasado adoptó 207 acuerdos, de los que el 78,2 % fueron por unanimidad.

Mientras tanto, la actividad económico-financiera continuó marcada por la austeridad: el Consejo funcionó en 2016 con un presupuesto de 54,8 millones de euros –un 29,7 % menos que en 2010- y para el año que viene se plantea un incremento global del 1,98 %, derivado del aumento del número de jueces en prácticas, cuyas retribuciones corren a cargo del CGPJ.

Por lo que respecta a las actuaciones concretas llevadas a cabo en 2016, el presidente del CGPJ se ha referido especialmente a la cuestión de los jueces en expectativa de destino, “probablemente el gran problema de la Carrera Judicial”, recordando que al inicio del mandato del actual Consejo había 395 jueces en esa situación, motivada por la paralización en la creación de nuevas plazas. La convocatoria continuada de concursos en los últimos tres años ha permitido que hoy todos ellos dispongan de un destino propio.

Lesmes ha dicho, no obstante, que es necesario crear nuevas plazas judiciales para que no se repita la situación con los miembros de la 67 promoción, que saldrán de la Escuela Judicial a finales de este año.

Medidas de apoyo a los jueces que investigan casos de corrupción

El presidente del Poder Judicial ha informado de que la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) creada en el seno del CGPJ recibió el año pasado 23 peticiones de ayuda frente a las 18 de 2015. Las medidas de refuerzo judicial de carácter personal –adscripción de un juez de refuerzo o ampliación de la plantilla de funcionarios- fueron las más solicitadas.

Lesmes ha anunciado asimismo que próximamente se publicará una “Guía de actuación en causas complejas por corrupción”, redactada por jueces y fiscales expertos en corrupción, que recogerá los instrumentos existentes en la lucha contra este tipo de delitos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de facilitar y mejorar la actuación de jueces y magistrados.

Además, el Plan de Formación de la Carrera Judicial para 2017 incluirá varios cursos para que los jueces intercambien experiencias y protocolos de actuación en materia de lucha contra la corrupción, se estudiarán propuestas de reformas legales que mejoren la respuesta judicial frente a estos delitos y se trabajará en la creación de una “red de expertos” integrada por jueces y magistrados especializados que sirva de apoyo a los instructores de causas por corrupción.

Reformas estructurales pendientes

El presidente del CGPJ ha expresado el deseo de este órgano de contribuir a la elaboración de un programa de reformas que aseguren la calidad de la Justicia y refuercen la independencia del Poder Judicial desde una doble vertiente: las reformas estructurales necesarias para la modernización de la Justicia y la relativa a la carrera judicial y al estatuto del juez.

En el primer apartado, ha abogado por el diseño de una nueva organización territorial de la Justicia que supere la actual atomización de las demarcaciones judiciales y apueste por un nuevo modelo organizativo basado en la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales.

Lesmes ha dicho, no obstante, que hasta tanto no se produzca esa reforma el CGPJ “no renuncia, en uso de sus competencias propias, a estudiar la implantación de cuantas medidas nos permitan incrementar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la capacidad de respuesta de nuestros órganos judiciales”, mediante la especialización de órganos judiciales, la modificación de normas de reparto o la aprobación de medidas de apoyo.

En este sentido, ha anunciado que el Consejo está diseñando un Plan de redimensionamiento y optimización de la Planta judicial y de redistribución de la carga de trabajo, elaborado con el Servicio de Inspección y con los Tribunales Superiores de Justicia, y ha confiado en que sirva de apoyo “en la toma de decisiones por parte de las Administraciones competentes”.

También ha apostado por una reforma global del proceso penal, explorando un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue las garantías procesales con la celeridad.

“Esto exigirá reflexionar sobre todos los elementos que configuran el proceso penal, incluido, por qué no, el asunto de los aforamientos”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.).
También ha recordado que, en el caso de los jueces, fiscales o policías, el aforamiento opera como garantía para el ejercicio de funciones públicas destinadas a la protección de los derechos fundamentales y que “esa garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos al aforamiento, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria”. En el caso de los políticos, el aforamiento se concibe como garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular, que no existe en los ordenamientos jurídicos de otros países.

“Es necesario analizar la situación desde el máximo rigor posible y tratar de trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales”, ha manifestado Lesmes, para quien “sería bueno que el asunto de la reforma de los aforamientos, que sin duda es necesaria, no se desvincule de una deseable reforma global de nuestro proceso penal que mantenga los necesarios equilibrios”.

Nuevo diseño de la carrera judicial: evaluación continua del desempeño del juez y reducción de las discrecionalidad en los nombramientos judiciales

El segundo bloque de propuestas pretende situar a los jueces españoles en una posición reforzada para afrontar los retos presentes y futuros y se plasmará en el documento “El libro de la Justicia. Criterios de la Carrera Judicial para una Justicia del siglo XXI”, que ya centra buena parte del trabajo del Consejo.

El proyecto abordará todos los aspectos de la actividad judicial, desde el ingreso en la carrera a los nombramientos, pasando por la selección, la formación, la protección social, la ética judicial, la independencia o la provisión de destinos. Estas cuestiones, ha dicho Lesmes, se abrirán al debate y reflexión de manera muy participativa, buscando “la máxima aportación y participación de la Carrera Judicial, de las asociaciones de jueces y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales.

Entre otros aspectos, se estudiará el diseño de una nueva carrera judicial, basado en la especialización, la excelencia y la formación, así como en su evaluación continua y que se traducirá en la reducción al mínimo imprescindible del margen de discrecionalidad en la designación de cargos jurisdiccionales y gubernativos.

Establecer programas y pruebas de especialización en todas las jurisdicciones, convertir la formación en obligatoria e incidir en el desarrollo de habilidades necesarias para una mayor calidad en la prestación del servicio –idiomas, gestión de gobierno, nuevas tecnologías, etc.- son algunas de las premisas que se manejan. La antigüedad en la carrera seguiría siendo objeto de consideración, pero no como criterio determinante para la selección de cargos de nombramiento discrecional.

“Somos conscientes de lo ambicioso de este planteamiento y del cambio, incluso de mentalidad, que el mismo exigiría. Pero no creo que debamos renunciar a reflexionar sobre ello”, ha señalado Lesmes, que ha recordado que el último informe de evaluación del Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), hecho público en 2016, recomienda expresamente a España incidir en una mejor regulación de los criterios de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial.

El presidente del TS y del CGPJ ha dicho que el nuevo sistema exigiría la implantación de mecanismos eficaces y claros para la adecuada evaluación de la formación, “y también, yendo un poco más lejos, el establecimiento de sistemas objetivos para la evaluación del desempeño del juez”.

“Este último aspecto es sin duda complicado. Y también delicado. La evaluación del desempeño de los miembros de la carrera judicial debe respetar, en todo caso, unos condicionantes que aseguren que esa evaluación se produce en términos que garanticen que no producen interferencias en la independencia e imparcialidad con la que los jueces han de desempeñar su labor jurisdiccional”, ha concluido.

Categories: Jurisprudencia

Actividades del Servicio de Formación Continua del CGPJ en el mes de marzo de 2017 (2ª parte)

Wed, 03/15/2017 - 08:00

CONCURSO DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Codirector/a: ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE. MAGISTRADO JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE A CORUÑA
Codirector/a: MARÍA SALOMÉ MARTÍNEZ BOUZAS. MAGISTRADA JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 2 DE A CORUÑA
16/03/2017 al 16/03/2017
25 Plazas
Provincia de celebración: A CORUÑA

X JORNADAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL: EL JUICIO ORDINARIO (5ª PARTE). LA VISTA DEL JUICIO

Codirectora: MARÍA VICTORIA ORTEGA BENITO. Presidenta General del Consejo General de la Abogacía
Codirector: JOSÉ ARSUAGA CORTÁZAR. PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 2 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA
16/03/2017 al 17/03/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional civil destinados en Cantabria
Provincia de celebración: CANTABRIA

Formación a distancia LAS REFORMAS DEL PROCESO PENAL

Director: JOSÉ MANUEL ORTEGA LORENTE. MAGISTRADO SECCIÓN Nº 2 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA
20/03/2017 al 16/07/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Penal

El año 2015 nos dejó una colección de nuevos textos normativos que han introducido muy importantes reformas en el espacio del procedimiento penal. La legislatura que finalizó el año 2011 nos dejó un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la siguiente se elaboró un borrador de Código Procesal Penal. Ninguno de esos proyectos de reforma integral del proceso penal cuajó. Pero la necesidad de contar con herramientas procesales que atendieran a las exigencias de previsión legal en el espacio de las medidas ingerentes en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, y de trasponer las/ Directivas UE 2010/64, 2012/13, 2012/29 y 2013/48 -relativas al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, al derecho a la información en los procesos penales, sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos y a los derechos de sospechosos y acusados en procesos penales y de las personas que sean objeto del procedimiento de la orden de detención europea-, cuajó finalmente en un conjunto de leyes que fueron publicándose y entrando en vigor a lo largo del pasado año.

El legislador, aprovechó la necesaria actividad legislativa de adaptación del proceso penal por las razones antedichas, para introducir novedades relevantes en ámbitos adicionales y trascendentes del proceso: modificación de la regulación de la conexidad delictiva, introducción de plazos en la fase de investigación, modificación del sistema de recursos y generalización de la doble instancia, introducción de un nuevo procedimiento -de aceptación de decreto del Ministerio Fiscal-, la regulación novedosa del decomiso autónomo y la intervención de terceros afectados por el decomiso… La reforma del Código Penal -LO 1/2015- trajo consigo el nuevo procedimiento por delitos leves -en lo sustancial, idéntico al Juicio de Faltas-, en cuya aplicación han surgido problemas sustantivos de derecho transitorio.

Este curso pretende ofrecer no sólo el detalle de lo nuevo, su relevancia, la adecuación -o inadecuación- de las novedades a las necesidades que pretenden atender, sino una lectura analítica de los problemas de interpretación de las nuevas normas. Sólo identificando esos problemas, podremos aventurarnos a ofrecer alternativas de respuesta jurisdiccional compatibles con las lecturas más respetuosas con el contenido de los derechos fundamentales que deben garantizarse a lo largo del proceso.

DELINCUENCIA ECONÓMICA Y CRIMEN ORGANIZADO

Director y ponente: EDUARDO PORRES ORTIZ DE URBINA. PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 29 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
22/03/2017 al 24/03/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Penal
Provincia de celebración: MADRID

La Ley Orgánica 2/2015 ha introducido novedades en materia de delitos de terrorismo y crimen organizado. Otra importante norma, la ley Orgánica 1/2015 ha realizado cambios muy importantes en el derecho penal económico como la modificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el resto del articulado la reforma no se ha limitado a meros retoques de algunas normas sino que ha modificado de forma completa preceptos de capital importancia como la administración desleal, las insolvencias punibles, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el delito de corrupción en los negocios, el delito fiscal, los delitos contra el medio ambiente, etc., que precisan de un estudio profundo.

Esta actividad pretende profundizar en el análisis de los nuevos tipos, en el estudio de las profundas transformaciones que el derecho penal económico está produciendo en la dogmática penal y en algunas reformas procesales de singular relevancia en este campo como el procedimiento autónomo de decomiso.

EL NUEVO RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: PROBLEMAS EN SU IMPLANTACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Director: FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA. PRESIDENTE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA
22/03/2017 al 24/03/2017
25 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Contencioso Administrativo
Provincia de celebración: MADRID

La LO 7/2015 (de modificación de la LOPJ) introdujo en su Disposición Final Tercera Uno y Dos, una modificación de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que, entre otras cosas, vino a modificar la tradicional regulación del recurso de casación. Está modificación entró en vigor el 22 de Julio de 2016. El modelo vigente hasta dicha fecha (anclado en cuanto a su acceso, fundamentalmente, en un criterio puramente cuantitativo) se había mostrado claramente insatisfactorio al constatarse reiteradamente que el análisis de muchas e importantes cuestiones jurídicas quedaban fuera del ámbito de la casación y por ende, del conocimiento del Tribunal Supremo; por el contrario otras, carentes de interés jurídico tenían acceso a la casación.

Sobre esas consideraciones, la reforma operada en el recurso de casación supone un radical cambio de modelo: por un lado prescinde de los anteriores criterios de acceso y opta por el criterio del “interés casacional objetivo” que pretende la formación de jurisprudencia en aquellas cuestiones jurídicas en las que objetivamente resulte necesario y por otro lado amplía las resoluciones judiciales susceptibles de casación (incluyendo ahora también a las Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso) cuasi universalizando la casación.

En definitiva, se asigna al nuevo recurso de casación una función nomofiláctica que persigue la seguridad jurídica en la interpretación uniforme de las normas jurídicas.

La nueva regulación prevé modalidades de recurso de casación: el recurso de casación por infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea (cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Supremo) y el recurso de casación por infracción de Derecho Autonómico ( cuyo conocimiento corresponde a la Sala de lo Contencioso del respectivo Tribunal Superior de Justicia).

La nueva regulación dedica su articulado en exclusiva al primero de ellos (el recurso de casación estatal) dejando prácticamente huérfano de regulación (más allá de su mera previsión) el recurso de casación “autonómico”, lo que evidentemente está generando problemas de implantación a los que hay que dar respuesta.
Con este planteamiento el curso pretende:

a) Por un lado respecto al recurso de casación “estatal” realizar un estudio de la nueva regulación incidiendo en los problemas que plantea y profundizar en los criterios de admisión del Tribunal Supremo en la decantación del “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, así como otros aspectos como los relativos a la fase de preparación ante los Órganos Jurisdiccionales de Instancia u otros de carácter formal.
b) Por otro lado y sobre el recurso de casación “autonómico “, ante la falta de regulación legal específica, debatir sobre la traslación y adaptación de los criterios de admisión del Tribunal Supremo también a este recurso de casación autonómico, diagnosticar los problemas específicos de este recurso de casación en el ámbito autonómico y en su caso tomar en consideración propuestas de modificación legislativa

DIRECCIÓN DE DEBATES Y COMUNICACIÓN VERBAL. REDACCIÓN DE RESOLUCIONES Y CONTROL DE AGENDAS

Coordinador: MIGUEL ALFONSO PASQUAL DEL RIQUELME HERRERO. PRESIDENTE T.S.J. Y DE LA SALA CIVIL Y PENAL SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
22/03/2017 al 24/03/2017
20 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: MADRID

El Seminario parte de la constatación de una recurrente insatisfacción de profesionales y usuarios sobre el modo en que jueces/as y magistrados/as dirigen y gestionan las vistas orales. No son infrecuentes las quejas sobre impuntualidad en la iniciación de las vistas, faltas de cortesía o corrección en las formas, déficit de serenidad y sosiego, tratos diferenciados, sobrecarga de agendas y mala o nula gestión de éstas, etc.

La tesis de partida del Seminario es que tales fenómenos tienen su origen, por un lado, en la ausencia de espacios de reflexión para los miembros de la Carrera Judicial sobre la importancia, alcance, sentido y trascendencia de las formas y de la puesta en escena de las vistas orales; y, por otro lado, en la ausencia de entrenamiento específico en técnicas de dirección y gestión de vistas orales y de manejo de las patologías más frecuentes del juicio oral; sin olvidar tampoco las carencias formativas en aspectos que tienen que ver con la inteligencia emocional aplicada a la gestión de las vistas orales y con el conocimiento de los diferentes estilos relacionales que condicionan la interacción con el resto de intervinientes en juicio.

No nos enfrentamos a una materia académica ni excesivamente normativizada. Más bien todo lo contrario. De ahí la opción por el formato de taller, en el que las presentaciones temáticas no se presentan bajo fórmulas cerradas ni doctrinarias.

RESPUESTA PENAL FRENTE AL ACOSO

Director/a: CARLOS MANUEL SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ. MAGISTRADO JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 2 DE FERROL
23/03/2017 al 23/03/2017
25 Plazas
Provincia de celebración: PONTEVEDRA

ENCUENTRO DE JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL

Codirector: MARIO VICENTE ALONSO ALONSO. MAGISTRADO SECCIÓN Nº 1 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
Codirector: FRANCISCO HAZAS VIAMONTE. JUEZ ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL TSJ ANDALUCÍA: SEVILLA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
23/03/2017 al 24/03/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: MÁLAGA

Con la presente actividad, específicamente dirigida a los Jueces de Adscripción Territorial destinados en Andalucía, se pretende dar a conocer los distintos aspectos que, tanto con relación a las especificidades de su Estatuto, así como a los procesos de adscripción y al desempeño de sus funciones, son objeto de regulación en el nuevo Reglamento de desarrollo del estatuto de los Jueces de Adscripción Territorial y los Jueces en Expectativa de Destino, aprobado por Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 24 de noviembre de 2016 (BOE de 6 de diciembre de 2016)

JORNADAS EN COLABORACIÓN CON CEOE

Codirector: JORDI GARCÍA VIÑA. Director Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE
Codirectora: MILAGROS CALVO IBARLUCEA. MAGISTRADA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
Codirector: RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ. PRESIDENTE SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
23/03/2017 al 24/03/2017
25 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Social
Provincia de celebración: MADRID

Las jornadas que desde hace ocho años se celebran como resultado del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales han venido aportando una elaboración sistemática de aproximación de puntos de vista que, tanto si son contrapuestos como coincidentes, nacen de planteamientos profesionales dispares. Ello les hace susceptibles de imprimir en sus conclusiones una orientación enriquecedora al suministrar datos y fórmulas de abordaje a los que no es frecuente tener acceso en la diaria práctica judicial.

En colaboración con CEOE.

FORO DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

23/03/2017 al 09/11/2017
25 Plazas
Miembros de la carrera Judicial del orden social
Provincia de celebración: BARCELONA

Formación a distancia DERECHO CIVIL BALEAR

Director: ANTONIO JOSÉ TERRASA GARCÍA. PRESIDENTE T.S.J. Y DE LA SALA CIVIL Y PENAL SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES
27/03/2017 al 10/12/2017
30 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil

Con este curso se pretende ofrecer a quienes integran la Carrera Judicial una formación completa en Derecho Civil Balear, ajustada a sus necesidades reales, y homologada por el Consejo General del Poder Judicial a efectos del reconocimiento de los méritos correspondientes.

ENCUENTRO JUECES-MAGISTRADOS (GUADALAJARA)

Director: FERNANDO DE LA FUENTE HONRUBIA. MAGISTRADO JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE GUADALAJARA
27/03/2017 al 27/03/2017
10 Plazas
Jueces y Magistrados del Orden Civil y Penal de la Provincia de Guadalajara
Provincia de celebración: GUADALAJARA

Análisis y debate sobre las últimas sentencias dictadas en materia civil y penal por la Audiencia Provincial y sobre cuestiones jurídicas controvertidas.

EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. PRINCIPIOS Y ENCAJE CONSTITUCIONAL: ESPECIAL REFERENCIA A LA CONCURRENCIA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TS, TC, TEDH, TJUE

Director: ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ. Catedrático de Derecho Constitucional Departamento Derecho. Universidad Pompeu Fabra
27/03/2017 al 29/03/2017
40 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: MADRID

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) entró plenamente en vigor a partir del Tratado de Lisboa. Si bien ya había sido utilizada con anterioridad, y durante los años anteriores a su promulgación la Unión Europea ya había reconocido la vigencia de los derechos fundamentales en la aplicación del Derecho de la Unión, lo cierto es que su plena vigencia ha puesto de manifiesto una serie de cuestiones esenciales para la correcta aplicación judicial del Derecho, no sólo, europeo.

Este texto viene a crear una situación inédita en la historia al provocar la existencia de tres listados de derechos fundamentales vigentes en España: el contenido en la Constitución Española de 1978, el recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el declarado en la CDFUE. Con ello se generan una serie de problemas hasta ahora desconocidos en la aplicación del Derecho. El más evidente es la aparición de tres instancias jurisdiccionales máximas respecto a los derechos que operan en ámbitos no totalmente separados y que interpretan textos que no son idénticos entre sí: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la CDFUE; el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la Constitución y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto al CEDH. En los últimos tiempos el TJUE, en constante diálogo con las instancias jurisdiccionales internas, ha venido resolviendo las dudas planteadas entre las que destacan la suscitada por el Tribunal Constitucional en el conocido asunto Stefano Melloni.

Sin embargo, algunas cuestiones aún no han sido totalmente resueltas: ¿cuándo se aplican unas y otras declaraciones?; ¿tienen el mismo fundamento constitucional, y con ello los mismos efectos, las declaraciones contenidas en el CEDH y en la CDFUE?; ¿qué diferencias hay entre la aplicación del CEDH y la de la CDFUE?, ¿qué divergencias hay entre los deberes de sometimiento a la jurisprudencia del TEDH y del TJUE?; ¿qué ha de hacer el/la juez/a nacional actuando como juez/a de la Unión cuando se alegan derechos reconocidos en la Carta a la vista de la inexistencia de procedimiento específico alguno de protección de derechos en el ámbito de la UE?; ¿qué efectos interpretativos tienen las decisiones de las más altas instancias judiciales de cada ordenamiento sobre el aplicador del derecho?; ¿cómo se relacionan los textos entre sí?; ¿qué debe hacer el/la juzgador/a cuando encuentre jurisprudencias no totalmente coincidentes entre TC, TJUE y TEDH?; ¿qué efecto tiene sobre la CDFUE la no pertenencia de la UE al sistema previsto en el CEDH y con ello no estar sometido a la jurisdicción del TEDH?; ¿cuál es el alcance de la negativa del TJUE a la ratificación del proyecto de tratado de adhesión de la UE al sistema del CEDH?; ¿se ha de producir algún cambio relevante en la actuación de los tribunales españoles si la UE culmina algún día su proceso de incorporación al CEDH?; ¿cuál es el sentido de las cláusulas interpretativas de la CDFUE?

X ANIVERSARIO DE LA LO 3/2007 PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES: ANÁLISIS CRÍTICO DE SU APLICACIÓN A LA CARRERA JUDICIAL

Codirectora: CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DEL REAL. MAGISTRADA JUZGADO DE MENORES NÚMERO 1 DE MADRID
Codirector: JOSÉ FERNANDO LOUSADA AROCHENA. MAGISTRADO SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA
27/03/2017 al 29/03/2017
30 Plazas
Miembros de la carrera judicial de cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: MADRID

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pretende integrar la dimensión de la igualdad de trato y oportunidades en la totalidad de los ámbitos jurídicos y en la totalidad de las operaciones jurídicas. Por ello, no debe extrañar que haya dedicado algunas normas a integrar la igualdad en la Carrera Judicial, reformando al efecto la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, en particular, institucionalizando la existencia de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad es el momento de pasar revista a lo que se ha hecho en el ámbito de la Comisión de Igualdad (Plan de Igualdad, Protocolo antiacoso, fomento de los derechos de conciliación a través de la aplicación y, en su caso, reforma del Reglamento de la Carrera Judicial). También es el momento de reflexionar sobre lo que queda por hacer en la Carrera Judicial para resolver los déficits en los parámetros de igualdad y las carencias en orden a los derechos de conciliación.

Estancia BANCO DE ESPAÑA

27/03/2017 al 31/03/2017
10 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial de cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: MADRID

VISITA A UN CENTRO PENITENCIARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: ALCALÁ-MECO

Directora: MARÍA GRACIA RUPÉREZ PARACUELLOS. MAGISTRADA JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA NÚMERO 6 DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CON SEDE EN MADRID
29/03/2017 al 29/03/2017
10 Plazas
Miembros de la carrera judicial de la Comunidad de Madrid, de cualquier orden jurisdiccional
Provincia de celebración: Madrid

La actividad estaría orientada a efectuar una aproximación a los aspectos estrictamente penitenciarios de la ejecución penal, y ello a través del conocimiento del funcionamiento de un centro penitenciario mediante la visita a sus instalaciones y dependencias, la cual permitirá familiarizarse con la forma de vida de los internos, conociendo los aspectos regimentales de la estancia en prisión, así como los directamente relacionados con el tratamiento penitenciario, programas concretos en función de tipologías delictivas etc. También se abordarán cuestiones como el régimen disciplinario, la sanidad penitenciaria, grados de clasificación, etc.

Además podrán conocerse sobre el terreno los aspectos relativos a la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Asimismo la actividad permitirá una mayor familiarización con la labor del juez de vigilancia penitenciaria en el marco de las competencias que le asigna la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Seminario LAS NUEVAS COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Coordinador: CARLOS RICARDO PUIGCERVER ASOR. MAGISTRADO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 50 DE BARCELONA
29/03/2017 al 31/03/2017
15 Plazas
Integrantes de la Carrera Judicial del orden jurisdiccional Civil
Provincia de celebración: MADRID

Como consecuencia de la modificación de los artículos 85 y 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 7/2015 de 21/07, los Juzgados de 1ª Instancia asumieron dos nuevas competencias objetivas: 1) Los concursos de persona natural no empresaria y 2) Las acciones individuales previstas en la legislación relativas a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios.

La asunción de la competencia en materia concursal ha supuesto para los Jueces y Magistrados de los Juzgados de Primera Instancia un doble esfuerzo. Por un lado, el de familiarizarse y profundizar en el estudio de la Ley Concursal y la doctrina jurisprudencial interpretativa e integradora que ha ido formándose en estos últimos doce años en que su aplicación correspondía prácticamente a los Juzgados de lo Mercantil. Por otro lado, el de tener que enfrentarse a los innumerables problemas no sólo de orden sustantivo, sino también de orden procesal, que han surgido con la introducción del mecanismo de la segunda oportunidad para las personas naturales no empresarias por el Real Decreto-ley 1/2015 y la posterior Ley 25/2015, problemas que, lejos de haberse solucionado a lo largo de estos meses de vigencia, se han ido agravando con resoluciones que sostienen criterios divergentes y contradictorios.

Precisamente el objetivo de este seminario es abordar desde nuestra experiencia práctica y teniendo en cuenta las diferentes resoluciones que sobre la materia se van dictando, las diferentes dudas y cuestiones que se han ido suscitando, tratando de encontrar a través de la reflexión y el debate las mejores respuestas para lograr una ágil y cabal tramitación de los concursos en la instancia civil, evitando añadir obstáculos innecesarios en el ya tortuoso mecanismo de la segunda oportunidad de las personas naturales no empresarias.

Analizaremos, los problemas que surgen en relación al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos, entre otros, su naturaleza, alcance de las obligaciones asumidas por el Notario, los requisitos y condiciones para poder instar un acuerdo extrajudicial de pagos, las dificultades que entraña la necesidad de solicitud conjunta por ambos cónyuges o por uno con consentimiento del otro, los supuestos de no aceptación de los sucesivos Mediadores Concursales nombrados, el cómputo de los plazos o la impugnación de los acuerdos.

Asimismo, con respecto al procedimiento de concurso, sea o no consecutivo, trataremos, entre otros aspectos, del concepto de empresario, del criterio temporal al que debe atenderse para su calificación, de la caracterización de los administradores de las sociedades mercantiles, los socios, los fiadores y los familiares de todos ellos, de los problemas de competencia objetiva y territorial, de la consideración del concurso consecutivo como necesario o voluntario y, en relación íntima con ello, de la necesidad de personación del deudor concursado y de la posibilidad procesal de oponerse a la declaración de concurso, de la acumulación de acciones y la de procesos y los problemas competenciales que suscitan, de los criterios de conexidad, de la solicitud de concurso y documentos que se deben acompañar, de la postulación procesal y la defensa técnica del mediador concursal y del deudor, del contenido y publicidad del auto de declaración de concurso, del derecho de alimentos en el seno del concurso, del momento procesal para presentar y para dar publicidad al informe del artículo 75 de la Ley Concursal, a los textos definitivos y al plan de liquidación, del examen en el seno del concurso de la abusividad de las cláusulas en los contratos formalizados con el deudor concursado, de la protección de la vivienda habitual del deudor persona natural y del crédito hipotecario en el concurso de acreedores, de la necesidad de ejecutar la garantía hipotecaria que recae sobre la vivienda habitual, de la resolución anticipada de los planes de pensiones, de la retribución de los administradores concursales y de la extensa problemática que suscita la declaración y conclusión simultanea del concurso por insuficiencia de masa al amparo del artículo 176 bis 4 LC.

Finalmente, también deberemos abordar las no pocas dudas que surgen en relación al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, entre otras, el concepto de deudor de buena fe, el problema de la existencia de un proceso penal en tramitación, el requisito de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, la determinación del alcance del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el tratamiento de los créditos de derecho público, el tratamiento de los fiadores, el carácter definitivo o provisional del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho atendiendo a los dos itinerarios que se contemplan para su concesión o los problemas derivados de la revocación del beneficio.

La última jornada del seminario la dedicaremos a la nueva competencia para conocer de las acciones individuales, previstas en la legislación, relativas a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios, analizando la última jurisprudencia sobre la materia con especial atención a aquellas cláusulas que generan mayor conflictividad judicial en la instancia.

 

Categories: Jurisprudencia

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