Jurisprudencia

El TSJ de Asturias confirma la absolución de un empresario acusado de estafar 100.000 euros en sidra achampanada y anguilas dominicanas

TSJ Asturias - Fri, 03/24/2017 - 10:33

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, que el 20 de diciembre de 2016 había absuelto al único imputado por delitos de estafa relacionados con la compraventa de 22.000 benjamines de sidra achampanada con polvo de oro y la adquisición de anguilas procedentes de la República Dominicana, valorados en aproximadamente 100.000 euros.

La sentencia, de la que es ponente el magistrado José Ignacio Pérez Villamil, es el primer recurso de la nueva segunda instancia penal que resuelve la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El magistrado ponente confirma la absolución basándose, entre otros fundamentos, en que la parte apelante no ejercita ninguna pretensión anulatoria de la sentencia apelada, sino que se limita a pedir que la Sala dicte una sentencia condenatoria que sustituya a la absolutoria, lo que a juicio de Pérez Villamil " resulta legalmente imposible".

 

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Un exconcejal de Mieres condenado por injuriar gravemente a un magistrado

TSJ Asturias - Thu, 03/23/2017 - 10:15

El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo ha condenado al exconcejal de Personal del Ayuntamiento de Mieres, Juan José Menéndez, al pago de una multa de 2.700 euros al considerarle autor de un delito de injurias graves con publicidad. Además, el que fuera integrante del equipo de gobierno de IU deberá indemnizar con 3.000 euros al juez de lo social de Mieres por el daño moral que le causaron las manifestaciones que Menéndez realizó en una entrevista publicada en el diario La Nueva España en abril del 2015 en las que apuntaba "que uno de los posibles motivos por los que el Consistorio pierde muchos juicios es que influye negativamente el hecho de que el juez de lo social de Mieres sea marido de una delegada sindical del propio Ayuntamiento".

La magistrada, Elena González Álvarez, resalta en la sentencia que "es evidente la intencionalidad del acusado de hacer llegar a la opinión pública, a través de la entrevista en cuestión, lo que para él constituye una actuación más que dudosa por parte de un juez en el ejercicio de sus facultades, y ya sea asegurando que dicta resoluciones injustas, ya pretendiendo su abstención -olvidando la posibilidad de plantear recusación-, pone en duda tanto la imparcialidad como la apariencia de imparcialidad, menoscabando de este modo la fama y atentando contra la integridad del Juez de lo Social".

La resolución establece que el acusado, en su declaración, "tras tratar de confundir con el sentido que realmente quiso dar a las respuestas a las publicadas, y de indicar que no sólo se habló de juicios en el ámbito social, sino también de otros órdenes jurisdiccionales, manifestó de forma insistentemente que lo que quiso decir es que el juez de lo social tenía que abstenerse". La resolución continúa subrayando que "con independencia de que se tratara de insinuar que el juez prevaricó en algunos casos o de que debía abstenerse, lo cierto es que la conclusión es similar, pues desde el instante en que considera que un juez debe abstenerse de conocer de un asunto se duda de su capacidad para ejercer su cargo con imparcialidad y honestidad".

La sentencia, que no es firme, además de condenar a Juan José Menéndez al pago de una multa de 2.700 euros, dispone también el abono de una indemnización al Juez de lo Social de Mieres. "Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si de hecho se derivasen daños y perjuicios (...) debiendo comprender la indemnización los daños y perjuicios que resulten debidamente acreditados, que en este caso se han de concretar en la cantidad estimativa de 3.000 euros".

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Bruselas propone reforzar los poderes de las autoridades nacionales de competencia

EuropaPress-Legal - Wed, 03/22/2017 - 14:52
La Comisión Europea ha presentado este miércoles nuevas reglas para fortalecer los poderes de las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros, como la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC), con el objetivo de dotar a estos organismos de herramientas "adecuadas" y conseguir una "verdadero" espacio europeo de competencia.

El Tribunal Supremo condena al exconseller y diputado Francesc Homs a 13 meses de inhabilitación por desobediencia en relación con la consulta del 9-N

TSJ Cataluña - Wed, 03/22/2017 - 12:30

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un año y un mes de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno -en el ámbito estatal, autonómico o local- y multa de 30.000 euros al exconseller de Presidencia catalán y actual diputado del Congreso Francesc Homs i Molist por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa, previsto en el artículo 410 del Código Penal, en relación a la consulta del 9-N de 2014. La sentencia le absuelve de un delito de prevaricación administrativa, del que le acusaba el fiscal, al quedar absorbido por el delito de desobediencia.

La Sala precisa que “limita su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se ha formulado acusación. No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal”.

En relación con el delito de desobediencia, la sentencia explica que la providencia del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de 2014, en la que se acordaba la suspensión de las actividades relacionadas con el proceso de participación, era de fácil comprensión y ordenaba a Francesc Homs que se paralizaran las actividades ya puestas en marcha y que se abstuviera de promover otras acciones dirigidas a la celebración de la consulta del 9-N.

En este sentido, indica que Francesc Homs sabía perfectamente cuál era el objeto de la impugnación y sabía que en el contenido de la providencia se aludía a todas aquellas actividades, presentes o futuras, que estuvieran dirigidas a hacer realidad la votación. “La idea de que la excesiva amplitud del mandato oscurecía el ámbito de lo prohibido encierra un inaceptable sofisma. Entender que cuando el mandato lo abarco todo, en realidad no abarca nada, carece de sentido”, afirma la Sala en su sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Asimismo, añade, la ruptura de las bases constitucionales y del marco normativo que hace posible el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, no puede resultar indiferente al derecho penal. Sobre todo, afirma la Sala, cuando el legítimo restablecimiento de la legalidad, expresado cautelarmente a través de la providencia de suspensión del Tribunal Constitucional fue desatendido por sus principales destinatarios. “Y la claridad de esta idea, llamada a actuar como presupuesto de la convivencia pacífica, no puede ser oscurecida mediante la voluntarista alegación hecha valer por el acusado de que fue él, en cumplimiento de su deber como gobernante, quien asumió el juicio de ponderación y decidió hacer caso omiso al requerimiento del Tribunal Constitucional.

Prevaricación absorbida por desobediencia

La sentencia argumenta que no se dan los requisitos exigidos para dictar una condena por un delito de prevaricación, con fundamento en las omisiones del acusado que permitieron el desarrollo del proceso de participación. Razona que cada una de esas omisiones son secuencias de una desobediencia más amplia, la que impulsó a Francesc Homs a menospreciar el mandato del Tribunal Constitucional.

En este sentido, indica que condenar por un delito de prevaricación, tomando como acción típica las conductas omisivas del acusado, supondría fragmentar artificialmente una conducta omisiva que solo se explica por su unidad.
“Las distintas omisiones no son sino manifestaciones de la contumacia del acusado, de su resistencia a someterse al mandato del Tribunal Constitucional. Si bien se mira, la injusticia de esas omisiones –elemento insustituible del tipo objetivo del delito de prevaricación- solo podría apoyarse, en su caso, en la conducta desobediente que ya ha sido objeto de punición”, asevera la Sala.

Además de esas omisiones, precisa la sentencia, en el caso del acusado, existió una acción positiva claramente individualizada en el relato de hechos probados. Se trata de la carta, de 6 de noviembre de 2014, en la que respondió a las dudas suscitadas por un directivo de T-SYSTEMS que exigía saber si los trabajos encomendados a esta empresa estaban afectados por la prohibición del Tribunal Constitucional.

Para el Tribunal Supremo, no basta acreditar la existencia de una resolución administrativa para condenar por un delito de prevaricación, sino que, además, se precisa que ésta sea injusta. En este sentido, detalla que la carta, si llegara a tildarse como una resolución injusta, lo sería porque mediante su contenido se desobedece lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Pero eso es precisamente, indica la sentencia, “lo que ha servido a la Sala de presupuesto para el juicio de tipicidad que permite la condena del Sr. Homs como autor de un delito de desobediencia”.

Sobre la participación de voluntarios en el proceso, la Sala no cuestiona su protagonismo, pero señala que su presencia no se puede invocar como argumento exoneratorio para convertir lo que fue un proceso tutelado y dirigido desde el Gobierno de la Generalitat en un espontáneo movimiento ciudadano ajeno a toda vinculación pública o institucional.

Por último, también rechaza que tenga valor exoneratorio la propuesta de la defensa, de anteponer el criterio de la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al criterio asumido por la Fiscalía General del Estado de interponer una querella. Ello supone, según la sentencia, “voltear el diseño constitucional del Ministerio Fiscal e implica confundir el principio de dependencia jerárquica con un extravagante formato asambleario en el que la opinión de los Fiscales del TSJC se impone a la de la Fiscal General del Estado”.

 

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El Tribunal Supremo anula el auto de ejecución de la sentencia relativa al ruido ocasionado por la cuarta pista del aeropuerto de Barajas

TSJ Madrid - Wed, 03/22/2017 - 10:40

La Sección Cuarta de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha finalizado la deliberación de varios recursos de casación interpuestos en el incidente de ejecución de la sentencia relativa a los ruidos ocasionados por la cuarta pista del aeropuerto de Barajas.

La Sala ha decidido que, tal y como sostenían tanto los afectados como AENA y la Abogacía del Estado, el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnado en esos recursos no se ajusta a la sentencia que se trata de ejecutar.

En concreto, y tras rechazar que dicha sentencia exija una prohibición absoluta de sobrevuelo en la zona controvertida, el Tribunal Supremo considera que la reducción de los vuelos al 30 por ciento establecida por el Tribunal Superior madrileño tampoco constituye fiel ejecución de lo ordenado en su día.

El Supremo, que dará a conocer el texto de su resolución en los próximos días, fijará en ella las bases que deberá seguir la Administración para la exacta ejecución de la mencionada sentencia.

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El TSJ de Asturias anula el despido de 29 empleados de la empresa Auxiliar de Recaudación de Oviedo

TSJ Asturias - Tue, 03/21/2017 - 15:00

La Sala de lo Social del TSJA ha declarado la nulidad del despido colectivo de los 29 trabajadores de la empresa Auxiliar de Recaudación SLU, que prestaba los servicios de recaudación de impuestos en el Ayuntamiento de Oviedo.

La sentencia reconoce además el traspaso del servicio por sucesión de empresas y obliga al Ayuntamiento de la capital del Principado a que proceda a la inmediata readmisión y asignación de puestos de trabajo en las mismas condiciones laborales que regían con anterioridad al 19 de enero de 2017, debiendo abonar a dichos trabajadores los salarios dejados de percibir desde la misma fecha y hasta el momento en el que tal readmisión se lleve a cabo.

La resolución del TSJA recoge la directiva comunitaria, reconocida ya en varias ocasiones por los tribunales nacionales, que mantiene que cuando se transmiten los medios esenciales para desarrollar determinada actividad los trabajadores han de ir ligados a esta transmisión. Es decir, han de ser subrogados, sin importar que la empresa sea una administración pública.

Así, para la Sala todos los programas informáticos que el Ayuntamiento exigió a La Auxiliar los días 28 y 29 de diciembre eran "esenciales para garantizar la continuidad del servicio". Por todo ello, el TSJA entiende que hubo una sucesión de empresas que afecta a los trabajadores a los que La Auxiliar notificó que habían de ser subrogados por el Ayuntamiento y que la negativa de la Administración local a incorporarlos equivale a un despido nulo.

La sentencia, que no es firme, tiene recurso de casación ordinaria ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo.

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El TSXG condena a la Xunta a indemnizar a una empresa eólica por la paralización de proyectos

TSJ Galicia - Tue, 03/21/2017 - 14:34

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha estimado en parte el recurso interpuesto por la entidad Ventauria Enerxía Rural y declara la responsabilidad patrimonial de la Xunta por los daños y perjuicios sufridos por la empresa como consecuencia de la decisión de la Consellería de Economía e Industria de suspender la tramitación de procedimientos de autorización de instalaciones mientras no se aprobada una nueva ley que cambió el modelo de aprovechamiento eólico.

El tribunal condena a la Xunta a abonar a la recurrente algo más de 842.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, por ver frustrada de forma sobrevenida la posibilidad de desarrollar las instalaciones que fueron objeto de los expedientes de autorización de los parques eólicos Porteliña, Outeiro do Home, Coto da Lebre y San Sebastián.

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Condenado a dos años y seis meses de prisión el exalcalde de Bakio (Bizkaia)

TSJ País Vasco - Tue, 03/21/2017 - 13:25

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al exalcalde de Bakio, T.R. a un año y seis meses de cárcel por “falsificación de documento público siendo autoridad”, más otro año de prisión por “fraude a la administración”. Además, deberá indemnizar al ayuntamiento con 140.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El primer edil de Bakio entre 1995 y 2011 fue juzgado por modificar las condiciones de adjudicación en 2007 del proyecto Talasoterapia Kiura. La alteración suponía demorar en un año la fecha en la que la empresa debía iniciar el pago al Consistorio del canon impuesto por la dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por la ocupación de terreno para la construcción de dicho proyecto.

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Penas de cárcel y multas para los tres implicados en el ‘caso Cabieces’

TSJ País Vasco - Tue, 03/21/2017 - 12:30

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado, por apropiación indebida, al exdelegado de Gobierno en el País Vasco M.C., en calidad de colaborador necesario en el citado delito, a un año de prisión y multa de 9.000 euros mientras que al expresidente de Kutxabank, M.F. como autor del delito con la atenuante de reparación del daño y al abogado laboralista R.A. como cómplice del mismo les ha condenado a seis meses de prisión y 4.500 euros de multa.

La sentencia aplica para el mismo tiempo de la condena la inhabilitación de los condenados para el sufragio pasivo pero rechaza la petición realizada por la Fiscalía para que se les prohíba ejercer su profesión durante ese periodo.

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Prisión para un procurador por apropiarse indebidamente de 62.688,30 euros de una comunidad de vecinos a la que representaba

TSJ Aragón - Tue, 03/21/2017 - 10:00

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a un año de prisión al procurador de una comunidad de propietarios por haberse quedado los 62.688,30 euros que la comunidad ganó en un pleito en el que el acusado les representaba.

La Sala ha apreciado que concurre la atenuante de reparación de daño al haber consignado el acusado en el juzgado 38.000 euros a lo que hay que añadir los 21.771’53 euros entregados por su esposa. La comunidad ha renunciado al resto de la cantidad inicialmente indebida.

La sentencia recoge como hechos probados que el acusado Isaac G. N., procurador de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Puente de Santiago, se apoderó del importe de 62.688,30 euros obtenidos al ganar un pelito que la comunidad mantenían.

El acusado reconoció los hechos en el juicio oral y aceptó la calificación del Ministerio Fiscal y la acusación particular.

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Dos años de prisión y cuatro de inhabilitación a un médico por la amputación de una pierna a una gimnasta viguesa

TSJ Galicia - Tue, 03/21/2017 - 08:00

El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo ha condenado a dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica por un periodo de 4 años a un traumatólogo que atendió a una joven gimnasta que acabó perdiendo una pierna al ser necesario practicarle un amputación.

La jueza lo considera responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave con pérdida de miembro principal y grave deformidad. Lo condena asimismo a indemnizar a la perjudicada en más de dos millones de euros, así como en los gastos previsibles de asistencia sanitaria y por incremento de costes de movilidad; cantidades de las que deberán responder conjunta y solidariamente el acusado, dos aseguradoras y el centro médico.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

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El sospechoso de matar a su suegra, viuda del expresidente de la CAM, saldrá de la cárcel si paga 150.000 euros de fianza

TSJ Comunidad Valenciana - Mon, 03/20/2017 - 10:00

El Juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha acordado la prisión provisional eludible con una fianza de 150.000 euros para el hombre encarcelado como sospechoso de haber matado a su suegra, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El magistrado instructor explica que aunque persisten algunos indicios que justificaron su ingreso en prisión tras ser detenido, la investigación no "ha aportado apenas nuevos elementos que sustenten adicionalmente la acusación" y añade, además, que la causa está "pendiente del resultado de pruebas periciales o documentales (...) cuya dilación temporal resulta difícil de estimar".

En su auto, notificado hoy a las partes, el juez destaca las "notorias lagunas e incongruencias" del sospechoso en sus declaraciones pero concluye que la prisión es la medida más restrictiva de las previstas en el ordenamiento jurídico. Y añade que, en este caso, atendiendo a un criterio de "proporcionalidad", es posible sustituir la prisión provisional por la exigencia de una fianza y la imposición de medidas cautelares.

De este modo, si el investigado abona la fianza de 150.000 euros en metálico, será excarcelado. De ser así, se le retira el pasaporte, se le prohíbe salir del territorio nacional, tendrá que personarse semanalmente en el juzgado y no podrá acercarse al concesionario que gestionaba en Alicante, escenario del crimen, para evitar así posibles presiones a empleados que son testigos en la causa.

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El TSJ de Castilla y León reduce la superficie de explotación de la mina de Borobia (Soria)

TSJ Aragón - Fri, 03/17/2017 - 14:38

La Sala Contencioso-administrativo del TSJCyL, con sede en Burgos, ha estimación parcialmente el recurso interpuesto por la comunidad autónoma de Aragón contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León de 17 de septiembre de 2013 por la que se desestima el requerimiento previo formulado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón contra la Resolución de 4 de junio de 2013 de la citada Dirección General de Energía y Minas por la que se otorga a Magnesitas y Dolomías de Borobia, S.L. la concesión directa de la explotación San Pablo nº 1373 para recursos de magnesita en Borobia (Soria) con una superficie de 16 cuadrículas mineras.

Por lo tanto, de la mencionada resolución de 4 de junio de 2013, la Sala ha anulado el extremo relativo a que la concesión lo es “con una superficie de 16 cuadrículas mineras”, por no ser conforme a derecho, para en su lugar disponer que el otorgamiento de la concesión directa de la explotación denominada “San Pablo” nº 1373 para recursos de magnesita lo es para “la superficie de las seis cuadrículas mineras a que se refiere la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en su apartado de 1.Actividad evaluada”.

La Sala ha tomado esta decisión porque el proyecto de concesión minera está sujeto a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y esa declaración no se realizó sobre las 16 cuadrículas mineras sino sobre seis.
En los fundamentos jurídicos decimotercero a decimoctavo de la resolución se explica todo lo relativo al impacto ambiental. En el vigesimosegundo, puede consultarse la decisión de otorgar la concesión directa de la explotación para seis cuadrículas en lugar de las 16 previstas.

 

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El TSJM señala que no pueden construirse edificios de más de tres plantas en la zona ‘Mahou-Vicente Calderón’

TSJ Madrid - Fri, 03/17/2017 - 13:40

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2009, que aprobaba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la zona “Mahou-Vicente Calderón”, por el que se permitía una edificabilidad en esta zona por encima de tres plantas más ático.

Los jueces entienden que la modificación puntual del PGOU no es conforme a derecho y que por tanto la edificación que se lleve a cabo en estos terrenos no puede exceder de las dichas tres plantas más ático.

La Sala de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por la Asociación Señales de Humo, a cuyo juicio, la modificación urbanística ahora anulada estaba condicionada por un convenio previo firmado por el Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid que no persigue ningún objetivo urbanístico, ni interés general, ni beneficio municipal o para la ciudad, sino favorecer a una entidad que cuenta con gran número de seguidores.

En su recurso, esta asociación también planteaba que se ha incumplido el mandato legal de información del procedimiento de aprobación de la modificación puntual y de fomento de la participación ciudadana, y que en la resolución recurrida se había vulnerado el apartado 8 del artículo 39 de la Ley del Suelo de Madrid (LSM) al contemplarse la posibilidad de edificar en la zona por encima de tres plantas más ático sin que conste en el expediente informe o explicación al respecto.

En la sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el primero y el segundo de los argumentos de la Asociación Señales de Humo, al considerar que en ningún caso ha quedado acreditado que la citada modificación puntual del PGOU haya estado vinculada a convenio urbanístico alguno que previamente hubiera contenido pronunciamientos de ordenación urbanística que la condicionaran. En este sentido –dice la sentencia-, dicha transformación urbanística está ligada íntimamente al nuevo proyecto Madrid-Río, al soterramiento del resto de la M-30, a la creación de nuevos espacios libres y a la mejora de la accesibilidad entre el río y el centro histórico, objetivos –se reitera-, nuevos y ajenos totalmente a los pactado en los acuerdos particulares previos y que están integrados en los intereses generales que se persiguen con el ejercicio de la potestad de planeamiento.

Sin embargo, los jueces dan la razón a la asociación cuando plantea que se ha vulnerado el apartado 8 del artículo 39 de la LSM, ya que la justificación contenida en la modificación planteada por los demandados para excepcionar en todo el ámbito de actuación el límite general de edificabilidad que establece el párrafo primero del citado apartado, no se ajusta a derecho ya que esta norma establece con claridad que esa excepción sólo es aplicable a la construcción de edificios singulares, lo cual –indica la sentencia-, colisiona con permitir edificar por encima de ese límite legal en todos los terrenos.

Si se quiere edificar por encima de tres plantas más ático, no podrá ser con carácter general, sino motivándolo de forma individual, edificio por edificio, con informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo de Madrid.

La presente sentencia es susceptible de casación, que deberá presentarse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días.

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TSJA suspende cautelarmente el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2017

TSJ Aragón - Fri, 03/17/2017 - 13:30

La Sección I de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha suspendido cautelarmente la Orden del Gobierno de Aragón (DRS/139/2017, de 8 de febrero de 2017 ) que aprobaba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2017.

La Sala ha acordado la medida cautelar de suspensión dado que se trata de un Plan anual con vigencia para este año 2017 y “de no estimarla será imposible garantizar la pretensión de permitir la modalidad de pesca de captura y suelta de las especies indicadas, para el presente año”.

La temporalidad del plan de pesca, valido para una anualidad, ha permitido al Tribunal adoptar esta medida a pesar de que “en términos de generalidad siempre ha de valorarse de forma más prevalente el interés general de protección del medio ambiente”.

El auto considera los posibles perjuicios a los que se exponen los pescadores “permiten demorar la eficacia de esta normativa al menos hasta el momento en que se puedan valorar sus argumentos y determinar efectivamente si la norma es o no contraria a derecho”.

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El jurado condena al autor del crimen de Aler (Huesca) a más de 18 años de prisión por un delito de asesinato

TSJ Aragón - Fri, 03/17/2017 - 12:51

La Audiencia Provincial de Huesca condena al acusado por el crimen de Aler, W.J., a 18 años y 3 meses de cárcel como autor de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas. El condenado deberá indemnizar a la esposa y a la hija de la víctima con 170.000 euros.

La sentencia hecha pública esta mañana, considera que en ambos delitos concurre la atenuante de confesión, ya que ha quedado acreditado mediante las declaraciones de la Guardia Civil que el acusado declaró que había matado a Hans E., e indicó los lugares donde había abandonado el cadáver y los efectos personales de la víctima, acompañando en la búsqueda para que fueran encontrados.

Basándose en el veredicto emitido por el Jurado, la sentencia declara como hechos probados que, el 5 de abril de 2003, el acusado encontró a la víctima en Graus y que juntos viajaron a la localidad oscense de Aler en un vehículo conducido por el acusado. Fue en dicha localidad donde W.J. mató a Hans E, disparándole de forma sorpresiva con una pistola con silenciador. Posteriormente, traslado el cadáver en su vehículo hasta un camino, a unos 49 kilómetros de Aler, donde fue encontrado.

El jurado considera que no ha quedado acreditado que se den en el acusado las atenuantes de anomalía o alteración psíquica. Tampoco concurre ni miedo insuperable, ni legítima defensa, y rechaza que la víctima amenazara o golpeara al acusado.

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El TSJCyL anula parcialmente un concurso de méritos de 2014 para la provisión de algunas plazas de funcionarios

TSJ Castilla y León - Fri, 03/17/2017 - 12:47

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, al conocer el recurso de apelación número 561/2016, ha procedido a la anulación de la resolución de 5 de diciembre de 2014 de la Junta de Castilla y León mediante la que se convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al Personal Funcionario de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 pertenecientes a los Cuerpos Superior, de Gestión, Administrativo y Auxiliar y de otros Cuerpos y Escalas de la Administración especial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos.

La razón esencial de dicha sentencia es la de entender que, como principio general, la Administración se encuentra obligada a convocar todos los puestos de trabajo vacantes. La excepción a dicho principio general de convocatoria solo puede ser válida si se justifican motivadamente las causas por las que no se procede, dentro de lo que constituya el ámbito de la convocatoria, a la no provisión de determinados puestos.

En la referida sentencia se analizan los criterios que fueron esgrimidos por la Administración para justificar la provisión efectuada, criterios que solo se contenían en el preámbulo de la resolución de convocatoria, sin que se justificase en el expediente en concretos informes que lo apoyaran, como es exigible, aunque en el curso del procedimiento judicial se ha intentado completar dichas omisiones.

Esta justificación del preámbulo se ha estimado insuficiente, en cuanto solo se contenían fórmulas genéricas que tanto podían llevar a una solución como a la contraria. Por otro lado, la prueba practicada en el procedimiento corroboró que en la práctica tampoco se siguieron los propios criterios establecidos, lo que era demostrativo de la inconsistencia de los mismos.


No obstante la declaración de nulidad de la convocatoria, se ha efectuado con carácter parcial, manteniendo los actos de provisión ya realizados en ejecución de aquella, para evitar los perjuicios que derivarían de no respetar situaciones ya consolidadas, lo que obliga a la Administración a la provisión de los puestos no convocados, siguiendo los criterios establecidos en la propia sentencia.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de un magistrado que discrepa del criterio mayoritario de la Sala, particularmente en lo expuesto en el fundamento de derecho cuarto y siguientes.

En concreto, el magistrado señala que “no se puede partir, como dogma, de un principio general que obligue a la Administración a sacar todos los puestos vacantes a concurso, sino más bien de la existencia de una potestad de autoorganización cuyo ejercicio exige motivar el ámbito objetivo del concurso que convoca, según resulta del artículo 50.1, que ya no contempla este tipo de concursos como una excepción, y del artículo 81.1, citado ahora como pauta interpretativa, aun cuando aquí no sea de aplicación”.

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Cuatro años y medio de cárcel para tres miembros de la red que estafó al Servicio Vasco de Empleo

TSJ País Vasco - Fri, 03/17/2017 - 12:30

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava ha dictado una sentencia mediante la cual condena a cuatro años y medio de prisión a tres miembros de la red que estafó a Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) mientras que a otros dos les sustituye la citada pena por la expulsión de España durante una década.

Además, como responsables civiles, los cinco condenados, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Lanbide con 180.330,44 euros y al pago por cada uno de una séptima parte de las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular.

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